A toda marcha, ya se definen los temas principales que se abordarán, destacando océanos, Antártica, biodiversidad, bosques, adaptación, ciudades, energías renovables, economía circular y electromovilidad.

Cabe recordar que en la COP 21 realizada en París en 2015, después de 20 años de negociaciones, 195 países acordaron limitar el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial. Este tratado fue bautizado como Acuerdo de París y el compromiso consideró que la entrada en vigencia de los compromisos nacionales debía ser en 2020 y que estos serán revisados cada cinco años.

País por país

Las acciones climáticas de cada país quedaron estipuladas en un documento tipo conocido como Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) y tal como el resto de los países firmantes, Chile debe entregar un nuevo NDC el próximo año.

“Creo que el gobierno de Chile lo está haciendo bien en materia de cambio climático, pero es muy relevante que los temas vinculados a la actualización de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) se den a conocer a la brevedad si se quieren presentar en diciembre de este año”, explica a este medio el ex ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y quien es miembro del grupo de asesores Presidenciales en esta materia.

Los NDC materializan los distintos compromisos de Chile en temas como residuos, descarbonización de la matriz energética y eficiencia energética, entre otros, detalla Badenier.

“Quedan solo cinco meses y aún no se conocen los nuevos compromisos de acción climática del país ante las Naciones Unidas. Este es un documento oficial del Gobierno y debe conocerse lo antes posible ya que debe tener participación ciudadana, además de que se requiere observarla para poder opinar a tiempo”, subraya el ex ministro.

Protesta ciudadana

Chile como país anfitrión debe estar preparado para dar cabida a posibles manifestaciones y protestas que se pudieran producir durante la realización de la COP 25, dice Pablo Badenier. “Al igual como ha ocurrido en las últimas 10 COP, no sería una excepción que se realicen manifestaciones de organizaciones no gubernamentales o eventos paralelos, porque esto es parte de la acción climática, es parte de lo que mueve a los grandes liderazgos mundiales”, añade.

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Pablo Badenier participó, junto al ex ministro de Energía, Máximo Pacheco, en un conversatorio que se planteó la pregunta si las protestas ciudadanas son una herramienta efectiva para paralizar proyectos con impacto ambiental. El encuentro estuvo organizado por el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y el Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Algunos datos de la COP 25

– Cuándo se realizará: entre el 2 y el 13 de diciembre.

– Dónde: Ciudad Parque Bicentenario, Cerrillos.

– Asistentes esperados: 25.000.

– Financiamiento del mundo privado: La Fundación Imagen de Chile deberá emitir el Certificado N°63 para acreditar las donaciones de bienes, servicios y/o dinero destinadas a la organización y ejecución de la conferencia sobre cambio climático. Más información aquí 

– Sitio oficial: www.cop25.cl

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El ministro Mena afirmó que una de las prioridades durante su gestión será la rápida implementación de gran parte de las 25 propuestas entregadas por la comisión liderada por el ex ministro Pablo Badenier. “Lo que buscamos es que el sistema funcione bien, que las controversias se soluciones dentro de la institucionalidad y que las resoluciones de calificación ambiental no sean revocadas por tribunales”, señaló la autoridad, según consigna la nota publicada por el Ministerio.

Entre las medidas para la implementación de la Reforma al Seia se encuentra la incorporación al Servicio de Evaluación Ambiental de las secretarias técnicas de la Comisión Asesora Presidencial, Elizabeth Lazcano y Claudia Bruna, para acelerar y priorizar este trabajo. Se está trabajando, mediante una consultoría, para la elaboración de una propuesta reglamentaria y legal para implementar las medidas propuestas, entre otras, y se estableció un cronograma para la entrega final de las modificaciones.

Este cronograma establece que durante junio se iniciará la implementación de medidas de gestión, la revisión con los comisionados de propuestas reglamentaria y legal y la tramitación del instructivo presidencial.

Para agosto se prevé la presentación de una propuesta definitiva al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su posterior ingreso a Contraloría.

Finalmente, para septiembre se espera la entrega de una propuesta para modificaciones de carácter legal a la Presidenta Michelle Bachelet.

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Abandonó el equipo de gobierno el ministro Pablo Badenier, de la cartera de Medio Ambiente, asumiendo en su reemplazo el actual subsecretario, Marcelo Mena.

Badenier dejará el gabinete para integrarse al equipo de Carolina Goic, candidata presidencial de la DC. «Ahora se dedicará a otras tareas políticas», dijo Bachelet, además de agradecer su labor. «Su salida no tiene nada que ver con el proyecto Dominga», comentó.

