En el pasado reciente, la cuprera vivió situaciones reñidas con la probidad y la transparencia, como la adjudicación de contratos en la división El Salvador -que terminaron salpicando incluso al ex presidente ejecutivo Nelson Pizarro- la contratación de seguros en la división Chuquicamata, así como otros procesos irregulares destapados por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE) del directorio de la minera, que terminaron incluso con la salida de ejecutivos de la primera línea de la cuprera.

Todo esto ha opacado el proceso de modernización que la estatal inició en 2016, y que este año mostró avances, que la firma certificó y que le valen ahorros anuales por unos US$380 millones.

Hablar de contratación y compras en Codelco no es cualquier cosa. Al año, la estatal realiza transacciones por unos US$5.300 millones, mediante unas 90 mil órdenes de compra con más de 4.500 proveedores y del orden de 3.600 contratos activos, es decir, que tienen movimiento.

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El descubrimiento gatilló no solo la salida del jefe de los auditores, sino también de la directora de Cumplimiento de Auditoría Interna, Daniela Mora, y de otro integrante del equipo. El tema complicó al directorio de la minera y estaría generando división en la mesa. Es que Correa es cercano a Blas Tomic -director de la minera desde el año 2017-, quien es presidente del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE). Correa le reportaba a él directamente.
Según comentan las fuentes consultadas, Tomic ha mostrado su posición sobre la salida de Correa en las últimas reuniones, postura que no es compartida por el presidente de la mesa, Juan Benavides, ni tampoco por gran parte de la directiva.

Correa, quien trabajará hasta el próximo 31 de octubre en la minera, ya había generado polémica al interior de Codelco debido a las auditorías que realizaba, las que complicaban a los ejecutivos. De hecho, ellos acusaron en su momento que existía una cierta persecución para descubrir cosas irregulares y que se les tachaba de culpables antes de que finalizaran las investigaciones internas. También había sido criticado en la comisión investigadora de la Cámara Baja por su rol como auditor en el polémico contrato por movimiento de tierra de la División Salvador, donde estaba implicado un exsocio del hijo de Nelson Pizarro.

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En la instancia, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas de Chile, Pizarro hizo un recorrido por su carrera de más de cincuenta años, pero además, apuntó a los desafíos de la industria.

Uno de los puntos que destacó fue el nuevo estilo de los trabajadores, asegurando que estos privilegian el conflicto para conseguir remuneraciones y beneficios.

«Aparece un nuevo perfil de trabajadores, que ven el consumo como elemento para diferenciarse. Hay una mercantilización de las relaciones laborales, cuesta que se adhieran a la filosofía y a los valores de la empresa», aseguró.

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De acuerdo con Cochilco, los equipos subutilizados en la división ubicada en Atacama, generados por el error de cálculo del plan minero que llevó a realizar una licitación para mover 104 mil toneladas de material, pese a que en el plan minero se estipulaban 70 mil toneladas, pero donde finalmente fueron requeridas solo 20 mil toneladas, generó un costo para Codelco de US$ 48 millones. La cifra es menor a la estimada por la comisión investigadora, que hablaba de un costo para la estatal de US$ 130 millones y, a la vez, contradice la versión que entregó la propia minera, que en su momento señaló que la compañía no tuvo pérdidas por la ejecución del contrato, ya que derivó los equipos que no se utilizaron en Salvador hacia Radomiro Tomic y Gabriela Mistral.

“Es una nueva investigación de Cochilco que se entregó en abril pasado, es un informe preliminar”, señala una fuente que conoce el informe de Cochilco. La información del organismo fiscalizador fue presentada al directorio de cuprera en la sesión pasada, información que no fue grata para los integrantes de la mesa de la mayor productora de cobre del mundo. Esto, porque cuanto estalló el escándalo por los problemas del contrato de la División Salvador, al directorio se les aseguró que el tema no había generado pérdidas para la estatal. “En el directorio hay algunos integrantes que se sienten engañados y están pidiendo explicaciones”, señala un cercano a la mesa de la estatal.

Hoy el proceso está en fase de descargos por parte de la minera, indica una conocedor de la investigación de Cochilco, información que debe ser presentada al organismo que lidera Marco Riveros por José Robles, vicepresidente de Productividad y Costos de la minera, indica la fuente.

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Este caso tomó forma a fines de diciembre, cuando Codelco interpuso esta querella criminal contra quien resulte responsable del delito de tráfico de influencias, vinculado a la asignación, en 2015, de un contrato para el transporte de mineral de la división El Salvador a la firma Indak.

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“Nuestro lema es que la probidad (…) debe regir la conducta (…) en esta empresa del Estado, sin excepción. Y como esto es patrimonio estatal, fondos estatales, el rol de los trabajadores del cobre (…) es dar una señal, haciéndonos cargo del tema, y por eso vamos a presentar esta querella”, explicó Elgueta a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

El libelo será ingresado hoy ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, sumándose a otros dos anteriores: el primero del Consejo de Defensa del Estado (CDE), y otro de la propia estatal -de fines de 2019- sustanciados por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.

Elgueta agregó que la decisión de recurrir penalmente en contra de Pizarro fue adoptada este martes -por unanimidad- en el Consejo Directivo de la organización.

“(…) lo que ocurrió es grave, porque este tipo de situaciones no pueden ocurrir en la principal empresa del Estado(…) porque es el sueldo de Chile. E incluso en el contexto del Covid-19, nuestros servicios son necesarios para seguir sustentado también los planes sociales en Chile”, enfatizó el dirigente.

