Y es que comuneros de esta zona, que está en la parroquia Molleturo, de Cuenca, han denunciado que personas desconocidas pretenden ingresar a la concesión minera que dejó Junefield Ecuagoldmining South América.

Esta compañía, que es de China, en agosto de 2016 comenzó la etapa de explotación de oro y plata, pero tuvo que suspender sus operaciones en junio de 2018 por una orden judicial.

Luego, en 2019, después del paro nacional de octubre, fue obligada a salir definitivamente de este sitio por los habitantes, quienes advierten contaminación de fuentes de agua.

Sus campamentos fueron incendiados y destruidos, y sus oficinas y salones hoy lucen desolados. La maquinaría quedó al interior de una gran mina y toneladas de tierra y piedra permanecen en la superficie.

“Tengo la alerta, conozco de manera verbal, conozco que se podría presuntamente estar dando esta situación y de ser necesario hay que tomar medidas de manera urgente…”, reconoció José Jaramillo.

Para esta semana se espera un informe oficial del COE provincial, al que han sido convocadas instituciones como la Agencia de Regulación de Control Minero (ARCOM) y el Ministerio del Ambiente y Agua (MAA).

Millonaria demanda

Junefield Ecuagoldmining South América, propietaria del proyecto minero Río Blanco, en Molleturo, en febrero de 2020 demandó al Estado la falta de seguridad jurídica y del orden público para cumplir con su trabajo.

Esta firma extranjera ha reportado un perjuicio de cerca de 480 millones de dólares, y asimismo ha denunciado el robo de su maquinaría y la destrucción de su campamento.
Río Blanco es uno de los cinco proyectos mineros considerados como estratégicos que tiene Ecuador, y se calcula una reserva de 605.000 onzas (oz) de oro y de 4.307 millones de plata.

Detalles

El proyecto minero Río Blanco es una concesión minera que inició en 1993 a cargo de la empresa Rio Tinto-Zinc Corporation (RTZ), de Gran Bretaña. La vida útil del yacimiento está calculada en unos 11 años.

Luego pasó a la compañía San Luis International Minerals Corporation (IMC), de Canadá y finalmente, en 2012, fue vendida al grupo Junefield Ecuagoldmining South América, de China.

Con lo que se debía extraer en minerales el Gobierno Nacional calculó un beneficio de 191,49 millones de dólares en recursos directos, impuestos y utilidades laborales hasta 2027.

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La minería de oro a gran escala sin licencia por parte de bandas criminales, rebeldes de izquierda u otros armados ilegales puede causar graves daños ambientales en el país sudamericano, uno de los más biodiversos del mundo.

La explotación de oro de aluvión fue detectada a distancia en 98.028 hectáreas en 2019, en comparación con las 92.046 hectáreas del año previo, dijo el informe de ONUDC y el Ministerio de Minas y Energía.

El oro aluvial se extrae de ríos en donde se encuentra mezclado con arena, grava o arcilla por lo que se utilizan químicos altamente tóxicos como el mercurio y el cianuro para separarlo.

“La explotación ilícita de minerales atenta contra el medio ambiente y la seguridad de las personas, se roba recursos de todos los colombianos y es una de las dos principales fuentes de financiación del crimen organizado”, dijo el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en una conferencia de prensa virtual.

El Gobierno busca aumentar los castigos para las personas que sean sorprendidos realizando actividades mineras ilegales, especialmente en áreas ambientalmente protegidas, aseguró Mesa, mientras que continúa formalizando y capacitando a los pequeños mineros.

Sólo el 27% de las áreas de oro de aluvión detectadas solicitaron permisos legales y ambientales, mientras que el 7% estaba en proceso de legalización. El 66% restante es producción ilegal, precisó el informe.

El estudio no incluyó cifras sobre la minería de oro subterránea ni de minería de subsistencia.

Los departamentos de Antioquia, Chocó y Bolívar representan el 88% de la producción de oro de aluvión. El 52% se realiza en zonas donde la minería está prohibida por razones ambientales.

