La indagatoria, en la cual también participó la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, dejó a una persona de nacionalidad peruana detenida.

El jefe de la Región Policial de Arica-Parinacota de la PDI, prefecto inspector José Contreras, detalló que «son dos toneladas y media de cobre sustraído en distintos lugares de la región. Particularmente, hay cobre de tendido eléctrico, cobre asociado a cañerías que están vinculadas a sustracción en el interior de domicilios y también de algunos lugares públicos, como colegios y jardines infantiles».

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos, en una investigación coordinada con @Fiscalia_Arica, incautaron más de 2.5 toneladas de cobre robado, principalmente del tendido eléctrico, avaluado en más de 30 millones de pesos. Se detuvo a un imputado peruano por receptación. pic.twitter.com/2asgVailSI

— PDI_Arica (@PDI_Arica) March 17, 2026

«Logramos detener a una persona vinculada a este delito. Sin duda que seguiremos trabajando respecto a lo mismo», agregó.

La autoridad policial remarcó que «creemos que es importante dar a conocer a la comunidad estos hallazgos y estos resultados porque esto afecta a la ciudad por los cortes de alumbrado público, por los temas vinculados a la infraestructura crítica, pero también lo que hemos visto en materia de delitos medioambientales: las grandes humaredas que se ven en algunos sectores de la región. Lo podemos evidenciar a través de cómo se procesan los cables de cobre sustraídos para fundirlo y después comercializarlo de forma irregular en distintos lugares del país y también, probablemente, en el extranjero»

Asimismo, el prefecto destacó que «el trabajo del ecosistema colaborativo de seguridad pública, particularmente del Ministerio Público y las policías; y también relevar el trabajo que hemos venido haciendo con Seguridad Pública de la Municipalidad de Arica, a través de sus equipos que han ido contribuyendo a la obtención de información».

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Es así como dicho servicio instruyó a la estatal el mismo viernes 13 de febrero, la entrega inmediata y obligatoria de toda la documentación técnica y administrativa analizada por su directorio. En cumplimiento a esta exigencia categórica, Codelco remitió la totalidad de los antecedentes requeridos en el plazo demandado. «Estos documentos confirman inconsistencias graves entre la realidad operativa de la mina y lo informado oficialmente a la autoridad», afirmó Sernageomin.

En ese contexto, este lunes 16 de febrero el director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, sostuvo una reunión con altos ejecutivos de la compañía estatal, y se constituyó presencialmente en las oficinas de la Gerencia General de Codelco, con el fin de notificar el inicio de un proceso de revisión exhaustivo de los antecedentes. En dicha instancia, además, se exigió formalmente la máxima transparencia y celeridad en la entrega de toda la documentación técnica y administrativa, notificándose a la empresa que no se aceptarán sólo informes procesados, exigiendo acceso irrestricto y en tiempo real a los datos brutos de monitoreo sísmico y geomecánico, enfatizando que no se admitirá margen alguno de desviación en el flujo de datos, bajo apercibimiento de las máximas sanciones legales.

Tras el análisis preliminar de los antecedentes recibidos, Sernageomin ha resuelto presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público, con el objeto de que la justicia investigue la eventual comisión de delitos asociados, ante el ocultamiento o alteración de información técnica trascendental para la seguridad minera de la faena.

Dada la naturaleza estatal de la empresa, Sernageomin ha interpuesto también una denuncia ante la Contraloría General de la República, para que sea este organismo quien determine las responsabilidades administrativas y evalúe el estricto cumplimiento de los principios de probidad y transparencia que rigen a los organismos del Estado.

«El compromiso de Sernageomin con la seguridad minera es intransable. Esta colaboración técnica, basada en datos fidedignos, es fundamental para garantizar que la industria opere bajo estándares de excelencia, protegiendo con eficacia la integridad de cada trabajador y trabajadora de la minería chilena», recalcó el Servicio Nacional de Geología y Minería.

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La acción se funda en la exposición de antecedentes por parte del Ministerio Público en la formalización de los abogados Vargas y Lagos, y del contador Migueles Oteiza. El relato de la Fiscalía en esa audiencia confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec (CBM).

En el escrito ingresado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la Corporación sostiene que las intervenciones descritas por el Ministerio Público coinciden plenamente con las irregularidades advertidas desde 2023 y que derivaron en sentencias que obligaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones en favor del consorcio. La querella describe lo ocurrido como un “patrón de comportamiento”, en el que la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido reiteradamente para acelerar resoluciones y favorecer los intereses de CBM.

