Para esta actualización se contará con la asesoría de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero, creada con la actual PNUBC e integrada por los Ministerios de Defensa (quien preside); de Transportes y Telecomunicaciones; de Bienes Nacionales; del Medio Ambiente; de Desarrollo Social; de Obras Públicas, de las Subsecretarías para las Fuerzas Armada; de Desarrollo Regional y Administrativos; de Pesca y Acuicultura, los Servicios Nacionales de Turismo y de Pesca y finalmente la Armada de Chile e invitados permanentes, como son el Ministerio de Energía, la Subsecretaría de Turismo, el Servicio Nacional de Pesca y la Comisión Interministerial de Ciudad Vivienda y Territorio

En cuanto a las razones que motivan esta actualización, si bien la PNUBC constituyó una iniciativa pionera en materia de gestión costera, su implementación ha sido compleja, dada la escasez de instrumentos de ordenamiento costero regionales y locales como las Zonificaciones de Uso del Borde Costero.

Mediante la actualización de la PNUBC se busca establecer un marco que promueva la gestión integrada de los ecosistemas costeros por parte de los órganos de la Administración del Estado con competencia, o que participen de acciones que se emprenden dentro del espacio costero.

Adicionalmente, se busca abordar el concepto de “Zona Costera” introducido por la Ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático, reconociendo las interacciones entre los diferentes sistemas que la componen, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las comunidades, en particular las que dependen de los recursos costeros, junto con mantener la biodiversidad y la productividad que caracteriza a dichos territorios.

En el marco del procedimiento de la EAE, de manera preliminar se han determinado los siguientes Objetivos Ambientales (OA):

• Contribuir a preservar y conservar la biodiversidad y los hábitats costeros, de manera sostenible a través de la puesta en valor de los servicios que los ecosistemas proporcionan.
• Promover la valoración y preservación del patrimonio cultural, fomentando el conocimiento de las tradiciones, saberes, usos consuetudinarios y prácticas relativas a la naturaleza, entre otras, contribuyendo a la diversidad cultural, el diálogo y promoviendo el respeto hacia otros modos de vida.
• Contribuir a mejorar la calidad ambiental y paisajística de la Zona Costera a través de una adecuada compatibilización de actividades y gestión de conflictos socioambientales.
• Promover medidas para la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en la Zona Costera a través de la definición de usos de acuerdo a las amenazas de diverso origen y nivel de exposición.
• Promover la restauración de los ecosistemas costeros, lacustres y fluviales dentro de la Zona Costera, que permita restituir la funcionalidad ecológica y la calidad de vida y bienestar de las comunidades a través de su identificación, orientación de usos y definición de líneas de acción que involucre a la comunidad local.

Adicionalmente, se plantean Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS) preliminares, cuyos enunciados son:

• Reconocimiento y resguardo de las dinámicas de los ecosistemas costeros, lacustres y fluviales, para asegurar la provisión de los servicios ecosistémicos de los que dependen las comunidades y las actividades que se desarrollan en la Zona Costera.
• Fomento de un desarrollo económico sustentable de la Zona Costera, que priorice el uso público de los bienes que la conforman y que procure el beneficio comunitario.
• Gestión integral de los riesgos por amenazas naturales y antrópicas, considerando soluciones basadas en la naturaleza (SbN) que permita disminuir la vulnerabilidad de los territorios y aporte a la captura de gases de efectos invernadero.
• Reconocimiento del patrimonio material e inmaterial que permita el resguardo y fomento de las expresiones culturales en la Zona Costera.

En este contexto, con la publicación del extracto de inicio del procedimiento en el Diario Oficial, el día 16 de diciembre de 2023, comenzó una fase de participación ciudadana temprana que se extenderá hasta el 31 de enero de 2024, donde es posible realizar aportes para la Actualización de la PNUBC y su EAE, a través del formulario dispuesto en este enlace.

