Ante el plenario de la ONU, la ministra Maisa Rojas presentó los compromisos que Chile ha asumido para una gestión hídrica más eficiente, impulsada por el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

La secretaria de Estado comentó que “el Gobierno busca avanzar en la construcción de un modelo de desarrollo donde el foco de las inversiones se desplace hacia un desarrollo inclusivo y ecológicamente sustentable, poniendo en el centro a las personas, sus derechos humanos y el cuidado, protección y restauración de nuestros ecosistemas”.

Agregó que “como punto de partida, durante 2022, avanzamos en la conformación del Comité Interministerial de Transición Hídrica Justa, guiado por los principios de inclusión, equidad de género y descentralización. Nuestro desafío ahora es continuar con el espíritu de coordinación y colaboración, para que este primer paso a nivel gubernamental pueda replicarse también a nivel territorial”.

Desde el Ministerio del Medio Ambiente señalaron que, entre los compromisos asumidos por Chile, la Ministra Rojas detalló los siguientes:

• Recursos y medidas para asegurar el acceso universal y equitativo al agua potable, a un precio asequible, especialmente en zonas rurales menos pobladas.

• Metas concretas en materia de calidad y tratamiento de las aguas, regeneración y reutilización de aguas grises y tratadas, a través de proyectos de ley que permitan utilizar para el riego las aguas grises en actividades silvoagropecuarias y avanzar en el cambio de estándares para los emisarios submarinos.

• Seguir transparentando la información en materia de aguas mediante el desarrollo de plataformas accesibles al público abarcando: ecosistemas a nivel de cuencas, calidad de aguas, eficiencia y gestión integrada del recurso hídrico. Todo esto en sintonía con el estándar que impone el Acuerdo de Escazú.

• Trabajar en la seguridad hídrica y el ODS 6 a nivel de cuencas, donde se presentará un Proyecto de Ley que creará los Consejos de Cuenca en todas las regiones del país.

La ministra Maisa Rojas, en su rol de presidenta de la directiva nacional, dirigió el primer debate de la Conferencia Mundial Sobre el Agua, pues Chile fue escogido como vicepresidente de esta reunión mundial.

Además de los representantes del Ministerio del Medio Ambiente, la delegación nacional está compuesta por funcionarios de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites (Difrol); de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océano (DIMA) del Ministerio de Relaciones Exteriores; del Ministerio de Obras Públicas -liderados por la ministra Jessica López-; el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza; y el coordinador de temas hídricos del MOP, Carlos Estévez; los gobernadores Regionales de Santiago y Valparaíso, Claudio Orrego y Rodrigo Mundaca, y el diputado Víctor Pino.

Desde el Ministerio detallaron que la representante Permanente de Chile ante la ONU, Paula Narváez, afirmó con preocupación que “a nivel mundial, millones de personas todavía viven sin acceso al agua potable y saneamiento, ambas consideradas como un derecho humano. Es por ello que nuestro trabajo en esta materia debe ser profundo y sistemático”.

Sobre la Conferencia

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, indicaron que la Conferencia Mundial Sobre el Agua se está desarrollando en torno a cinco diálogos interactivos: agua para la salud, donde se debatirá sobre el acceso para el agua potable, higiene y saneamiento; agua para el desarrollo sostenible, sobre valoración del agua, conexión de agua – energía – alimentación y desarrollo sostenible económico y urbano; agua para el clima, la resiliencia y el medioambiente, que trata sobre mar, biodiversidad, clima, resiliencia, reducción de riesgo de desastres; agua para la cooperación, que analizará la cooperación transfronteriza e internacional en materia de agua, cooperación intersectorial y el agua en la Agenda 2030, y la Década de Acción del Agua, donde se buscará acelerar la implementación de los objetivos, incluso a través del Plan de Acción del Secretario General de la ONU.

