En la instancia, en la cual también participó el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, advirtió que Chile enfrenta un escenario de estancamiento económico sostenido durante las últimas décadas, reflejado en una desaceleración progresiva del crecimiento, un mayor endeudamiento del Estado y un deterioro de las finanzas públicas. A partir esto, el secretario de Estado afirmó que este escenario ha tenido efectos directos en el mercado laboral, con altas tasas de desempleo, aumento de la informalidad y una menor capacidad de la economía para generar nuevos puestos de calidad.

Atribuyó este contexto a decisiones y políticas públicas caracterizadas por un aumento sostenido de impuestos, regulaciones y permisos. Agregó que este enfoque ha limitado la inversión, el emprendimiento y la capacidad de crecimiento del país, afectando tanto el desarrollo económico como el progreso social. No obstante, enfatizó que el Gobierno asume este diagnóstico desde una mirada propositiva, convencido de que Chile puede retomar una senda de crecimiento más dinámica.

En ese marco, recordó que el mandato presidencial es abordar de manera decidida las emergencias de seguridad, social y económica, y que desde el ámbito económico el foco estará puesto en impulsar la inversión, la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida en todas las regiones del país. Planteó la necesidad de avanzar hacia un cambio claro en la lógica de funcionamiento del Estado, transitando hacia uno que facilite la inversión y la iniciativa privada.

“Vamos a apostar en forma decidida por la simplificación regulatoria para combatir frontalmente la permisología. Chile ha demostrado que, con una institucionalidad fundada en la libertad, reglas claras y políticas públicas bien diseñadas, la iniciativa empresarial es capaz de desplegarse con fuerza y dar muchos frutos que alcanzan a todos los chilenos. Por lo mismo, queremos restaurar el auténtico sentido de la política económica, que es promover y potenciar la creatividad de nuestros emprendedores. Que el Estado apoye y no destruya ese potencial y que ese desarrollo sea la base del progreso social de nuestros compatriotas”, explicó.

En ese contexto, presentó los cuatro ejes estratégicos que orientarán la agenda del Ministerio de Economía. En materia de permisos y regulación, destacó la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que simplifica y ordena los trámites necesarios para desarrollar proyectos de inversión, reduciendo los tiempos de su tramitación. Señaló que la correcta ejecución de esta ley, junto con nuevas medidas para eliminar o acotar permisos excesivos, permitirá acelerar estos procesos e incentivar la inversión en iniciativas de diverso tamaño.

Respecto de la inversión, el biministro sostuvo que recuperar el crecimiento requiere reconstruir la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros, ofreciendo mayor certeza jurídica y condiciones competitivas. Informó que el Ejecutivo estudia modificaciones legales para introducir nuevas garantías en esta materia y evaluar ajustes al marco tributario, con el objetivo de reducir los costos de inversión en el país y reactivar su dinamismo.

En cuanto a las Mipymes, relevó su rol central en la economía nacional. Como prioridades, mencionó el fortalecimiento del pago oportuno a 30 días, incluyendo al Estado, la reducción de costos y formalidades para emprender, y la mejora de la información e institucionalidad asociada al sector.

Finalmente, respecto del turismo, destacó su aporte al empleo, al desarrollo regional y a la participación laboral femenina. En esa línea, mencionó que el Gobierno impulsará la tramitación de la Ley de Reactivación del Turismo, junto con incentivos tributarios y un fondo de promoción internacional, además de medidas orientadas a fortalecer la toma de decisiones del sector mediante inteligencia de mercado, análisis de reputación digital y nuevas métricas de desempeño de largo plazo.

A modo de cierre, el biministro Mas hizo un llamado a los senadores de la Comisión de Economía a trabajar en conjunto para contribuir al crecimiento del país. “Es el principio de una agenda que será muy intensa y que busca reactivar nuestra economía para que los chilenos puedan vivir mucho mejor. El trabajo es fundamental. Es a través de ustedes, los senadores que integran esta Comisión, que podemos conectar con las urgencias ciudadanas. Es a través de ustedes que se pueden canalizar las inquietudes de las regiones”, afirmó.