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Conozca el detalle de los programas:

Diplomado en Ordenamiento Territorial

El Diplomado en Ordenamiento Territorial Regional y Comunal permite formar capital humano especializado proveniente del sector público o de instituciones privadas que trabajen en la disciplina del ordenamiento Territorial. Los participantes adquieren conocimientos y dominio de los elementos teórico-metodológicos bajo una concepción interdisciplinaria y holística enfocada al análisis crítico del territorio y sus problemáticas a diferentes escalas de intervención, con el fin de proponer soluciones integrales con criterios de sustentabilidad.

Dirigido a profesionales vinculados a las acciones del Ordenamiento Territorial, por ej.: Arquitectos, Ingenieros Civiles, Ambientales, Ecólogos, Biólogos, Geógrafos, Sociólogos u otros profesionales con experiencia o afines al tema.

Diplomado en Gestión Ambiental

El Diplomado en Gestión Ambiental entrega los conceptos y metodologías que permitan comprender, diseñar e implementar sistemas y herramientas de gestión ambiental tanto a nivel territorial como institucional.

Al término del programa, el alumno podrá reconocer problemas ambientales de carácter local, desarrollar indicadores y protocolos de gestión ambiental; diseñar e implementar estrategias ambientales territoriales, en orden a lograr una Gestión Ambiental adecuada a la realidad socio territorial, productiva y de servicios, en el marco de un desarrollo sustentable.

Diplomado en Planificación Regional

El programa permite perfeccionar recursos humanos en los procesos de la planificación y gestión regional, enfatizando su carácter continuo, sistemático, jerárquico, participativo, así como los instrumentos de planificación disponibles a nivel regional.

Los participantes adquirirán conocimientos teóricos-metodológicos, utilizando herramientas de carácter cuantitativo, cualitativo y tecnológico para apoyar el análisis crítico como base para las propuestas de solución a problemas de organización territorial a escala local y regional.

Está dirigido a Arquitectos, Ingenieros ambientales, Geógrafos, Profesionales en Economía, Administradores Públicos, Ingenieros, Constructores Civiles, Abogados, Geólogos, y en general profesionales que se encuentren vinculados a la temática territorial.

Programa de Magíster en Medio Ambiente mención: Gestión y Planificación Ambiental del Territorio

El programa de Magíster es un aporte para las y los profesionales que poseen una formación académica en el campo de la ingeniería y la planificación territorial, siendo una especialización suplementaria de alto nivel en el dominio de la gestión y técnicas del ambiente en un enfoque integrado de las actividades socioeconómicas actuales.

La mención está orientada a proporcionar las herramientas necesarias para la formulación, administración, monitoreo y evaluación de proyectos ambientales, sustentada en dos líneas de desarrollo:

• Gestión Ambiental del Sistema Territorial
• Gestión de Recursos Hídricos

La mención pertenece al Programa de Magíster en Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Una vez aprobados todos los requisitos académicos, este programa otorga a sus alumnos el grado de Magíster en Medio Ambiente.

Obtenga más información escribiendo a este correo:  pcot@usach.cl o visitando este sitio web.

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La iniciativa fue rechazada por la misma instancia en 2017, en una votación confirmada por el Comité de Ministros, dando inicio a un extenso proceso de judicialización del proyecto. Hoy esta instancia será encabezada por el delegado presidencial según dictamen de Contraloría.

Al respecto, la gobernadora regional, Krist Naranjo, precisó que «la votación del miércoles es posible que tenga más un simbolismo político que práctico, porque Dominga está rechazada y aquí se está volviendo atrás en un proceso que tiene un conducto regular, y en que nuestras instituciones deben funcionar. Hoy abordamos esto con pescadores de La Higuera y con representantes de las organizaciones ambientales y sociales, a quienes transmitimos que como Gobierno Regional tomaremos las medidas necesarias para proteger la biodiversidad y el ecosistema de La Higuera, Punta de Choros y sus entornos«.

Asimismo, la autoridad regional calificó la citación al COEVA como «apresurada«, además de puntualizar que a través de la Asociación de Gobernadores Regionales se trabaja para tener más atribuciones en este ámbito, en que la Contraloría se manifestó indicando que la presidencia de esta instancia corresponde al delegado presidencial. «Nosotros creemos que este tipo de atribuciones tienen que pasar por el Gobernador o Gobernadora Regional«, dijo la gobernadora.

