El reporte da cuenta de un avance global cercano al 78% de las 32 medidas comprometidas, estructuradas en cinco ejes orientados a enfrentar la emergencia laboral derivada del cierre de la siderúrgica Huachipato, acelerar la inversión pública y privada, y fortalecer la base industrial del Biobío en el mediano y largo plazo. En términos de estado de avance, un 50% de las medidas se encuentran finalizadas y un 28% en ejecución.

Este informe también será entregado al próximo ministro de Economía, Daniel Mas, con el objetivo de asegurar la continuidad de la política industrial regional y traspasar aprendizajes, brechas detectadas y líneas estratégicas levantadas a partir del trabajo en el territorio.

Contención de la emergencia tras el cierre de Huachipato

Uno de los capítulos centrales del informe aborda el impacto del cierre de la Compañía Siderúrgica Huachipato, ocurrido en septiembre de 2024. De acuerdo con los datos consolidados, un total de 7.168 trabajadores se vieron afectados por esta situación. A diciembre de 2025, el 60% de los empleados directos e indirectos mantiene continuidad laboral, proporción que se eleva al 80,4% en el caso de las y los trabajadores de empresas contratistas.

En este contexto, y como resultado de las medidas adoptadas, se alcanzó una tasa de empleabilidad de 78,1% para el conjunto de trabajadores afectados, lo cual da cuenta de una sólida inserción en empleo formal a la fecha.

Para contener esta emergencia productiva y laboral, el Gobierno desplegó un conjunto de medidas coordinadas de apoyo, que involucró a los ministerios de Economía, Trabajo y Hacienda. Estas acciones incluyeron $4.500 millones en subsidios de retención laboral, programas de capacitación (becas) e instrumentos de Corfo para la reconversión de empresas proveedoras, así como flexibilidades tributarias enfocadas en pymes afectadas.

Estos recursos, ejecutados en su totalidad, permitieron apoyar a 59 empresas que se adjudicaron el programa Activa Inversión y a 80 compañías participantes del programa Fortalece Pyme, todas ellas excontratistas de Huachipato. Adicionalmente, se fortaleció a dos empresas que se adjudicaron el programa Anillos Industriales de Hidrógeno Verde (H2V).

Junto con la contención de la emergencia, el informe destaca avances relevantes en la aceleración de inversión pública y privada, así como en la reactivación de sectores estratégicos para la región. Entre los principales hitos se cuentan el impulso a la Política Nacional de Construcción Naval, la adjudicación del Centro Tecnológico de Manufactura Avanzada e Industria 4.0 para el Biobío, el lanzamiento del FOGAES Productivo Regional y el trabajo de acompañamiento para destrabar proyectos de inversión privada en diferentes etapas de desarrollo.

Voces del proceso

El documento sistematiza, además, una experiencia inédita de gobernanza tripartita, con participación de trabajadores, empresas, academia y sector público. A la fecha, se han realizado 11 sesiones de la Secretaría Ejecutiva y ocho sesiones del Foro Estratégico Regional, incorporando mecanismos formales de seguimiento, trazabilidad y rendición periódica de avances.

«El informe incorpora testimonios de dirigentes sindicales, representantes empresariales, autoridades y académicos, lo que permite recoger una diversidad de miradas de los avances, dificultades y desafíos del Plan, constituyéndose en un insumo relevante para la toma de decisiones futuras», expresó el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García.

La autoridad añadió que «este informe cumple un doble propósito: rendir cuenta con transparencia ante el Congreso y dejar un insumo sólido para el próximo gobierno. La política industrial requiere continuidad, aprendizaje y memoria institucional».

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Plan, Carolina Parada, destacó que «este documento no sólo registra cifras y avances, sino que deja en evidencia la importancia de un diálogo público-privado real, con logros concretos y nudos críticos claramente identificados”.

