El plan incorpora las voces de pueblos indígenas cercanos a las operaciones de BHP en Chile, así como aportes de organizaciones indígenas, la academia, autoridades y otros actores del ecosistema territorial. Su objetivo es avanzar hacia relaciones de largo plazo, transparentes y mutuamente beneficiosas, alineadas con la legislación chilena y con estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas.

Con una vigencia de cinco años, el plan se estructura en cuatro pilares estratégicos: gobernanza comunitaria; transparencia y participación; empleabilidad y empoderamiento económico; y fortalecimiento del patrimonio cultural. Cada uno contempla líneas de trabajo orientadas a promover el desarrollo de capacidades, el acceso a oportunidades, la protección del patrimonio cultural y una participación informada en los procesos que son de importancia para los Pueblos Indígenas.

La implementación del plan considera mecanismos de gobernanza, monitoreo y rendición de cuentas, incluyendo la creación de un Panel Asesor Indígena y la comunicación periódica de avances a través de distintos canales.

• Conozca el plan en el siguiente enlace.

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La compañía australiana, que ingresó una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en octubre pasado, solicitó extensión de plazo para responder el Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones (Icsara) N°1.

Según la empresa, las razones para solicitar que se extienda la suspensión son el desarrollo de antecedentes técnicos y estudios requeridos para la elaboración de respuestas a las observaciones asociadas a la componente de Hidrogeología y Permisos Ambientales Sectoriales, así como también responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones, rectificaciones y ampliaciones a la DIA.

En tanto, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) acogió la solicitud y concedió extender la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de la DIA del proyecto hasta la fecha antes mencionada.

Antecedentes de proyecto

El proyecto contempla la extensión de la pila de lixiviación, con el fin de dar continuidad operacional al proceso manteniendo la producción autorizada de cátodos de cobre. En el expediente ambiental se consigna que también se requiere aumentar la producción de la Planta de Emulsión Matriz, para incrementar la capacidad productiva, a lo que se suma la construcción de un nuevo campamento diseñado para albergar a 7.000 personas y la implementación de una planta de tratamiento de aguas servidas.

Por otra parte, se proyecta la construcción de nuevas Subestaciones eléctricas (S/E) y Líneas de Transmisión eléctricas (LTE).

Cabe recordar que en la cartera de iniciativas en calificación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), este proyecto figura como uno de los de mayor monto, por detrás de «Extensión de Vida Útil de Minera Los Pelambres» de Antofagasta Minerals, cuya inversión está estimada en US$2.000 millones.

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En el fallo, el magistrado José Paulo Coronado acogió la denuncia, tras establecer que la demandada incurrió en una vulneración al derecho fundamental a la no discriminación.

«(…) se entenderá que la denunciada no pudo sostener la proporcionalidad de su conducta y conforme a los indicios constatados, que no pudo demostrar la necesidad y justificación de su actuar. Por lo anterior, se acogerá la tutela laboral, puesto que el despido constituye un acto vulneratorio de derechos fundamentales al ser discriminatorio en los términos del artículo 19 N° 16 inciso 3º de la Constitución Política de la República, con relación a lo dispuesto en el artículo 2° del Código del Trabajo y al artículo 485 ambas normas del Código del Trabajo», precisó el fallo.

Agregó que «(…) claramente la situación de haber sido despedido a los pocos días de haberse dictado una resolución que decretaba su discapacidad y que además había retornado hace poco tiempo a sus labores luego de haber estado con licencia médica por un tiempo prolongado, un despido fundado en lo formal en una causal genérica en la que no se consideró la particular situación del actor, decisión que por lo demás acrecentó los problemas en su estado de salud, toda vez que existe una clara causalidad entre dicha conducta y la afectación del actor«.

En detalle, se condenó a la empresa a pagar $36.324.563 por concepto de 11 remuneraciones mensuales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 inciso 3 del Código del Trabajo; además de $10.897.369 por el incremento del 30% sobre los años de servicios, más $10.000.000 por concepto de reparación del daño moral, y otros $6.392.562 por diferencia de la indemnización por años de servicios pagada.

Asimismo, el tribunal impuso que la empresa deberá publicar esta sentencia una vez ejecutoriada en lugares visibles de la empresa, faena, complejos deportivos y oficinas corporativas y se difunda la misma entre los trabajadores de la empresa por cualquier medio.

Juzgado del Trabajo de Antofagasta condena a empresa minera por vulneración de derechos con ocasión del despido de trabajador con discapacidad visual https://t.co/VrbsYVlown pic.twitter.com/KAFdQ2nsY1

— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) September 23, 2025

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Mike Henry, CEO de la compañía, declaró que “BHP logró una producción récord de mineral de hierro y cobre, lo que demuestra la fortaleza y resiliencia de nuestro negocio y respalda nuestra capacidad para entregar crecimiento y retornos a los accionistas en medio de la volatilidad e incertidumbre globales”.

“Las operaciones de mineral de hierro de BHP en WA lograron múltiples récords, incluso para la producción anual. South Flank superó la producción de la capacidad nominal en su primer año completo de operación después de ser entregada a tiempo y dentro del presupuesto en el FY24. La eficiencia de nuestros centros de infraestructura continúa fortaleciendo el desempeño con inversiones ferroviarias, portuarias y tecnológicas que brindan resultados de producción tangibles. Nuestro negocio de carbón siderúrgico aumentó la producción en un 5% con una mejora en la productividad de los camiones, compensando con creces las fuertes lluvias y los desafíos geotécnicos en Broadmeadow”, detalló el ejecutivo.

