El texto tiene como objetivo principal fortalecer al organismo mediante la entrega de un marco institucional, que permita hacerse cargo de las falencias y aspectos a mejorar identificados en estos diez años de vigencia, y en el cual se contemplen mecanismos para mejorar el cumplimiento ambiental.

Respecto a lo anterior, la instancia parlamentaria recibió la exposición de los académicos Pablo Soto y Rosa Gómez, de las universidades Austral y de Los Andes, respectivamente.

Soto explicó que la finalidad del proyecto no es aplicar más sanciones, sino que hacer cumplir la legislación ambiental. “Eso es radicalmente distinto a tener la intención permanente de sancionar a los regulados”, puntualizó.

En tanto Rosa Gómez, si bien destacó los beneficios de la norma, dijo que resulta gravitante que se analice con mayor detenimiento la capacidad presupuestaria que va a tener esta entidad. “No podemos pretender una institucionalidad vigorosa, si no se dota de recursos con la fuerza económica necesaria para llevar a cabo sus prácticas”, recalcó.

En representación del Ejecutivo asistieron la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas y la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Fiscalización Ambiental

Según manifestaron desde la Cámara, la propuesta reafirma y preserva el rol crucial de la SMA en el ámbito de la fiscalización y cumplimiento de la regulación ambiental. Para ello introduce ajustes necesarios en su regulación orgánica con el objeto de mejorar la eficacia y eficiencia de esas funciones.

De este modo, el cumplimiento ya no quedará vinculado preferentemente al instrumental sancionatorio, sino a un esquema diversificado de instrumentos de cumplimiento que, empleados de manera estratégica y transparente, permitan adaptarse a los distintos tipos de incumplimientos ambientales.

Asimismo, esta reforma busca subsanar las brechas, dificultades y vacíos que presenta el modelo de fiscalización y cumplimiento, junto con avanzar a un modelo que permita agilizar la toma de decisiones, fije reglas claras para todos los interesados y cumpla efectivamente su finalidad, esto es, dar respuesta oportuna al incumplimiento ambiental.

La instancia parlamentaria fijó como plazo el próximo lunes 8 de abril para recibir las propuestas de invitados. Una vez que esa ronda de audiencias concluya, se iniciará la votación del proyecto.

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La iniciativa crea un marco jurídico que permita hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático y transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Ello, hasta alcanzar y mantener la neutralidad de los mismos. Y, por otra parte, dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el Estado de Chile en la materia.

Además, se busca fortalecer y dar continuidad a las políticas, planes, programas y acciones. Esto último, con una mirada de Estado, a largo plazo, y que trascienda a los gobiernos de turno.

En esa línea, se propone definir una meta, gobernanza e instrumentos de gestión de cambio climático. Para esto se emplearán políticas públicas que se encuentren alineadas con la ciencia, para cambiar nuestra trayectoria de emisiones. Adicionalmente, se espera reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y velar por la seguridad hídrica el país.

De igual modo, se fijan planes sectoriales de mitigación y adaptación, con una actualización de metas cada cinco años. Incluye la obligación de informar a través de un sistema de monitoreo, reporte y certificación (MRV) anual bajo la responsabilidad del Ministerio del Medioambiente.

Detalle de la iniciativa

La propuesta establece la meta de carbono neutralidad y la resiliencia para el 2050. Precisa que Chile sería el primer país de América Latina en fijar dicho compromiso a través de una ley.

También reconoce los principios de no regresión y de progresividad, claves para avanzar en la determinación en la acción climática y evitar cualquier retroceso. Además, incorpora los principios de enfoque ecosistémico, equidad y justicia climática, territorialidad, transparencia y participación.

Señala al Ministerio del Medioambiente como autoridad en el cambio climático. Este tendrá nuevas atribuciones en su sector y en otras carteras y le corresponderá elaborar la Estrategia Climática de Largo Plazo.

Por otra parte, estará a cargo de la Contribución Determinada a Nivel Nacional. Esta contendrá los compromisos de Chile a nivel internacional, para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero e implementar medidas de adaptación.

Igualmente, preparará el Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático, el cual contendrá las políticas, planes, programas y medidas del cambio climático.

Planes sectoriales

Los ministerios sectoriales estarán a cargo de los Planes Sectoriales de Mitigación y de Adaptación al Cambio Climático. A través de ellos se estructurarán medidas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y encausar acciones para enfrentar el fenómeno.

Adicionalmente, las autoridades sectoriales que dicten o modifiquen normas deberán elaborar un Informe de Incidencia en la Gestión del Cambio Climático.

El texto, paralelamente, encarga funciones en sus respectivas áreas a los ministerios de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas. Junto a ello, regula el accionar de los Comités Regionales para el Cambio Climático y crea el Comité Científico Asesor para el Cambio Climático radicado en el Ministerio de Ciencias.

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