Al inicio de su presentación, la ejecutiva dio a conocer que el clima en Chile experimentará cambios significativos, destacando una reducción de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas, junto con una mayor frecuencia de sequías prolongadas y olas de calor. Asimismo, advirtió sobre el retroceso glacial, un proceso que se proyecta como irreversible durante cientos de años y que afectará la disponibilidad de recursos hídricos.

En este contexto, Jadrijevic entregó detalles sobre la Ley Marco de Cambio Climático: «Tiene una meta muy clara: alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 y convertir a Chile en un país resiliente, capaz de enfrentar el cambio climático sin pérdidas significativas y con un desarrollo sostenible. Además, establece principios jurídicos e instrumentos de gestión; formaliza parte del trabajo que ya se venía realizando e incorpora una nueva institucionalidad, otorgando competencias a distintos ministerios».

La normativa involucra a 17 ministerios con competencias en materia climática y establece sistemas de información, además de la obligación de incorporar el enfoque de cambio climático tanto en las políticas públicas como en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Asimismo, la ejecutiva enfatizó que el cambio climático se enfrenta desde dos dimensiones: la mitigación, orientada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero; y la adaptación, que reconoce que algunos efectos ya son inevitables y, por ello, busca planificar acciones de largo plazo para adecuar la sociedad a las nuevas condiciones climáticas.

Finalmente, presentó los principales instrumentos y herramientas tecnológicas disponibles para apoyar la evaluación ambiental, entre ellos los reportes de mitigación y transparencia climática; los sistemas voluntarios de certificación de huella de carbono, huella hídrica y esfuerzos de adaptación; el Inventario Nacional de Impactos; el Repositorio de Información Científica del Ministerio de Ciencia, y ARCLIM, el Atlas de Riesgo Climático, plataforma lanzada en 2021 que permite a empresas y comunidades explorar escenarios de amenaza climática.

Gestión comunitaria

En el mismo módulo, Javier Celedón, gerente de Asuntos Públicos y Desarrollo Social de Aguas Pacífico, abordó la importancia de la licencia social y de la gestión comunitaria previa al desarrollo de los proyectos. Como ejemplo, relató los desafíos que enfrentó la compañía para construir la planta desalinizadora multipropósito ubicada en Puchuncaví, la cual actualmente se encuentra en etapa de pruebas y cuya inauguración está prevista para octubre próximo.

El proyecto contempla una distribución del recurso hídrico de la siguiente manera: 50% para la minería (Anglo American); 25% para consumo humano, mediante un contrato firmado con Esval en la Región de Valparaíso; 5% para convenios con Servicios Sanitarios Rurales (SSR, antes APR), y el 20% restante para clientes industriales de la Región de Valparaíso.

El ejecutivo destacó que «este es un proyecto de adaptación al cambio climático, que utiliza el 100% de energías renovables, incorpora criterios de eficiencia energética en el diseño del acueducto, permitiendo que el 45% del agua fluya por gravedad; no considera chimeneas, aspecto especialmente relevante para Quintero y Puchuncaví; y utiliza un emisario sin succión con una moderna tecnología de difusión».

Pese a lo anterior, y aun cuando contaban con todos los permisos correspondientes, Celedón reflexionó que la empresa no dimensionó adecuadamente las características sociales del territorio donde se emplazaría el proyecto, lo que derivó en un conflicto que mantuvo paralizadas las obras durante varios meses.

«Es muy importante comprender las dinámicas sociales de los territorios, conocer sus historias y sus traumas. Quintero y Puchuncaví han tenido una historia muy compleja, por lo que es fundamental entender que los actores locales son muy relevantes», sostuvo.

Asimismo, explicó que posteriormente implementaron una serie de medidas junto a las comunidades, entre ellas monitoreos de salinidad y la construcción de una planta de procesamiento pesquero.