La visión de los opositores al proyecto

Las declaraciones de la autoridad se generaron luego de una serie de reuniones con diversos representantes de la comunidad y del sector pesquero de la comuna de La Higuera.

Tal es el caso de Oscar Avilés, presidente de la Asociación Gremial de Pescadores de la Caleta Punta de Choros, quien señaló que «para nosotros esta es una gran preocupación, dado que el Gobierno, en este caso el delegado presidencial, está convocando a esta sesión cuando todavía el proyecto está judicializado y ya fue dos veces rechazado, por lo que está agitando las aguas sin esperar la respuesta de los tribunales, en este caso, la Corte Suprema».

El respeto hacia la biodiversidad y el medio ambiente son las premisas de la pesca artesanal frente a la votación del miércoles, sobre la que José Aliro Zarricueta agregó que «Minera Dominga ya está judicializada. Un proyecto que va a destruir parte de las islas tan importantes que hay ahí, algo que considero como el cielo, por eso, deberían tener respeto por los demás, porque todos somos chilenos y vivimos del mar. Nuestros recursos están ahí, y le damos trabajo a gente, por eso es grave que nos pase esto a los pescadores».

Tras el encuentro con pescadores, la gobernadora se reunió con mujeres representantes de la comunidad, entre ellas, el Movimiento de Defensa del medio Ambiente (MODEMA), la Junta de vecinos de Punta de Choros y la Organización de Desarrollo y Fomento al Turismo Punta de Choros (ODEFOT).

La presidenta de la junta de Vecinos de Punta de Choros, Teresa Reyes, dijo que «el desarrollo local no puede estar basado en quitar de la mesa el plato a miles de habitantes para entregárselo a otros. Tiene que ser otro el camino, y por eso recurrimos a la gobernadora, porque sabemos que tiene un plan de trabajo distinto para la región y estamos tranquilos porque vamos a luchar por tener el desarrollo regional y comunal como queremos«.

Por su parte, Carolina Bahamondes, vocera de MODEMA, insistió en la existencia de recursos de casación en curso, presentados por pescadores y organizaciones medioambientales del territorio, y que aún están pendiente en la Corte Suprema.

Además, señaló que «le propusimos a la gobernadora que dentro de sus funciones de planificación territorial saque adelante la idea de un área marina costera protegida de múltiples usos en el territorio, ya que así se va a poder fomentar las actividades económicas sustentables que ya existen, así como impediría que cualquier mega proyecto minero, como es Dominga, se pueda instalar en este territorio, que es un ‘hot spot’ y una esperanza para los océanos, el territorio y las comunidades».

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En el reglamento se explica que el objetivo de la Evaluación Ambiental Estratégica es la incorporación de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial que la ley establece.

Además, se señala que se someterán a Evaluación Ambiental Estratégica las políticas y planes de carácter normativo general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la sustentabilidad, que el Presidente de la República, a proposición del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, decida.

Junto a lo anterior, se aclara que siempre deberán someterse a Evaluación Ambiental Estratégica los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, Planes Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Comunales y Planes Seccionales, Planes Regionales de Desarrollo Urbano y Zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas, las modificaciones sustanciales de los señalados instrumentos, o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen, o sistematicen.

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Mientras ese debate continúa, el gobierno se propone avanzar en paralelo en un punto específico del proyecto: el ordenamiento territorial.

La idea de la actual administración no es sólo trabajar en el tema específico de la obligatoriedad del plan regional de ordenamiento territorial -que incluye la agenda de descentralización-, sino más bien crear uno de carácter nacional. A este último se adecuarán luego los gobiernos regionales a la hora de aplicar sus propias políticas y también será fundamental a la hora de analizar proyectos de inversión que, por su magnitud, consideran a más de una región.

En esa línea, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, adelantó que este viernes se comenzará a tratar el tema a nivel interministerial, en el marco de sesión del Comité de Ciudad, Vivienda y Territorio en Arica, y que contará además con la asistencia de los ministros de Vivienda, Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y Medio Ambiente, entre otros.