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Durante la exposición, el jefe de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión (OASI), Pablo Eguiguren, detalló el diagnóstico que enfrenta el país en esta materia, marcado por procesos complejos, dispersión institucional y tiempos de tramitación que afectan el desarrollo de proyectos y la reactivación económica.

En este contexto, el Gobierno está avanzando en un fast track estructural de permisos sectoriales, que combina simplificación regulatoria, gestión focalizada y modernización tecnológica con uso de inteligencia artificial. Entre las principales medidas destaca la implementación de Técnicas Habilitantes Alternativas (THA), instrumento habilitado por la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), que permitirá estandarizar y agilizar procesos administrativos en distintos servicios.

“Hoy el sistema de permisos sectoriales opera con altos niveles de fragmentación, criterios dispares entre servicios y duplicidad de exigencias, lo que introduce incertidumbre y tiempos innecesarios en la tramitación. Las Técnicas Habilitantes Alternativas (THA) nos permiten corregir esas fallas estructurales, estandarizar procesos, acotando la discrecionalidad y estableciendo reglas comunes que hagan el sistema más predecible, trazable y eficiente”, expresó Eguiguren.

Asimismo, se está fortaleciendo el rol de la OASI en la coordinación del sistema de permisos, el seguimiento de proyectos estratégicos y la gestión en servicios críticos, junto con el desarrollo de la plataforma digital SUPER, que permitirá mejorar la trazabilidad, integración de información y eficiencia en la tramitación.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, destacó que esta etapa marca un cambio en la forma en que el Estado enfrenta los permisos sectoriales: “Pasamos del diagnóstico a la implementación. Hoy no basta con reconocer que los permisos son un problema; estamos avanzando en medidas concretas para simplificar procesos y reducir los tiempos de tramitación”.

El secretario de Estado subrayó que el objetivo es avanzar hacia un sistema más eficiente, manteniendo altos estándares regulatorios: “Lo que estamos impulsando es un proceso estructural, que permita agilizar los permisos sectoriales, pero con reglas claras y fortaleciendo la certeza jurídica, que es clave para la inversión. Esto es fundamental para generar más y mejores trabajos, que contribuyan a una mejor calidad de vida para las personas”.

La implementación de estas medidas se desplegará de manera progresiva, con foco en los servicios críticos del sistema y en los sectores estratégicos para el desarrollo productivo del país.

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Desde la cartera explicaron que este instrumento tiene como propósito fortalecer la certeza regulatoria y agilizar los procesos administrativos asociados a proyectos de alto impacto, avanzando hacia un sistema más eficiente, transparente y alineado con los desafíos del desarrollo productivo del país.

Es así como el reglamento regula el procedimiento de postulación de iniciativas de inversión, estableciendo requisitos, oportunidad y antecedentes; define el mecanismo de evaluación, incluyendo los factores objetivos, plazos y criterios para ser calificadas como estratégicas; y operativiza el régimen de tramitación ágil, permitiendo la reducción de plazos.

Procesos más eficientes

El biministro de Economía, Fomento, Turismo y Energía, Álvaro García, destacó que “con la apertura de esta consulta pública damos un nuevo paso para contar con un reglamento que permita acelerar la tramitación de iniciativas de inversión estratégica, fortaleciendo la certeza regulatoria y mejorando la coordinación del Estado. Nuestro objetivo es avanzar hacia procesos más eficientes y con plazos claros, que faciliten la materialización de proyectos de alto impacto para el desarrollo productivo del país, manteniendo siempre los estándares técnicos y ambientales. Invitamos a todos los actores a participar de este proceso, porque una regulación moderna y bien diseñada es clave para impulsar la inversión, el crecimiento y la generación de empleo en Chile”.