“Estos resultados recalcan la importancia de nuestra cooperación bilateral en este tema”, dijo durante el evento el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al reiterar la preocupación de su país por la participación de los grupos armados en la minería ilegal.

El oro de aluvión coincide a menudo con la producción de hoja de coca -la materia prima de la cocaína-, según el informe.

El 43% de las zonas en las que se detectó producción de oro de aluvión el año pasado tenían cultivos de coca en 2018.

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Desde la entidad señalaron que debido a una denuncia anónima realizada hace algunas semanas a Sernageomin, el Servicio acudió a fiscalizar, y fue cuando un grupo de trabajadores se fugaron del lugar. Por lo anterior, el director regional junto a personal de la Gobernación, volvieron a concurrir, donde se encontraron elementos que confirmaban la continuación de trabajos ilegales en el sector.

El viernes, a raíz del aviso del accidente, nuevamente llegó personal de Sernageomin donde se pudo constatar el fallecimiento de un hombre de 73 años, determinándose preliminarmente como causa del accidente el atrapamiento producido por un deslizamiento del terreno.

Junto con anunciar la respectiva investigación por parte del Sernageomin, se informó que este accidente será denunciado ante la Fiscalía Regional para que se determinen las responsabilidades penales pertinentes.

Minería ilegal

Alfonso Domeyko, director nacional del Servicio, reiteró el llamado a no ejercer la extracción minera de manera informal, agregando que “si bien en los últimos 10 años, luego del accidente de la mina San José, la minería ha mantenido una constante disminución en la accidentabilidad y fatalidad, en torno al 75%, todavía existe una minería informal e ilegal que erradicar, la cual pese a la acción fiscalizadora, hemos visto que se ha activado en estos últimos meses por el alza del valor del cobre y la lamentable cesantía existente en el país a raíz de la pandemia”.

En la misma línea, la autoridad enfatizó que “hacemos un llamado a todos quienes participan en la industria minera, compañías, productores, trabajadores, asociaciones gremiales, compradores, contratistas, a que realicen las denuncias respectivas a Sernageomin ante cualquier toma de conocimiento que tengan de actividades ilegales, especialmente de aquellas que se desarrollan en áreas apartadas o de difícil acceso, ya que siempre exponen la vida y seguridad de las personas que ahí trabajan”.

Domeyko también informó que “en Sernageomin vamos a continuar poniendo foco para que este tipo de actividades irregulares no se desarrollen, sobre todo dado el intenso trabajo de fiscalización que hemos realizado durante la pandemia, período en el que hemos intensificado nuestras fiscalizaciones, buscando siempre proteger la vida de los trabajadores de la minería”.

Asimismo, hizo un llamado a regularizar este tipo de actividades, “es primordial que todos quienes están ejerciendo la minería informal se acerquen a Sernageomin para regularizar su situación y obtener los permisos respectivos, como también a las Seremías de Minería, las que cuentan con fondos económicos para apoyar el desarrollo en materias de seguridad”, recalcó.

Desde Sernageomin señalaron que en lo que va corrido de este 2020 se han producido 9 accidentes fatales con 10 fallecidos, y donde cuatro de los nueve accidentes han ocurrido en actividades irregulares.

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En la cita participó el viceministro de Minas, Augusto Cauti, quien realizó una exposición sobre la situación de la minera ilegal en la zona de integración fronteriza con Ecuador y los impactos en las diversas provincias ubicadas en Tumbes, Piura, Cajamarca y Amazonas.

En su calidad de presidente de la Comisión Multisectorial Permanente frente a la Minería Ilegal del Perú, el viceministro Cauti indicó que es indispensable impulsar acciones multisectoriales en forma sostenible, particularmente en la Cordillera del Cóndor en la provincia de Condorcanqui (Amazonas).

En la cita binacional los participantes reafirmaron los compromisos de fortalecer la cooperación bilateral contra la minería ilegal y sus delitos conexos que atentan contra la seguridad y generan graves daños sociales, ambientales y económicos; acuerdos adoptados por los Jefes de Estado en el XIII Gabinete Binacional Perú – Ecuador, llevado a cabo el pasado 7 de noviembre en la ciudad de Tumbes.