El ahora ex ministro asumió el cargo el 11 de marzo de 2014, con el inicio del Gobierno de Bachelet y, entre sus hitos de gestión se incluye el Plan de Descontaminación de Santiago, que incluye la restricción para vehículos catalíticos.

Además, aprobó la ley de fomento para el reciclaje y lideró el rechazo al proyecto de HidroAysén. También se incluyeron los impuestos verdes dentro de la reforma tributaria.

Nuevo Ministro

Su reemplazante, Marcelo Mena, es Ingeniero Civil Bioquimico de la Universidad Católica de Valparaíso, con estudios de postgrado en la Universidad de Iowa y postdoctorado del MIT. Fue director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello al momento de su designación como subsecretario.

También fue consultor experto en energía y cambio climático de la Fundación Chile e integró la Oficina de Sustentabilidad de la Universidad de Iowa.

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Como país miembro de la Convención, Chile está comprometido a contribuir al esfuerzo de mitigación del cambio climático. En este contexto, el Gobierno realiza un esfuerzo para convocar a diversos actores con el propósito de diseñar una agenda de innovación con un enfoque inclusivo y sustentable.

Futuras iniciativas y programas de desarrollo

Sobre las iniciativas concretas que ya están en desarrollo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo presentó la hoja de ruta del Programa Estratégico de Energía Solar, la que contempla proyectos por más de 150 millones de dólares en una década donde al menos el 60% del financiamiento vendría del contrato del salar de Atacama entre Corfo y Rockwood. Se trata de aprovechar las singularidades del norte del país; como su alto nivel de radiación solar, la presencia de sales de litio y de minería metálica como no metálica.

Entre las iniciativas destacan un mayor desarrollo tecnológico, que implica la creación de un Centro Tecnológico Solar en Antofagasta y de programas Tecnológicos que vengan a solucionar brechas del sector, más desarrollo industrial y el fortalecimiento de infraestructura de calidad.

Se espera que con estas iniciativas al 2025 haya 100 nuevas empresas en la cadena de valor de la industria solar nacional; una significativa reducción en el costo de la energía para las tecnologías fotovoltaicas; una mayor diversificación de la matriz productiva nacional y del portafolio de exportaciones y una reducción en las emisiones de CO2e de 4.5 millones de toneladas por año.

Bitran señaló que otro proyecto importante es el “Distrito Solar”, que implica una mega estación de energía solar (750MW a 1GW), que abastecerá de energía limpia a la industria minera del país. Este proyecto tendría un costo total de inversión de 4 mil millones de dólares, y generaría unos 3 mil empleos durante su construcción. Se espera que una vez finalizada ayude en la reducción de 1 millón de toneladas de CO2e. Este tipo de iniciativa permite un ordenamiento territorial, reducir costos de transmisión y su impacto ambiental y bajar los riesgos de la inversión privada.

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Así, los proyectos ingresados este año totalizan US$ 61.328 millones, mientras en 2015 ascendían solo a US$ 31.565 millones.

El ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, señaló que esto «muestra que el interés de la industria por desarrollar proyectos de inversión en el país está lejos de mantenerse en un estancamiento».

El reporte estadístico del mes de agosto -el último disponible- indica que el sector inmobiliario es el que más ha ingresado proyectos, y suma 16 iniciativas por US$ 782 millones, representando un 24% del total de iniciativas ingresadas. A continuación figura energía, con 12 proyectos por un total de US$ 466 millones, e infraestructura hidráulica, con 5 proyectos que en conjunto totalizan una inversión estimada por US$ 195 milllones, informó el ministerio.

Asimismo, indicaron que la mayor parte de los proyectos ingresados en agosto se ubican en la Región Metropolitana (15), mientras 9 están en la Región del Biobío y 6 en la de Atacama. En el mes ingresaron 68 proyectos.

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Entre las medidas planteadas destaca el trato especial para los proyectos de gran envergadura y que vendrían del mundo de la minería, energía e infraestructura, y que requerirían de una revisión a nivel nacional.

Frente a las alertas por un eventual trato discriminatorio que enfrentarían los titulares de proyectos de inversión a nivel regional, el secretario de Estado es categórico al señalar que un eventual proyecto de ley que acoja la propuesta “tendrá un control constitucional”.

Además anticipa que durante 2016 el Gobierno emitirá un instructivo de carácter presidencial a los distintos servicios que interactúan en el sistema de evaluación de impacto ambiental para unificar criterios de los llamados proyectos estratégicos.