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que entró en vigor el 29 de septiembre pasado, establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión. En el caso de los proyectos estratégicos, la reducción de los plazos llegará a un 50% menos.

La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.

Esta es la segunda consulta pública que abre el Ministerio de Economía en el contexto de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales. La anterior, finalizada el 13 de enero pasado, abordaba la propuesta que regula distintas etapas del procedimiento.

Quienes quieran ser parte de este proceso, pueden ingresar al portal de Participación Ciudadana ubicado dentro de la web del Ministerio de Economía Fomento y Turismo.

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El decreto fija, por primera vez, plazos obligatorios y exigibles para que los órganos del Estado identifiquen, sistematicen y publiquen sus procedimientos de autorizaciones sectoriales, y adopten progresivamente a Super como el único canal oficial de información, presentación de solicitudes, avisos y declaraciones juradas.

Al respecto, el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, destacó que “este decreto es la expresión concreta del trabajo que hemos venido desarrollando para que la Ley de Autorizaciones Sectoriales se implemente de manera ordenada, gradual y responsable. Este nuevo paso da cuenta de que existe un diseño técnico que define obligaciones claras para los órganos del Estado, establece plazos realistas y habilita de cara al ciudadano una tramitación digital única a través de Super, mejorando así la eficiencia del Estado y otorgando mayor certeza a los proyectos de inversión”.

Cierre 2025

Este avance se produce luego de que la plataforma Super batiera la meta autodefinida para 2025, cerrando el año con más de 250 trámites disponibles en línea, lo que permitió consolidar su operación como infraestructura digital habilitante para la implementación de la ley.

El decreto establece que, en una primera fase, los órganos sectoriales deberán remitir a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión información detallada sobre los procedimientos de su competencia, incluyendo los trámites que los componen, los plazos aplicables, los efectos del silencio administrativo, los antecedentes requeridos y los formularios únicos necesarios para iniciar solicitudes o utilizar técnicas habilitantes alternativas, los que serán publicados y gestionados a través de Super.

Asimismo, para cumplir con la segunda fase “de tramitación”, los servicios deberán adoptar la plataforma como el único canal válido para la presentación de solicitudes de autorizaciones sectoriales, para obtener información sobre su estado de avance y fuente de notificaciones de los actos administrativos dictados durante la tramitación de los procedimientos. Para ello, será necesario que cada organismo interopere con Super los datos que formen parte de los expedientes electrónicos de cada solicitud.

División en grupos

Los órganos que están obligados a integrar sus procedimientos a la plataforma se dividen en dos grupos. El Grupo A considera a ministerios, servicios públicos y entidades de derecho público con competencias habilitantes, mientras que el Grupo B incluye a municipalidades, direcciones de obras municipales, secretarías regionales ministeriales de Salud y gobiernos regionales.

La aplicación de estas obligaciones será gradual. La Fase 1, referida a la identificación y publicación de procedimientos, requisitos y formularios, deberá completarse a más tardar el 29 de junio de 2026 para ambos grupos. En tanto, la Fase 2 de tramitación deberá concluir el 31 de diciembre de 2026 para el Grupo A y el 31 de diciembre de 2027 para el Grupo B.

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El encuentro, que se extendió por casi tres horas, permitió al ministro García dar a conocer los principales avances alcanzados por la cartera durante estos cuatro años, así como exponer los próximos desafíos.

Durante la instancia, el biministro valoró el interés manifestado por Mas en avanzar en materias relevantes para el desarrollo del país, como la creación de más empleos y agilizar la aprobación de permisos para nuevas inversiones, destacando la importancia de mantener una mirada de largo plazo para fortalecer el crecimiento económico.

