Y es que en Contraloría no cayó nada de bien el acuerdo celebrado por la Municipalidad Tierra Amarilla y la minera de cobre, que buscaba poner término anticipado a un juicio por daño ambiental iniciado en 2013.

Este, comenzó en diciembre de 2013, cuando la alcaldía presentó una demanda por reparación de daños ambientales contra la empresa, solicitando que los perjuicios ambientales fuesen reparados materialmente a través de actividades y una serie de otras conductas. Sin embargo, dicha demanda fue retirada ya que de forma paralela ambas partes acordaron llegar a un convenio.

En concreto, el convenio firmado en septiembre de 2015 incluía el pago de US$7 millones por parte de la minera, a cambio de que la alcaldía desistiera de la acción y renunciara también al eventual ejercicio de cualquier impugnación contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Candelaria 2030- Continuidad Operacional”, que fue aprobado ese mismo año.

Según información de la propia municipalidad, US$4 millones del total recibido se destinaron a cubrir los honorarios de los abogados contratados por el municipio. Los US$3 millones restante ingresarían al patrimonio municipal.

Sin embargo, tras una denuncia realizada por el diputado Alberto Robles, el órgano liderado por Jorge Bermúdez decidió analizar el acuerdo entre ambas partes.

A juicio de Contraloría, el convenio habría incurrido en una serie de irregularidades, tanto por la responsabilidad de la autoridad frente a temas ambientales como en los acuerdos en sí a los que se llegaron. Así indica un dictamen liberado hace unos días atrás.

“El convenio que se analiza no se ha logrado en objetivo de preservar la naturaleza a través de medidas concretas de reparación del daño medioambiental causado, sino que solo ha obtenido un incremento del patrimonio municipal y el pago de los honorarios profesionales de abogados”, indica el dictamen fechado al 15 de septiembre.

“En consecuencia, no se ajustó a derecho el actuar de la Municipalidad de Tierra Amarilla, la que deberá adoptar las medidas pertinentes para regularizar la situación descrita, informando de ello a la División Jurídica de esta Contraloría General en el plazo de 30 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio. También, y en igual término, deberá comunicar el destino de los recursos ingresados al patrimonio municipal en virtud del contrato de transacción de la especie y enviar las actas del concejo municipal en que se haya abordado tal acuerdo”, agrega la resolución.

Contraloría detalló que remitirá los antecedentes al CDE, y a la fiscalía de Contraloría para iniciar un procedimiento disciplinario en el municipio para que se determine la existencia de eventuales responsabilidades administrativas de sus funcionarios.

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