La Comisión Mixta también aprobó los procedimientos y plan de trabajo 2020 de este mecanismo binacional destinado a combatir este flagelo de manera integral y articulada.

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Los rescatistas suspendieron las tareas de búsqueda por temor a un posible incendio o presencia de gases tóxico bajo tierra, indicó la televisora estatal SABC.

Cuatro mineros ilegales fueron rescatados el domingo de la mina, donde esperaban encontrar oro.

No estaba claro cuántas personas había desaparecidas, aunque algunos medios dijeron que «varias» seguían atrapadas porque se habían desmayado tras inhalar monóxido de carbono.

La minería ilegal es habitual en Sudáfrica, un importante productor de oro y platino. Las sanciones por minería ilegal incluyen multas y penas de prisión en algunos casos.

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Esta grave actividad ilegal que está acabando con amplias zonas de Colombia se está realizando especialmente en las mismas regiones en las que las redes de narcotraficantes han establecido sus cultivos de coca y los laboratorios para el procesamiento de la droga.

Esto se desprende del primer informe sobre los daños causados al medioambiente por la minería de oro en aluvión, en el que se usó la misma tecnología satelital para detectar los cultivos de coca.

El documento, realizado por el Ministerio de Justicia y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), evidenció que en el 2014 el país ya tenía 78.939 hectáreas afectadas por la actividad de redes criminales que controlan la minería ilegal. (Vea el especial: Minería ilegal: los cráteres que se devoran a Colombia)

La ciudad de Barranquilla tiene 15.400 hectáreas, por lo que cada año en Colombia se estaría arrasando por cuenta de la minería ilegal un territorio mayor al ocupado por la capital del Atlántico.

Este tipo de minería arrasó en el 2013 con 24.450 hectáreas de cobertura de alto valor ambiental (bosques naturales y vegetación secundaria), casi 10.000 más que las destruidas por los cultivos de coca, que llegaron a las 15.404 hectáreas.

Según el documento Colombia, explotación de oro de aluvión: evidencias a partir de percepción remota, este tipo de explotación dañina es principalmente ilegal, pues solo el dos por ciento de las áreas detectadas coinciden con regiones que cuentan con licencias ambientales, títulos, solicitudes de legalización o propuestas de contrato. El 40 por ciento tiene amparo de títulos o solicitudes de legalización pero sin licencia ambiental, mientras que el 60 restante no tiene ningún permiso para la explotación.

Durante el lanzamiento del informe, el representante de la UNODC, Bo Mathiasen, advirtió sobre los nexos entre actividades ilegales como la minería y el narcotráfico. “Es preocupante el desarrollo de criminalidad. A pesar de su riqueza, las regiones afectadas por las explotaciones de oro hoy están sumadas a la violencia, falta de oportunidades, pobreza y daños ambientales que no les permiten tener una vida plena, al igual que les ocurre a los territorios con presencia de cultivos de coca”, señaló Mathiasen.

Sin embargo, el viceministro de Medio Ambiente, Mauricio Mira, dijo que no todas las personas que se dedican a actividades mineras sin los permisos legales son criminales, sino que muchas llegaron a ese trabajo por factores económicos y culturales.

Chocó, el más afectado

El 46 por ciento de ese grave daño ecológico se registró en las selvas del Chocó, uno de los pulmones ambientales del país. Ese departamento junto con Antioquia abarcan el 79 por ciento de las zonas afectadas en Colombia.

Un caso alarmante es el de Nechí (Antioquia), donde hay 6.232 hectáreas de vegetación arrasadas por este fenómeno. La dramática situación de esta población del Bajo Cauca antioqueño fue documentada por EL TIEMPO en un especial sobre minería ilegal realizado del pasado diciembre.

Los consejos comunitarios afrodescendientes tienen en su territorio el 46 por ciento de las zonas explotadas. Las imágenes satelitales tomadas para realizar el estudio también mostraron evidencias de la existencia de retroexcavadoras, dragas, dragones y balsas en cinco de los 59 parques nacionales naturales. Mientras que otros nueve tienen a menos de 20 kilómetros de distancia explotación de oro a cielo abierto.