El Ministerio sostuvo que, como resultado de la Conferencia, se espera un resumen de las actas y los nuevos compromisos, promesas y acciones de los gobiernos y todas las partes interesadas para lograr el ODS6, que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, además de otros objetivos y metas relacionados con el agua, recopilados en la Agenda de Acción para el Agua.

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ABB ha adoptado recientemente los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres de la ONU, con el fin de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

Definidos por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y ONU Mujeres, y acordes con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los principios se establecieron para ofrecer a las empresas prácticas con un enfoque multilateral que empoderen a las mujeres.

“En ABB, vemos la diversidad como una fortaleza esencial. La diversidad de género es una meta clave de nuestras estrategias de personal y sostenibilidad, y nuestro objetivo es aumentar el número de mujeres en puestos de alta dirección, así como de mujeres con talento en práctica”, ha declarado Björn Rosengren, CEO de ABB.

En palabras de Sima Bahous, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONU Mujeres: “Felicitamos a ABB por haber dado el primer paso en su camino hacia los Principios para el Empoderamiento de la Mujer. Consideramos que ABB es un socio clave para cerrar las brechas de género en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad, y para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer de este año, ABB también ha ampliado la Semana de la Igualdad de Género de la compañía con el objetivo de seguir reforzando la igualdad de género tanto en el lugar de trabajo como en la sociedad, y de concienciar a sus empleados contra los sesgos inconscientes, los estereotipos y la discriminación. Entre la amplia variedad de actividades de la Semana de la Igualdad de Género se encuentra una reunión virtual con ejecutivos y empleados de ABB y representantes de ONU Mujeres, así como seminarios web sobre sesgos inconscientes y otras actividades. Hasta ahora, más de 7.500 altos directivos de ABB han participado en la formación sobre sesgos inconscientes.

Estrategia de Diversidad e Inclusión global

La igualdad de género es uno de los objetivos clave de la Estrategia de Diversidad e Inclusión global 2030 de ABB, a través de la cual la compañía se propone atraer al mejor equipo de talentos de su sector y garantizar las mismas oportunidades laborales y de desarrollo para todos. Siguiendo esta línea, ABB quiere duplicar la proporción de mujeres en puestos de alta dirección en todo el mundo para 2030, hasta el 25 %. En 2021, ABB aumentó el número de mujeres en puestos directivos hasta el 16,3 %, con respecto al 13,5 % en 2020.

Otro hito reciente en los esfuerzos de ABB por fomentar una cultura aún más diversa e inclusiva fue la acertada introducción de un nuevo programa mundial de permiso parental sin distinción de género, que concede a todos los empleados de ABB 12 semanas de permiso remunerado para cuidadores principales.

Como parte del compromiso de ABB de promover el progreso social y la diversidad e inclusión, ABB colabora con un gran número de entidades internacionales, como la organización mundial sin ánimo de lucro Catalyst, Stonewall, Society of Women Engineers y el Foro Económico Mundial. Además, desde 2021, ABB es socio global oficial del programa Girls on Track de la FIA, que ofrece a chicas de entre 8 y 18 años la oportunidad de conocer el mundo del motor con el objetivo de aumentar la participación femenina en el sector, tanto dentro como fuera de la pista. ABB también contribuye al progreso social a través de iniciativas de desarrollo de la comunidad, centradas en la educación, la diversidad y la inclusión y cuidado de la misma.

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“Tenemos un largo camino por recorrer”, aseguró el titular de la ONU, pero destacó que aún estamos a tiempo de conseguirlo, “si tomamos medidas inmediatas para acabar con los combustibles fósiles más sucios, más contaminantes y, sí, cada vez más costosos de nuestros sectores energéticos”.

En este sentido, destacó que la eliminación progresiva del carbón del sector eléctrico “es el paso más importante que debemos conseguir en consonancia con el objetivo de los 1,5 grados”.

