Tal es el caso del Artemisa Mining Challenge, que busca dar la oportunidad a un grupo de ingenieras de minas recién graduadas de distintas universidades en Chile de pasar los tres primeros años de su carrera trabajando en empresas mineras o con proveedoras de la industria canadiense.

El programa cuenta con el apoyo y respaldo de la Red de Ingenieras de Minas (RIM) Chile y la empresa social canadiense Artemis Project. A la iniciativa pueden postular las socias de RIM con menos de un año de experiencia en el mercado laboral.

Cabe destacar que en la última década la participación femenina en las empresas mineras chilenas, ha aumentado de un 7,6% a un 11,7%, mientras que en sus proveedores, esta cifra alcanza ya el 16%. Si bien el avance es significativo, aún existe una brecha importante, no solo en materia de inclusión. Hoy las mujeres, especialmente las que están iniciando su carrera profesional, cuentan con menos oportunidades profesionales que los varones.

Es así como cada año cientos de egresadas están a la espera de una oportunidad que les permita demostrar sus talentos. Según información de la Red de Ingenieras en Minas de Chile, con el paso del tiempo, muchas de ellas se reconvierten laboralmente, o dejan definitivamente la ingeniería.

Para hacer frente a esta fuga de talentos, favorecer la inclusión, la equidad de género y reducir las barreras de estada a esta industria tradicionalmente masculina, Artemisa Mining Challenge le entregará a este grupo de mujeres ingenieras la oportunidad de adquirir competencias transversales, experiencia laboral, mejorar su inglés, además de tener la oportunidad de conocer tecnologías de vanguardia.

“En Chile se opta por conseguir talentos con experiencia de otras compañías mineras, por lo que para unas recién egresadas su inserción sin experiencia previa, es prácticamente imposible. Con Artemisa Mining Challenge nos haremos cargo de esta problemática”, comenta la Líder de Representación Minera de RIM, Maritza Henríquez.

Empoderamiento femenino

Loreto Muñoz, Líder de Representación Minera de RIM, destacó que Artemis Mining Challenge es «una solución disruptiva y un motor de cambio en la minería. Se trata de una solución real de inclusión para una industria en búsqueda de diversidad, para la consecución de la soñada independencia económica y del desarrollo profesional de dichas jóvenes y, en gran escala, para hacer frente a una problemática que nadie quería asumir”.

Por su parte, Heather Gamble, fundadora de Artemis Project, explicó que “este proyecto pretende empoderar a la mujer y brindarles herramientas para insertarse de mejor manera en el mundo laboral. No tenemos dudas de la excelente capacidad y calidad profesional de estas ingenieras, pero luego del paso por Artemisa Mining Challenge, ganarán en cultura, en perfeccionar un segundo idioma y años de experiencia laboral”.

Mientras que Helen Krissilas, encargada de Reclutamiento y Entrenamiento de las candidatas por medio de Krissilas Group comentó: “Esperamos dejar una huella imborrable en ellas, que su liderazgo sea reconocido en un futuro cercano, construir un ciclo virtuoso entre mujeres ingenieras en un sentido más global, que la presencia de la mujer en minería sea con mayor igualdad, equidad y diversidad”.

El inicio de Artemisa Mining Challenge está estimado para octubre de 2021. Las 10 ingenieras seleccionadas en la primera etapa contarán, durante los tres años que dura el programa, con un acompañamiento en habilidades transversales, habilidades técnicas, idioma inglés y mentoría en Canadá. Adicionalmente, tendrán un seguimiento de desempeño con el fin de asegurar resultados positivos para este programa.

Empresas participantes

Para la ejecución del Artemisa Mining Challenge por el momento está confirmada la compañía New Gold. Sin embargo, las entidades organizadoras del programa mantienen conversaciones con más de 10 compañías mineras y proveedoras canadienses para que den un espacio a las jóvenes ingenieras en este proyecto. Cabe señalar que esta iniciativa se enmarca en el contexto del capítulo sobre Comercio y Género firmado por los gobiernos de Canadá y Chile en junio de 2017.

“Con Artemisa Mining Challenge estamos poniendo en práctica lo establecido mediante dicho acuerdo entre Chile y Canadá. La oportunidad es tan amplia que incluso podría permitir que las seleccionadas en esta aventura puedan obtener formalmente su residencia en Canadá luego de finalizar sus programas”, detalló Heather Gamble, fundadora de Artemis Project.

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El Morro es parte del proyecto NuevaUnión, un joint venture que Goldcorp tiene con Teck Resources y que nació de la unión con el proyecto Relincho.

“La compra de la participación de oro de New Gold es consistente con nuestra estrategia de optimizar nuestro portafolio para aumentar el valor neto de nuestros activos por acción”, señaló David Garofalo, presidente y CEO de Goldcorp.

El Morro, añadió el ejecutivo, es un depósito de clase mundial ubicado en uno de los mejores distritos mineros de América. “NuevaUnión es un proyecto único que combina la experiencia de dos grandes empresas mineras para desarrollar conjuntamente lo que se espera sea un activo de bajo costo y larga vida útil. También está trabajando para establecer un estándar para el compromiso comunitario, la responsabilidad ambiental y la creación de valor “, comentó la compañía.