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La instancia se dividió en dos bloques, donde cada representante contó con 20 minutos para exponer sus puntos de vista. Así, en el primero de ellos participaron representantes del Consejo Minero, la Cámara Chilena de la Construcción (Cchc), Generadoras de Chile, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y la Confederación de Producción y del Comercio (CPC), mientras que el segundo estuvo conformado por representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Wildlife Conservation Society Chile y el Observatorio Ciudadano.

Al inicio, el biministro García detalló la importancia de este tipo de diálogos en el marco de la nueva ley: «Estamos trabajando arduamente para dejar la mayor cantidad de cosas listas antes de marzo próximo y, por lo tanto, hay una enorme cantidad de reglamentos que hacer desde la oficina, integrando los proyectos estratégicos, que es un componente central de la iniciativa y que tiene definidos ciertos criterios generales para identificar proyectos estratégicos, básicamente que contribuyan al desarrollo sostenible del país”.

En la misma línea, el secretario de Estado expresó que “la intención es escucharlos para ver cómo aterrizamos ese criterio general en propuestas concretas que le permitan al Consejo de Ministros, que tiene que aprobar proyectos, poder aterrizarlos de la manera más objetiva posible”.

Por su parte, el jefe de la División de Fomento e Industria del Ministerio, Nicolás Marshall, precisó que se está trabajando en tres ámbitos en el proceso de implementación de la Ley: la creación general del sistema con la implementación de reglamentos y decretos con fuerza de ley; la implementación de técnicas habilitantes alternativas a las declaraciones juradas, y la capacitación a los funcionarios públicos.

“Lo que queremos hacer hoy día se enmarca en la implementación general del sistema, particularmente al reglamento que va a regir el funcionamiento de las iniciativas estratégicas de inversión, los proyectos priorizados«, puntualizó el jefe de división.

«Este mecanismo servirá para que, algunos proyectos seleccionados, reduzcan su tiempo de tramitación en un 50% en cuanto a los permisos sectoriales. Esto quedó de una manera bien general en la Ley y la idea es que podamos contar con un proceso de conversación donde podamos levantar algunos inputs de distintos sectores productivos”, cerró Marshall.

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En el marco del 87° aniversario de la asociación, su presidente, Fernando García, recibió el informe que destaca la importancia del sector manufacturero para el desarrollo de Chile, el empleo, la innovación y la tecnología, pero también expone las oportunidades que tiene frente al panorama global para revitalizar a estas industrias de la mano de la transición energética en rubros como el cobre, el litio y el hidrógeno verde.

El biministro García subrayó la relevancia de este documento para seguir impulsando esta industria clave para el futuro del país: “Con él damos un paso decisivo para volver a situar a la manufactura en el centro del desarrollo productivo de Chile. Hoy presentamos una hoja de ruta que mira el futuro de la manufactura chilena, identificamos medidas, oportunidades y desafíos concretos para sofisticar y diversificar nuestra industria. Queremos una manufactura más competitiva, más sostenible y con mayor valor local, porque ese es el camino para generar empleos de calidad y recuperar el dinamismo de nuestra economía.”

El documento plantea que para aprovechar las oportunidades existentes y maximizar el aporte de la manufactura al desarrollo del país, es necesario avanzar en dos direcciones: primero, aumentar el nivel de sofisticación de la industria, incorporando mayor conocimiento, tecnología e innovación (I+D+i) en sus procesos y productos; y segundo, promover su diversificación, buscando desarrollar nuevos encadenamientos productivos y sectores con potencial, aprovechando las oportunidades que entrega el contexto global.

“La manufactura es un sector que impulsa la innovación, la adopción tecnológica y la generación de empleos de calidad, irradiando conocimiento hacia toda la economía. En este documento, fruto de un trabajo colaborativo entre el mundo público y privado, buscamos construir una visión compartida sobre lo que hemos avanzado en el sector, identificando desafíos y oportunidades para el desarrollo futuro de la manufactura en Chile”, destacó la subsecretaria Petersen.

