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Los documentos dirigidos a Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales y Gabriela Mistral, buscan dar respuesta a cuatro interrogantes, entre ellas la equidad salarial entre hombres y mujeres, especialmente en RT donde se habrían detectado diferencias salariales importantes.

En segundo lugar diagnosticar las barreras existentes que impiden la promoción y el desarrollo laboral en razón del sexo. En tercer término conocer la elaboración y ejecución de procedimientos y protocolos de actuación frente al acoso laboral y sexual.

En cuarto lugar, informar sobre las condiciones de trabajo de las mujeres, uniformes, baños, salas cunas y su funcionamiento en faenas alejadas de los centros urbanos, entre otras. Solicitud que pretende, además, despejar dudas sobre si en a empresa «existen políticas o porcentajes de reserva de empleo para mujeres».

Recibió denuncias

«Me parece urgente, necesario y de un mínimo de respeto hacia las mujeres que se desenvuelven en la minería, saber cómo está operando nuestra empresa estatal en materia de género. Escuchar de las propias trabajadoras que no hay uniformes para ellas, que las brechas salariales son importantes o incluso que al denunciar una situación de acoso no hay seguridad de que la denuncia llegue a buen puerto, es una cuestión que no vamos a permitir», advirtió la parlamentaria que presentó los oficios a Codelco, luego de recibir una serie de denuncias.

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Los legisladores ponen como ejemplo los casos de la ciudad de Mejillones y las costas de Quintero, en donde hubo contaminación por hidrocarburos; y la polución de metales pesados, en el caso de Arica, en donde fue necesario realizar una declaratoria de zona de catástrofe, por el almacenamiento y tránsito, a través de ferrocarriles y camiones, de concentrado de cobre, plomo y zinc, hecho que afectó la salud de la población, indicaron.

Resaltaron que, en el caso de Antofagasta, la situación se tornó también cada vez más crítica, ya que se ha producido una sistemática sedimentación de polvo negro, compuesta por metales pesados, llevado por camiones encarpados que transportan concentrado de cobre. «Esto no sólo implica una grave contaminación al medio ambiente, sino también a la comunidad de Antofagasta, que se ve expuesta a una fuente contaminante permanente y silenciosa», remarcaron.

Sobre la base de lo indicado, los diputados sostuvieron que, en general, la actividad minera y particularmente el traslado, la recepción, el acopio y el embarque de concentrado de cobre genera riesgo para la salud pública y que es susceptible de causar impacto ambiental. «Por tanto, su inclusión en el sistema de evaluación ambiental debe quedar plasmado expresamente en la ley, imponiendo la obligación de que su ejecución esté en todo caso sujeta a dicho sistema», especificaron.

Explicaron que la idea es incorporar en la Ley 19.300 las citadas actividades y agregar una norma final que exime de esta responsabilidad a los pirquineros y a la pequeña minería. La entrada en vigencia de la medida sería un año después de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

El proyecto, enviado a estudio a la Comisión de Medio Ambiente, establece que el transporte de concentrado de minerales deberá realizarse, con independencia del método que se emplee, siempre por medios completamente herméticos y con los grados de humedad necesarios para evitar su volatilidad.

Además, se define que los titulares de los proyectos que impliquen carga o descarga de concentrado de mineral deberán informar por escrito de tal hecho al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a la municipalidad respectiva. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la comunicación, esta última autoridad deberá disponer el establecimiento de rutas por las que transitarán los vehículos que transporten concentrado de mineral, empleando para su diseño los criterios de evasión del transporte por área urbana, baja densidad poblacional y vehicular en horario de uso de la ruta y de la ruta más expedita, cuando se deba ingresar al área urbana.

Finalmente, la moción define los contenidos que deberán ser normados vía reglamentos.

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Ayer se encontraban reuniendo firmas para solicitar una sesión especial la próxima semana y que convoque a los diputados en pleno. Invitarán al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés; al presidente del directorio de la minera, Óscar Landerretche, y al presidente ejecutivo, Nelson Pizarro. Núñez cuestionó las medidas adoptadas por Codelco y dijo que ante la situación crítica que enfrentan, no debería discutirse la concreción oportuna de algunos proyectos estructurales. Agregó que la empresa «no puede darse el lujo de ejercer una mala gestión, ni menos de recortar puestos de trabajo pensando que es la forma de volver a los números azules».