Adaptación de la infraestructura

Por su parte, Sebastián Rayo, gerente técnico de JRI Ingeniería, puso énfasis en los impactos y desafíos que el cambio climático representa para la infraestructura minera, centrándose en cómo los eventos climáticos extremos y las modificaciones en los patrones de precipitación afectan la continuidad operacional y la gestión de riesgos.

Rayo identificó tres factores principales de afectación: la ocurrencia de eventos climáticos intensos en períodos breves; el aumento de la elevación de la isoterma 0 °C, y la incorporación de flujos de detritos. Estos fenómenos generan consecuencias sobre la infraestructura minera, especialmente en instalaciones con varios años de operación, debido al incremento de los caudales, la presión que ello ejerce sobre las estructuras existentes y la mayor vulnerabilidad de obras como canales, tranques, concentraductos y botaderos.

En ese contexto, enfatizó la necesidad de implementar medidas de mitigación y adaptación, entre ellas revisar los criterios de diseño, realizar auditorías a la infraestructura existente, fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y reforzar los protocolos de respuesta frente a emergencias.

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El estudio se enmarca en la Política Nacional de Sitios Contaminados del Ministerio del Medio Ambiente, en el Plan de Acción Regional de sitios con potencial presencia de contaminantes y la agenda de trabajo de la Mesa Intersectorial de Pasivos Ambientales Mineros (PAM), que opera en la región y busca, a través de la colaboración, la implementación de acciones para fortalecer la gestión de pasivos mineros abandonados.

El relave Planta Carmen fue uno de los sitios priorizados para la gestión en el Plan de Acción Regional, debido a su condición de abandono, proximidad a viviendas, ciclovía, canchas deportivas, áreas recreacionales, establecimientos educacionales y al río Huasco, lo que confirma la presencia de receptores sensibles y una alta relevancia sanitaria y ambiental del sitio. El objetivo del estudio fue evaluar el riesgo ambiental y sanitario del sitio a través de la aplicación de la “Guía Metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes del Ministerio de Medio Ambiente”.

Plan de remediación

En la presentación realizada en Vallenar participó el delegado de la provincia del Huasco, Juan Donoso, y el seremi de Minería, Jonathan Carmona, además de representantes de la Seremia de Salud, Sernageomin y de la Municipalidad de Vallenar.

En Copiapó el documento fue presentado a los servicios públicos integrantes de la Mesa Intersectorial de Pasivos Ambientales Mineros, con el objetivo de informar y analizar los resultados de los riesgos para la salud de las personas y el medio ambiente, y el Plan de Remediación propuesto, acorde con el riesgo encontrado.

En ese ámbito, el seremi del Medio Ambiente, David Olivares, detalló que “el estudio contempló la recopilación de información histórica del relave, inspecciones en terreno, estudio del medio físico, de receptores, caracterización química del sitio, aplicación de un plan de muestreo, análisis de laboratorio, la evaluación del riesgo, la propuesta de un plan de gestión del sitio, entre otros”.

La autoridad agregó que “en base a los resultados obtenidos, las concentraciones de los parámetros analizados se encuentran bajo los valores de referencia para las matrices sedimento y agua superficial cercanas al sitio evaluado, lo que indica que no se evidencia un aporte significativo de contaminantes desde el relave hacia estas matrices, sin embargo, se identificó mayor concentración de metales de interés ambiental en el suelo del sector vinculado al material de relave, los cuales, fueron considerados para la evaluación del riesgo objetivo del estudio”.

A partir de estos antecedentes, el estudio no sólo definió medidas de corto, mediano y largo plazo para reducir la exposición y controlar el riesgo identificado, sino que además evaluó distintas alternativas de manejo y remediación del sitio. Entre ellas, se analizaron opciones de intervención progresiva, tales como medidas de control y confinamiento, recuperación de metales, excavación y disposición controlada del material, junto con otras alternativas técnicamente factibles para la gestión del depósito.