Alcances del informe

El informe elaborado por la División de Desarrollo Productivo Sostenible (DPS) del Ministerio de Economía en colaboración con gremios de este rubro, reúne y sistematiza las políticas e instrumentos orientados a fomentar la sofisticación y diversificación de la manufactura nacional, identificando un total de 47 medidas vigentes, de las cuales 32 han sido iniciadas durante este período de gobierno, entre 2022 y 2025. Entre ellas destacan el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, la Política Nacional Continua de Construcción Naval, como otras herramientas para potenciar las industrias del litio y el hidrógeno verde a nivel nacional.

El estudio observa el rol de esta industria en el empleo nacional destacando la participación laboral femenina, ya que es el tercer sector con mayor cantidad de trabajadoras: aproximadamente un tercio son mujeres. A nivel nacional, un 7,8% del total de mujeres que trabaja en forma remunerada se desempeña en la industria manufacturera. Al desagregar la distribución de sexo de la industria manufacturera por región, destacan algunas con un porcentaje cercano al 50% de participación femenina como Aysén y Coquimbo.

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Esta ley establece un nuevo marco regulatorio, que tiene como eje la modernización del Estado para que los permisos sean otorgados en tiempo y forma con el objetivo de reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de espera para la ejecución de iniciativas de inversión, y de un 50% para los correspondientes a proyectos estratégicos.

La normativa incorpora principios como la tramitación paralela de autorizaciones, el uso de técnicas habilitantes alternativas, la implementación de una ventanilla única digital y la creación de una institucionalidad técnica especializada. Esta ley modifica más de 40 cuerpos legales y marca un hito en la modernización del Estado al permitir que los proyectos de inversión avancen con mayor certeza, eficiencia y sin disminuir los estándares regulatorios vigentes.

 

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El ministro de Economía, Álvaro García, destacó que «con el avance del proceso de implementación de este nuevo marco jurídico, se constituirá la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, que supervisará y modernizará los trámites públicos y se implementará una línea de denuncias anónimas para personas o empresas afectadas por demoras injustificadas. El mecanismo de silencio administrativo, tanto positivo como negativo, también comenzará a aplicarse, permitiendo que los proyectos que excedan los plazos establecidos sean aprobados o rechazados automáticamente, con posibilidad de apelación”.

Si bien la ley ya entró en vigencia, varias de sus disposiciones clave contemplan un régimen de implementación gradual como las normas mínimas de procedimiento, el régimen de sanciones a jefaturas de servicio, la puesta en marcha de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales, el canal reservado de denuncias, la plataforma digital SUPER, la tramitación ágil de iniciativas estratégicas y el régimen de estabilidad regulatoria.

Estas medidas se desplegarán en tres fases: la primera, desde la publicación hasta los seis meses; la segunda, entre el sexto y el noveno mes; y la tercera, hasta completar un año desde la publicación. Este diseño transitorio busca asegurar una implementación ordenada, coordinada y eficaz del nuevo sistema, resguardando los derechos de las personas y asegurando la capacidad del Estado para responder a todo lo que mandata la ley.

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El líder gremial afirmó que “hoy se dio un primer paso para reducir los tiempos de tramitación de los proyectos de inversión en el país que, en el caso de la industria minera, se pueden extender hasta 12 años. Por lo tanto, si bien valoramos el trabajo realizado por el Ejecutivo, particularmente por el Ministerio de Economía, creemos que todavía queda mucho por hacer”.

A su vez, el presidente de Sonami explicó que “este proyecto excluye la tramitación de permisos ambientales, que son la principal traba para la ejecución de proyectos por su demora en la obtención de permisos. Por lo tanto, hubiésemos esperado que esta instancia legislativa consolidara los diversos proyectos que abordan los temas de permisos y autorizaciones para que la ley fuese efectivamente una ley marco, integral y que cumpliera con el propósito de simplificar y/u homogenizar esta materia”.

Riesco, en tanto, destacó también el trabajo y la apertura al diálogo de los parlamentarios, quienes tuvieron un rol importante al incorporar mejoras en este proyecto.

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En el encuentro, se compartieron y profundizaron propuestas con impacto en el desarrollo sostenible de Atacama.