Luego, explicó que la progresiva eliminación del carbón significa que su uso en la generación de electricidad debe caer un 80% por debajo de niveles de los de 2010 para 2030.

“Alguna vez, tiempos atrás, el carbón trajo electricidad barata a regiones enteras y trabajos vitales para las comunidades. Aquellos días se han ido. Más de la mitad de la capacidad renovable agregada en 2019 logró menores costos de energía que las nuevas plantas de carbón más baratas”, indicó Guterres.

Por todos esos motivos, Guterres hizo un llamado a todos los gobiernos, empresas privadas y autoridades locales para dar tres pasos:

•Cancelar todos los proyectos globales de carbón en trámite y poner fin a la adicción mortal al carbón
•Poner fin a la financiación internacional de las plantas de carbón y trasladar la inversión a proyectos de energías renovables
•Poner en marcha un esfuerzo global para finalmente organizar una transición justa

Instó a todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos a que se comprometan a eliminar el carbón para 2030, y a los países que no pertenecen a ella, a que lo hagan para 2040.

También pidió a los principales emisores y usuarios de carbón que anuncien sus planes de eliminación mucho antes de la Conferencia sobre Cambio Climático que este año se celebrará en Glasgow. Su mensaje fue especialmente dirigido a los miembros del G7, las siete economías más potentes del planeta, a los que invitó a tomar la iniciativa y comprometerse con ese paso de cancelar todos sus proyectos de carbón en la cumbre que celebrarán en junio.

Para la segunda medida de trasladar la inversión a los proyectos de energías renovables, el Secretario General pidió a los líderes de las principales economías emisoras que anuncien el fin de su apoyo financiero al carbón en la primera oportunidad de este año.

Además, el ejecutivo tuvo palabras para los países en desarrollo que están por adoptar la transición a la energía renovable para brindar acceso universal a la energía a sus ciudadanos y les pidió que se comprometieran con esa política.

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Junto con ello, éste es el primer y único marco desarrollado específicamente para la industria del cobre, lo que permite que cada centro operativo le demuestre a sus clientes, inversionistas y stakeholders el desempeño de la empresa en producción responsable.

La compañía minera ha comenzado el proceso en seis de sus centros operativos, entre los que se cuenta Minera El Abra, emplazada en la comuna de Calama, Región de Antofagasta, y planea en el futuro validar todos sus centros operativos conforme a los requisitos de “Copper Mark”.

Richard C. Adkerson, presidente y director ejecutivo de Freeport-McMoRan señaló: «Estoy orgulloso de anunciar nuestro compromiso con Copper Mark. Nuestro enfoque en la producción responsable es fundamental para establecer y mantener la aceptación de nuestros accionistas. Copper Mark demuestra nuestras prácticas de producción responsable a los mercados aguas abajo, ayudando a cumplir con los objetivos de suministro responsable a nuestros clientes”.

Además, destacó que el cobre es esencial en las tecnología necesarias para el desarrollo y suministro de energía limpia y para apoyar la transición global hacia una economía baja en carbono.

“A medida que continúa la transición energética, se espera que aumente el uso de cobre a partir del uso de vehículos eléctricos y sus estaciones de carga y tecnologías de energía renovable, como la solar y eólica, y sus conexiones necesarias a las redes. Esta mayor demanda de cobre no debería suponer un coste para la sustentabilidad”, recalcó el presidente de FCX.

Adkerson enfatizó que “como uno de los productores de cobre más grande del mundo, entendemos que desempeñamos un papel fundamental en esta transición y seguimos dedicados a suministrar cobre producido de manera responsable a la economía mundial».

Para obtener el sello, los productores de cobre deben ser evaluados de forma independiente en función de un conjunto integral de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) centro por centro.

«Copper Mark» fue fundada y desarrollada inicialmente por la Asociación Internacional del Cobre (ICA), de la que FCX es miembro, junto con varios grupos de interés, incluidos instituciones financieras, bolsas de productos básicos, organizaciones no gubernamentales, fabricantes de equipos originales y fabricantes de cobre. «Copper Mark» ahora es una entidad independiente y se basa en el asesoramiento de su consejo asesor compuesto por múltiples grupos de interés.