En consecuencia, Olivares precisó que el estudio establece una base técnica sólida para la toma de decisiones, definiendo una hoja de ruta clara para la reducción progresiva del riesgo, en coherencia con los lineamientos del Ministerio del Medio Ambiente y con foco en la protección de la salud de la comunidad de Vallenar.

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En la oportunidad, el Mandatario recorrió las instalaciones del Ministerio -el primero que visita fuera de La Moneda-, incluyendo el laboratorio y la sala de calibración de equipos del Departamento de Redes de Monitoreo de Calidad del Aire, así como la demostración del funcionamiento de la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental. Estas herramientas permiten contar con información técnica clave para la gestión ambiental y la toma de decisiones basadas en evidencia.

Durante la reunión, las autoridades analizaron los desafíos en materia de evaluación ambiental y la necesidad de fortalecer la gestión institucional, especialmente en lo relativo a la revisión de reclamaciones de proyectos de inversión y el cumplimiento de plazos en los procesos asociados.

La ministra Toledo destacó que «tuvimos una fructífera reunión con el Presidente. Pudimos conversar sobre cómo estamos dando cumplimiento al instructivo presidencial sobre resolver reclamaciones pendientes de proyectos de inversión. De hecho, tuvimos este lunes un Comité de Ministros donde se revisaron tres iniciativas de energía renovable. Estamos haciendo ajustes con el equipo del SEA para cumplir con los plazos, acortaremos los tiempos de pronunciamiento, porque queremos tener respuestas ágiles para todos los actores».

La secretaria de Estado agregó que «nuestra gestión como Ministerio priorizará tres áreas de trabajo. La primera, una buena implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Segundo, la agilización institucional, por un lado resolver este stock de reclamaciones, pero también recoger parte de la agenda legislativa que se ha venido trabajando, ajustando el Sistema de Evaluación Ambiental y mejoras en la Superintendencia del Medio Ambiente, además de ingresar un proyecto de ley con ajustes a los Tribunales Ambientales. Tercero, el área de residuos, ajustando aspectos de la Ley REP o haciéndonos cargo de los residuos orgánicos».

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Ambas causas son dirigidas en contra de la misma declaratoria, en cuya revisión se decretó la medida de inspección personal del tribunal con el objeto de verificar en terreno los antecedentes aportados por las partes.

Reclamación de uno de los propietarios

En esta causa, el reclamante Javier Ávalos afirma que el área declarada como humedal comprende tanto terrenos fiscales como privados y cuestiona la correcta aplicación de los criterios de delimitación, especialmente en lo relativo a la presencia de vegetación hidrófita, suelos hídricos y régimen hidrológico. Asimismo, sostiene que la decisión se habría sustentado principalmente en la interpretación de imágenes satelitales, sin suficiente verificación en terreno.

“Esta reclamación impugna la declaración del Humedal Urbano del Río Loa, en particular respecto de ciertos sectores asociados al fundo Esperanza, una de las propiedades comprendidas dentro de la esta declaración. Durante la inspección personal recorrimos cinco puntos, comenzando en el sector de las marmoleras, con el objeto de observar cómo el Ministerio del Medio Ambiente constató los criterios de vegetación hidrófita y régimen hidrológico necesarios para incorporar determinados sectores al Humedal Urbano Río Loa», explicó el ministro presidente.

Entre los argumentos del reclamante también se plantea una presunta falta de trabajo de campo en los sectores que afectarían su predio, particularmente en la zona de los vértices 16, 17 y 18, donde, según sostiene, se habrían incluido áreas que no reúnen las características propias de un humedal.

Reclamación de la empresa SQM

Por su parte, SQM sostiene que la declaratoria del humedal urbano del Río Loa no se encuentra suficientemente fundada, pues, a su juicio, no se acreditó de manera adecuada la concurrencia de los criterios técnicos exigidos para su delimitación.

En particular, cuestiona que se haya dado por establecida la presencia de vegetación hidrófita en sectores donde existiría más bien vegetación helófita propia de riberas, sin verificar suficientemente la existencia de suelos hídricos ni la relación entre los distintos criterios de delimitación.

