De esta forma, los Ministerios y sus nuevas autoridades quedaron conformados por:

• Carolina Tohá Morales en el Ministerio del Interior (deja el cargo Izkia Siches).
• Ana Lya Uriarte en la Secretaría General de la Presidencia (deja el cargo Giorgio Jackson).
• Giorgio Jackson en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia (deja el cargo Paula Poblete)
• Ximena Paz Aguilera Sanhueza en el Ministerio de Salud (deja el cargo María Begoña Yarza)
• Diego Pardow en el Ministerio de Energía (deja el cargo Claudio Huepe).
• Silvia Díaz Acosta en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (deja el cargo Flavio Salazar).

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Con un patrimonio de $124 mil millones, el fondo de inversión Moneda Renta CLP, cuyo portfolio manager es Fernando Tisné, convirtió a los bonos locales de SQM en su principal inversión en cosa de meses.

Si a mayo las cinco mayores inversiones en renta fija eran Banco Pine, FIP La Polar, Masisa, Maestro Perú y San José Tecnocontrol, a junio por primera vez aparecieron los papeles de SQM dentro del listado, representando un 4,5% de la inversión en papeles de deudas, los que en julio se transformaron en la principal apuesta, equivalentes al 6,6%.

Para junio el mercado había empezado a castigar la deuda de la empresa controlada por Julio Ponce, exigencias que al mes siguiente se profundizaron. Así, la serie C llegó a ser transada al 95% de su valor par, mientras que la serie H a un 98,3%, ambos rondando una TIR de 5%.

Fue justamente en dicho mes cuando en el marco del juicio arbitral contra SQM Salar S.A. y SQM S.A., Corfo hizo saber al árbitro Héctor Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, que no aceptaría la propuesta de conciliación formulada, hecho que votó al piso las acciones y bonos.

Fuentes de la administradora de fondos de inversión indican que “su estrategia es invertir en instrumentos de renta fija principalmente en el mercado local, y donde haya oportunidades en estos instrumentos. Estos bonos fueron muy castigados después de todas las noticias sobre Corfo”.

La apuesta de Moneda parece haber resultado, toda vez que los papeles saltaron y la serie C se transa a 98,3% y la H a 100,86%.

Con todo, la estrategia no es compartida por todos, pues la compañía estaría limitando su caja en vista de la posibilidad de realizar un pago de dividendos de alrededor de US$280 millones.

En medio de los últimos acontecimientos, la inversión de Tisné parece ser un voto de confianza a SQM, pues implícitamente cree que tendrá los flujos suficientes para pagar sus

El hecho ha causado sorpresa en el mercado, considerando que fue justamente Moneda el principal antagonista de Ponce en el marco del Caso Cascada, algo que tras la salida del empresario de los directorios de las sociedades a través de las cuales controla SQM volvió a quedar en evidencia. “Más vale tarde que nunca. Es bueno para la compañía y accionistas”, afirmó tras conocer la noticia el director y abogado de la firma, Pedro Pablo Gutiérrez.

Las compras se dan, además, en un período en el que las AFP, también duros opositores de Ponce y contra quien han entablado una serie de acciones legales, decidieron hacer una fuerte desinversión. Si a diciembre de 2014 la posición en las cuatro series de bonos de la minera no metálica llegaba a US$166,01 millones, a julio ésta era de US$39,4 millones.

El pasado martes las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Potasios y Pampa Calichera anunciaron la salida de Julio Ponce de los directorios y presidencias de las compañías, sellando la partida definitiva de la administración de las mismas, esto en medio del complejo escenario que enfrenta en términos penales, civiles, arbitrales y tributarios. Si bien se desconocen las causas concretas, el mercado apuesta a que la salida de la propiedad dispararía la acción y bonos de la empresa.

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Todo esto en el marco de la llamada Operación Linzor y la eventual falsificación de actas de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera, por la que será formalizado por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, liderada por el fiscal José Morales, el próximo 23 de abril.