Codelco resaltó en el documento que la exministra “efectuó gestiones para que la sala conociera de la orden de no innovar y del fondo del recurso (…) sin que el presidente de la Corte Suprema hubiese dictado la resolución respectiva”, y que incluso ordenó “la dictación de una resolución intentando validar el conocimiento del fondo del asunto sin el previo decreto que ordenaba dar cuenta”. El texto agrega que las actuaciones de la exministra constituyen “infracciones a los deberes de su cargo ejecutadas a cambio de beneficios económicos entregados a ella y/o a su pareja”, según la evidencia expuesta en la formalización.

La querella también recoge episodios que la Fiscalía calificó como decisivos para acreditar los delitos de cohecho y soborno, entre ellos la serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra, inmediatamente después de que Codelco pagara miles de millones de pesos al consorcio. En particular, el escrito traza los pagos efectuados por Movitec al estudio Lagos y Vargas en fechas coincidentes con las resoluciones perjudiciales a Codelco y describe cómo una parte de ellos llegó, finalmente, a la cuenta corriente de Migueles a través operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro destinadas a ocultar el origen de fondos que la estatal considera ilícitos.

Alcances de la querella

La presentación recuerda que Codelco fue reconocida como víctima en la investigación abierta de oficio por el fiscal nacional en septiembre de 2024, y subraya que, desde entonces, la empresa ha colaborado activamente con ella, aportando todos los antecedentes, solicitando diligencias que generaron las principales líneas de investigación desarrolladas por el Ministerio Público y compareciendo en cada instancia, y ejerciendo su derecho a ser oída para contribuir al esclarecimiento íntegro de los hechos.

Con la querella presentada este sábado, la estatal busca seguir participando en la investigación con todas las facultades que la ley reconoce a los querellantes, con el objeto de que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, además de otros que puedan surgir durante la investigación. Codelco enfatiza que actuará con el máximo rigor para la defensa de la fe pública y la protección de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.

La querella fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por resolución de este 18 de noviembre de 2025.

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De hecho, desde la Policia de Investigaciones (PDI), señaló a MINERÍA CHILENA que «en lo que respecta a las Unidades dependientes de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales, la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta en el mes de febrero del presente año, realizó un procedimiento por el delito de Receptación, recuperando la cantidad 26,4 toneladas de cátodos de cobre, avaluados en la suma de $200.000.000 (doscientos millones de pesos), cuya empresa afectada es FCAB, Ferrocarril Antofagasta Bolivia«.

Incautación de cobre de los últimos cuatro años (Cifras PDI)

Según los datos entregados por el organismo, destacan Atacama, RM y Antofagasta como las tres regiones que registran mayor incautación y/o recuperación de cobre que representan el 77,2% del total general.

En suma, la institución se referió al modus operandi de este tipo de robos, y en particular, al último robo de cargamento de cobre reportado, donde señalaron que «respecto de lo ocurrido, sujetos premunidos con vestimenta de camuflaje, armados y bien coordinados, abordaron un tren en movimiento, utilizando violencia extrema al amenazar, golpear y maniatar a sus víctimas, sustrayendo sus especies personales, teniendo como resultado final los cátodos de cobre que eran transportados en el tren. Lo mismo ocurrió con el personal que escoltaba el tren y con los trabajadores que realizaban su labor en las vías, lo que resalta aún más la preparación detallada y la forma de ejecución en que se cometió este tipo de delito».

Por otro lado, la gerente general de FCAB, Katharina Jenny, señaló que «es absolutamente necesario detener este tipo de situaciones de extrema gravedad. Por nuestra parte, seguiremos reforzando las medidas de prevención para que tanto nuestros maquinistas y colaboradores, como también nuestras cargas, lleguen seguros a sus destinos. Sin embargo, hay labores de control delictual que escapan a nuestro ámbito de acción, por lo que resulta imperioso que las autoridades tomen carta en el asunto”.

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Con ese documento, de 10 páginas, el Ministerio Público chileno busca colaboración del Office of International Affairs (OIA) -división del Departamento de Estado- para “recabar todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecer los hechos investigados y determinar, de esa manera, la eventual responsabilidad que pudiera caber en ellos a o los imputados”.

