El acuerdo fue presentado por las partes involucradas en la demanda y revisado por el órgano jurisdiccional, estableciéndose cuatro consideraciones que tienen como fin resguardar el cumplimiento de las medidas comprometidas.

Uno de los objetivos centrales de los alcances planteados por los ministros tiene relación con dar cumplimiento al artículo 44 de la Ley 20.600, que exige que estos órganos jurisdiccionales resguarden la indemnidad del daño ambiental, es decir, revisar que las medidas que se lleven a cabo se hagan cargo del daño causado.

Entre dichas acotaciones están la entrega al tribunal de una carta Gantt que consolide las medidas y los plazos de ejecución con el fin de procurar el debido cumplimiento y seguimiento del acuerdo. También, se solicita que en la medida relativa a actividades de compensación socioambiental al haberse visto afectado el sistema de vida y costumbres de comuneros- se considere en el diseño y ejecución del Plan de Manejo Agropecuario, la contratación de un médico veterinario o veterinaria, u otro profesional idóneo para determinar la compensación necesaria que permita llevar a cabo el compromiso de restituir los animales que pudieron haber muerto a consecuencia del derrame y los eventuales daños que se podrían haber generado en la masa ganadera sobreviviente.

También, se acota que la elección o designación de las entidades técnicas o empresas consultoras externas que deberán estar a cargo de las labores de limpieza y la realización de muestreos y análisis de aguas y suelo (medidas 2 y 3) deberá recaer en entes de acreditada experiencia y con un reconocido prestigio nacional o internacional en materias de su especialidad.

Asimismo, las partes deberán fijar los criterios técnicos adecuados y autosuficientes de los informes y de los respectivos anexos que se evacuen en el proceso de ejecución del acuerdo, que garanticen el correcto entendimiento y fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, SMA y del Primer Tribunal Ambiental.

Avenimiento

El avenimiento presentado por la comunidad y la minera contempla seis medidas de gestión socioambiental, compensación y reparación ambiental, que están en directa relación con las bases de conciliación entregadas por el tribunal.

Es así como la primera de ellas dice relación con la conformación de una mesa de diálogo, la que ya está funcionando con reuniones mensuales y que tiene como característica principal la participación de la Casa de la Paz como órgano facilitador, además de la participación de dos representantes de la comunidad Río Jorquera y de la empresa.

La segunda medida consiste en el término de las labores de limpieza y restauración del lugar donde se produjo el derrame de hidrocarburo, ya que, si bien la zona fue sometida a labores de contención en un primer momento, quedaron residuos de aquellos trabajos.

En tanto, la tercera medida contempla la realización de nuevos muestreos y análisis de aguas superficiales y subterráneas y de suelo, además, la realización de un estudio de flora y fauna potencialmente afectada. Mientras la cuarta medida consiste en la facilitación y avance de tareas de monitoreo y restauración ambiental de mediano plazo.

La quinta medida tiene relación con los comuneros directamente afectados con actividades de compensación socioambiental a través de la preparación y ejecución de un Plan de Manejo Agropecuario, que debe ser apoyado por el SAG y que permitirá resarcir el daño causado a los comuneros por muerte o afectación de su ganado. La sexta medida dice relación con la fiscalización y reporte del cumplimento del acuerdo.

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Con una inversión de US$1,4 millones, la iniciativa a desarrollar en la comuna de Tierra Amarilla considera en la habilitación y explotación de cuatro canteras de extracción de áridos, cuyo objetivo es la producción de material de empréstito para su utilización en ciertas obras de cierre del proyecto Refugio.

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En la nueva audiencia, los abogados Nancy Yañez por la demandante y Juan José Eyzaguirre por la demandada, expresaron su satisfacción por el avance en las conversaciones entre las partes y explicaron que se han efectuado tres reuniones para definir el alcance y contenido de la mesa de diálogo sugerida por el tribunal.