¿Suscribe a la idea de crear un sistema de evaluación especial para los grandes proyectos?

-Valoramos esa recomendación. El sistema debe ser capaz de distinguir proyectos que son más complejos y estratégicos, y que requieren un tratamiento distinto. Y donde se requieren las capacidades de los servicios a nivel central, donde en una etapa previa a la concepción central del proyecto, pueda convertirse con los gobiernos regionales y la comunidad para posteriormente entrar a la etapa de evaluación de los impactos ambientales. Un titular puede legítimamente desistir del proyecto en una segunda etapa y disminuir las barreras de entrada al SEIA, porque genera rigidez una iniciativa de inversión que esté plenamente concebido desde el punto de vista ingenieril que entra a su evaluación. Creemos que el titular legítimamente puede modificar un proyecto si tiene observaciones de servicios, el municipio o de la comunidad, desde el punto de vista de sus características y también del lugar de emplazamiento.

¿Cómo se vigilará que no exista una discriminación arbitraria de proyectos?

-La comisión nos señala cinco criterios los que deben verse materializados en un proyecto de ley, que nos permiten caracterizarlos. Lo que sí valoramos de esta propuesta es que hay proyectos que se le pueden poner distintos apelativos, emblemáticos, complejos, estratégicos o que son de gran envergadura al año podrán ser dos a tres proyectos que genera una carga al SEA muy importante y a los servicios regionales una carga muy relevante. Hay que reconocer que ese tipo de proyectos se evalúan a nivel central y que el Estado debe proveer un mecanismo distinto de análisis y de evaluación de ese tipo de proyectos. Es cierto, hay que fijar una frontera de cuál es estratégico y cual no lo es (…) El monto de inversión, magnitud, ingreso como Estudio de Impacto Ambiental, etc, son parte de las tipologías que se ocuparán para catalogar a un proyecto como estratégico. Otra de las características estará relacionada con que provengan de los sectores de energía, minería, industria o grandes obras de infraestructura.

¿Pero hoy están los recursos para que esto ocurra?

-El Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental ha mostrado flexibilidad y capacidad para desarrollar Proceso de Participación Ciudadana. Por lo tanto, obviamente habría que evaluar y estimar la cantidad de este tipo de procesos que podrían desarrollarse con esta recomendación. No obstante, nosotros como ministerio valoramos positivamente esta propuesta.

¿Tienen cuantificado cuánto cuesta en promedio un Proceso de Participación Ciudadana?

-Eso es relativo, porque depende del proyecto y el lugar de emplazamiento, y la complejidad del proyecto. No obstante esta recomendación animaría una modificación reglamentaria y al presentar la modificación reglamentaria obviamente en ese momento habría que tener la estimación de cuántas declaraciones de impacto ambiental tendrían proceso de participación ambiental.

¿Eso también implicaría un aumento en el presupuesto del Servicio de Evaluación Ambiental?

-Exactamente. Eso iría de la mano a través de una modificación reglamentaria para desarrollar este tipo de procesos de participación ciudadana. En el informe que recibimos no está cuantificado ni estimado el eventual aumento de procesos de participación ciudadana. Ese no fue su objeto. Pero para que nosotros emprendamos el camino para que exista el cambio, creo que es el momento de poder hacer las estimaciones y los supuestos para poder implementar esta reforma. Acá hay una propuesta de reforma, otra cosa es el camino nuestro para materializar las propuestas que nos propone la comisión.

¿Estas propuestas podrían quedar sólo en un saludo a la bandera, si se considera la carga administrativa y legislativa del Gobierno actual?

-No. Si revisas las 25 recomendaciones hay algunas que requerirán cambio legal de la Ley General de Bases del Medio Ambiente; hay otras que necesitan modificaciones reglamentarias como las del D.S 40, pero hay un conjunto de otras que son medidas de gestión, como mejorar la coordinación de cada uno de los servicios que participan en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esos cambios no requieren una modificación legal o reglamentario, sino que sólo proponernos y ejecutar una mejor coordinación donde reconocemos que hay un espacio de mejora de la gestión.

¿Con todas las medidas de mejoras en gestión hay una estimación de cuánto podrían reducirse los tiempos de tramitación?

-La baja en los tiempos de tramitación en el sistema, hoy es fundamentalmente una responsabilidad de los titulares. En el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los servicios públicos tienen plazos fatales para pronunciarse y para evaluar a diferencia de los titulares que no tienen para responder y pueden suspender la tramitación de proyectos. Por lo tanto, el tiempo efectivo que demora la evaluación de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental depende fundamentalmente del grado de información que contenga su solicitud del titular.