El personero también reveló que se espera que dentro de estos días se firme el decreto supremo que permita constituir el equipo responsable de elaborar este plan nacional -que será liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo- y definir una comisión técnica de apoyo al mismo. Esta instancia espera escuchar a todos los sectores con el fin de crear un programa «armonioso».

La intención es que en la creación de este marco, además de expertos, tome en cuenta la visión de todos los actores involucrados, incluyendo organizaciones ciudadanas y empresariales.

La comisión a cargo estará conformada por doce ministerios, entre ellos Vivienda, Energía, Obras Públicas y Medio Ambiente, es decir, todas las carteras que tengan algún impacto sobre el territorio. «Consideraremos en esa política todos los impactos probables que una inversión va a tener en el territorio», declaró Cifuentes.

[La agenda medioambiental del Gobierno para lo que queda del año]

El subsecretario señaló que lo que se busca con esto es establecer criterios homogenos, de manera tal que «un empresario sienta que no hay diferencias ostensibles dentro de los criterios que se aplican en una región y los que se aplican en otra».

Y para eso, recalca, primero se necesita una política nacional que establezca los criterios fundamentales sobre los cuales los gobiernos regionales «puedan actuar después».

Lo dice el proyecto

El punto cuatro de las indicaciones sustitutivas que ingresaron en enero al proyecto de fortalecimiento regional, trata el tema específico del ordenamiento territorial.

En dicho apartado se precisa que el plan contendrá un diagnóstico con las características, tendencias y potencialidades del territorio regional, orientando a su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macrozonificación territorial.

Según detalla la iniciativa, el plan regional de ordenamiento territorial será elaborado por el mismo gobierno regional, incluyendo el trámite de consulta pública. Debe ser aprobado por el consejo, previo informe de las secretarías regionales ministeriales competentes y su cumplimiento será obligatorio para ministerios, servicios públicos y municipalidades.

Lo anterior ha generado inquietud en el mundo privado, ya que algunos gremios han señalado que este ordenamiento podría dificultar el desarrollo de proyectos de carácter energético, por ejemplo, por la falta de conciliación entre el desarrollo que defina el gobierno regional y el requerido por el país.

¿Otros puntos sensibles para el empresariado? De aprobarse el proyecto, los gobiernos regionales serán los encargados de disponer las áreas de protección de recursos naturales y del patrimonio pasajístico, entre otras materias.

Subsecretario de Desarrollo Regional responde a privados: «Queremos que el empresario sienta que hay una ruta bien clara»

Frente a las inquietudes que han surgido en materia de ordenamiento territorial por parte del mundo privado, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, entrega una respuesta clara: con el plan nacional se pretende, entre otros objetivos, dar claridad y transparencia al sector privado, a través de un programa creado con la participación de todos los actores.

«Lo que buscamos es establecer un orden que nos permita transparentar la toma de decisiones», destaca el subsecretario. Así, se intenta terminar con los casos de empresas que, independiente del sector, deciden hacer un proyecto, pasan por años de estudio y en la recta final, reciben una negativa.

Situaciones como estas no son desconocidas en Chile. En 2010, el entonces presidente Sebastián Piñera solicitó la relocalización del proyecto termoeléctrico Barrancones, pese a que este contaba con la aprobación de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) local.

«Esa termoeléctrica había gastado tres años de estudio y nadie fue capaz de decirle antes ‘oiga señor, aquí no’. Entonces, perdió plata, perdió tiempo y lo que necesitamos es transparentar eso. Decir ‘mire, las empresas de energía van a tener que cumplir estos estándares, pero además se van a poder localizar en tales lugares’, y eso da claridad, transparencia para el sector privado», plantea.

La autoridad recalca que esto se busca hacer de manera seria, de acuerdo a los criterios técnicos correspondientes y siguiendo estándares internacionales, que garanticen que se harán inversiones sostenibles tanto a nivel ambiental como económico, «pero también buscamos que el empresario sienta que hay un camino y una ruta bien clara, que es consistente y que si él la sigue, no puede sino llegar a tener éxito».