“Hemos focalizado el esfuerzo de acuerdo en las primeras de estas medidas que el tribunal nos está proponiendo, que es esta mesa de diálogo. Lo que hemos discutido es primero tratar de ponernos de acuerdo en detalles porque queremos evitar que después se nos generen conflictos por temas operacionales. Estamos bastante cercanos para ir cerrando estos temas para ir avanzando a los puntos siguientes de las bases”, aseguró Juan José Eyzaguirre.

También, el ministro presidente, Mauricio Oviedo, explicó que es relevante que la mesa cuente con la respectiva legitimidad de todos los integrantes y ofreció el apoyo necesario del tribunal para actuar como un tercero imparcial que facilite el proceso.

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“Este convenio es un hito muy relevante para los pequeños mineros del país, ya que podrán acceder a nuevos terrenos para desarrollar su actividad, aumentando su producción y generando nuevos puestos de trabajo en la región”, afirmó el ministro Baldo Prokurica.

El secretario de Estado agregó que “la pequeña minería juega un rol fundamental en el desarrollo económico de las regiones del norte y por eso, se ha estado trabajando en diversas medidas para apoyar a este sector que se ha visto afectado por las variaciones del precio del cobre y los aluviones de 2015 y 2017”.

El seremi de Minería de la Región de Atacama, Felipe Carrasco, explicó que “las compañías mineras cobrarán un arriendo simbólico, el cual no superará el 1% de las ventas de minerales que realice el productor. Además, el pago de las patentes la realizará la compañía, por tanto, no tendrá costo para los pequeños mineros”.

Además sostuvo que en las próximas semanas nuevas compañías se podrían sumar a este convenio y elevar la cantidad de hectáreas para arrendar.

Las empresas que firmaron el convenio de cooperación fueron: Minera Candelaria, Minera Ojos del Salado, Kinross Minera Chile, Mantos de Oro, Minera Maricunga, Norte Abierto SpA, Minera Lumina Copper, Sociedad Punta del Cobre, Atacama Kozan, Minera Carola, Nueva Unión SpA, Minera Santo Domingo SCM, y Compañía Minera del Pacífico.

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En los considerandos pertinentes de la sentencia, el órgano judicial establece que la empresa “ha causado daño ambiental al ecosistema de la vega Valle Ancho, en particular, a su biodiversidad y componentes asociados, por lo cual se la condena a reparar el medio ambiente dañado”.

La zona mencionada está ubicada en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, parte a su vez del Sitio Ramsar, Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa (Región de Atacama).

En su resolución, el Tribunal sostiene que el análisis de la prueba realizado permitió determinar que entre un quinto y un tercio del territorio mencionado está seco, mientras que otro tercio estaría en vías de desecación.

“La causal del daño radica en la extracción de aguas subterráneas, lo que a su vez significó el incumplimiento de sus resoluciones de calificación ambiental (RCA) tanto respecto a los efectos que ello podía ocasionar en las vegas, como en cuanto a las medidas que debía adoptar ante impactos no previstos”, indica la sentencia.

Defensa de la empresa

Durante el proceso legal, Minera Maricunga sostuvo que en las circunstancias señaladas se encontraba “haciendo un legítimo ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas debidamente otorgados”. También argumentó en su defensa que a su entender la vega de Valle Ancho se encontraba fuera del área de influencia del proyecto, conforme lo habría establecido su evaluación ambiental.

En relación al primer argumento, la sentencia declara que “el ejercicio de los derechos deja de ser legítimo cuando vulnera normas jurídicas o permisos vigentes, en este caso, las obligaciones impuestas por las RCA respecto de impactos no previstos”.

Sobre el segundo punto, el Tribunal afirma que “incluso si se entendiera que la vega Valle Ancho se excluyó del área de influencia del proyecto, según lo afirma la demandada, yerra asimismo al pretender que una delimitación de área de influencia en sede evaluación ambiental sea de algún modo vinculante en sede daño ambiental”.

Como consecuencia de esta determinación, se ordenó a la empresa la elaboración de un plan de reparación que aborde adecuadamente el daño ambiental causado, el cual deberá ser presentado ante la superintendencia del Medio Ambiente.