Ward enfatizó que una reducción de costos no puede pasar por desvincular a parte importante de los trabajadores. Añadió que propondrán medidas de acción.

Paralelamente, la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) rechazó la propuesta entregada por Codelco y las empresas contratistas para terminar el conflicto que afecta principalmente a la división Salvador, y que también causó perjuicios en otras faenas como Ministro Hales y Chuquicamata. En total, la estatal estimó en US$ 80 millones las pérdidas ya sea por daños a las instalaciones o mermas en la producción.

«Rechazamos rotundamente la propuesta unilateral que Codelco entregó mediante sus empresas contratistas», dijo ayer la CTC. Específicamente, rechazaron asegurar indefinidamente los beneficios planteados en el actual Acuerdo Marco, avanzar en mejoras a los beneficios sociales, y el plan de generar premios por productividad.

Los dirigentes sindicales se reunirán hoy con ejecutivos de Codelco para revisar en profundidad la materia. El gremio advirtió que si no se cumplen las propuestas punto a punto, podrían retomar las movilizaciones.

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Durante la exposición, la presidenta de la Comisión, diputada Paulina Núñez (RN), replicó el acuerdo tomado por los diputados para que se oficie para someter nuevamente a evaluación al Puerto de Antofagasta, a través de la Comisión Regional de Medio Ambiente, con el propósito de tener una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Al respecto, la legisladora argumentó que “éste puerto está a mitad de la ciudad de Antofagasta y creemos que para seguir funcionando debe hacerlo como un puerto moderno, con acopios herméticos, con transporte hermético y que, obviamente, cumpla con mayores exigencias que hoy día son necesarias, para que no solamente tengamos una comunidad más tranquila, sino que menos contaminada y con menos exposición al peligro”, según consigna la nota publicada en el portal de la Cámara Baja.

Aclaró que se ha solicitado que sea el propio Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, que gestione esto con el Sistema de Empresas Públicas (SEP), con el fin de que la empresa se someta a calificación a través de un Estudio de Impacto Ambiental, a objeto de que la comunidad pueda participar de esta nueva aprobación.

Medidas y desafíos expuestos por el Minsal

Carmen Castillo dio a conocer ante los diputados las acciones de salud pública realizadas en la zona afectada por contaminación de metales pesados.

En primera instancia, se refirió a los estudios de medición biológica de plomo y arsénico realizados en algunos jardines infantiles de la zona, los cuales, según la Ministra, arrojaron resultados favorables de plumbemia, ya que no se detectaron altos niveles de contaminación en los niños.

De acuerdo a estos resultados, el Minsal realizó un seguimiento al análisis químico de las muestras, comprobándose posteriormente que la medición se habría realizado en plasma y no en sangre total, como es la recomendación internacional. Adicionalmente, las muestras de sangre de los niños se habrían congelado durante su preservación, con lo que se generó hemólisis (destrucción de glóbulos rojos), lo que invalidó el análisis de plomo en plasma en dichas muestras. En este aspecto, la Secretaria de Estado confirmó que volverán a tomar una muestra de sangre en los niños para determinar una exitosa medición.

Dentro de las otras medidas implementadas, la Ministra indicó que se ha implementado un Policlínico Pediátrico Medioambiental en el Hospital Regional de Antofagasta, que tiene como objetivo la atención de niños y niñas expuestos a metales o con sospecha de estar expuestos. En este aspecto, señaló que el Policlínico se mantendrá funcionado de manera permanente.

En lo que respecta a las acciones sanitarias ambientales, Castillo expresó que se ha realizado una limpieza especializada en los sectores cercanos al Puerto impactados por la dispersión de los concentrados de minerales, especialmente en jardines y establecimientos educacionales, la cual ha demostrado ser una medida efectiva, ya que logró reducir drásticamente los valores de plomo en el suelo.

“Si bien los resultados evidencian contenidos de plomo y arsénico en los niños, es preciso tener presente que muchos estudios a nivel internacional muestran presencia de estos metales en zonas no contaminadas, producto de la actividad humana y del transporte de contaminantes a través del ambiente”, aclaró Castillo.