Sobre este punto, se explica que si bien el estudio de abogados estadounidense Shearman and Sterling LLC -contratado por la minera- analizó 3,5 millones de documentos relativos a pagos cuestionados, la fiscalía accedió a un número inferior de antecedentes, “lo que permitiría suponer que se ha omitido u ocultado información relevante”.

Para explicar los alcances de la investigación en Chile, el fiscal Gómez detalló en el oficio la existencia de “diversos pagos, efectuados por SQM, a distintas empresas y personas respecto de los cuales no existe evidencia de haberse realizado los servicios que los justifiquen y utilizando facturas y boletas como gastos en las declaraciones anuales de renta, con lo cual se ha sustraído dinero a SQM S.A para destinarlo al pago de campañas electorales de diversos políticos chilenos”.

En el texto se señala que “se ha disminuido la base imponible sobre la cual se calculan los impuestos, existiendo tributos sin pagar en la oportunidad correspondiente”. Y se agrega: “Al descubrirse estos pagos sin justificación, la misma empresa solicitó al Servicio de Impuestos Internos la rectificación de sus declaraciones de impuestos. El monto involucrado asciende en el período 2009 a 2014 a más de US$ 11 millones. Todos los pagos fueron autorizados y dispuestos por el gerente general de SQM, a esa fecha, el señor Patricio Contesse González”.

Presidentes y partidos

En el mismo documento, el fiscal Gómez explicó que en el curso de la investigación se detectaron “pagos, sin que exista un servicio a cambio, por parte de SQM a personas naturales o jurídicas vinculadas objetivamente a los siguientes partidos políticos: Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Democracia Cristiana, Partido Regionalista Independiente, Partido Radical, Partido Progresista, Partido por la Democracia y Partido Socialista”.

En el mismo orden de ideas, se detalla que también hubo “personas naturales o jurídicas asociadas objetivamente a las campañas presidenciales de los ex presidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera; y de la actual Presidenta Michelle Bachelet”.

A fin de recabar mayores antecedentes de las actividades en EE.UU., el Ministerio Público solicitó “formalmente colaboración a las autoridades norteamericanas con el objeto de requerir al Securities and Exchange Commision (SEC) de EE.UU. una copia de todos los antecedentes entregados por la empresa Sociedad Química y Minera S.A., y que corresponden al reporte elaborado por Sherman and Sterling LLC, y que fueron informados como hechos relevantes ante la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, entre otros organismos”.

Los nuevos delitos que se investigan, dice el documento, corresponden a apropiación indebida, “otorgamiento de contrato simulado en contra de la misma, imputaciones indebidas en perjuicio del Fisco de Chile, omisión maliciosa en la declaración de impuestos y facilitación de facturas falsas”. Todos estos ilícitos, explicó Gómez en el escrito, “están sancionados con penas superiores a un año de privación de libertad”.

Uno de los antecedentes que la fiscalía detalla es el rol que habría tenido el ex gerente general de SQM Patricio Contesse. Según el documento, el otrora ejecutivo “empleó procedimientos dolosos encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas por la sociedad o a burlar el impuesto que como contribuyente aquella debía pagar, al haber resuelto e instruido el registro e incorporación en la contabilidad de la sociedad y en las declaraciones juradas respectivas, boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas, y la presentación de declaraciones de impuesto maliciosamente falsas”.

Para ello, dice el documento, 891 boletas de honorarios y 222 facturas falsas fueron pagadas por un monto total de $ 5.430.342.885, las que “fueron registradas e incorporadas en la contabilidad de la referida sociedad entre los años 2009 y 2014”.

Este no es el primer acercamiento entre ambos organismos de persecución penal, ya que a fines de enero funcionarios del equipo anticorrupción de EE.UU. contactaron a la fiscalía para conocer del caso SQM.

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Así, el Ministerio Público excluyó de su formalización las imputaciones más gravosa en su contra, con las que arriesgaba una pena de crimen.

En la misma audiencia, Gómez y las fiscales Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione, también ampliaron la formalización contra el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, a quien se le imputaron nuevas declaraciones de impuesto falsas, quedando con arresto domiciliario total, misma cautelar que cumple desde hace meses.

Según detalló ayer el Ministerio Público a la magistrada del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ema Tapia, “durante 2009 y 2010, Ominami, quien a la fecha era senador por la circunscripción de Valparaíso Cordillera, se reunió con Contesse para solicitarle apoyo económico para su reelección, (…) acordando una cifra de $ 150.00.000 que se pagó en cuotas”.