Y según trascendió, en su última visita al Ministerio Público, Motta se refirió a la forma en la que llegó al grupo controlado por Julio Ponce Lerou, controlador indirecto de SQM.

En un momento de esa jornada, el ex ejecutivo fue consultado respecto a cómo se financiaba la compra y venta de acciones de las cuestionadas operaciones, a lo cual respondió que se recurría a créditos bancarios o emisión de bonos.

Luego, se le consultó acerca de la participación que tenía el empresario en las transacciones, a lo que respondió que Ponce Lerou nunca le dio instrucciones para realizar la compra y venta, ni tampoco intervino algún director.

Sin embargo, en una de sus intervenciones, Motta hizo hincapie en que ningún director, ni siquiera Pablo Guerrero, le hicieron saber que había algún problema con las operaciones, a lo que suma el que nadie de Moneda Asset o AFP Habitat le consultara o se quejara por las mismas.

El artículo por el que será formalizado Motta -quien fuera gerente general de Pampa Calichera, Norte Grande, Oro Blanco y Potasios- incluye «efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor, ya sea que las transacciones se lleven a cabo en el mercado de valores o a través de negociaciones privadas. Ninguna persona podrá efectuar transacciones o inducir o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento».

En caso de que el ejecutivo fuera encontrado culpable en tribunales, la ley contempla penas que van desde presidio menor en su grado medio a mayor en su grado mínimo.

El rol de la corredora

Por otro lado, al ser consultado por transacciones realizadas con acciones de las cascadas en 2010, a la hora de detallar la forma en que operaba con LarrainVial, Motta señaló que el procedimiento bursátil usado por la intermediaria para ejecutar las órdenes de compra y venta de acciones no era controlado ni instruido por él, ya que sólo se habría limitado a dar las órdenes de compra y venta.

La investigación

Según antecedentes de la investigación, a través de variados medios engañosos, Pampa Calichera realizó diversas transacciones (compras y ventas) ficticias, respecto de acciones SQM (serie A o B), en las que el vendedor no pretendía enajenar y el comprador no pretendía adquirir los activos que eran objeto de la compraventa. El verdadero y común objetivo de todas estas transacciones ficticias, se presume, era el de aparentar utilidades contables inexistentes, aún a costa de provocar una pérdida financiera a la compañía que realizaba las transacciones, las que incluso son anteriores a las consideradas originalmente en la arista Linzor.

Así, Aldo Motta habría aplicado el método de comprar acciones SQM a través de las cascadas, las que luego vendían casi inmediatamente. Dicha transacción se contabilizaba como si hubiera sido venta de las acciones «antiguas» valorizadas a menor precio, lo que permitía fingir una utilidad contable.

Ello ocurría por aplicación del método contable denominado «FIFO» («first in, first out»); así, se asume que, dentro de un inventario de cosas fungibles, el próximo ítem a ser vendido es el que ha sido almacenado por más tiempo.

Amplios Poderes para operar

La sesión extraordinaria de directorio de Norte Grande de agosto de 2012, es un ejemplo del poder que le había sido otorgado al ejecutivo por los integrantes de la mesa.

«Otorgar poder al señor gerente general, Aldo Motta quien actuando individualmente, la representará (a la sociedad) con las más amplias facultades, (…) y podrá: celebrar contratos de promesa; comprar, vender, enajenar, donar, arrendar, a cualquier título, toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, acciones, bonos o debentures y otros valores mobiliarios efectos públicos o de comercio; (…) celebrar contratos para constituir y/o ingresar en sociedades de cualquier clase u objeto, (…) asistir y representar a la sociedad con voz y voto en juntas ordinarias y/o extraordinarias de accionistas y asambleas en general».