“Hemos tenido una muy positiva reunión de trabajo con el futuro ministro de Economía, Daniel Mas. Le hemos dado a conocer los programas que hemos implementado y que están en curso para agilizar la aprobación de permisos de los proyectos de inversión; para desarrollar a las regiones de nuestro país, donde tenemos programas específicos para cada una de ellas; y, para apoyar la creación de valor agregado en torno a nuestros recursos naturales, de tal manera que se generen más empleos de calidad”, detalló el jefe de cartera.

Junto con esto, subrayó que “Chile está en condiciones de crecer más rápido y la labor que hemos desarrollado en este período le va a permitir al Gobierno entrante seguir en esa línea. Por lo tanto, esperamos que continúen los programas que ya hemos iniciado”.

Inversión y permisología

Por su parte, Daniel Mas calificó la reunión como provechosa y expresó que «sostuvimos una positiva reunión de coordinación para el traspaso de la cartera de Economía. Nuestra prioridad es avanzar de manera ágil y decidida en la meta encomendada por el Presidente electo, José Antonio Kast: que Chile vuelva a crecer con fuerza, de la mano de las grandes empresas y las pymes, para mejorar la calidad de vida de las personas. Agradecemos la disposición del ministro Álvaro García y su equipo».

Asimismo, afirmó que «en este encuentro abordamos tópicos clave que tienen como foco retomar altos niveles de inversión y el combate frontal a la permisología, junto con el impulso a la creación de empleos y el desarrollo de nuevas industrias exportables”.

El ministro García ratificó su disposición a continuar con este proceso de traspaso con diálogo y colaboración, subrayando la relevancia de dar continuidad a los planes y proyectos de la cartera.

La cita fue encabezada por el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, junto a la subsecretaria Javiera Petersen, quienes recibieron a Daniel Mas, futuro biministro de las carteras de Economía y Minería, quien asistió acompañado de su jefe de Gabinete, Agustín Quera.

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Este avance da cuenta del fortalecimiento de esta herramienta durante los años de gobierno, la cual permite a los inversionistas el seguimiento centralizado y en línea del estado de avance de cada solicitud de permiso, representando un salto de más de 8 veces en la disponibilidad de trámites, pasando de 31, en marzo de 2022; a 188, a fines de 2024; y alcanzando un total de 251 procedimientos, a diciembre de 2025.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía, Álvaro García, expuso que este paso «es una prueba concreta de que la modernización del Estado sí es posible y que entrega resultados reales. En tres años avanzamos de forma rápida y concreta en los trámites disponibles, permitiendo que los proyectos puedan concretarse con mayor claridad, certeza y eficiencia. Este avance es parte del compromiso que asumimos como Gobierno: un Estado que acompaña, simplifica y facilita la actividad económica sin bajar los estándares regulatorios.”

De cara al cierre del mandato del Presidente Gabriel Boric, la plataforma Super espera alcanzar los 260 trámites, cifra que aumentará en los próximos dos años a medida que la implementación de la LMAS vaya avanzando conforme a sus plazos.

Entre estos procedimientos, que son muy diversos y abarcan servicios como la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la Dirección General de Aguas (DGA), las Direcciones de Obras Municipales (DOM), destacan aquellos que buscan impulsar las inversiones en los sectores más críticos de la economía, como el minero, energético, de infraestructura e inmobiliario.

«Con este avance, Chile da un salto decisivo para impulsar la inversión y generar más empleos. Hoy la Plataforma Super concentra permisos para áreas clave de la economía que requieren certezas para ejecutar sus proyectos. La Ley Marco y su institucionalidad nos permiten ofrecer justamente eso: reglas claras, tramitación más ágil y un mejor ecosistema para que las inversiones se concreten y generen empleo y desarrollo en todo el país», expresó el biministro García.

A este paso se suma la puesta en marcha de la nueva Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, y el inicio del proceso de modernización de autorizaciones sectoriales con siete instituciones claves en entrega de permisos: Consejo de Monumentos Nacionales, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales -que fue publicada en el Diario Oficial el pasado 29 de septiembre- establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos.