Y aunque los resguardos indígenas tienen una afectación mucho menor, se detectaron 803 hectáreas arrasadas por las máquinas en el siete por ciento de estos territorios.

Esa explotación no solo está cambiando el paisaje del país, ya que esas zonas dejaron de tener amplios bosques y hoy están convertidas en áreas desérticas, sino que por cuenta del uso de mercurio y cianuro están contaminando también los ríos y acabando con la vida en esos cuerpos de agua.

El informe indica que en cuatro de las cinco macrocuencas del país se concentra la explotación de oro a cielo abierto. En las subcuencas ubicadas al nororiente de Antioquia y el sur de Bolívar, hay más de 1.000 hectáreas afectadas en cada uno de los municipios de Zaragoza, El Bagre, Nechí, Caucasia, Segovia, Montecristo y Santa Rosa del Sur.

En el Pacífico, los más afectados son los afluentes de la zona norte, que bañan los municipios de Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Condoto y Tadó, del Chocó. Y al sur, los de los municipios de Barbacoas y Magüí, en Nariño.

Jorge Londoño, ministro de Justicia, dijo que esta es una oportunidad para tomar decisiones. “Esto nos brinda luces y una bitácora para saber cómo debemos actuar. Los resultados son preocupantes y alarmantes, pero por lo menos lo sabemos. Podemos entender el fenómeno y tomar acciones concretas”.

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El organismo defensor de los derechos humanos en Colombia alertó del impacto que tiene la minería ilegal para la salud de la población del departamento del Chocó, en un informe al que tuvo acceso Notimex.

Una misión de la Defensoría del Pueblo visitó recientemente varias zonas mineras en el Chocó, y comprobó “la trágica huella de esa actividad (minería ilegal), particularmente sobre las fuentes hídricas y la salud de los habitantes”.

Según la Corporación Autónoma Regional (Codechocó), el año pasado había 54 dragas trabajando en la explotación aurífera, “cifra que de acuerdo con los datos que maneja esa corporación, representa un incremento del 184 por ciento en relación con la maquinaria que había en 2012”.

La Defensoría del Pueblo señaló que estos indicadores están en proceso de verificación, pues según la misma comunidad habría por lo menos 200 dragas acondicionadas por los mineros.

“El inconveniente es que existen algunas zonas donde el acceso no es expedito por la influencia que sobre este negocio tienen grupos armados ilegales como las FARC, el ELN, los “Rastrojos” y “El Clan Úsuga”, advirtió la institución.

De acuerdo con la información recopilada por la Defensoría del Pueblo, al menos ocho ríos (Atrato, San Juan, Andágueda, Apartadó, Bebará, Bebaramá, Quitó y Dagua), han sido contaminados y su cauce desviado por la intervención abrupta e irregular de los complejos mineros.

Pero lo más delicado son “las consecuencias del vertimiento de mercurio sobre los ríos y la dispersión de los vapores que arroja su tratamiento en los entables, situaciones que representan un alto riesgo para la salud de la comunidad”.

El agua de estos afluentes es utilizada para el consumo directo, la pesca, el baño y el lavado de la ropa y los utensilios de cocina, de las comunidades que habitan en las riberas de estos afluentes.

Según un Informe de la Comisión Independiente del Ombudsman, la exposición del ser humano al mercurio deriva en enfermedades como tos persistente, diarrea, fiebre, aumento en la tensión arterial, edema pulmonar, dermatitis, abortos espontáneos y malformaciones genéticas.

A esta problemática se suman “las difíciles condiciones de abastecimiento de agua y saneamiento básico desde el punto de vista de la infraestructura de servicios públicos, dado que en las poblaciones objeto de la visita no existen rellenos sanitarios”.

Señaló el informe que “las basuras se disponen a cielo abierto, en ocasiones son arrojadas a las fuentes hídricas, y no hay plantas de tratamiento de agua potable ni de aguas residuales”.