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“Tania Cosentino ha tenido un impacto en el desarrollo de soluciones diferenciadas y sustentables para la reducción de emisiones de carbono. Ha sido pionera en el avance de la gestión de energía sustentable”, declaró Lise Kingo, CEO y director ejecutivo del Pacto Global de la ONU.

Tania Cosentino ha liderado la estrategia de Schneider Electric en Sudamérica, que promueve una economía enfocada en la baja emisión de carbono. Las tecnologías y soluciones desarrolladas buscan que sus clientes reduzcan costos mediante incrementos de eficiencia en el manejo de sus recursos, y la promoción de la limpieza de sus procesos.

“Es un gran honor poder formar parte de este grupo. Tanto yo como Schneider Electric estamos al tanto de la urgencia de implementar estas metas de desarrollo sustentable. Creo que el sector privado tiene un rol importante en construir un mundo mejor y más sustentable para todos. Y esa es la razón por la que, en Schneider, trabajamos en incluir la mayoría de las categorías SDG a nuestro negocio”, manifestó Tania Cosentino.

Al tratarse de la iniciativa global más importante a nivel corporativo en términos de sustentabilidad, el Pacto Global de la ONU invita a las empresas a alinear estrategias y operaciones con principios universales en derechos humanos, laborales, ambientales y anti corrupción, y crear acciones para avanzar sobre metas sociales.

Al respecto, las 17 Metas de Desarrollo Sustentable establecen objetivos e indicadores específicos en esta materia, en áreas claves como superación de la pobreza, educación de calidad, equidad de género, agua potable y saneamiento, trabajo decente y desarrollo económico, entre otros ámbitos destacados.

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Christiana Figueres, secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es la responsable de lograrlo. Esta diplomática originaria de Costa Rica -hija del tres veces Presidente de su país José Figueres-asumió su cargo en la ONU en 2010 en reemplazo del holandés Yvo de Boer. Hoy tiene sobre sus hombros la misión de encontrar una ruta que lleve al mundo hacia un acuerdo global que le permita enfrentar de forma rápida y eficiente las consecuencias del cambio climático, que son irreversibles.

Figueres es optimista. “Las realidades de hoy son muy diferentes a las de 2009 (cuando fracasó la cumbre de Copenhague). Mientras las negociaciones sobre cambio climático a nivel internacional han continuado, las cosas no han permanecido estáticas a nivel nacional.

Durante los últimos años ha habido una clara tendencia a aprobar leyes climáticas tanto en países desarrollados como en desarrollo. Más de un centenar de naciones tienen objetivos de reducción de emisiones para 2020, fijados mayoritariamente en leyes o políticas”, asegura en una entrevista por escrito con “El Mercurio”.

La diplomática destaca que “más allá de las acciones de los Estados, hay actores no estatales como inversores, empresas, ciudades o regiones están actuando cada vez más contra el cambio climático, lo que no ocurría en 2009″. Según los datos de la ONU, entre las 500 empresas del ránking de Fortune, 53 de ellas informaron un ahorro de US$ 1.100 millones en 2013 gracias a la eficiencia energética, las energías renovables e iniciativas similares para reducir emisiones. A eso se suma, señala Figueres, que se ha facilitado el acceso a las energías renovables, gracias a una baja del precio de las tecnologías, un mayor interés de los inversionistas y avances en investigación y desarrollo.

-¿En qué se diferenciará el protocolo que se alcance en París del protocolo de Kioto?

“La diferencia más importante entre el Protocolo de Kioto (1997) y el acuerdo de París es que este último será universal. Esto significa que será aplicable a todos los países y que todos los países harán una contribución.