De acuerdo al equipo de fiscales, para concretar esos aportes, “Ominami instó a su amigo y dueño de la imprenta Alerce Talleres Gráficos, Milton Lee Guerrero (ex tesorero del PS), que le prestara sus servicios de imprenta, como la confección de gigantografías, pancartas y palometas alusivas a su campaña, para lo cual Ominami requirió a Lee, que emitiera las facturas a nombre de SQM, dando cuenta de servicios que jamás se prestaron por Alerce Talleres Gráficos a SQM”. Esto, porque en realidad fueron servicios prestados a Ominami.

Así, la fiscalía manifestó que “todo ello (se realizó) al margen de la Ley sobre Financiamiento de campañas políticas y con pleno conocimiento de esta circunstancia”. También detallaron que fue el ex senador, por intermedio de su secretaria y funcionaria de la Fundación Chile 21, Trinidad Donoso Muñoz, quien retiró los tres primeros cheques emitidos por SQM en pago de las tres primeras facturas emitidas.

Además, Gómez citó entre los antecedentes un correo de Donoso dirigido a Katherine Bischof, la ex secretaria de Contesse. Según el fiscal, por esa vía le entregó los datos de facturación de SQM, recibiendo como respuesta que se pagarían.

Respecto a la medida cautelar decretada por el tribunal contra Ominami, jefe Oficina de Litigación Penal de Impuestos Internos, dijo que “manifestamos nuestra conformidad con el fallo, atendido a que recoge los argumentos vertidos por el servicio en la querella”.

Al terminar la audiencia, el ex parlamentario, defendido por los abogados Carlos Mora y Pelayo Vial, reiteró lo que intentó decir al final de la audiencia ante la jueza, lo que le fue negado por el fiscal Gómez, quien le señaló que cualquier declaración debe hacerse en el estrado y con la posibilidad de ser interrogado por el Ministerio Público. “Ha quedado establecido que no soy contribuyente de IVA y que no me he concertado maliciosamente con nadie y que no ha entrado el más mínimo peso a mi cuenta”, dijo.

Consultado por qué no ha declarado aún, respondió que “hice uso de mi derecho a guardar silencio, porque no estaban todos los antecedentes y no es justo que el Ministerio Público tome declaración a una persona en una total desventaja, él teniendo todos los antecedentes y yo no teniendo ninguno”.

En tanto, la misma audiencia donde fue formalizado Ominami y Contesse, ayer la jueza Tapia resolvió aumentar el plazo de investigación en el caso SQM por cinco meses. Esto luego de que la fiscal Segura argumentara que aún hay 77 diligencias pendientes.

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«El Ministerio Público de Chile necesita apoyo de Ministerios Públicos extranjeros y viceversa. El medio oficial es el exhorto o requerimientos de asistencia internacional que debe enviarse siempre por conducto diplomático, sobre la base de tratados internacionales existentes entre ambos países. Hasta hoy Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia y por conducto diplomático, no ha pedido antecedentes del Caso SQM», explicó Eduardo Picand, director de UCIEX.

Según Picand, Estados Unidos es uno de los países con los que el Ministerio Público de Chile, tiene una mayor relación de cooperación jurídica internacional en causas penales, motivo por el cual nada de anormal tiene comunicaciones telefónicas o por correo entre nuestras oficinas, tanto por este caso como por cualquier otro».

«El Ministerio Público de Chile no ha enviado a EE.UU., por conducto diplomático, un requerimiento formal internacional pidiendo diligencias en ese país, y tampoco EE.UU. ha solicitado a Chile, por conducto diplomático, que la Fiscalía de Chile realice diligencias en nuestro país asociadas a este caso. Aquí lo único que ha existido es un correo electrónico de un asistente de la oficina anticorrupción del Departamento de Justicia, dirigido al Fiscal regional Pablo Gómez que lleva la causa SQM, para conocer cómo funcionan los mecanismos de cooperación y coordinación con Chile», dijo Picand.

El director de UCIEX indicó que durante este viernes se comunicará telefónicamente con el funcionario extranjero para contestar sus inquietudes referidas a la cooperación entre ambos países.

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Los controladores del holding Penta y el ex subsecretario de Minería ahora deberán cumplir con la cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, según informó Radio Bio Bío.

De acuerdo al Ministerio Público, la razón para mantener el arresto domiciliario total es que aún quedan diligencias pendientes por realizar y que incluso hay nuevos imputados que serán formalizados en las próximas semanas, argumentos que no fueron suficientes para convencer al juez.