En cuanto a los desafíos, la Ministra hizo hincapié en que pondrán en marcha un plan piloto de estudio polimetal y perfil epidemiológico que permita evaluar los niveles de exposición a metales en la población que reside de manera permanente en la región de Antofagasta. Asimismo, manifestó que continuarán evaluando a la población infantil, para otorgar tranquilidad y confianza a la comunidad.

En otro aspecto, indicó que se ejecutará el Acuerdo de Producción Limpia con la finalidad de mejorar las condiciones del Puerto.

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En la nota publicada por el portal de la Cámara Baja se señala que la audiencia se llevará a cabo a partir de las 9 horas y contempla recibir en primer término al Intendente de la Región de Antofagasta, Valentín Volta y a los Seremi de Salud, Lila Vergara y de Medio Ambiente, Ramón Arestegui.

Posteriormente, escuchará a la Alcaldesa de Antofagasta; Karen Rojo, al representante del Movimiento Ciudadano “Este Polvo Te Mata”, Ricardo Díaz; para finalmente escuchar los planteamientos de la representante del Centro de Padres y Apoderados Semillita, Guisela Contreras.

La presidenta de la Comisión Investigadora, diputada Paulina Núñez (RN), afirmó que el primer compromiso que adquirieron fue ir a terreno, porque aseguró “no queremos ser una comisión de puertas cerradas o que entre cuatro paredes los políticos vayamos resolviendo e investigando”.

Añadió que el objetivo de la visita es “que los diputados puedan seguir investigando pero conociendo en terreno, por ejemplo, el Puerto de Antofagasta u otros focos de contaminación como el basural de La Chimba”, refiriéndose a la visita que la Comisión realizará por la tarde de este viernes a los recintos portuarios EPA y ATI, así como a las dependencias del Liceo de Niñas Marta Narea.

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En la nota publicada por el portal de la Cámara Baja se consigna que la diputada Marcela Hernando explicó que “en algún momento el plomo que existía era plomo boliviano que estaba acopiado en la ciudad y hoy día es plomo que está presente en los concentrados de cobre. Entonces si bien es cierto el contaminante es el mismo, las fuentes han ido variando en el tiempo y también la intervención de diferentes actores tanto privados como públicos, ha significado que esas contaminaciones cambien por efectos de transporte, de lugares de acopio”.

Asimismo, hizo hincapié en los resultados que han arrojado los últimos estudios epidemiológicos en torno a la dispersión. ”En el caso de los graneles es la dirección del viento, al ser un polvo fino y grueso se sedimenta en los edificios y eso hace que la población que vive cerca esté altamente expuesta, y si a eso le agregamos que el transporte no se hace con medidas herméticas y aún cuando están exigidas por las autoridades sanitarias, estas no se respetan siempre, entonces nos quedamos con que el transporte, el depósito, el viento y las malas condiciones van haciendo que este sea un tema que se reproduce permanentemente”, indicó.

Por su parte, la diputada Paulina Núñez recalcó la relevancia de la sesión del próximo 24 de abril en la Región de Antofagasta. “Es importante que todos los diputados conozcan en terreno cuál es la situación de la comuna, y hagamos un recorrido por ejemplo por el puerto de Antofagasta y el basural La Chimba, que son algunos focos de contaminación existente”, indicó.

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Según Núñez, se trata de entidades ligadas incluso a “ex presidentes de la Nueva Mayoría, a parlamentarios de la Nueva Mayoría, a partidos políticos de la Nueva Mayoría”. Entre las 22 instituciones que el oficio pedirá indagar, aparecen Fundación Chile, Fundación Nacional del Deporte y Fundación Eduardo Frei Montalva.

“He pedido, a través de un acuerdo de la Comisión de Minería, que se oficie al presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, para que envíe la información respecto de los informes que distintas fundaciones han entregado a Codelco producto de contratos entre ellos”, dijo Núñez.

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En todo caso, la diputada por Antofagasta afirmó que los contratos no están siendo cuestionados y que lo que se busca es despejar dudas sobre la calidad de los informes que esas instituciones preparaban para Codelco. La idea, precisó, es determinar “si fueron reales aportes a la compañía o dinero botado”.