Asimismo, alega que el Ministerio del Medio Ambiente no justificó de manera suficiente que todo el polígono declarado corresponda a un solo humedal, ni que exista continuidad ecológica verificable en toda su extensión. Junto con ello, afirma que el trabajo de campo y los antecedentes técnicos empleados serían insuficientes, tanto por la falta de representatividad del muestreo como por observaciones relativas a la determinación de las Condiciones Ambientales Normales (CAN), lo que habría incidido en una delimitación excesiva y arbitraria.

«Esta segunda visita tuvo por objeto constatar distintos puntos en terreno para verificar las alegaciones formuladas por las partes en el procedimiento. Luego de la inspección personal, el Tribunal levantará un acta con el detalle de las observaciones efectuadas durante esta diligencia. Ese registro constituirá uno de los elementos que deberá ser discutido en acuerdo, con miras a resolver estas causas y posteriormente dictar sentencia», explicó el ministro Alfaro.

Todos antecedentes observados en terreno por el equipo del tribunal serán incorporados al análisis jurídico y científico de ambas causas, con miras a la dictación de la sentencia definitiva.

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Según preciso el SEA, la Fase 2 de modificación del reglamento revisó 18 tipologías de proyectos y actualizó los umbrales de ingreso, de manera que proyectos de menor envergadura, no deban pasar obligatoriamente por una evaluación ambiental, siendo regulados en cambio por otros permisos sectoriales.

Al respecto, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, comentó que «esta modificación permite que el sistema concentre su esfuerzo donde realmente importa: en los proyectos con impactos ambientales relevantes. Es una mejora regulatoria basada en evidencia, que recoge la experiencia acumulada y que moderniza criterios, algunos de ellos vigentes desde 1997″.

Una de las principales innovaciones es la incorporación de criterios diferenciados para modificaciones de proyectos que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Con ello, no es exigible una nueva evaluación ambiental a cualquier modificación. En adelante, cuando se trata del mismo tipo de proyecto original, se solicitará una nueva evaluación sólo si la modificación genera nuevos impactos ambientales relevantes, lo que se determinará caso a caso.

Cabe destacar que todos los proyectos que no ingresen al SEIA seguirán regulados por normativas sectoriales, como las del Ministerio de Salud o de la Dirección General de Aguas, garantizando que no exista una desregulación de actividades con potencial impacto.

Con la modificación se incorpora un umbral de distancia mínima de 2 kilómetros para que las líneas de transmisión eléctrica deban ingresar al SEIA, siendo consistente con la legislación comparada de otros países. De acuerdo con el reglamento actual, todas las líneas de transmisión deben tener evaluación ambiental, sin distinguir entre aquellas de solo unos metros respecto de las que atraviesan varias regiones. Con esta modificación se está corrigiendo esta situación, concentrándose la institución en evaluar sólo aquellas líneas de transmisión de mayor envergadura.

Por otra parte, el Servicio de Evaluación Ambiental informó que ha dispuesto adecuaciones tecnológicas, técnicas y jurídicas en atención a la entrada en vigencia de la modificación al reglamento. Es así como se habilitó el e-SEIA para recibir los proyectos con sus debidas tipologías de ingreso actualizadas. Además, se realizaron los ajustes requeridos en el sistema de Pertinencia Ágil, recientemente modernizado y en el instructivo que norma ese proceso.

Esta modificación reglamentaria forma parte de un proceso más amplio de modernización del SEIA. En febrero de 2024 se publicó la Fase 1 de la modificación, que tuvo como principal objetivo la incorporación de la variable del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, y el fortalecimiento del acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.

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El reporte contempla más de 200 indicadores y aborda temas como: calidad del aire, recursos hídricos, biodiversidad, cambio climático y economía circular, en respuesta a la triple crisis ambiental de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación.