¿El ministro de Hacienda acusó de “lloriqueo” al empresariado que no se siente cómodo con las reformas. Este informe final viene a ser respuesta de aquello?

-La Presidenta constituyó esta comisión asesora presidencial en abril de 2015. Y responde al compromiso del Gobierno de evaluar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que tiene más de 17 años de operación y que obviamente tiene que ponerse al día en los procesos de participación ciudadana. Estas decisiones son más estructurales, porque están en el programa.

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En la nota publicada por el Ministerio se destaca que el documento comprende 25 propuestas y recomendaciones para mejorar el SEIA, que abordan ejes estratégicos: criterios de ingreso e instrumentos de evaluación, procedimientos y contenidos de la evaluación, participación de los servicios públicos con competencia ambiental y permisos ambientales, participación ciudadana y consulta indígena, e instrumentos asociados a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Entre las principales propuestas se encuentra la creación de un mecanismo de evaluación ambiental para proyectos considerados estratégicos, que considere dos etapas: una fase temprana estratégica del proyecto en relación al estudio y análisis del entorno y los componentes ambientales eventualmente afectados; y otra fase posterior que corresponde a la evaluación ambiental propiamente tal.

También se propone la creación de un procedimiento de Relacionamiento Temprano, cuyo objetivo será generar –con la presencia del Estado- espacios de diálogo entre los proponentes de proyectos y las comunidades locales, previo al ingreso del proyecto al SEIA. Esto apunta a que las partes involucradas se conozcan, transparenten sus posiciones y se contribuya a nivelar la asimetría de acceso y entendimiento de la información relacionada al desarrollo del proyecto. Si bien la instancia de Relacionamiento Temprano será voluntaria, cuando el titular de un proyecto exprese su decisión de someterse a esta su aplicación será obligatoria.

Más participación

En cuanto a los procesos de participación ciudadana, el trabajo de la comisión concluye una serie de alternativas que apuntan a incrementar las instancias participativas en las Declaraciones de Impacto Ambiental, con propuestas que incluyen desde la extensión de las instancias para las observaciones ciudadanas hasta apoyos de asistencia técnica en el proceso.

Respecto de los contenidos de los instrumentos de evaluación, se proponen una serie de cambios para focalizar y simplificar los requerimientos de información necesarios, mientras que en materia de procedimientos de evaluación también se sugieren diversas modificaciones, entre ellas la incorporación del principio de colaboración  incorporando, por ejemplo, mecanismos de asistencia tanto al regulado como a la ciudadanía.

El informe también considera entre sus sugerencias la mantención del Comité de Ministros como instancia superior al SEA para la resolución de las reclamaciones a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), fortaleciendo su funcionamiento con la creación de una secretaría técnica y panel de expertos para solicitar informes cuando corresponda. Junto con ello, propone la incorporación de la variable del cambio climático en la tramitación de proyectos, relacionado tanto con la generación como con la mitigación de gases de efecto invernadero.

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El secretario de Estado añadió que actualmente existen dos mociones parlamentarias sobre el tema: una impulsada por la senadora Isabel Allende (PS) y otra por el senador Guido Girardi (PPD).

“Entonces, una vez que analicemos el informe de la OCDE, que puede ser un antecedente interesante, vamos a tomar la decisión de patrocinar una de las dos mociones, hacer un fundido entre ambas, o bien, enviar un mensaje por parte del Ejecutivo”, afirmó Badenier.

El documento de la entidad se dará a conocer a fines de julio, por lo que cualquier decisión que se tome será desde agosto en adelante.

En este contexto, Badenier enfatizó que en la Comisión de Medio Ambiente del Senado “hemos plantado la necesidad de tipificar y homologar la figura de delito penal ambiental, que hoy día existe en la normativa ambiental, pero está dispersa. Existe en la Ley de Monumentos Nacionales, en la de Pesca y Caza, en la de Bosque Nativo, etcétera”.

Lo que se busca es homologar esa tipología en una ley especial, unificada en un cuerpo único, precisó.

En paralelo, el ministro se refirió a las falencias que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para fiscalizar, tal como reconoció su titular, Cristián Franz, ante la Comisión del ramo en la Cámara de Diputados.

“La SMA es una entidad bastante nueva y ha tenido un buen desarrollo desde el punto de vista de su crecimiento institucional y que se va poniendo a tono, en términos de que ya hemos abierto seis oficinas regionales y esperamos que al concluir el 2018, tengamos constituidas las 15 oficinas regionales”, afirmó.