«Para nosotros el proceso de descentralización implica mayores facultades de los gobiernos regionales, mayores responsabilidades, pero también un Estado más ordenado, que sea capaz de tomar decisiones y que no deje al simple juego de la iniciativa privada -por muy legítima que sea-, algunas decisiones que escapan al ámbito privado y son más bien del ámbito público», complementa.

En ese sentido, la autoridad hace espacio a la autocrítica, pues asume que en materia de ordenamiento territorial se ha observado más bien «una especie de desorden, donde cada uno hace lo que quiere», tanto a nivel público como privado. «Lo que buscamos es un marco de acuerdo que sea algo consensuado, discutido, estudiado, con opinión de especialistas muy formado en áreas específicas, y que cuando tengamos ese marco, digamos ahora sí podemos hacer las cosas con un cierto orden y certezas», concluyó.

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La especialista indicó que el Ministerio de Energía no ha trabajado coordinadamente con los instrumentos de planificación territorial, ausente en estrategias de desarrollo y en planificación territorial.

En ese contexto, los actores sienten una falta de definición clara a nivel estratégico y una sobrecarga al SEIA.

Beneficios del ordenamiento

En su intervención, Nicola Borregaard, resaltó que el ordenamiento territorial permite entregar al sector público una visión sectorial integrada al territorio, con miras al establecimiento de acuerdos en la priorización y definición del territorio.

Por su parte, el sector privado ve incrementar la certeza al momento de presentar sus proyectos, mientras que la Sociedad Civil logra alcanzar mayor información y participación en los procesos de planificación, destacando que la planificación territorial energética tiene una alta legitimidad social, indicó la especialista.

Con miras a estos objetivos, destacó que se debe trabajar en generar un ordenamiento territorial energético proactivo, a partir del cual alimentar el rol del sector de la energía en el ordenamiento territorial transversal.

En ese contexto, comentó que menos de la mitad de las regiones identificaron el escenario tendencial en energía, mientras que siete regiones han definido un escenario deseable, en el cual se privilegian fuentes energéticas como las ERNC, ante lo cual surge el desafío de cómo proyectar el desarrollo de las energías convencionales.

Acciones

Nicola Borregaard destacó que se trabaja en planes energéticos regionales, que implican un proceso de ordenamiento territorial energético regional a partir de las metas y acciones definidas en la Política Energética Nacional, advirtiendo que la transmisión eléctrica debe quedar en manos centralizadas, pero considerando la situación de las regiones.

Además, señaló que se realiza en ocho regiones un diagnóstico energético integral y prospectivo, con miras a generar una visión regional. Coquimbo ya posee su comité de trabajo.

Destacando además el reciente presentado  mapeo de cuencas, con miras a definir cómo lograr un desarrollo hidroeléctrico al menor costo social, para lo cual se debe entender el territorio, en conjunto con la comunidad, anticipando que la segunda etapa de la herramienta considera el análisis de siete cuencas en mayor profundidad.

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La actividad tiene como objetivo iniciar un proceso participativo que involucre a los actores de los diversos territorios regionales, para recoger sus opiniones, visiones y propuestas sistematizadas a través de metodologías que faciliten el análisis de la información y llegar a conclusiones que entreguen la base para una política y marco regulatorio al respecto.

Es así como durante la jornada se dará a conocer una propuesta metodológica para el desarrollo de los Talleres Regionales sobre vocaciones de uso, sus condicionantes y las definiciones de ordenamiento territorial para las regiones y comunas rurales.

Además se abordarán las condiciones normativas, institucionales, de ciencias y de participación ciudadana, que se requieren para alcanzar una optimización de las vocaciones territoriales.

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Por ello, una multiplicidad de actores del desarrollo de la Región de Coquimbo participaron en el primer taller de gestión territorial que el Ministerio de Energía realizó en La Serena, en el marco de la construcción de esta Política de largo plazo, medida que está contemplada en la Agenda de Energía. Esta iniciativa tiene por objetivo construir una visión compartida para el desarrollo futuro del sector energético, con la validación social, política y técnica, con el fin de transformarse en la Política de Estado.

En esta primera instancia de trabajo se abordaron los aspectos que debe considerar un ordenamiento territorial, para la definición regional y analizar qué elementos son esenciales para fomentar la asociatividad entre empresas y las comunidades, con participación activa del Estado.