La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.

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Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento sobre la nueva normativa y las herramientas que se crean para mejorar la tramitación de permisos necesarios para concretar proyectos de inversión. Desde la promulgación de la ley, parte de los esfuerzos de implementación se han enfocado en dar a conocer sus alcances y beneficios, cuyo eje principal es agilizar los procedimientos de obtención de permisos sectoriales sin comprometer los estándares regulatorios ni ambientales. Con ello, se proyecta una reducción en los tiempos de tramitación, lo que contribuye a generar un entorno más competitivo y atractivo para la inversión, impulsando el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

Durante octubre, representantes de la OGP participaron en diversos espacios y foros a nivel nacional, interactuando con actores del mundo privado y la academia para explicar los objetivos y ventajas de la LMAS. Posteriormente, entre fines de octubre y todo noviembre, el despliegue se concentró en una serie de charlas dirigidas a funcionarios públicos de entidades responsables de evaluar y otorgar permisos sectoriales, reforzando así la articulación institucional necesaria para la correcta aplicación de la normativa.

Entre las instituciones que han participado de dichas instancias se encuentran el Ministerio de Agricultura, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Comisión Nacional de Energía, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), la Corporación Nacional Forestal (Conaf), las Seremis de Salud, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y servicios del Ministerio de Obras Públicas, como la Dirección General de Aguas, entre otros.

En total, más de 1.000 funcionarios han participado en estas instancias, tanto en formato presencial como remoto.

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“Es fundamental estar en las regiones e identificar los proyectos que nos permitan acelerar la inversión, aumentar la empleabilidad e informar de los mecanismos que tiene el Gobierno para acompañarlos en materia laboral, sobre todo en lo que se refiere a capacitación y certificación de competencias. Además, relevar la importancia que tiene para el país en aprobar los proyectos de ley de Subsidio Unificado al Empleo (SUE) y de Sala Cuna para Chile”, afirmó el ministro Boccardo.

El ministro Grau, por su parte, expresó que “como Gobierno estamos desplegados en la macrozona norte para acelerar la inversión privada y fortalecer la coordinación regional. Nuestra prioridad es que los recursos se traduzcan en más empleo, mejor infraestructura y oportunidades en los territorios. Hoy hemos sostenido un trabajo conjunto con los gobiernos regionales, los seremis y el sector privado para impulsar proyectos que están listos para iniciar su ejecución, y para reforzar una descentralización responsable, con reglas claras y recursos que lleguen efectivamente a las comunidades”.

En tanto, el ministro García destacó uno de los aspectos de la Ley de Seguridad Pública, la cual permitirá que la seguridad privada pueda custodiar el transporte de carga sobredimensionada, lo que dará mayor dinamismo en el traslado de turbinas eólicas, hélices, maquinarias, entre otros, elementos que son fundamentales para el desarrollo económico y energético, en especial en el norte del país.

Respecto a la situación del empleo, el ministro Giorgio Boccardo comentó que “en todas las regiones de la macrozona desde, Coquimbo hasta Arica, hemos observado un aumento de las personas ocupadas en los últimos 3 años y medio, con una fuerte presencia del empleo formal, puesto de trabajo femenino, en materia de desocupación y de baja tasa de informalidad. En el caso de Tarapacá y Antofagasta han mostrado el mejor desempeño, reduciéndose fuertemente la tasa de desocupación a 7,0% y 6,7%, respectivamente”.

“Además, en estas regiones se ha reducido la informalidad laboral en más de 4,0 pp., lo que es indicio de que se ha venido fortaleciendo el Trabajo Decente. Los mayores desafíos están en Arica y, sobre todo, Atacama, que presenta una tasa de desocupación por sobre el nivel nacional. Este foro permite acelerar la inversión en las regiones, para que se abran más y mejores oportunidades laborales para los habitantes de Antofagasta y de todas las regiones de la Macrozona Norte”, agregó.