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[SVS propone potenciar rol fiscalizador de directores de empresas y voto de minoritarios]

“La presente querella se refiere a la falsedad de dos actas de directorio, respectivamente correspondientes, una a la sociedad cascada Pampa Calichera y la otra a la sociedad cascada Oro Blanco, ambas supuestamente de fecha 29 de marzo de 2011, en circunstancias que las respectivas sesiones de directorio tuvieron lugar el día anterior, el 28 de marzo de 2011”, dice la querella presentada por el abogado de Moneda, René García, del estudio Etcheberry, García, Bragado & Cía.

La acción legal persigue que los involucrados sean sancionados por los delitos previstos en el artículo 59 letra (a) de la Ley 18.045 sobre el Mercado de Valores, figura penal que castiga con penas de presidio menor en su grado medio, a presidio mayor en su grado mínimo.

El jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, José Morales, formalizó el pasado 20 de enero por la denominada “arista Linzor” a Aldo Motta, gerente general de Pampa Calichera y Norte Grande y ex gerente de Oro Blanco; y a Claudia Morales, secretaria de actas de las sociedades cascada.

En paralelo, y mientras realiza nuevas pericias por la eventual falsificación, el persecutor sigue investigando la arista principal de este caso, que tiene que ver con la denominada causa “cascada”, por la cual Moneda se querelló el 30 de enero de 2014 y la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cursó multas el 2 de septiembre de ese mismo año por US$ 164 millones a los involucrados, entre ellos, a Julio Ponce (US$ 70 millones) y el mismo Motta (US$ 24,4 millones).

Perjuicio a la SVS

La querella de Moneda va en línea con los argumentos que ha planteado Morales en esta causa. Según ha dicho el fiscal, la eventual falsificación de actas habría obstaculizado el trabajo de la SVS cuando desarrollaba la investigación administrativa previa a cursar las multas. De hecho, la misma SVS entregó a Morales en diciembre del año pasado un peritaje en el que corroboró dicha tesis, agregando además que la eventual falsificación de los documentos habría sido funcional para las defensas de Ponce y Motta.

“Estas actas de directorio falsas fueron maliciosamente proporcionadas a la SVS (…) cuyos efectos se vieron agravados por el hecho de que, como se verá, dichas actas falsas fueron efectivamente recibidas y tomadas en cuenta por la SVS en importantes actos administrativos”, dice la querella de Moneda.

En esa misma línea, el libelo explica que la “grosera falsificación” apuntaba a “borrar el rastro de la participación criminal de Julio Ponce Lerou en la misma ‘Operación Linzorâ€â€, quien en pleno proceso de su defensa administrativa ante la SVS, dijo a través de sus abogados que “no tuvo participación alguna en lo que se refiere a las operaciones, las que fueron informadas en le sesión de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera de fecha 29 de marzo de 2011”.

Moneda además, pide que la acción legal sea remitida a la investigación que lleva adelante el fiscal Morales y que se cite a declarar a los directores de esa época de ambas sociedades cascada, Julio Ponce Lerou, Patricio Phillips Sáenz, Francisca Ponce Pinochet, Pablo Guerrero Valenzuela, Julio Ponce Pinochet, Aldo Motta Camp, Luis Eugenio Ponce Pinochet y Roberto Izquierdo Menéndez. También, en el escrito se pide citar a Claudia Morales, en esos años secretaria de actas de todas las sociedades cascada.

El fiscal Morales, en tanto, ya citó a declarar a esos directores en el marco de su investigación.

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La querella -que fue presentada en febrero de 2013- acusaba difusión de información falsa o tendenciosa al mercado y el delito de inducir mediante engaño a la compra o venta de acciones, delitos contemplados en la Ley de Mercado de Valores. Lo anterior, producto de un artículo de prensa donde la administradora de fondos habría dicho que bloqueó unilateralmente la compra y venta de acciones de las sociedades cascadas, mientras la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) mantuviera abierta la investigación del caso.

Dicha medida anunciada por Moneda no habría sido real, afirmaba en la querella Ponce, pues ésta habría seguido comprado papeles de las compañías en cuestión. Por esto, la difusión de esa noticia habría buscado manipular al mercado y desprestigiar a las cascadas, haciendo bajar el precio de sus acciones.