Los hechos en que se funda la presentación de la FTC, refieren a supuestas presiones que habría ejercido el exdirectivo para que el exgerente general de la División Salvador de la minera, Juan Carlos Avendaño, contratara de manera directa a la empresa Indak en agosto de 2015 -cuyo dueño es José Miguel Julián- empresario ligado a Nelson Pizarro hijo.

Un mes después que se formalizara el acuerdo comercial -de acuerdo a un informe de fiscalización que realizó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)- Nelson Pizarro junior adquirió un terreno en Chicureo -comuna de Colina- por 75 millones de pesos donde su padre construyó una propiedad que supera los 681 en moneda nacional.

Según la querella del CDE, “la única explicación plausible de que (Nelson Pizarro) haya solicitado que se contratara a una empresa inepta y carente de experiencia en el rubro es la concesión de un beneficio indebido (…)”.

La fiscalía también bucea en otro contrato por US$ 228 millones. En una parte de este acto comercial (módulo C1) la empresa ligada a Julián habría logrado quedarse con el movimiento de 104 millones de toneladas de tierra también por la vía del trato directo, pese a no calificar en el concurso y que habrían implicado un sobre gasto de US$ 22 millones.

Estos hechos son claves para el abogado penalista Pablo Méndez, quien patrocina a la FTC en el caso.

“La querella es nominativa, es decir va dirigida en contra de Nelson Pizarro por cohecho, como lo hizo el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio que cuando tengamos acceso a la carpeta de investigación puedan aparecer otros delitos como malversación de caudales públicos, ilícitos funcionarios y otras personas”, indicó el profesional.

La FTC cumplió 79 años de existencia el pasado 23 de marzo y representa a 27 sindicatos de trabajadores de planta de Codelco y AngloAmerican -por la participación que mantiene la estatal en esa empresa privada- con 15 mil empleados llamados “rol B”.

Dentro de los hitos de la organización, destaca uno ocurrido en 1982 -plena dictadura cívico militar- cuando el presidente de entonces, Rodolfo Seguel (DC), llamó a un paro nacional junto a la cabeza de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, asesinado por inteligencia del Ejército el mismo año.

El abogado Samuel Donoso quien defiende a Nelson Pizarro Padre, señaló que la adquisición de la del terreno por parte del hijo de este último, por $ 75 millones, en Colina “es una infamia y una falsedad”.

Indicó que, por el contrario, el ex ejecutivo de Codelco canceló por el bien inmueble poco más $751 millones que, a su juicio, se acredita por uno de los cheques que constan en la carpeta investigativa de la fiscalía.

En el mismo sentido, aseveró que ha solicitado diversas diligencias “para desenmascarar esta falsedad”.

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Desde la defensa del ejecutivo, liderada por el abogado Samuel Donoso, criticaron fuertemente el contenido del escrito y apuntaron a que los hechos relatados por el organismo en el documento de 10 páginas son «prácticamente una copia de la querella de Codelco, la que fue presentada en diciembre del año pasado».

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La entrada Defensa de Nelson Pizarro acusa al CDE de falta de objetividad y actuar abusivamente se publicó primero en Mch.

El caso, que está radicado en el 7° Tribunal de Garantía de Santiago, apunta a la responsabilidad de Pizarro en el financiamiento de una casa a nombre de su hijo, Nelson Pizarro Contreras, ubicada en la comuna de Colina, a cambio del mencionado acuerdo comercial.

Según se detalla el escrito, dicha operación se cerró un mes antes de que asumiera Pizarro en Codelco.

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La entrada CDE presenta querella por cohecho en contra de Nelson Pizarro se publicó primero en Mch.

Hace solo dos días, la minera estatal, dio a conocer sus resultados financieros, en los que los excedentes aportados al Fisco cayeron en un 17% respecto del ejercicio anterior, totalizando US$1.340 millones.

En este escenario, y en medio de las mayores necesidades económicas que existen en Chile post estallido social, y ahora por la crisis del Covid-19, el líder de la estatal aseguró que la firma resulta esencial. «El país necesita de nuestros aportes para que el Estado pueda responder a la demandas de la ciudadanía», aseguró.

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La entrada Líder de Codelco apela a la ética en medio de cuestionamientos a Nelson Pizarro se publicó primero en Mch.

La decisión se basó en que, según el CDE, «existen antecedentes que acreditan la comisión del referido delito y la participación» que le cabría a los querellados, entre ellos, Pizarro.

Por lo que se zanjó «interponer querella por los delitos de cohecho y soborno, de los artículos 248 bis, inciso segundo, y 250, inciso tercero, ambos del Código Penal, y otros que pudieran establecerse, en contra de los señores Nelson Pizarro y José Miguel Julián González».

Lo anterior, en relación a la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

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Sumado a la acción anunciada por el CDE, la cual podría presentarse a finales de este mes, se encuentra la denuncia hecha por Codelco en noviembre pasado, cuando detectara un supuesto conflicto de interés que involucraría a Nelson Pizarro.

Eso luego de que un reportaje televisivo emitido hace algunos meses relatara los nexos entre Felipe Pizarro -hijo del ex mandamás de Codelco- con José Miguel Julián, quienes fueron socios en la sociedad Servicios, Asesorías e Inversiones JPMAQ.

Este último, en 2015, a través de la sociedad Indak, se habría adjudicado un contrato para remover mineral en la división Salvador de la estatal por un monto cercano a los $1.800 millones.

Lo anterior, se habría desarrollado en paralelo a una transacción entre Felipe Pizarro y el mismo Julían, cuando el segundo le habría vendido una propiedad en el sector de Chicureo, comuna de Colina, por un monto cercano a los $70 millones, siendo que el avalúo fiscal de la vivienda habría superado los $500 millones.

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