La presentación de los principales resultados estuvo a cargo de Víctor Caro, jefe de la División de Información y Economía Ambiental del MMA, quien expuso los principales indicadores y tendencias clave del reporte.

¿Sabes cuáles son los últimos indicadores en temáticas como biodiversidad, agua, suelos, océanos o cambio climático? Hoy lanzamos el REMA 2025, instrumento que permite evaluar y monitorear el estado de los distintos componentes del medio ambiente. pic.twitter.com/65upeOvY7J

— Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) January 7, 2026

Principales datos del informe

• Cambio Climático

Chile ya vive los efectos del cambio climático: las temperaturas extremas han aumentado, las precipitaciones disminuyen y la megasequía se prolonga por 15 años, afectando especialmente la zona sur. Este escenario intensifica olas de calor, incendios forestales y presión sobre el agua y los ecosistemas.

En esta línea, la ministra Rojas resaltó la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, con planes sectoriales de mitigación y adaptación aprobados en coordinación con 17 servicios del Estado. «Este esfuerzo sienta las bases para enfrentar la triple crisis con políticas robustas y participación ciudadana. El desafío ahora es alinear la inversión pública y privada con estos instrumentos para acelerar la acción climática«, dijo.

Desde el SEA, en tanto, su directora destacó que como Servicio «nuestra contribución en 2025 ha sido la aprobación ambiental de más de 41,000 millones de dólares en inversión. Son proyectos que demuestren a la sociedad que cumplen con la normativa ambiental y que se hacen cargo de sus impactos ambientales significativos, todo esto con participación ciudadana».

Agregó que «es nuestra función legal administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, asegurando trazabilidad, rendición de cuentas y participación ciudadana. Pero también es nuestra obligación hacer esto de manera eficiente y con el aporte que hoy nos entrega la tecnología”.

“Nuestra función legal es evaluar los proyectos, asegurando participación ciudadana, pero también es nuestra obligación hacerlo de manera eficiente. Y por eso estamos modernizando el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su plataforma electrónica, incorporando inteligencia artificial y una serie de herramientas que nos permiten dar mejor transparencia, un mejor conocimiento del estado del medio ambiente y del impacto de los proyectos en este», cerró Durán.

• Contaminación: avances y retos 

La ministra reconoció que la contaminación del aire, agua y suelo sigue siendo uno de los desafíos más complejos por su impacto en la salud y la existencia de pasivos ambientales. “Hemos actualizado planes y normas para sostener mejoras de calidad ambiental y reducir riesgos para la población”, precisó.

Entre los avances se destacaron: 21 Planes de Prevención y/o Descontaminación Atmosférica (PPDA) en 13 regiones entre Antofagasta hasta Aysén, que benefician a cerca de 12 millones de personas; la existencia de nueve normas primarias de Calidad del Aire vigentes; la consolidación de la Ley REP, con metas de recolección y valorización en funcionamiento.  Entre 2022 y 2025, los sistemas de gestión aumentan de 1 a 34, mientras que los productores adheridos pasan de 1 a 2.757. Asimismo, se han reportado la valorización de 215.592 toneladas de envases y embalajes entre 2023 y 2024 y el fortalecimiento de la fiscalización para asegurar el cumplimiento de metas y normas.

En este sentido la superintendenta Plumer hizo hincapié en que “el Reporte del Estado del Medio Ambiente 2025 entrega antecedentes claves sobre los desafíos ambientales que enfrenta el país. Estos datos confirman que el cumplimiento de la normativa es indispensable para proteger los ecosistemas y la salud de las personas. En ese marco, la Ley REP cumple un rol estratégico al promover una gestión responsable de los residuos y avanzar hacia una economía circular. La labor de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente y el fortalecimiento de la trazabilidad son fundamentales para asegurar que estas obligaciones se cumplan de manera efectiva.”