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El motivo tuvo que ver con el desarrollo de la denominada Consulta Indígena, mecanismo de participación entre el Estado y los pueblos originarios -se realiza cuando se prevén medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente- y que va en línea con el Convenio 169 de la OIT, suscrito en 2009.

Según estadísticas del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, hay 11 proyectos en dicho proceso. Todos ellos están ligados a los sectores de minería (2) y energía (9) y alcanzan un monto total de inversión de US$ 8.478 millones.

La iniciativa con la mayor inversión es RT Sulfuros, de Codelco (US$ 5.400 millones), mediante el cual se planea dar continuidad al desarrollo de la mina a rajo abierto de Radomiro Tomic.

En el sector energético, en tanto, el mayor proyecto de transmisión en el país, por US$ 1.000 millones y desarrollado por Interchile, también cursa dicho proceso. Se trata de una línea de transmisión entre las subestaciones de Polpaico y Cardones, que es clave para reforzar el sistema desde Santiago al norte y que enfrenta la oposición de las comunidades del valle de Limache y otras comunas de la Región de Valparaíso.

Las lecturas

El ex director del Servicio de SEA, Ricardo Irarrázabal, explicó que uno de los temas fundamentales de la Consulta Indígena tiene que ver con la entrega de certidumbre tanto para las comunidades como para los inversionistas. Comentó que para ello se aprobaron dos reglamentos: el general de Consulta Indígena y el del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia). Sin embargo, reconoció que frente a varios proyectos hay un problema relacionado con que muchos de ellos no quedaron bajo la vigencia del nuevo reglamento del Seia. “Es fundamental darle tiempo al nuevo reglamento del Seia para que se implemente la consulta. La mayor incertidumbre es no saber cómo realizarla”, dijo.

El superintendente de Medio Ambiente, Cristián Franz, precisó que si bien el organismo que representa no es el encargado de realizar dichos procesos, sí fiscaliza que los compromisos se cumplan en iniciativas con permisos ambientales aprobados. “Las obligaciones y condiciones en materia social son fiscalizadas por nosotros en las mismas condiciones que aspectos estrictamente ambientales, y el nivel de cumplimiento no es mayor ni menor si comparamos ambos casos”, explicó.

Desde las eléctricas, Rodrigo Castillo reconoció que hay una deuda como país relacionada a las dificultades para la implementación del mecanismo. “No hemos sido exitosos, de manera consensuada y aceptada socialmente, de cómo hacer estos procesos, por lo que el gran desafío es que estos procesos, desde el punto de vista institucional, sean legítimos”, dijo.

En tanto, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco, René Aguilar, sostuvo que “en Chile todos estamos aprendiendo a construir la nueva institucionalidad. Como Codelco estamos participando de cerca con las comunidades, explicando las características de los proyectos y los impactos que podrían tener”.

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De acuerdo a CRU, la variante económica (retornos, costos y precio) y de capital (disponibilidad de financiamiento) influye en todos los retrasos, especialmente en El Abra Sulfuros (de Freeport Mc Moran), Zaldívar Sulfuros (Barrick Gold) y el desarrollo del distrito minero Centinela (DMC). Este último proyecto ya se conoce que necesitará alrededor de US$ 2.700 millones, y fue confirmado este año por su misma controladora, Antofagasta plc, que se pondría en marcha en 2019 en vez de 2017. En tanto, El Abra Sulfuros estaría entrampado pues Codelco posee un 49% de propiedad, y la estatal tendría la prioridad de inversión en sus proyectos estructurales, donde El Abra no figura.

A diferencia de los desarrollos anteriores, donde los factores económicos han sido claramente dominantes, a juicio de CRU existen otras variables que también inciden en el retraso, entre los que se destacan la oposición de comunidades, problemas en permisos ambientales, priorización de proyectos dentro de la cartera de las compañías y demoras en estudios por complejidades técnicas.

Caso a caso


Hace tiempo que Collahuasi (firma ligada en un 44% a Anglo American, 44% Glencore y 12% Mitsui) está retrasando la decisión de sacar adelante la expansión de su yacimiento, lo que significaría una inversión de US$ 6.500 millones. Lo claro es que el proyecto ha debido esperar, porque el foco de la compañía ha estado en la etapa de normalización de sus operaciones, luego de complicaciones que sufrieron en 2012 y que comenzaron a repuntar en 2013. La fecha prevista hasta el año pasado para el inicio de operaciones de este mega proyecto era 2019, sin embargo, CRU actualiza que recién operaría en 2022. Temas de estrategia de la empresa también gatillarían el retraso de Cerro Casale (Barrick Gold y Kinross Gold), de US$ 6 mil millones para el año 2021.