Conclusiones

Tras la investigación, los fiscales Tania Sironvalle y José Morales, establecieron que no es posible hablar de información falsa o tendenciosa y se descartó que hubiera un acto engañoso o fraudulento, al comprobarse que el bloqueo efectivamente existió y que operó al menos entre abril y agosto de 2012. “Al no ser constitutivos de delito los hechos de la querella, la Fiscalía Centro Norte pidió el sobreseimiento definitivo, el que fue aprobado por el tribunal”, destacó el perseguidor en un comunicado.

Asimismo, se aprobó el sobreseimiento definitivo de la ampliación de la querella presentada por Ponce, en la que aludía a las declaraciones que realizó el director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, a Radio Duna en abril de 2013, respecto al bloqueo autoimpuesto, al señalar que había comenzado el verano de 2012 y no en abril. En este punto, los fiscales indicaron que no hay antecedentes que establezcan que esa declaración se hizo con el objeto de inducir a error al mercado difundiendo información falsa, como exige el artículo 61 de la Ley de Mercado de Valores. De hecho, agregaron, esa información ya había sido difundida un año antes. Igualmente, se descartó que dicha declaración haya intentado inducir a otros mediante engaños a la compra o venta de valores.

Al respecto, el abogado de Moneda, René García, fue enfático. “Las imputaciones de Ponce Lerou contra Moneda en el sentido de que había difundido información falsa quedaron absolutamente desvirtuadas con el sobreseimiento definitivo”, dijo.

La Fiscalía comunicó, además, la decisión de no perseverar respecto de los demás hechos contenidos en la ampliación de la querella presentada por Ponce.

Trascendió que la defensa de Ponce apelará contra la decisión del tribunal. De ser así, ésta tiene como plazo cinco días corridos desde la resolución.

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Esta nueva junta tenía como ingredientes adicionales las sanciones aplicadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a algunos ejecutivos en el marco de su investigación del caso cascadas, y se está ad portas de que el gerente general de Norte Grande, Aldo Motta, sea formalizado penalmente.

Es inaceptable que quienes expresan o tácitamente han apoyado o validado lo actuado por el controlador y sus asesores pretendan seguir ocupando cargos en la administración de la compañía”, acusó Bertrand, en directa alusión al “caso cascada”, sancionado por la SVS, e investigado por el Ministerio Público.

“El mínimo pudor y decencia obligan a que quienes han sido objeto de cargos por parte de la SVS, o son imputados en una investigación criminal o han generado o validado actuaciones o interpretaciones que nuestros tribunales han declarado contrarias a la ley, cesen en sus cargos en la administración o asesorando a esta compañía y sus filiales y, por cierto, recibiendo remuneraciones de ésta”, agregó.

Por ende, y “apelando al más básico sentido común”, dijo, el representante de los minoritarios sostuvo que quienes han sido objeto de cargos y sanciones por la SVS, deben renunciar “de una vez por todas a ejercer cargos de director o gerente de esta compañía y de sus filiales y que en su lugar se proponga y designe para desempeñar tales funciones a personas cuya idoneidad no esté siendo fundadamente cuestionada”.

Con ello, aludió a los tres personeros ya mencionados.

Directores

Incluso, el motivo mismo de la junta extraordinaria tuvo un paso previo por Tribunales, pues fue ordenada primero por la SVS y luego confirmada por la Corte de Apelaciones, después de que ambas entidades constataran “anormalidades” en el encuentro efectuado el 30 de abril, destinado a elegir un nuevo directorio.

En ese entonces, Moneda no pudo elegir a Radoslav Depolo como representante, y finalmente el regulador y los Tribunales ordenaron repetir el encuentro.

En esta nueva junta fueron electos como directores dos representantes de los independientes, Rodrigo Zegers y el ex ministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Radoslav Depolo, a la vez que abandonó la entidad, Patricio Phillips. La particularidad de la votación fue que los dos candidatos independientes tuvieron el mayor porcentaje de votos con 13% cada uno, seguidos por los controladores Julio Ponce y su hermano, Luis Eugenio, con 12% cada uno.