Actividades 

A primera hora, las autoridades realizaron una visita a Puerto Mejillones SA, donde recorrieron el lugar y sostuvieron una reunión con gerentes.

Posteriormente, se trasladaron a la Universidad Católica del Norte (UCN), donde se reunieron con empresas desarrolladoras de proyectos de inversión de las regiones con gestiones pendientes y/o próximas a terminar su tramitación para pasar a la fase de construcción, con el objetivo de conocer sus problemáticas y así poder acelerar la inversión, en el marco de la nueva Ley de Permisología.

Luego, los ministros de Trabajo, Hacienda y Economía encabezaron un Gabinete económico con Seremis de las respectivas carteras y delegados presidenciales.

En su última actividad, las autoridades tuvieron un encuentro con los gobernadores regionales de la macrozona norte.

Cabe recordar que el 9 de octubre pasado se realizó en el Biobío, donde se reunieron con autoridades provenientes de entre Ñuble y Magallanes, y con inversionistas y empresas desarrolladoras de proyectos de inversión de las zonas antes mencionadas.

Se espera que el próximo mes se efectúe la correspondiente a la zona centro, la cual se desarrollará en Valparaíso.

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En su presentación, Marshall se refirió al impacto que esta ley tendrá en las Pymes y Cooperativas del país, así como el proceso de implementación y la puesta en marcha, destacando cómo reduce los tiempos de tramitación sin afectar el estándar regulatorio “Los estudios de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad muestran que el Servicio de Impacto Ambiental sólo involucra un tercio de los tiempos de un proyecto complejo de inversión y dos tercios del tiempo está explicado por los permisos sectoriales”, comentó, refiriéndose a la relevancia y el impacto que contempla la nueva ley.  

Así, en su presentación Marshall abordó la tramitación paralela de permisos incorporada en la nueva legislatura, lo que permitirá reducir plazos al poder superponer trámites que anteriormente se hacían de forma secuencial. Además, aludió a la aplicación de Declaraciones Juradas en casos de bajo riesgo, que vienen a reemplazar 92 trámites en casos de bajo riesgo agilizando el sistema sin afectar los estándares.  

Además, el jefe de la División de Fomento, Inversión e Industria explicó el sistema de ventanilla única que se encuentra actualmente en desarrollo, a través del cual se podrá acceder a toda la información de la tramitación de permisos, simplificando los procesos tanto para quienes los estén tramitando como para facilitar la identificación de cuellos de botella por parte del Estado. 

En su presentación, Marshall abordó también el silencio administrativo que regula esta ley, permitiendo que, si en algunos casos se cumplen los plazos normativos sin obtener respuesta, el titular del proyecto podrá considerar ese silencio administrativo como un permiso aprobado, permitiéndole avanzar.  

“Este es un sistema que creemos va a generar mejoras sustantivas, pero al mismo tiempo es un sistema que puede ser perfectible. La experiencia del usuario es importante y por esto, los aportes que nos puedan sugerir serán cruciales”, cerró Marshall.

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Esta ley establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos.

La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.

 

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El ministro de Economía, Álvaro García, destacó que «con el avance del proceso de implementación de este nuevo marco jurídico, se constituirá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que supervisará y modernizará los trámites públicos y se implementará una línea de denuncias anónimas para personas o empresas afectadas por demoras injustificadas. El mecanismo de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también comenzará a aplicarse, permitiendo que los proyectos que excedan los plazos establecidos sean aprobados o rechazados automáticamente, con posibilidad de apelación”.

Si bien la ley ya entró en vigencia, varias de sus disposiciones clave contemplan un régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad regulatoria.

Estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la tercera, hasta completar un año desde la publicación. Este diseño transitorio busca asegurar una implementación ordenada, coordinada y eficaz del nuevo sistema, resguardando los derechos de las personas y asegurando la capacidad del Estado para responder a todo lo que mandata la ley.

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