Pero no todos los países harán la misma contribución y el acuerdo no se aplicará a todos de la misma manera. Ya no reflejará un mundo binario de países “desarrollados” y en “desarrollo”. Más bien, será como una amplia autopista con muchos carriles diferentes, permitiendo que cada uno elija el carril adecuado. Habrá espacio para la diversidad de los países y de sus circunstancias nacionales. Pero todos van a contribuir e irán en la misma dirección: permanecer por debajo de los 2°C y crear un mundo neutral en emisiones de carbono.

Otra diferencia es que el acuerdo de París se ve como facilitador y posibilitador, no punitivo. Además, invitará a la cooperación con el objetivo de maximizar los esfuerzos de todo el mundo. Un hecho de importancia crítica es que será un apoyo para las acciones climáticas de los países en vías de desarrollo”.

– La ONU señaló que la población mundial llegará a 11.200 millones en 2100, ¿cómo afectará esto al cambio climático?

“Ha habido claramente un fuerte vínculo entre el crecimiento de la población y el cambio climático. El reto es disociar el crecimiento económico y el de la población, del crecimiento de la contaminación y la degradación medioambiental y hay señales en algunos países de que esto puede estar en proceso.

Esto es también importante en lo que se refiere a la construcción de niveles más altos de resiliencia. Habrá cada vez más una fuerte conexión entre el crecimiento de la población y los impactos del cambio climático tales como el aumento del nivel del mar o de las inundaciones. En otras palabras, el tamaño de la población se convertirá en un factor significativo en la magnificación de tales impactos debido a que habrá muchas más personas vulnerables…

Al final, afrontar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible van de la mano y son inevitables para salvaguardar el bienestar de una población mundial en aumento. Ambas requieren la misma transformación de nuestro modelo de desarrollo. Crear este nuevo modelo de crecimiento es nuestro mega-reto de desarrollo. Una acción climática valiente es generadora de oportunidades en la transición a un nuevo modelo de crecimiento sostenible y climáticamente seguro”.

– ¿Deberían los países hacer un esfuerzo mayor en sus compromisos?

“Antes de la conferencia de París, cada país hará una contribución de acuerdo a sus circunstancias nacionales. Éstas están recogidas en lo que denominamos Contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional (INDC). Hemos recibido 26 de ellas de 54 países, que en total cubren aproximadamente el 60% de las emisiones de CO2 mundiales. El nivel de compromiso de los países es impresionante.

No obstante, es probable que la suma total de esas INDC no sea suficiente para alcanzar el objetivo de mantenernos por debajo del límite de los 2°C. Es por este motivo que en París hay que aunar los esfuerzos en marcha pero además marcar el camino.

Las INDC actuales son un primer paso. Hará falta que los países vayan aumentando sus ambiciones a lo largo del tiempo, por ejemplo cada cinco años y hagan otros nuevos esfuerzos”.

– ¿Cuál es el primer paso que deberían dar los países que quieren mostrar un compromiso real con la lucha contra el cambio climático?

“La presentación de sus INDC es una clara señal. Además, los países desarrollados en particular necesitan incrementar su nivel de apoyo financiero a las naciones en vías de desarrollo (…)”.

[Los biocombustibles son una alternativa sustentable si se manejan bien]

– ¿Cuál es el mayor reto para los países en desarrollo?

“Se está normalizando la idea de que con redes de energías renovables y eficientes, y sociedades y economías que se adaptan al cambio climático también se aumentan el desarrollo, los beneficios empresariales y el bienestar común. Ya no es solo una posición para sentirse bien. La Agencia Internacional de Energía ha informado que en 2014, las emisiones globales de carbono procedentes de los combustibles fósiles se mantuvieron estables a pesar de que la economía mundial creció un 3,3%. Un año no garantiza una tendencia, pero muestra que se puede desconectar el crecimiento de las emisiones.