El taller destacó por haber congregado a representantes del sector minero, agrícola, empresas eléctricas, comunidades agrícolas, concejales, movimientos ambientales, ONGs, autoridades y personeros del sector público y productivo que están directamente vinculados con estas temáticas.

El profesional de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, Gustavo Labbé, explicó que esta instancia pretende acercar a la ciudadanía a la construcción de una política de Estado con una visión de largo plazo.

“Queremos diseñar desde la base una política que permita los fundamentos técnicos para desarrollar niveles de intervención tanto regionales como comunales. Nuestro objetivo fundamental es levantar estas orientaciones desde la Región, saber cuál es la opinión de los actores locales, y por eso está diversificado, para tener más representatividad, es decir, privados, académicos, sector público y social”, apuntó.

Por su parte, el seremi de Energía, Marcelo Salazar, destacó la diversidad de actores que participaron en este taller ya que permite potenciar esta instancia. “Este es un proceso de construcción de la política energética, algo único, nuevo, que queremos validar para que la planificación energética regional sea consensuada y participativa”, subrayó.

En concreto, el seremi mencionó que la asociatividad implica incorporar a la comunidad en un proyecto de energía, para generar un vínculo que permita un desarrollo a largo plazo. “Por ejemplo hoy existen localidades que tienen tremendos proyectos de energía y esa comunidad está pagando una electricidad mayor a la de Santiago. Esas son las inconsistencias que queremos evitar”, indicó.

Desde el sector productivo, Antonio Videka, gerente de Corminco, valoró la iniciativa de considerar a la sociedad respecto del ordenamiento territorial, “sobre todo por la problemática nacional de estancamiento de proyectos, o por situaciones de conflictos”.

“Este tipo de instancias son muy importantes, porque implica poner al Estado en un rol regulador y facilitador del diálogo. Los intereses de las empresas, de las comunidades, del mundo científico, será mejor reflejada si este diálogo se realiza, y si se llegan a instrumentos que lo puedan reflejar en igualdad de condiciones”, apuntó.

Finalmente, Isabella Monzo, del área de comunicaciones del Movimiento de Defensa del Ambiente de La Higuera (Modema), consideró como positiva la instancia de abordar el ordenamiento territorial, sobre todo para zanjar posibles problemas con los proyectos industriales.

A su juicio, es necesario que este ordenamiento sea vinculante y en forma coordinada con todos los instrumentos de planificación territorial que ya existen, como los Pladecos comunales y los del Gobierno Regional, para que tenga real efectividad.

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Las reuniones comenzaron a principios de julio cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres), se reunió con las comisiones técnicas de cada ministerio para fijar el marco de la iniciativa.  Y a principios de esta semana se pasó a la segunda fase, la exploratoria, cuando se observó el desfile de subsecretarios, ministro e incluso personeros de las Fuerzas Armadas que llegaron hasta las dependencias de Teatinos para entregar sus informes de proposición de recursos. Dichas reuniones se desarrollaron tanto en el primer piso – biblioteca del ministerio -, así como en el décimo piso donde están los sectorialistas de la Dipres.

El objetivo de esta etapa  es que la Dipres logre determinar fehacientemente cuáles son las prioridades de cada organismo. Además, dicha etapa permite fijar de manera adecuada, el espacio de gasto para cada repartición. Éste queda explicitado en el Informe de Finanzas Públicas que se ingresa junto con la ley de Presupuesto.

Esta etapa exploratoria, tal como dice su nombre, es uno de los primeros acercamientos para definir las principales medidas, por lo que aún no está definido cuántos recursos solicitará cada cartera sino que más bien es el primer apronte. En esta etapa, y para fijar correctamente las prioridades, se debe revisar la ejecución de cada ministerio para evaluar el ritmo de gasto de cada programa y de los servicios. Este nivel de gasto debe ir en línea con la definición del escenario macroeconómico de 2014 y con los ingresos efectivos.

Posteriormente a las reuniones exploratorias, el proceso continúa con el diálogo entre el ministro Hacienda, Alberto Arenas y la Presidenta Michelle Bachelet a mediados de agosto. Luego se informa a los ministerios sobre el nivel de asignaciones para cada una de sus partidas y programas.