En la ocasión, Nicolás Grau comentó que “reunirse con Corproa es algo relevante para nosotros. Es una organización que nos ayuda a plantear estrategias de desarrollo y políticas específicas que aporten al desarrollo de la región de Atacama y esperamos continuar este trabajo durante una visita en el primer semestre de este año”.

Asimismo, el ministro de Economía, Fomento y Turismo afirmó que “trabajamos para sacar el máximo provecho al desarrollo económico de la región a partir del positivo ciclo de inversiones en nuestro país. Una de las ventajas de Atacama es la diversidad de recursos mineros, lo que permite trabajar en conjunto una estrategia que fortalezca a los proveedores”.

En la oportunidad, los representantes de Corproa solicitaron prestar atención a los requerimientos de la minería atacameña y sus especificidades, apuntando a la consolidación de proveedores regionales que puedan abastecer a las empresas mandantes en un ciclo virtuoso de encadenamiento productivo.

En ese sentido, Juan José Ronsecco sostuvo que “agradecemos al Ministro Grau e InvestChile por la oportunidad de plantear las necesidades de la Mediana Minería atacameña. Esta industria tiene requerimientos que no necesariamente son los mismos del resto de la Industria Minera Nacional y, además, tiene un nivel de escalabilidad distinta a las operaciones de la Gran Minería. El interés de Corproa en esta reunión es apoyar a la industria y sus proveedores, los cuales contribuyen sustancialmente al desarrollo económico y social de Atacama mediante la generación de empleos directos e indirectos, además de una serie de programas que impactan positivamente en las comunidades y los territorios”.

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Este logro se materializó durante la visita del ministro de Economía, Fomento y Turismo de Chile, Nicolás Grau, y del vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), José Miguel Benavente.

El primero tiene por objetivo el desarrollo de nuevas tecnologías para la producción de litio metálico sostenible (6 USD millones) y el segundo se enfoca en la reducción de emisiones en el procesamiento de concentrados de cobre usando Hidrógeno Verde (H2V) (10 USD millones).

El recorrido de las autoridades por el Campus Concepción a fines de diciembre de 2024, se realizó en compañía del Rector de la Universidad de Concepción, Dr. Carlos Saavedra, quien hizo una síntesis de ambos proyectos.

Sobre la primera iniciativa la autoridad académica expuso que “trata de una nueva tecnología de procesamiento de concentrados de cobre en nuestro país, la que propone cero residuos, cero emisiones, por lo tanto, efectivamente está dentro de la huella total de desarrollo sustentable para minería en nuestro país”.

Con respecto del segundo proyecto sostuvo que “es muy disruptivo en términos de generación de litio metálico para nuestro país. El litio es tremendamente reactivo, ya nos han explicado, hay diferentes posibilidades de tener dificultades. En forma muy exitosa y en muy corto tiempo, el equipo de la Universidad logró responder a un desafío a partir de una consulta de Soquimich, de ver la posibilidad de producir litio metálico”.

Visión y propósitos 

El proyecto, titulado, “Núcleo Li-DIMET: desarrollo y escalamiento de procesos sostenibles para la producción de litio metálico en Chile”, que se desarrollará en conjunto con SGS Minerals S.A, Commissariat à l”énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) y la Usach, tiene como objetivo transformar la producción de litio metálico, un recurso esencial para las baterías utilizadas en tecnologías limpias como vehículos eléctricos y almacenamiento de energías renovables.

La Dra. Eugenia Araneda, académica de la Universidad de Concepción (UdeC), líder de la iniciativa, explicó que “la génesis se remonta a la época de pandemia en un trabajo conjunto con Soquimich, quienes son los encargados de la producción del litio a nivel nacional”.

En paralelo, enfatizó que “comenzamos a ver algunos temas a nivel conceptual y dentro de ellos salió esta idea de explorar orientada netamente al litio, haciendo una búsqueda sobre las posibilidades de avanzar en el valor agregado de éste, con lo que llegamos al tema del litio metálico”.