En cierto sentido, a los países en desarrollo se les pide el esfuerzo más grande, que es continuar creciendo y desarrollándose, pero con una huella de carbono muy diferente de la que han marcado todos los países industrializados. Además, los países desarrollados se enfrentan a la responsabilidad de sacar a millones y millones de personas de la pobreza mientras que se adaptan a unos impactos del cambio climático que van a golpear más duro a los pobres.

Ambos retos son inmensos, pero estoy convencida de que se pueden superar y gestionar con buenas políticas nacionales de cambio climático y sostenibilidad y con apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, así como el acuerdo de París”.

– ¿Cómo se concilia desarrollo con compromiso y conciencia sobre el cambio climático?

“Si no se actúa frente al cambio climático, es muy probable que la temperatura media mundial sobrepase los 4°C. Esto acabaría con los beneficios del desarrollo y amenazaría de manera seria la estabilidad económica. En otras palabras, si no logramos una transición del modelo del crecimiento económico hacia una trayectoria baja en emisiones, entonces todo el crecimiento económico acabará siendo en vano.

En este sentido, elegir entre desarrollo, crecimiento y beneficios, de un lado, y acción climática, no crecimiento y pobreza, del otro, es un argumento falso. (…) Vivimos en un período de oportunidades fantásticas. Están emergiendo nuevos modelos de crecimiento sostenibles que tienen que convertirse en la nueva norma. El desarrollo y el cambio climático se pueden abordar a la vez, generando beneficios para las personas y el planeta”.

“Afrontar el cambio climático y promover el desarrollo sostenible van de la mano y son inevitables para salvaguardar el bienestar de una población mundial en aumento”.

“A los países en desarrollo se les pide el esfuerzo más grande, que es continuar creciendo y desarrollándose, pero con una huella de carbono muy diferente de la que han marcado todos los países industrializados”.

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La secretaria de Estado esta semana participó activamente de la agenda presidencial en la ONU, con especial interés en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas que se desarrolló el día lunes. Villegas pudo explicar el proceso chileno, y por sobre todo, comparar nuestra realidad con la de los otros países.

En esta conversación con DF, realizada en Nueva York en medio de la intensa ronda de reuniones, reconoce que no ha sido fácil el proceso de consulta que su ministerio está liderando, pero que se está llegando a los consensos necesarios con los diferentes pueblos indígenas y sus respectivas comunidades. Se muestra confiada en que la consulta finalmente llegará a buen puerto, tras una partida algo compleja.

-¿Cuáles fueron las líneas centrales que se abordó en su agenda en Estados Unidos, en materia indígena?

-En el tema indígena por cierto se ha verificado un avance importante con la declaración que se suscribió en la ONU. Sin embargo, estamos todavía muy lentamente progresando. Hay países vinculados especialmente a África y Asia, que muestran reticencias a avanzar en estos temas, lo que hace difícil implementar algunos planes. Sin embargo, en Latinoamérica hay un interés importante por avanzar más rápido. En ese sentido, no hay una experiencia única. Sería bueno que los propios dirigentes indígenas se junten con sus partes, que y conversen sobre temas que les interesan.

-¿Dónde se concentraron los que abordó Chile en este asamblea de asuntos indígenas?


-Los temas nuestros han estado concentrado en la agenda de consulta indígenas, y uno cuando esta acá (en la ONU) puede ver que hay materias que escapan con creces ese tema y como, por ejemplo, el tema que los derechos colectivos se cumplan a nivel global. Así el convenio 169 ha sido ratificado por bastantes pocos países de la ONU y eso nos deja en una situación bien expectante en el marco de lo que estamos tratando de hacer en nuestro país.

-En ese plano, ¿cómo está Chile en materia de avances en el asunto indígena, más allá del proceso de consulta?