Depolo dijo estar agradecido de la confianza depositada en él por las AFP y motivado “por el nuevo desafío de velar por una administración profesional y transparente, que beneficie los intereses de Norte Grande y de todos sus accionistas por igual”.

Asimismo, agregó que dentro de la próxima semana asistirá a una primera reunión de directorio, donde espera interiorizarse de la situación de la compañía e iniciar las labores que corresponden a su cargo.

La arista penal

Si las relaciones entre los minoritarios de la compañía, las AFP y Moneda entre otros, con el controlador ya son malas, la inminente formalización de Motta por parte del Ministerio Público, solo vino a añadir más conflictividad a la junta a la que, no tuvo acceso directo la prensa.

En los próximos días el ejecutivo sería formalizado por la arista que investiga la Fiscalía respecto a posible adulteración de instrumentos privados. Lo anterior producto de la existencia de dos actas de una misma sesión de directorio de Oro Blanco y Pampa Calichera que tienen como fechas 28 y 29 de marzo de 2011, y cuya emisión habría tenido como objetivo presentar información falsa al regulador financiero.

La arista es complementaria a la acusación principal que se dirige contra los representantes de las cascadas que es la realización de operaciones inducidas mediante mecanismos engañosos o fraudulentos.

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Las diferencias se originaron a partir del reclamo de Moneda ante el superintendente Carlos Pavez, luego de que en la pasada junta de accionistas de Norte Grande su candidato a director independiente, Radoslav Depolo, fuese excluido de la lista de votación.

Tanto Moneda como Norte Grande dieron diferentes interpretaciones legales a esto y, finalmente, la SVS zanjó el conflicto, ordenándole a la sociedad controlada por Julio Ponce citar nuevamente a junta para elegir a los miembros del directorio.
En este sentido, Moneda se hizo parte en esta acción legal para apoyar a la SVS en su decisión, la cual concuerda con su postura.

La entrada Caso Cascadas: Moneda se hace parte en recurso de Norte Grande contra SVS se publicó primero en Mch.

Por ello, se especulaba que los minoritarios no concurrirían, haciendo peligrar las transacciones. Sin embargo, Moneda acudió a ambas operaciones, por el total de su porcentaje en la propiedad, mientras que las AFP vendieron sus Opciones de Suscripción de Acciones (OSA), dando paso al ingreso de inversionistas retail.

La decisión de las administradoras de fondos de pensiones, implicó la llegada de nuevos inversionistas y la recomposición de la propiedad de ambas compañías.

Si bien la información no 
es pública, un accionista accedió a solicitarlas a las compañías, 
pues la ley establece que en sus oficinas debe mantener una lista actualizada de los 12 mayores accionistas.

Así, tras el aumento de capital, BTG Pactual Corredores de Bolsa, actuando por cuenta de terceros, se convirtió en el segundo mayor accionista de NG y OB, con un 3,96% y 2,81%, respectivamente.

En tanto, SQYA aumentó su participación en NG en 0,22%, y ésta última firma aumento su propiedad en OB en 0,15%.

Fuentes cercanas a Ponce aseguran que las administradoras de fondos de pensiones vieron caer su participación en NG cerca de un 30%, pasando desde el actual 8,44% hasta unos 6,6%. En tanto, indican las mismas fuentes, la dilución sería de un 25% en OB, en la que pasarían de tener el 14,74% a aproximadamente un 12,6%.

A pesar de que aún no están disponibles las cifras oficiales, en OB, donde figuraban dentro de los mayores 12 accionistas, las AFP cayeron desde el 11,98% a un 8,26%.