En relación con una segunda demanda interpuesta por la afectación en la vega Pantanillo, del mismo Corredor Biológico, el Tribunal rechazó la acción debido a que ésta se encontraba prescrita.

Los expedientes de las causas referidas a estas demandas están disponibles en:

D-26-2016: http://2ta.lexsoft.cl/2ta/search?proc=3&idCausa=189

D-27-2016: http://2ta.lexsoft.cl/2ta/search?proc=4

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En el procedimiento sancionatorio indicado, la Superintendencia concluyó que la compañía no cumplió con sus obligaciones de dar aviso y de adoptar las acciones necesarias e idóneas para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la disminución del nivel freático en la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda, y el consecuente desecamiento de a lo menos 70 hectáreas de humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, el cual además corresponde a un Sitio Ramsar.

Por dicha razón, la SMA ordenó la clausura parcial de los pozos de extracción.

El caudal autorizado fijó niveles de extracción diferenciados por mes, considerando sólo el agua necesaria para asegurar la recirculación de solución en las pilas de lixiviación y el agua fresca para los trabajadores que deben permanecer en la faena de forma preventiva.

La minera reclamó contra la resolución que aplicó la sanción de clausura, alegando ilegalidad de la misma por una serie de posibles errores técnicos y jurídicos, lo cual fue desestimado por el Segundo Tribunal Ambiental y la Corte Suprema.

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A través de un comunicado, la SMA informó que la instancia judicial «confirmó la legalidad de la sanción de clausura aplicada», descartando que la Superintendencia se haya inmiscuido en las potestades del Sernageomin, dado que se le derivaron todos los antecedentes para actualizar el plan de cierre de faena minera, si aquel servicio lo estimaba necesario.

«También se descartó que se haya omitido el trámite de consulta de dicha sanción, y que haya habido un error en los caudales máximos otorgados, atendido que aquellos fueron validados sobre la base de un correcto análisis técnico, el que por lo demás consideró la información entregada por la propia empresa», añadió la SMA.

Ello, en referencia al procedimiento sancionatorio que inició la autoridad, en el cual ordenó la clausura de los pozos de extracción de agua del proyecto minero Refugio, por el manejo inadecuado de los impactos ambientales no previstos que se extendieron a la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda, ubicada en la Región de Atacama.

En su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el proyecto tenía permitido un consumo promedio autorizado de 95 litros por segundo. Ante los impactos no previstos, y atendiendo a la necesidad de proteger los humedales, la SMA aplicó una medida que fija un caudal máximo a extraer de 19,2 litros promedio.

En el procedimiento, la SMA concluyó que la compañía no cumplió con sus obligaciones de dar aviso y de adoptar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la disminución del nivel freático en la cuenca Pantanillo-Ciénaga Redonda, y el consecuente desecamiento de a lo menos 70 hectáreas de humedales del Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa. Por esa razón, la SMA ordenó la clausura parcial de los pozos de extracción. El caudal autorizado fijó niveles de extracción diferenciados por mes, considerando sólo el agua necesaria para asegurar la recirculación de solución en las pilas de lixiviación y el agua fresca para los trabajadores que deben permanecer en la faena de forma preventiva.

La empresa reclamó contra las resoluciones que aplicaron la sanción de clausura, lo cual fue desestimado por el Tribunal Ambiental.

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La inspección corresponde a una medida probatoria tomada por el Tribunal Ambiental en las cinco causas que fueron interpuestas en esta judicatura especializada y que están relacionadas con el procedimiento sancionatorio de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el eventual daño ambiental causado por las operaciones de la minera.

“De acuerdo a los expedientes en manos del tribunal, el accionar de Maricunga habría desecado parte importante de los humedales ubicados en el complejo lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa”, informó el Tribunal Ambiental mediante un comunicado.

El recorrido será encabezado por el presidente del TA, Rafael Asenjo, y los ministros Sebastián Valdés, Alejandro Ruiz y Ximena Insunza quienes constatarán en terreno los aspectos que se exponen en los expedientes y en las declaraciones de los testigos.