Agregó que avanzarán en lo anterior según lo planificado y de acuerdo a sus capacidades presupuestarias, descartando alguna aceleración a partir de las presiones de algunos parlamentarios.

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[Conoce la publicación que catastró las aguas dulces de Chile]

En la oportunidad, el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, quien preside el Comité de Ministros, indicó que “el nuestro es un Ministerio de obras y aguas; y conscientes de la escasez de este recurso estamos suscribiendo nuestros compromisos para asegurar que el agua llegue a todas y todos, de norte a sur del país, y también desarrollando la infraestructura que nos permita asegurar un abastecimiento adecuado a través de nuevos embalses, sistemas de agua potable rural y plantas desalinizadoras en el futuro”.

Por su parte, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche y vicepresidente del Comité de Ministros, destacó que “en lo que se refiere a recursos hídricos, tenemos una política que combina la construcción de estructura para embalsamiento de agua, con una larga tradición en Chile, solo que ahora se ha ido extendiendo a lugares donde no era tan necesario y, por otro lado, estamos con una intensa política para tecnificar el riego. Necesitamos que el riego sea más eficiente y más tecnificado, de forma tal que la idea es que utilicemos de la forma más racional posible este recurso escaso”.

Por otro lado, la Ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó que “es necesario destacar que el consumo de agua fresca en la industria minera, ha ido disminuyendo progresivamente;  mientras que el uso de agua de mar, va en aumento. Lo anterior se explica principalmente por el uso de nuevas tecnologías en los procesos productivos como la desalinización. Es así como los estudios realizados por Cochilco, indican que hacia el 2026 se daría una tendencia decreciente de un 1,9% anual desde lo estimado al 2015 para el uso agua fresca; y para el caso del agua de mar, esta sería creciente a una tasa de 14,1% anual”.

El ministro Máximo Pacheco, a su vez indicó que “El Ministerio de Energía, a través de la Política de Energía 2050 y la Agenda de Energía, ha destacado que el uso eficiente de la energía se transforma en un concepto central, que no sólo repercute al consumo energético, sino que incorpora también la idea de un uso eficiente de nuestro recurso más vital, el agua”.

Finalmente el Ministro de Medioambiente, Pablo Badenier, sostuvo que “el ministerio del Medio Ambiente se ocupa de la conservación de glaciares, ríos, lagos, estuarios y aguas subterráneas, a través de su monitoreo y de la prevención de la contaminación. Nosotros nos comprometemos en este día del agua, por una parte,  a proteger los ecosistemas acuáticos y a prevenir su contaminación y por otro lado a continuar impulsando la ley que nos permite garantizar la protección del cien por ciento de los glaciares de nuestro país”.

Compromisos adquiridos en el marco del Día Mundial del Agua

• El Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, se comprometió a “permitir el acceso al agua como un derecho de todos, en el norte, centro y sur del país”.
• El Ministro de Agricultura, Carlos Furche, sostuvo el compromiso de “contribuir a asegurar la disponibilidad y eficiencia en el uso de agua para riego”.
• El Ministro Máximo Pacheco suscribió el compromiso de “potenciar al agua como generadora de energía limpia”.
• El compromiso de la Ministra Aurora Williams es “fomentar la desalinización de agua y la innovación para los procesos productivos en la industria minera”.
• El Ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier, se comprometió a “proteger los ecosistemas acuáticos y prevenir su contaminación para facilitar el acceso de agua limpia a las personas”.
• El Delegado Presidencial, Reinaldo Ruiz, se comprometió a “asegurar el agua para todos, garantizando el desarrollo futuro de Chile”.
• El Director General de Aguas y secretario ejecutivo del Comité de Ministros, Carlos Estévez, se comprometió para avanzar hacia una gestión integrada del recurso hídrico por cuencas.

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En la jornada, realizada en el Hotel San Francisco en Santiago, se revisaron las últimas propuestas, correspondientes a “Pertinencia de Ingreso”, “Revisión del Art. 11 de la Ley N° 19.300”, “Tipologías de Ingreso”, “Procedimientos de Evaluación” y “Cambio Climático”, cerrando así una revisión general del grupo de propuestas que formarían parte del informe a la Presidencia, destaca la nota publicada por el SEA.

Los comisionados han tenido la misión de evaluar el SEIA generando propuestas de modificación ajustadas al nuevo escenario sociocultural y económico, con la finalidad de lograr el desarrollo de procesos con altos estándares de calidad, más expeditos, y en un marco de certeza jurídica para los titulares, la comunidad y los distintos servicios públicos que participan en la evaluación.

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