-Chile hoy tiene una voluntad clara y expresa de reconocer una herencia no muy positiva en la materia, como la definición de avanzar en una agenda que tenga tanto componentes de fortalecimiento institucional como de representación política, el desarrollo incluida la restitución de territorio y desarrollo sostenible con competencia cultural. Nuestra agenda está muy vinculada a los deseos y sentir de los pueblos indígenas. Lo que falta ahora es incorporar a todos los actores.

-¿Qué evaluación hace del proceso de consulta indígena hasta ahora, el cual ha sufrido diversas y duras críticas en su primera etapa de implementación?


-Cerramos la primera etapa de ponernos de acuerdo. Se hicieron presentes los reparos que se tienen en diversas áreas de parte de las comunidades. Lo importante es la voluntad de avanzar sobre todo en un tema tan importante como es el fortalecimiento de la institucionalidad de los pueblos indígenas, y que sienten la necesidad de avanzar en la materia. No obstante, las posibles dificultades que estamos encontrando y que seguramente nos vamos a seguir encontrando, porque estamos actuando a partir de un hecho histórico inédito, donde ha habido mucha desconfianza histórica, y no podemos pretender en un solo acto cerrarlo.

-¿Han sido problemas de fondo, o tan solo en la forma en cómo se está llevando a cabo el proceso?


-La voluntan está, el interés por sacar la agenda también está. El requerimiento por tener la institucionalidad es claro. Hay conciencia de ello en los pueblos indígenas, y tenemos que allanarlo para tener un proceso participativo, previo e informado tal como lo exige la legislación, dando muestras concretas que no pretendemos llegar con el proyecto armado, sino que por uno que está por constituirse, y que verá la luz cuando ojalá hayamos llegado a acuerdo con los pueblos indígenas lo que le da (a este proceso) la característica de previo.

-¿Qué pasos quedan aún en el proceso de consulta?


– Ahora viene una segunda etapa, donde viene proceso informativo, que significa profundizar los alcances de las medidas, disminuyendo todas las asimetrías de información que tienen los pueblos y darle el tiempo para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. El Estado les entrega toda la información a los pueblos y ellos pueden consultar para que pasen a la tercera etapa que es la deliberación interna, donde el Estado no participa, sino que entrega herramientas logísticas, para que ellos puedan reunirse y puedan hacer su trabajo de discusión.

-Este proceso, ¿ha sido más difícil de lo esperado?


-La verdad es que nunca nos imaginamos que esto iba a ser fácil, sobre todo porque esto no estaba en el programa original de gobierno. El factor tiempo, también, es crítico, porque hubo poco tiempo para implementarlo, pero estoy segura de que uniendo las voluntades podemos allanar cualquier dificultad. No escondo que existen diferencias y dificultades pero esas dificultades y diferencias forman parte de las deudas históricas que se han construido sobre la base de una sensación de no que no cumple por parte del Estado, que no ha habido suficiente diálogo, y eso hay que repararlo y para eso estamos trabajando.

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En el sector público, se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico del Servicio Nacional de Pesca entre 1998 y 2002. Entre este último año y 2010 trabajó como subsecretario y secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, organismo regional encargado de coordinar las políticas marítimas de Chile, Colombia, Ecuador y Perú para la conservación y uso responsable de los recursos naturales, en beneficio del desarrollo integral y la sustentabilidad.

En paralelo, se desempeñó como secretario ejecutivo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Costero del Pacífico Sudeste, cargo dependiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Actualmente es director ejecutivo del Centro de Estudios de Derecho Pesquero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y profesor de Derecho Internacional en el Magíster de Estudios Internacionales de dicha casa de estudios.

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La entidad dependiente de Naciones Unidas publicó un documento en el que se analiza el cumplimiento de las obligaciones suscritas por los estados miembros, entre los que Chile ocupa un rol clave, luego de que se comenzara a aplicar el Convenio 169 de la OIT que regula los derechos ancestrales de las comunidades indígenas.