Reclamaciones
Cabe recordar que ante el Tribunal Ambiental de Santiago se presentaron tres reclamaciones de la empresa en contra de la SMA y dos demandas por reparación de daño ambiental por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de Minera Maricunga.

Las dos primeras reclamaciones de la compañía apuntan a las medidas urgentes y transitorias dictadas por la SMA, consistentes en la clausura del sector de los pozos RA-1, RA-2 y RA-3 de extracción de agua, ubicados en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, autorizadas en su oportunidad por el Tribunal Ambiental.

La tercera reclamación fue interpuesta por CMM en contra de la resolución sancionatoria en que la SMA determinó la clausura definitiva del sector de los pozos de extracción de agua antes citados, de modo que el proyecto minero Refugio no pueda utilizar en su operación futura aguas que recarguen el acuífero del cual dependen los humedales de aquel corredor.

Demandas
Las demandas por reparación de daño ambiental fueron presentadas por el CDE y solicitan al TA declarar que se produjo un daño “por culpa o dolo de la demandada (Minera Maricunga) y, condenarla como autora del daño ambiental, a repararlo materialmente”. De acuerdo a lo expuesto por el Consejo, la empresa habría desecado 20 hectáreas del humedal vega Pantanillo y 69 hectáreas del humedal vega Valle Ancho.

En el caso de las demandas, el Tribunal no sólo ha recibido pruebas documentales de cada una de las partes, sino que ha realizado intensas jornadas de audiencias probatorias para tomar declaraciones a los testigos presentados tanto por el CDE como por parte de Compañía Minera Maricunga.

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“Se autoriza la medida urgente y transitoria, conforme al artículo 3 letra g) de la LOSMA, de clausura temporal y parcial del sector de pozos de extracción de agua de la Compañía Minera Maricunga (pozos RA-1, RA-2 y RA-3), ubicados en el Corredor Biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda, consistente en la prohibición de extracción de agua de dichos pozos en un caudal superior a lo indicado por la Superintendencia del Medio Ambiente en su solicitud, la que se hará efectiva desde la fecha de notificación que efectúe el Superintendente, y por un plazo de 15 días hábiles, o hasta que la Compañía Minera Maricunga ejerza su derecho consagrado en el artículo 56 de la LOSMA, lo que ocurra primero», dice la resolución.

Cabe recordar que en marzo de este año la SMA sancionó a CMM con la clausura definitiva de dichos pozos, tras establecer que la faena minera habría desecado al menos 70 hectáreas de humedales en el corredor biológico Pantanillo-Ciénaga Redonda.

Esta es la tercera ocasión en que el Tribunal Ambiental autoriza una solicitud de la SMA para dictar medida provisional contra CMM; en abril se solicitó la clausura total de dichos pozos, mientras que en las medidas de mayo y junio se solicitó la clausura parcial.

El 23 de junio de último la SMA acogió un recurso de reposición presentado por CMM, adecuando la sanción de clausura definitiva e ingresando al Tribunal Ambiental una solicitud de autorización de la medida provisional de clausura temporal y parcial de los pozos de agua.

Ir al expediente de la causa Rol S-39-2016.

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La minera, junto con señalar que continúa operando normalmente, manifestó que “discrepa de los argumentos sobre los que se basa la resolución de la SMA» y que «ésta debe ser confirmada por el Tribunal Ambiental de Santiago».

Del mismo modo, argumentó que la empresa “está comprometida con un manejo ambiental responsable. A lo largo de los años que ha operado en Chile, la compañía ha adoptado numerosas medidas y llevado a cabo diversos estudios, tanto para comprender mejor las causas de la actual situación como también, cuando ha sido apropiado y debidamente autorizado, medidas para mitigar los posibles impactos que pueda haber causado el uso del agua en su operación”.

En el mismo comunicado, la empresa añade “que la Región de Atacama ha sufrido una severa sequía durante los últimos años, lo que se ha traducido en un descenso de las napas subterráneas en toda la región, que no tiene relación con las operaciones de la compañía”.

En ese sentido, Maricunga señaló que se encuentra revisando la notificación de la SMA “detenidamente”.

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