Zegers entra al comité


A pesar de la polémica elección del directorio de Norte Grande, al parecer la tensión ha comenzado a bajar. Esto porque luego de que el candidato de las AFP, Rodrigo Zegers, saliera elegido para integrar la mesa, aunque sin la calidad de independiente, debido a un error en el procedimiento de inscripción de su candidatura, el asunto pareciera quedar resuelto tras la constitución de la nueva mesa. Un hecho esencial enviado a la SVS por la compañía, informó que “se constituyó el Comité de Directores (…) integrado por los directores independientes Hernán Contreras Molina y Sergio Montes Varas, como asimismo por Rodrigo Zegers, quien fue designado como miembro del comité por la unanimidad del directorio”.

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En particular, Moneda cuestiona el caso de su candidato, Radoslav Depolo. Según el abogado Sebastián Oddó -que ofició como secretario de la junta- el postulante no cumplió con la entrega de una declaración obligatoria que debe hacerse con dos días de anticipación a la junta. En ella el postulante debe aceptar su nominación y acreditar que no le afecta ninguna inhabilidad.

La administradora advierte que, pese a que sus representantes -Carlos Frías y Vicente Bertrand- exhibieron copia de la declaración jurada, timbrada por Norte Grande, y en la que Depolo declara que acepta ser candidato a director, la mesa que lideró la junta -que fue integrada por Eugenio Ponce, Aldo Motta y Oddó-, no accedió a la solicitud para que el candidato fuera aceptado en la terna.

La firma pidió a la SVS que establezca que el acuerdo de la mesa para excluir a Depolo de la terna es ilegal.

También requirió que se apliquen sanciones en contra de quienes procedieron a excluir de la lista a candidatos a dicho postulante. Entre ellos, a quienes lideraron la mesa de la junta de accionistas.

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El 11 de octubre de 2012, Norte Grande solicitó a la SVS iniciar una investigación a raíz de que a principios de ese año, Moneda «habría iniciado una campaña en contra de Norte Grande» que buscaba presionar para que el controlador, Julio Ponce, fusionara las sociedades que forman la cascada que están sobre SQM.

Luego de más de un año de investigación, el organismo dirigido por Coloma concluyó que «la denuncia relativa a la campaña en contra de Norte Grande y sus filiales, y no obstante haberse realizado un acuciosa investigación sobre los hechos denunciados (…) esta no resulta plausible, no siendo posible estimar la existencia de las infracciones denunciadas».

«Se advierte que los fundamentos expuestos en la aludidas presentaciones y denuncias, según se ha expresado, no resultan suficientes ni ajustados a las figuras infraccionales imputadas. Asimismo, no se han encontrado evidencias ni sustentos que permitan tener algún hilo conducente a determinar la existencia de alguna infracción como la que el denunciante imputa», agregó.

La campaña, según Norte Grande, se habría orquestado a través de diversas publicaciones de medios de prensa, lo que además habría implicado caídas en los valores de las acciones de la cascada, lo que habría sido aprovechado por cercanos y ejecutivos de Moneda para comprar papeles.

Según Coloma, «no existe evidencia que permitan sustentar la hipótesis planteada en sus denuncias, en particular, la existencia de inversionistas que hayan vendido sus acciones como consecuencias de la publicaciones así como que esas transacciones influyeran en la tendencia del precio de las acciones, y en general, que las publicaciones hayan tenido efectos en el mercado accionario».

«Se observa que las afirmaciones de los denunciantes estarían más bien basadas en impresiones personales o especulaciones respecto de los cuales no se han acompañado fundamentos plausibles, ni antecedentes que sustenten los hechos denunciados», respondió Coloma.

Junto con ello, la SVS dio un listado de sociedades relacionadas a ejecutivos de Moneda y Consorcio a las cuales se les revisaron operaciones con acciones de las sociedades cascada, así como a los fondos de pensiones, y sus directores y ejecutivos principales. «Como resultado de dicho procedimiento, esta Superintendencia no constató que las transacciones de compras y operaciones simultáneas efectuadas por las personas mencionadas, algún comportamiento que diera cuenta de una conducta de aprovechamiento del efecto denunciado que habría generado la supuesta campaña orquestada», dijo Coloma.

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