A su vez, Araneda, añadió que “la adjudicación fue una gran noticia, porque les permitirá de manera más rápida consolidar el Litio Núcleo Dimet, consolidarse en la producción de litio metálico y abrirse a alternativas más sostenibles, con diversas fuentes de alimentación, entre otras”.

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En la apertura del encuentro participaron, Marko Razmilic, presidente de la Asociación de Industriales de Antofagasta, Nicolás Grau, ministro de Economía y María José Becerra, gerenta general de Sercotec.

En la ocasión, el presidente de la AIA manifestó que “estamos convencidos que estos encuentros potencian las oportunidades de las empresas proveedoras y mineras”.

Así también, Razmilic comentó que “las empresas proveedoras están llamadas a realizar un rol fundamental. Los proveedores tienen un compromiso con la transformación de la minería, transitando hacia digitalización, la inteligencia artificial, la robotización. Además de la equidad de género, mano de obra local, diversidad y desarrollo de la economía local”.

Del mismo modo, el ejecutivo realizó un llamado a que “debemos ser competitivos y materializar los proyectos antes que otros países nos lleven la delantera”.

La visión del Gobierno, explicada en palabras del ministro Grau, es que “los proveedores juegan un rol fundamental para la economía”.

En ese sentido, el secretario de Estado contó que “es buena noticia que los proyectos de la minería para los próximos años son de altas inversiones. Tenemos una proyección de inversiones de más de 60 mil millones de dólares, lo que por supuesto es un ciclo positivo que tiene que ser aprovechado de la mejor manera”.

Además, agregó que “como gobierno queremos ayudar y fortalecer ese ciclo. Esperamos reducir los tiempos de permisos entre un 30-70%; asimismo, que un proyecto de la gran minería reduzca sus tiempos entre un 30 y 40%”.

En tanto, la gerenta general de Sercotec realizó el anuncio de un programa dirigido a los proveedores, al que se podrá postular dese este martes.

“El Programa Mejora de Negocios 2024 tiene como objetivo aumentar la oferta, productividad y mejorar la calidad de los productos y/o servicios, mejorando la competitividad de las micro y pequeñas empresas y cooperativas chilenas que son potenciales y proveedoras de la industria minera en el país”, sostuvo la ejecutiva.

Asimismo, María José Becerra explicó que “este programa de fomento productivo puede ser clave para disminuir las brechas competitivas de las Mypes, frente a las medianas y grandes empresas: acortando brechas de administración y logística; aumentando la conexión entre Mypes y grandes empresas en una determinada zona geográfica y, finalmente, fortaleciendo la confianza de las mineras en las Mypes como proveedoras”.

Según reveló durante su presentación, las postulaciones se extenderán hasta el próximo 29 de octubre. Las bases del programa se pueden encontrar en www.sercotec.cl

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El texto, que ya contaba con la aprobación de la Comisión de Economía, se revisó a la luz de diez artículos. Ellos se relacionaron con temas como el gasto fiscal involucrado y la institucionalidad encargada. Esta refiere a:

• Sistema para la Regulación y Evaluación Sectorial.
• Sistema de Información Unificado de Permisos Sectoriales.

Para su análisis se contó con la presentación del ministro de Economía, Nicolás Grau. Este expuso las motivaciones que se tuvieron a la vista, así como los acuerdos alcanzados en la comisión técnica. Asimismo, relevó los avances que implicará la constitución de esta normativa.

En la ocasión, Grau precisó que “los tiempos totales de tramitación sectorial de los proyectos de inversión serán reducidos en, al menos, 30% en promedio”.

Igualmente, dijo que habrá un aumento directo en el PIB, derivado de nuevos proyectos de inversión de un 2,4% en 10 años. Junto a ello, se incrementará la recaudación fiscal producto del adelantamiento de flujos futuros por 0,27% del PIB de 2023.

¿Qué involucra el proyecto de autorizaciones?

En la instancia, el ministro Grau remarcó que acá no se consagra ni menos ni más regulación, sino que “mejor regulación”. Así, la iniciativa pasa por crear un sistema que incluye políticas, instituciones, normas y principios para la correcta tramitación de autorizaciones. Además, se resguardan los objetos de protección inherentes a cada sector.