Una investigación de la Universidad Externado de Colombia concluyó que Colombia es el país con mayor contaminación por mercurio en América.

La sola extracción artesanal de oro en las diferentes regiones de Colombia, emiten unas 180 toneladas anuales de mercurio, un metal peligrosísimo para la salud.

La investigación universitaria plantea que el 70 por ciento de los Andes colombianos y cerca del 40 por ciento del total de la estructura geológica del territorio colombianos tienen explotación minera.

“La búsqueda de equilibrio entre estas demandas es un mandato de carácter constitucional que debería tender puentes de relacionamiento entre los intereses de los sectores productivos y medioambientales”, señaló el estudio de la privada Universidad Externado de Colombia.

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El operativo, que contó con el apoyo de la Policía, tuvo lugar a orillas del río Cauca, a la altura del municipio de Caucasia, cuando los tres individuos realizaban las actividades ilícitas de explotación, según la Armada.

Caucasia, municipio del Bajo Cauca antioqueño, ha sido una zona tradicional de explotación minera y de comercialización de coca y por su ubicación estratégica, un territorio disputado por la guerrilla de las Farc y el Bloque Mineros de las Auc.

Las autoridades decomisaron en la operación cuatro motobombas, cinco canecas de ACPM y otras tres de gasolina.

Los capturados están acusados de cometer delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño a los recursos naturales y contaminación por la explotación de yacimiento minero e hidrocarburo.

Según cifras del Gobierno, actualmente hay 233 municipios que tienen minas ilícitas, especialmente en departamentos como Antioquia, Bolívar, Córdoba, Cauca, Chocó y Nariño, territorios en los que confluyen varios actores armados.

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(Portal El país) Un equipo especializado en salud pública adelantará un estudio en los ríos de Buenaventura que permitirá medir los niveles de mercurio que tienen los afluentes a causa de la minería ilegal.

El estudio, que iniciará cuando termine el periodo de Ley de Garantías, será desarrollado en ríos como El Dagua y Sabaletas,  ya que han sido identificados como los más afectados por este flagelo.

“Lo que buscamos es prevenir que más adelante nos podamos afectar, aunque hay que dejar claro que el agua que consumimos viene de otro lado”, explicó David Caicedo Sabogal, secretario de salud de Buenaventura.

También se pretende prevenir enfermedades congénitas en los niños de estas zonas que se puedan generar por la presencia de mercurio en el agua, por no descubrirse de manera oportuna.

El estudio que tendrá un costo de 30 millones de pesos colombianos será desarrollado con apoyo de la secretaría de Salud Departamental.

Las muestras de agua serán enviadas a laboratorios especializados en Bogotá donde determinarán el grado de posible contaminación de los afluentes con metales pesados como el mercurio.

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En la nota publicada por el ministerio peruano se señala que mediante una videoconferencia realizada recientemente en la sede de la Cancillería, este grupo de coordinación estableció nuevos plazos para la actualización de la normatividad e información compartida en 2014. Además se estableció con las autoridades colombianas una agenda para la revisión de la matriz de seguimiento del Plan de Acción, así como nuevas propuestas y futuras reuniones.

De esta manera, se conformaron subgrupos de trabajo, interinstitucionales en cada país a fin de abordar temas específicos, incluyendo el referente a comunidades vulnerables, que englobe temas de trata de personas, trabajo infantil y conflicto con comunidades campesinas, liderado por el Ministerio de Trabajo.

En ese sentido, se dará cumplimiento a los informes pendientes por cada Institución, con miras al próximo segundo Encuentro Presidencial y segundo Gabinete Binacional de Ministros de Perú- Colombia a realizarse a fines de este mes.

Cabe indicar que este grupo de coordinación fue creado con la suscripción de la “Declaración de Iquitos”, en ocasión del Encuentro Presidencial y Primera Reunión del Gabinete Binacional de Ministros de Perú-Colombia, realizado el 30 de setiembre de 2014, de conformidad con el compromiso 16 del Eje de Seguridad y Defensa.

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