Todo esto antes que se cumpla el plazo fatal para presentar el proyecto de Presupuestos 2015 al Congreso el 30 de septiembre.

Reforma tributaria

Una gran disyuntiva que existe dada la coyuntura de la reforma tributaria, es respecto a los recursos que aportará esta iniciativa para su primer año de entrada en vigencia, la que eventualmente debiera ser el próximo ejercicio.

En ese sentido, Sergio Granados ya ha esbozado que la Dipres no está trabajando con dos presupuestos colocándose en el mejor escenario de que la reforma se aprueba en los tiempos previstos y la primera mayor recaudación ingresará en 2015.

Si la reforma no se aprueba antes del 30 de septiembre, deberá modificar el panorama de gasto para el presupuesto del próximo año.

Vivienda estima alza de recursos en 39%

El ministerio de Vivienda solicitó un presupuesto  para 2015, en torno a $1.900.000 millones (es decir, un billón novecientos mil millones aproximadamente), lo cual implica  un crecimiento en torno al 39% respecto del año 2014.

En el ministerio sostienen que con estos recursos pueden desarrollar las tres líneas de acción para generar equidad urbana.

En primer lugar,  posibilitar y ampliar el acceso a viviendas adecuadas a familias de sectores medios y vulnerables de sectores urbanos y rurales.

Segundo, recuperar condominios de vivienda social y barrios vulnerables.

Y, tercero, invertir en bienes públicos de calidad como parques y áreas verdes, vialidad, espacios públicos, pavimentos participativos, etc.

Trabajo: crear unidad fiscalizadora de multirut

En el ministerio del Trabajo existen dos áreas principales  para enfocar  los recursos 2015. La primera es el empleo con el programa “Más Capaz”, ejecutado por Sence, que tiene como objetivo dar formación y capacitación para jóvenes y mujeres del país.

Además, se pretende aumentar la fiscalización de la Dirección del Trabajo en sectores como el forestal, trabajadoras de casa particular, y crer la unidad especial de fiscalización por la reciente aprobación de la “ley del Multirut”.

Asimismo, se intentará aumentar la cobertura del programa de Escuelas de Formación Sindical. En previsión social aspiran a fortalecer el Fondo de Educación Previsional.

Para el presupuesto de 2014, esta cartera mostró una caída de 1% respecto del año anterior.

Bienes Nacionales: proyecto indígena

La prioridad en materia presupuestaria del ministerio de Bienes Nacionales es el proyecto indígena, al cual se pretende otorgar alrededor de $800 millones.

Otros proyectos que destaca esta cartera es el de energía para el cual solicitaronunos $375 millones;  y el proyecto de caracterización territorial que esperan potenciar con $500 millones.

Aunque indican que muchos de los recursos aún no están definidos porque están a la espera de lo que diga Dipres aspiran a lograr asignaciones para sus programas de regularización de propiedad y rutas patrimoniales.

Agricultura: asignaciones para atacar plagas

En los últimos años, en el ministerio de Agricultura, se redujeron significativamente los presupuestos destinados al combate de la planta lobesia botrana que produce daño fitosanitario al sector, desde $10.500 millones a $3.500 millones. Por ello, el ministerio se vería abocado en el corto plazo a rediseñar  un programa especial de combate con una inyección extra de recursos. “Para combatir eficientemente este año esta plaga requeríamos contar con una cantidad entre $7.000 y $7.500 millones. A esto se agrega la necesidad de contar con recursos adicionales para fortalecer el sistema de trazabilidad animal y para el combate de una plaga que afecta a los kiwis y otra que afecta a la producción porcina”, indicó el ministro de Agricultura, Carlos Furche, en la sesión de la comisión de Agricultura.

MOP: inversión en infraestructura económica

Aunque en el Ministerio de Obras Públicas mantuvieron la cautela respecto de la petición a Dipres, si comentaron cuáles son las áreas que esperan potenciar el próximo año con la vista puesta en “dar un salto en infraestructura”.