Por su parte, el abogado defensor de los controladores del holding, Julián López, expuso que la investigación está agotada y que no hay necesidad de cautela porque no hay peligro de fuga.

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Esto porque el Ministerio Público tiene planeado llamar a declarar a todos los ligados a boletas y facturas que forman parte de las últimas denuncias del Servicio de Impuestos Internos (SII), incluidos los emisores de éstas, y no sólo quienes pagaron por los servicios que no se habrían prestado.

Entre los mencionados en la denuncia están Bancorp y Vox Populi, sociedades relacionadas al ex presidente Piñera, a las que se le cuestionan 20 facturas emitidas a SQM por $ 344 millones, aunque sus representantes legales son desde sus hijos Magdalena y Sebastián Piñera Morel; además de otros cercanos al ex mandatario, como el gerente general del family office, Nicolás Noguera.

También aparecen sociedades relacionadas a Sebastián, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, hijos del presidente de la DC, Jorge Pizarro.

La cláusula

El llamar a declarar a los emisores es un punto no menor dentro de la investigación. Esto porque, según cercanos, la última denuncia incluiría una cláusula especial que no aparecía en las acciones previas del SII: no incluir a los facilitadores de las boletas en las investigaciones de delitos tributarios.

De hecho, en la denuncia se especifica que respecto de las personas que facilitaron las boletas de honorarios o facturas falsas, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos que se investigan, el SII ejercerá oportunamente las acciones legales que correspondan, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación.

La frase se repitió en el comunicado de prensa que envió el jueves pasado el servicio, donde daba a conocer la nueva acción legal.

Cercanos a la investigación comentan que ésta no es la primera vez que esa institución «innova» en sus denuncias, pues en acciones previas de en este mismo caso, decidió sacar la frase «contra quienes resulten responsables» lo que es interpretado, como otra manera de acotar los alcances de la investigación de la fiscalía y la posterior persecución penal.

De hecho, en los inicios de esta línea de investigación, el mismo Servicio también había acotado el trabajo de la fiscalía al delimitar el periodo para la incautación de documentos sólo a julio de 2009.

La mención, incluida por el SII, encendió las alarmas para los relacionados al caso. Para muchos, es una maniobra para dejar fuera de la investigación a los políticos que han salido a la palestra, y que habrían financiado sus campañas mediante este sistema.

La respuesta del Servicio

Por su parte, cercanos al SII niegan que haya incluido explícitamente una cláusula que impida perseguir a los emisores de las boletas, y agregan que la última acción sigue el mismo formato que las previas.

De hecho, agregan, el Servicio está realizando investigaciones sobre los emisores y revisando antecedentes, que podrían llevar a presentar nuevas denuncias o querellas contra los que facilitaron los documentos durante la próxima semana.

De paso, las mismas fuentes desmintieron las publicaciones que circularon ayer que indicaban que el subdirector jurídico del SII haya sido apartado de la investigación.

Por lo pronto, la fiscalía seguirá hoy con las declaraciones: se espera que llegue el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac; mientras que los persecutores deberán trasladarse hasta las oficinas de los abogados de la senadora Ena von Baer para cumplir con la diligencia. Mañana llegaría hasta la Fiscalía Nacional el gerente de finanzas de SQM, Ricardo Ramos.

El directorio de SQM

La primera reunión

El 20 de enero fue la primera vez que el directorio de SQM trató el tema de la investigación que estaba llevando adelante la fiscalía, de acuerdo a lo que mencionarían las actas de la mesa y que fueron publicadas por el diario La Segunda. En la cita, donde no estuvo presente Contesse, su actual sucesor Patricio de Solminihac, comentó la información que requería el Ministerio Público y que se encontraron facturas por $ 25 millones para las sociedades involucradas.

La posición de los directores

El artículo menciona, además, que el hoy ex director Wayne Brownlee preguntó si se habían prestado los servicios por los que se emitieron las boletas y si había respaldo de ello. Otro ex miembro de la mesa, José María Eyzaguirre, propuso contactar a Contesse, lo que no tuvo respaldo de Hernán Büchi, quien señaló que el monto involucrado era bajo y que mejor esperaban a que Contesse explicara en el próximo directorio.

La visión de Ponce

Y aunque otro director, Juan Antonio Guzmán, dijo que había que tener un solo vocero para que emitiera una declaración, el presidente de SQM, Julio Ponce Lerou, prefirió esperar hasta tener más información.

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