• Biodiversidad: puesta en marcha del SBAP 

Otro hito importante del período es la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que comenzará a operar en febrero de 2026. “Con el SBAP cerramos una deuda histórica. Hemos aprobado 13 reglamentos y definido 19 nuevas áreas protegidas, incluida la red de salares, para resguardar ecosistemas estratégicos”, destacó Rojas.

Desde el SBAP, su director Aarón Cavieres destacó que “este reporte 2025 destaca la instalación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, con el cual se completa la institucionalidad ambiental de nuestro país. Esto se traduce, en primer lugar, en que Chile integrará por primera vez todas las áreas protegidas (AP) del país en un solo sistema articulado de manejo, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Este incluye las AP terrestres y marinas, públicas y privadas, lo que significa que la ciudadanía podrá disfrutar del acceso a un número mayor de áreas protegidas”.

Agregó que “un tema novedoso aparejado a la creación del SBAP es el manejo de la biodiversidad fuera de las áreas protegidas, mediante un conjunto amplio de instrumentos donde la comunidad y el mundo privado con interés en la conservación tendrán un papel importante”.

Por último, el SBAP contará con un sistema de información pública sobre las áreas protegidas y las especies amenazadas, entre otros.

• Más detalles y datos del Reporte del Estado del Medio Ambiente (REMA) en el sitio sinia.mma.gob.cl.

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Al respecto, la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, destacó que “esta actualización es una herramienta fundamental para que las personas puedan respirar un aire más limpio. Estamos actualizando los estándares, en línea con la evidencia científica y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero lo hacemos con gradualidad y coordinación, considerando las realidades de los territorios y cuidando que este proceso sea justo para las familias”.

Según relevaron desde el ministerio, la actualización establece nuevos límites máximos de concentración para el material particulado fino, fijando un valor anual de 15 microgramos por metro cúbico (µg/m³) y un valor diario de 38 µg/m³, elevando el estándar de la norma vigente desde 2011 y que se alinea con las recomendaciones de la OMS.  En el caso de los episodios críticos, los rangos que definen alerta, preemergencia y emergencia se reducen respecto de los valores actuales, reforzando la protección de la salud de la población frente a episodios de alta contaminación.

Así también, resaltaron que la norma establece una gradualidad de cinco años para la entrada en vigor de los nuevos niveles de episodios críticos, desde su publicación. Este tiempo permitirá avanzar en la implementación de la Ley de Biocombustibles Sólidos, del Ministerio de Energía, y en las medidas de los planes de descontaminación, asegurando la correcta preparación en los hogares y las actividades productivas.

En ese contexto, el biministro de Economía y Energía, Álvaro García, afirmó que “como Ministerio de Economía, estamos comprometidos con impulsar estándares ambientales robustos con gradualidad en su implementación para facilitar el cumplimiento de los plazos y que dialoguen de manera coherente con el desempeño de sectores productivos estratégicos. Las decisiones abordadas hoy avanzan hacia una regulación más precisa, técnicamente sólida y consistente. Nuestro foco es asegurar que las necesarias normativas ambientales puedan proporcionar certezas para la inversión, permitiendo que el país progrese hacia un desarrollo sostenible con reglas claras y operativas”.

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Desde la cartera sectorial explicaron que la iniciativa, desarrollada en el marco del Programa de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS), busca consolidar información ambiental rigurosa y de libre acceso, fortaleciendo la planificación territorial y la toma de decisiones en Chile. El encuentro reunió a autoridades, representantes del sector público, privado, y académicos en torno a la Plataforma Tecnológica de Líneas de Base Públicas (PTLBP), herramienta que integra datos estandarizados para facilitar el acceso a información ambiental.

Entre los presentes, estuvieron el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; Álvaro Shee, jefe del Departamento de Información Ambiental del Ministerio; Cristián Rodríguez, seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región Metropolitana; y Sonia Reyes, seremi del Medio Ambiente de la Región Metropolitana.

Enfoque del programa

Durante la apertura, el subsecretario Proaño destacó el carácter estratégico del programa: “Las Líneas de Base Públicas son concebidas como un bien público que busca aportar con información rigurosa y transparente a los esfuerzos de descarbonización justa, resiliencia territorial frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad”.