Para ello buscarán mejorar la infraestructura económica, las defensas fluviales y transporte aéreo y terrestre.

Asimismo se enfocarán en la infraestructura social, como la construcción de parques, centros cívicos y caminos.

También proseguirán con el programa de  agua potable rural a los sectores marginados del servicio.

“La inversión en infraestructura debe ser permanente y creciente”, aseguraron desde la cartera.

El presupuesto de esta cartera llegó a $1.868.677 millones, el quinto más alto de todas las partidas.

Pesca: Potenciar el fondo para artesanales

La subsecretaría de  Pesca, dependiente del ministerio de Economía, presentó una propuesta para fortalecer su capacidad institucional en vista de la nueva ley que rige al sector.

Solicitó recursos para la contratación de 36 personas y potenciar la investigación considerando que una de sus tareas es dar cuenta del estado de los recursos pesqueros para fijar las cuotas.

También se solicitó un aumento del Fondo de Administración Pesquera que busca mitigar con alternativas productivas, el impacto de la menor cuota en los pescadores artesanales. Este año, el Fondo recibió un aporte de $5.163 millones.

Además plantearon la necesidad de contar con recursos extras para la administración del Instituto de Fomento Pesquero.

Interior enfocado en mudanza institucional

La subsecretaría de Interior fijó entre sus prioridades el cambio de su personal al nuevo edificio Bicentenario ubicado al frente de La Moneda.

Por tanto solicitó recursos para la administración de este recinto que albergará al personal de este ministerio, de la secretaría general de la Presidencia y de Gobierno, que ocupan instalaciones en distintos edificios estatales.

Se estima llegarán unos 1.700 funcionarios.

Otro enfásis señalado a la Dipres es poder contar con mejores dependencias y más personal en el Departamento de Extranjería y Migración que ha visto aumentar la demanda.

Además se propuso modernizar la subsecretaría en el área de interrrelación con los intendentes y gobernadores, cuya labor está en manos del ex subsecretario de Previsión Social, Mario Ossandón.

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Como primer paso, la próxima semana el Ministerio de Medio Ambiente dará prioridad al reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Este estatuto será clave para la aprobación de una serie de políticas públicas sectoriales como: planes reguladores intercomunales, planes reguladores comunales y planes seccionales,  zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de cuencas. Desde ese punto, este reglamento será fundamental para llevar adelante el último pilar de la Agenda Energética lanzada por la Presidenta Michelle Bachelet.

“Este es un sector que tiene un tremendo impacto sobre el uso del territorio. Claramente en el tema de ordenamiento territorial hay decisiones que el Estado debe tomar”, dijo ayer el ministro de Energía, Máximo Pacheco.

Si bien sacar adelante el reglamento será una tarea del Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Pablo Badenier, otras secretarías de Estado esperan con especial atención que éste comience a operar.

Según expertos legales, la labor de determinar las cuencas con mayor potencial hidrológico, aspecto presente en la agenda y que debería estar definido el próximo año,  debería legalmente ser sometida a reglamento para así cumplir con la Ley 19.300, la que a la fecha introdujo la aplicación de este instrumento sólo de manera general.

Lo que espera el Ministerio de Energía es que cada región, mediante la creación de una mesa público privada, defina por consenso cuáles serán las 12 y luego las seis cuencas a priorizar para el desarrollo de proyectos de generación. Para esta labor el reglamento EAE sería primordial.

Desafíos

Pero la labor de sacar adelante el reglamento, que espera regir todos los ejes territoriales de las políticas públicas de gobierno, no será un tema fácil.

Según conocedores, éste busca ser un instrumento similar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde cada ministerio o actor que espere sacar adelante una iniciativa deberá someterlo a evaluación de este nuevo instrumento. Esta situación generaría ciertos roces con los demás ministerios con competencia territorial, espacialmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Luego de elaborar el nuevo reglamento EAE, el Ministerio de Medio Ambiente deberá someterlo a dos instancias claves. La primera, presentarlo al Comité de Ministros y luego a Contraloría. La administración Piñera superó todos estos filtros para publicar un reglamento EAE, sin embargo, el actual gobierno lo retiró antes de su publicación.

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