En el texto, la entidad pide al Gobierno de Chile que informe sobre la entrada en vigencia del nuevo reglamento sobre la consulta y la forma en que se generó la normativa.

«La comisión solicita al gobierno que en su próxima memoria presente informaciones que permitan examinar la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta de los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente y da pleno efecto a las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio», señala la entidad en el documento.

Se añade que el Estado de Chile llevó adelante un proceso de diálogo con representantes de los pueblos indígenas para consensuar una nueva normativa de consulta y participación, que finalizó en julio de 2013. De acuerdo con el reporte de la OIT, el gobierno chileno informó que el trabajo emanado de esas reuniones no derivó en algún tipo de acuerdo, pero a pesar de ello se dictó el reglamento, lo que fue objeto de cuestionamientos por la entidad internacional.

En su respuesta, la comisión recordó al gobierno de Chile que el convenio busca generar instancias de participación activa de los pueblos indígenas «que incluya la presentación de iniciativas y propuestas de medidas, programas y actividades que construyan su desarrollo y que los lleven a decidir sobre sus prioridades».

Dudas sobre las tierras raras

Si bien pone de manifiesto las dudas al respecto, no se pronuncia sobre si Chile cumplió o no con estas obligaciones.

En relación con la participación, en la memoria presentada por el gobierno chileno a fines de 2013 se le planteó a la OIT la intención de enviar al Congreso un proyecto de ley que cree un consejo de pueblos indígenas a nivel nacional, y que cumpla el rol de asesorar en la formulación de las políticas que afecten a los pueblos interesados. Pero todavía no existe un cronograma para desarrollar esa iniciativa.

Donde sí se manifiestan discrepancias en el actuar de Chile respecto a las garantías de los derechos de los pueblos originarios es en la regularización de terrenos.

Según la OIT, en los comentarios anteriores ya se habían presentado las dudas respecto de la regularización de derecho a tierra reclamados por los pueblos indígenas, por lo que Chile cae en incumplimiento.

«La comisión reitera su pedido al Gobierno para que informe en su próxima memoria de manera detallada sobre la adecuación con el convenio del mecanismo de regularización de tierras y su procedimiento de solución de conflictos», añade en sus comentarios la OIT.

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El total de inversión foránea que recibió la región alcanzó los US$294.000 millones el pasado año, un nivel similar al que se registró en Europa, informó el organismo internacional.

Este foro de la ONU explicó que, si bien en los años anteriores el aumento de la inversión en esa área geográfica se debió en gran medida al movimiento de capital hacia Sudamérica, en 2013 fueron Centroamérica y el Caribe las subzonas que lograron mayores incrementos de inversión foránea, de un 93% y un 38% respectivamente.

En el caso de Sudamérica, el flujo de inversión extranjera bajó 7% en 2013 respecto del año previo, a unos US$134.000 millones, y con ello se interrumpió un ciclo de tres años de sólido avance gracias a los altos precios de las materias primas. Eso generaba atractivos beneficios a los inversores que colocaban capital en el sector minero, entre otros.

Sin embargo, el cambio de tendencia en esos precios ha frenado el impulso inversor en esa industria y ha afectado a Chile y Perú, donde la inversión directa extrajera descendió el pasado año 33% y 2% respectivamente, según la UNCTAD.

En el caso de Brasil, que en 2013 recibió casi la mitad del capital foráneo total que fluyó hacia Sudamérica, registró un descenso del 3,9% respecto de 2012 y se situó en US$63.000 millones.

A pesar de esa caída, Brasil ocupa el séptimo lugar en la lista de 20 países del mundo que reciben más inversión extranjera directa. México (12), España (13) y Chile (18) también se incluyen en ese grupo, que encabeza Estados Unidos, China y la Federación Rusa.

El informe de la Unctad refleja que la inversión directa extranjera a nivel mundial creció el 11% en 2013 y alcanzó los US$1.460 billones, un nivel similar al de los años previos a la crisis financiera.

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