Cerro Colorado reconoce que la nueva medida cautelar generará impactos en la operación y en toda su cadena de valor. Sin embargo, ha resuelto implementar un plan para mitigar en parte los efectos que se generarán en trabajadores, contratistas y proveedores locales, mientras espera que el 1TA reconsidere la medida adoptada.

Es así como, en una primera instancia, CMCC definió detener una de sus plantas y operar restringidamente el resto de las instalaciones que le sea posible. Debido a lo anterior, a un grupo significativo de trabajadores se le adelantarán sus vacaciones, mientras que los que desempeñan funciones no críticas en terreno trabajarán en modo teletrabajo.

La minera ya tomó contacto con sus contratistas y proveedores que brindan servicios asociados a las actividades paralizadas para informarles que se iniciará un plan de desmovilización progresivo que podría ajustarse en función de las condiciones imperantes.

“Este plan busca paliar, en la medida de las posibilidades, los negativos efectos de la situación judicial que nos afecta. Esperamos tener la oportunidad de aportar los antecedentes necesarios para demostrarle al Tribunal Ambiental que el trabajo desarrollado en los últimos dos años para la aprobación de nuestra RCA Complementaria cuenta con robustos informes técnicos que permiten acreditar el estado de recuperación en que se encuentra el acuífero de Lagunillas y la ausencia de un riesgo inminente que justifique la medida cautelar”, explicó Alejandro Heilbron, gerente general de CMCC.

La minera indicó que las medidas adoptadas permiten hacer frente a la contingencia de manera responsable, mientras que las decisiones definitivas deberán evaluarse en los próximos días a la luz de los nuevos antecedentes que se disponga. La compañía espera que estas sean medidas transitorias, de manera de retomar el funcionamiento normal de la operación de Cerro Colorado en los términos recientemente aprobados unánimemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de Tarapacá.

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Los dos cargos clasificados como graves son, por un lado, la falla en la correa de embarque de concentrados que impidió el enclaustramiento total del plomo y, por otro, el incumplimiento al no adoptar las medidas destinadas a hacerse cargo de los impactos generados al medio ambiente marino de los que dan cuenta los Planes de Vigilancia Ambiental (PVA).

En tanto que el cargo leve, se refiere a la implementación incompleta del Plan de Contingencia desencadenado a principios de año, lo que se traduce en que la empresa no determinó la magnitud del derrame de concentrado de plomo; no remitió informe final a la SMA con el detalle de las medidas de mitigación implementadas y fotografías que acreditaran su ejecución; no se implementaron medidas vinculadas a la afectación directa o indirecta de avifauna; como tampoco se remitieron informes a la SMA y al SAG sobre medidas vinculadas a la afectación de la misma.

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En la misiva, la estatal señala que la División cuenta con un plan de contingencias que tiene como principal objetivo velar por la seguridad de quienes están elaborando en sus áreas industriales y el normal proceso de su producción.

Junto a lo anterior, indicó que no es posible cuantificar los efectos de esta huelga en la producción y en los resultados, ya que ello dependerá de los alcances y extensión de la paralización, agregando que “se han tomado todas las medidas para tratar de mantener la normalidad de la operación”.

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El representante de la entidad dependiente del Ministerio de Minería, instruyó a que cada compañía del sector entregue información sobre cualquier daño ocurrido por terremotos de más de 7 grados Richter o Tsunamis a las Direcciones Regionales del Servicio. Esto incluye, tanto de carácter personal como de las instalaciones, paralizaciones de las operaciones, aislamiento, cortes de suministro y si cuentan con medios de comunicación alternativos en caso de interrupción de los tradicionales.

Comisión de servicio

La entidad además envío ayer una comisión de doce geólogos con el propósito de ponerse a disposición de las autoridades de las zonas de catástrofe, que incluyen las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta.

Se espera que los profesionales cumplan una labor similar a la que realizaron luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, apoyar y asesorar en la resolución de problemas del punto de vista geológico a los municipios, Onemi y los gobiernos regionales. Todos los requerimientos serán canalizados a través de las Direcciones Regionales de Sernageomin.

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