“Queremos saber si realmente las prestaciones de servicios, el informe y el trabajo de estas fundaciones para con nuestra empresa pública son realmente importantes, si han producido dentro de Codelco un valor agregado, y si no es un pago por favores políticos”, dijo.

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La solicitud fue presentada por 65 diputadas y diputados, encabezados por las parlamentarias de la zona, Paulina Núñez (RN) y Marcela Hernando (PRSD). Ambas valoraron la aprobación de esta iniciativa, que busca «investigar todas las acciones y omisiones de los distintos gobiernos de turno del Estado de Chile tienen con la Región de Antofagasta”, según se consigna en la nota publicada en el portal de la Cámara Baja.

La diputada Núñez expresó que “nosotros somos una región minera y portuaria. Estamos conscientes de sus externalidades negativas, pero eso no implica que continuemos siendo el patio trasero de Chile con familias contaminadas”.

Asimismo, la parlamentaria RN destacó que “creemos que el puerto y la minería deben estar integrados en la ciudad y no en contra de ella. Por eso, no tan solo queremos investigar lo que se ha hecho o lo que se ha dejado de hacer, por todos los gobiernos, indistintamente del color político; sino que también dejar recomendaciones para que el Estado chileno se haga cargo de una vez por todas de la calidad de vida de quienes viven en Antofagasta”.

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En el texto la mesa de la estatal plantea los riesgos a los que se expone en caso de no contar con financiamiento para desarrollar sus proyectos estructurales, los que podrían llevar incluso al cierre de divisiones y a la pérdida del grado de inversión, entre otras consecuencias.

La diputada (RN) Paulina Núñez, integrante de la comisión de Minería y Energía de la Cámara, adelantó que el día martes se consensuó entre los integrantes de la comisión elevar una petición a Codelco para conocer en detalle este informe reservado, y así analizar cuáles son las consecuencias de que se mantenga la situación actual de falta de claridad sobre el financiamiento de la compañía.

Asimismo, aseguró que la postura de la instancia parlamentaria es de apoyar a Codelco en su solicitud de fondos al gobierno, al tiempo que coincidió en la lectura de que la situación actual de la empresa es crítica.

“Como parlamentarios de la comisión de Minería y Energía concordamos en que la situación es crítica. Este informe que envía Codelco señala derechamente que si no tienen capitalización deberían comenzar a cerrar divisiones. Eso no podemos permitirlo”, dijo.

No hay crisis, sí riesgos

El día martes, luego de la firma de un acuerdo sobre eficiencia energética, el presidente de directorio de la minera Oscar Landerretche, acompañado por el presidente ejecutivo (s) y vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, Iván Arriagada, descartó que la firma se encuentre en una situación crítica, pero sí reconoció que enfrenta una serie de “desafíos estratégicos” que deben ser abordados, en medio de un escenario de déficit de financiamiento y de capitalización.

“Los proyectos estructurales deben hacerse ahora. Hay que decir algo muy importante: el déficit de financiamiento y de capitalización de Codelco no es algo que haya ocurrido ahora. Ciertamente no es responsabilidad de este gobierno, todo lo contrario, este gobierno está haciendo un esfuerzo y da señales de establecer un financiamiento de largo plazo”.

Arriagada, en tanto, reconoció que si no se hicieran las inversiones estructurales -lo que, de acuerdo con el informe de la propia empresa, ocurrirá si es que el Estado no traspasa recursos a la cuprera- debería comenzar a trabajarse en el cierre de Salvador y Chuquicamata en los próximos cinco a seis años.

“Para nadie es sorpresa que los proyectos estructurales están destinados a continuidad y operaciones que son emblemáticas para Codelco, entre ellas se incluye Chuquicamata y en el caso de Salvador tenemos el proyecto Rajo Inca. Si en el tiempo esas inversiones no se hicieran, obviamente que habría un perjuicio desde el punto de vista de tener que cerrar esas operaciones. Eso ocurriría probablemente dentro de los próximos cinco o seis años”, comentó.