Por otra parte, la expansión del proyecto Andina (US$ 6.800 millones), de la estatal Codelco, ha estado en el ojo del huracán de las comunidades y de los municipios donde se emplazará el desarrollo. Actualmente Codelco está en proceso de responder el primer ICSARA dentro del proceso de evaluación ambiental. Según datos y el análisis de CRU, el proyecto entraría en operación en 2021 en vez de 2020, esto por “la gran inversión de capital necesaria y por los desafíos ambientales que atraviesa”, explica Erik Heimlich, consultor senior del Equipo de Cobre de CRU.

En el caso de El Morro, de US$ 3.900 millones (de Goldcorp y New Gold), “parte del retraso –de 2019 a 2021- es por los problemas ampliamente conocidos con las comunidades pero también influye el tema económico”, indica Heimlich..

De acuerdo a CRU, la transición a sulfuros en Gabriela Mistral (Codelco) y en Cerro Colorado (BHP Billiton) “ha ido perdiendo prioridad dentro de los portafolios de inversión en comparación a otros proyectos”.

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El tribunal determinó no acoger los recursos presentados en noviembre de 2013 por comunidades indígenas diaguitas y huascoaltinas y un grupo de agricultores, en contra de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) entregada por la autoridad medioambiental al proyecto.

En sus presentaciones, las comunidades diaguitas alegaron no haber participado de la consulta indígena -tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT-, mientras que los huascoaltinos señalaron que su participación habría sido insuficiente. Por su parte, los agricultores estimaron que el proyecto afectaría recursos naturales y el acceso al agua.

Edesio Carrasco, abogado que representó al SEA en la causa y hoy es socio del estudio Schultz Carrasco & Silva, señaló que la corte estimó que la comunidad diaguita no estaba afectada por el proyecto, mientras que en el caso de los huascoaltinos, se había cumplido a cabalidad con la consulta. “Las comunidades tienen derechos y deberes, y éstas se negaron a participar”, dijo.

El Morro -que se encuentra paralizado por decisión judicial- posee reservas por 6,1 millones de libras de cobre y 8,4 millones de onzas de oro y que tendría un costo de desarrollo de US$ 3.900 millones.

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El profesional explicó que el recurso de protección presentado en tribunales «se fundamenta en la falta de consulta indígena verdaderamente abierta en que incurrió el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)» durante su análisis para otorgar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a fines de octubre.

El abogado precisó que la consulta indígena efectuada sólo se limitó a la Comunidad Agrícola de los Huascoaltinos y no consideró a sus quince representadas.

Respecto al recursos de reclamación interpuesto ante el Comité de Ministros, explicó que fue deducido por un conjunto de personas naturales que en al momento de la evaluación ambiental del proyecto efectuaron observaciones a la iniciativa.

Las reclamaciones tienen relación con la contaminación de recursos hídricos y la instalación del tranque de relave, el depósito de estériles y el rajo de la mina en la misma cuenca y quebrada en la que habitan las comunidades diaguitas.

Soto señaló que con el recurso judicial y la reclamación buscan la paralización del proyecto y la revocación del permiso ambiental.

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Esto porque tras la aprobación de esta inversión de
US$ 4.000 millones, algunas de las comunidades aledañas evalúan nuevas acciones para impugnar la segunda Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.

El abogado Lorenzo Soto, que representa a 14 comunidades diaguitas agrupadas en asociaciones de alcance regional, provincial y comunal, explicó que por el momento están analizando los antecedentes para definir las acciones que emprenderán para impugnar la autorización.

El alcance de la consulta indígena, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio por realizada cumpliendo con lo ordenado por la Corte Suprema en 2012, cuando retrotrajo el proyecto ya aprobado a la fase de evaluación, es uno de los argumentos que estos grupos pondrían sobre la mesa. Esto, considerando que la autoridad incluyó en este proceso sólo a la Comunidad Agrícola Diaguita de Los Huascoaltinos (CADH) y no a otros grupos.

“Dictada la Resolución, con fecha 18 de marzo por carta N° 249 se envía resolución de la consulta indígena y se explica los términos en los cuales fueron entregadas sus observaciones al texto definitivo, y los motivos fundados relacionados a la solicitud planteada en orden a restringir el ámbito de aplicación de la Consulta Indígena solo a la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos”, se declara en la RCA.

Este documento también da cuenta de que todo el proceso que llevó adelante el SEA fue en comunicación exclusiva con la CADH, lo que, dicen conocedores de estos temas, contravendría la orden de la Suprema de incluir a otras comunidades susceptibles de ser afectadas, con lo cual se estima que la consulta no existió y, por ende, la RCA no tendría validez.

Al respecto, en la RCA se explica que tras dar “publicidad suficiente” a la consulta indígena “el titular (del proyecto) no identificó impactos significativos respecto de otras comunidades o grupos indígenas, y no hubo presentación alguna de otras agrupaciones indígenas respecto de requerir fundadamente, participar en un proceso de Consulta Indígena”.

Otro flanco que podría ser utilizado es el tranque de relaves del proyecto, pues a lo largo de todo el proceso de evaluación se ha rechazado su ubicación, cercana a una de las comunidades, y se ha solicitado su relocalización en el diseño del proyecto.

Fuente/ Diario Financiero

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