Agregó que toda esta información se está publicando en la plataforma tecnológica que el Ministerio pone a disposición para aumentar la entrega de información a la ciudadanía y fortalecer la planificación territorial.

En tanto, Sebastián Abades, director del Programa LBP, expuso sobre los principales resultados del concurso adjudicado por la Universidad de Magallanes en 2023, que permitió generar una caracterización inédita del territorio austral. “Este trabajo representa un aporte metodológico para estudios en otras regiones, especialmente en lo relativo al levantamiento y la sistematización de información”, afirmó.

En tanto, la Universidad de Chile, responsable del estudio en la Región Metropolitana, presentó los avances en el levantamiento de datos sobre humedales urbanos, áreas de borde urbano, bosques y cursos de agua. La exposición la realizaron el investigador y académico de la Universidad de Chile, Cristian Estades y la directora del proyecto LBP RM, Dra. Pilar Barría, quien explicó que “estamos trabajando en la sistematización de variables que permitan contar con un diagnóstico ambiental actualizado y de libre acceso, integrando información biológica, ecológica y biofísica”.

Por su parte, la doctora Paola Poch, directora del proyecto LBP Antofagasta, detalló el estado de avance del estudio en la región: «Ya hemos avanzado en el levantamiento de información para incorporar a la plataforma nacional y hoy estamos en terreno recolectando muestras. Esperamos que pronto esté toda la información levantada”.

La jornada cerró con un panel de preguntas que evidenció cómo los tres proyectos —Magallanes, Antofagasta y Metropolitana— se complementan en su propósito de fortalecer la disponibilidad de información ambiental en distintos contextos territoriales.

Finalmente, Álvaro Shee destacó la importancia de las LBP para la gestión del capital natural, un tema que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Subrayó que contar con información ambiental estandarizada y accesible es clave para valorar, conservar y gestionar los recursos naturales del país, asegurando decisiones informadas frente a desafíos como la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Todos los antecedentes recopilados se están incorporando a la Plataforma Tecnológica de Líneas de Base Públicas (PTLBP).

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De acuerdo con la cartera sectorial, esta decisión se enmarca en el artículo octavo transitorio de la Ley 21.600 y busca incorporar de manera más sólida los aportes recibidos durante la consulta pública, la cual sigue vigente y ha reunido más de 2.000 observaciones.

Desde el Ministerio destacaron que el trabajo continuará enfocado en aclarar dudas, atender las observaciones y mantener un diálogo abierto con todos los actores involucrados, reafirmando su compromiso con un desarrollo sostenible e inclusivo.

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Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica del Norte, Rodrigo Jara cuenta con una sólida trayectoria en innovación, emprendimiento y gestión de proyectos con más de seis años de experiencia en sectores clave como la minería, educación superior, consultoría y desarrollo territorial. Posee un Magíster en Innovación Tecnológica y Emprendimiento de la Universidad Técnica Federico Santa María, además de diplomados en Innovación Corporativa y en Gestión de Cooperativas y Economía Social.

Como vicepresidente del centro de titulados de su carrera tiene experiencia en vinculación con la industria regional. Además, ha trabajado con startups enfocadas en la minería que impactan en la descarbonización. Su trayectoria incluye la coordinación de equipos multidisciplinarios, control de costos, seguimiento de indicadores y generación de reportes para altos directivos y organismos financiadores.

Rodrigo Jara también ha desempeñado roles relevantes en instituciones como Inacap, donde fue asesor nacional de emprendimiento, y en la Universidad Católica del Norte, donde fue docente en las áreas de diseño e innovación.

Desde el Ministerio manifestaron que su llegada al cargo representa una apuesta por fortalecer la articulación entre sostenibilidad y desarrollo regional, con especial énfasis en la transición ecológica y la descarbonización de la industria.

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