Landerretche reveló que actualmente están debatiendo con el Gobierno la fórmula de capitalización de largo plazo, luego de recibir US$200 millones como primera etapa del plan de capitalización 2014. “Ese primer aporte es el inicio del proceso de capitalización. Nosotros estamos trabajando bajo la hipótesis que se construye en base a las declaraciones de la Presidenta Bachelet del 21 de mayo, cuando planteó que va a haber una ley de financiamiento de Codelco que nos va a permitir establecer un escenario de largo plazo para los proyectos estratégicos”, dijo.

En tanto el senador Baldo Prokurica, integrante de la comisión de Mineria y Energía del Senado, añadió que es necesario zanjar pronto esta discusión para evitar efectos mayores sobre la estatal. “Está claro que el mejor negocio en que pueden estar los recursos fiscales es en la minería y por lo tanto, a mí no me parece que sigamos en esta ‘ruta fatídicaâ€, que ha sido la negación permanente de los recursos a Codelco, jibarizando esta empresa”, comentó.

“El agudo análisis que hace el Directorio sobre la futura política de financiamiento deja en evidencia que ello dejó de ser un tema de importancia de Codelco y el Ministerio de Hacienda. Dados los efectos que podría tener para las finanzas y economía del país, el desarrollo futuro de Codelco pasó a ser un tema país. Si como país realmente queremos abordar el futuro de Codelco, hoy más que nunca hay que dejar atrás las posturas ideológicas y debemos actuar con pragmatismo. No debemos temer en dar pasos más audaces, incluyendo la incorporación de capitales privados”, complementó el ex subsecretario de Minería, Francisco Orrego.

Plan B: Venta de activos, garantía estatal y baja de costos

Aunque las fuentes de financiamiento para los proyectos ya está definida -una mezcla entre deuda, capitalización y recursos propios- de todas formas la corporación ha avanzado en el análisis de otras fuentes de financiamiento.

Así se revela del documento reservado enviado por el directorio de la estatal a Hacienda, y en el que se sugieren cuatro ítems para obtener recursos por otras vías distintas a las nombradas. La primera de ellas es la venta de activos.

“Una de las alternativas para allegar recursos a Codelco para el financiamiento de los proyectos estructurales es la venta de activos (…) La conclusión de revisar estas opciones es que si bien algunas pueden tener mérito para ser consideradas como suplemento, no representan una solución que pueda por sí sola resolver el financiamiento de los proyectos estructurales y, por lo tanto, no sustituyen la necesidad de definir una base de financiamiento con aportes de capital y mayor deuda”, señala el texto.

¿Cuáles son las alternativas? La primera, catalogada con atractivo “medio”, es la venta del 20,1% que Codelco posee en Anglo American Sur -sociedad propietaria de Minera Los Bronces- a través de la sociedad Acrux.

Según Codelco, una operación de este tipo aportaría liquidez y valor de inversión, pero en contra juegan el deshacerse de un activo minero de clases mundial y, además, las sinergias con la vecina Andina, que pertenece a Codelco.

Una segunda alternativa sería la venta del 49% que Codelco posee en El Abra, lo que, no obstante, no podría materializarse sin cambio de ley.

Una tercera opción es la venta adelantada de flujos futuros de producción, lo que tiene a favor que no se contabiliza como deuda pero que podría representar un riesgo en caso de que no sea posible cumplir con los mínimos comprometidos por factores geológicos.

Además, se plantea que el costo implícito de los fondos puede ser más alto que una simple deuda. El atractivo asignado por el directorio a esta operación es “bajo”.

La última opción de venta de activos es el desprendimiento de activos de infraestructura, tales como puertos, redes de transmisión y plantas de agua desalada. El atractivo es “bajo”.

Como alternativa a la venta de activos se propone la garantía formal por parte del Estado de Chile al endeudamiento de Codelco. “Esto equivale a incorporar el endeudamiento de Codelco en las cuentas de Estado y someterla a las reglas de gobierno aplicable a la deuda pública”, señala la empresa.

Además se plantea la baja de costos como opción. La empresa ya ha asumido una baja de US$600 millones en sus costos anuales, lo que le permitirá mejorar sus niveles de competitividad. La liberalización de esos fondos permitirá aportar también al plan de financiamiento.

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