Por otra parte, se avanza en una “organización de autorizaciones en tipologías” y en la promoción de la regulación fundada en riesgos. A ello se suma la posibilidad del uso de avisos o declaraciones juradas.

Otra línea son formularios de ingreso y admisibilidad, como límite a la discrecionalidad funcionaria. También se pone límite a la espera de informes de otros organismos de la administración del Estado; se fijan plazos supletorios y reglas claras para ejercer el silencio administrativo; y se define un procedimiento transparente para la priorización de proyectos.

Adicionalmente, se promueve la colaboración público-privada en la tramitación de autorizaciones. Se suma a ello una institucionalidad que velará por el correcto funcionamiento del sistema; la administración y operación de una ventanilla única digital para el ingreso de solicitudes; y la revisión permanente de las autorizaciones, entre otros aspectos.

Apoyo al proyecto de autorizaciones

En la discusión, los diputados Jaime Sáez (FA), Alexis Sepúlveda (PR) y Carlos Bianchi (IND) expresaron su preocupación por la descentralización. Así, plantearon la necesidad de reforzar, por ejemplo, oficinas públicas que se ven sobrepasadas por falta de personal.

Del mismo modo, Jaime Naranjo (PS) y Miguel Mellado (RN) valoraron la constitución de una oficina al interior del Ministerio y no una entidad externa. De hecho, Frank Sauerbaum (RN) resaltó que esta modificación a la idea original ahorró al Estado más $600 millones anuales.

Mellado, en todo caso, relevó el acuerdo alcanzado en la Comisión de Economía, gracias a la conformación de una mesa técnica que superó las trabas. Dicho punto también fue refrendado por Boris Barrera (PC), quien aclaró que los nudos estuvieron en la institucionalidad.

Además, Barrera destacó las facilidades que se dan para las pymes y el hecho que se descartara de este sistema la parte medioambiental, punto que fue rescatado, igualmente, por Camila Rojas (FA), junto con reducir la discrecionalidad de los funcionarios públicos en la toma de decisiones.

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El foco de la cita estuvo en analizar los próximos pasos de la iniciativa, luego de que en junio pasado las partes firmaran en Berlín un Memorándum de Entendimiento para acelerar la producción de este material en el país.

Mediante este acuerdo, CAP –a través de CSH– se comprometió a poner a disposición del proyecto recursos e infraestructura, y a colaborar con SMS, Corfo y el Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania (BMWK) en tecnologías que contribuyan a descarbonizar los procesos de producción. SMS, por su parte, ofreció proporcionar asesoría técnica para el desarrollo de una tecnología sostenible de fabricación de acero.

Además, dentro de los objetivos de esta cooperación, se incluyen actividades de investigación y desarrollo relacionadas con tecnologías de descarbonización para actividades metalúrgicas e industriales; disponibilizar tecnología seleccionada de SMS mediante licencias u otras estructuras posibles a acordar; mejorar las capacidades tecnológicas dentro de la República de Chile; y promover el desarrollo económico y crecimiento sostenible.

Tras el encuentro, el gerente general de CAP, Nicolás Burr, destacó que “este proyecto es un paso concreto en nuestra Estrategia 2030, que tiene como ambición liderar la producción de materiales para la descarbonización. Asimismo, permite al país avanzar en una producción industrial más sostenible e incorporar tendencias innovadoras a nivel mundial”.

En esa línea, el vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de SMS, Jan Krull, añadió que “a través del desarrollo de tecnologías innovadoras para la descarbonización en el país, Chile está demostrando su compromiso con los objetivos climáticos globales, reforzando su base industrial y generando valor agregado en el largo plazo”.

En la reunión participaron también Víctor Ide Benner y Cornelia Sonnenberg, presidente y directora ejecutiva de la Cámara Chileno – Alemana de Comercio e Industria, representante oficial de la industria germana en el país.

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