BHP informó que produjo más de 2 millones de toneladas de cobre en todo el grupo, un nivel récord de producción en un commodity crítico para la urbanización, la digitalización y la electrificación. En Chile, Escondida logró su producción más alta en 17 años, y Spence una producción récord. En Australia, Copper SA terminó el año en forma sólida con récords de producción de cobre en junio y en los últimos tres meses del año.

Demanda por cobre

Mike Henry relevó el hecho que “la demanda de commodities a nivel mundial se ha mantenido resiliente en lo que va de 2025. Esa resiliencia refleja en gran medida la capacidad continua de China para aumentar su base exportadora general a pesar de una disminución significativa de sus exportaciones a EE.UU., y su capacidad para satisfacer una demanda interna sólida a pesar de los cambios en el sector inmobiliario”.

En esa línea, afirmó que “la demanda de cobre y acero se ha beneficiado de una fuerte aceleración de la inversión en energías renovables, la construcción de redes eléctricas, las sólidas exportaciones de maquinaria y las ventas de vehículos eléctricos. Si bien la desaceleración del crecimiento económico y la fragmentación del sistema de comercio siguen siendo posibles factores adversos, los esfuerzos de estímulo de China y Estados Unidos ayudarían a mitigar el impacto a corto plazo. De cara al futuro, es probable que el 15º plan quinquenal de China proporcione más visibilidad sobre las políticas para sostener el crecimiento y el desarrollo a largo plazo».

Revise el Reporte entregado BHP (en inglés).

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De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Medio Ambiente, las cifras son alentadoras, ya que de las 260 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) compensadas en el primer año, en 2024 se llegó a 4,4 millones de toneladas de CO₂, alcanzando una recaudación que supera los US$22 millones, los que serán redirigidos al financiamiento de acción climática.

Esta reunión contó con la participación de Nicolás Grau, ministro de Economía; Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente; Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente, y representantes de las instituciones y compañías participantes.

El Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) del Impuesto Verde comenzó su funcionamiento en septiembre de 2023 y a partir de su entrada en vigencia, este programa del Ministerio del Medio Ambiente ha permitido compensar emisiones, con el objetivo de incentivar a las industrias a invertir y desarrollar proyectos sostenibles, favorecer las prácticas amigables con el medioambiente y mejorar la calidad del aire.

“Como hemos dicho de forma majadera desde el Gobierno, estas grandes tareas de la economía requieren una muy buena articulación público-privada. Eso por supuesto también requiere arrojo, innovación del sector privado, cuestión que quienes están presentes acá han sido parte de ese proceso y nosotros lo agradecemos, lo valoramos. Requiere de trabajo, de coordinación, de mucho feedback entre el sector público y privado pidiendo qué cosas funcionan, qué no funcionan, cómo tenemos que ir variando la regulación en el tiempo para que ojalá cada vez se pueda hacer más captura de carbono a través de estos incentivos que se generan”, declaró el ministro Grau.

Desde el Ministerio destacaron, que de las diez compañías que compensaron en este periodo, Central Kelar,  Mina 0 (de Minera Escondida) y Eagon Lautaro alcanzaron la neutralización de todas sus emisiones, dejando de pagar impuesto por emisiones de CO₂. En tanto, Central Tocopilla y Guacolda, compensan la mayor parte de sus emisiones.

Sistema de Compensación de Emisiones

En 2017, Chile se transformó en el primer país en Sudamérica en gravar las emisiones de CO₂ mediante el denominado Impuesto Verde.

Luego, en 2023, producto de una modificación legal (establecida por la Ley 21.210) se estableció un sistema de compensación de emisiones de fuentes fijas.

De esta forma, se estableció que el SCE tuviera dos ejes: la generación de certificados que provienen de proyectos de reducción o absorción de emisiones, y el uso de estos certificados para compensar las emisiones generadas por una fuente emisora gravada por el Impuesto Verde. Para generar estos certificados, los proyectos deben ser aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente y las reducciones, verificadas por un tercero externo.

El proceso de medición de emisiones del Impuesto Verde está a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) con los datos reportados por los establecimientos afectos en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). Estos, informan trimestralmente variables como consumo de combustible, horas de operación, muestreos y mediciones, entre otros. Con esta información, la SMA cuantifica las emisiones por cada fuente estacionaria y parámetro regulado contaminante, y determina qué establecimientos superan los umbrales de pago del Impuesto Verde. Finalmente, el organismo publica el listado de compañías afectas al pago del Impuesto Verde y lo remite al Servicio de Impuestos Internos (SII) para la gestión del cobro.

Al respecto, la superintendenta del Medio Ambiente (SMA), Marie Claude Plumer, comentó que “la SMA ha cumplido con su rol en la identificación y fiscalización de emisores, revisando más de dos mil fuentes estacionarias. Todo esto, se ha realizado mediante nuestro Sistema de Seguimiento Atmosférico, que nos permite contar con un catastro detallado de las fuentes y sus características operacionales, además de módulos para la visualización de las emisiones cuantificadas por cada establecimiento”.

Desde el Ministerio informaron que los resultados de su segundo año de operaciones y el crecimiento de certificados transados en el SCE, junto con la presencia de empresas que repiten su participación en el sistema, confirman el interés del sector privado por participar. Además, se han comenzado a validar proyectos correspondientes a nuevas tipologías, como la captura de metano y su uso para generación energética, acción que responde a los desafíos en la gestión de este gas de efecto invernadero que representa el 14% de las emisiones del país y que da cuenta de la diversificación de los tipos de proyectos participantes.

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Con una inversión de US$42,8366 millones, en el expediente ambiental se detalla que la iniciativa se justifica en el marco de la continuidad operacional aprobada para los diversos proyectos de Escondida, con el objetivo de atender la demanda interna de empréstitos en procesos que requieran áridos para preservar la continuidad de las operaciones durante el período 2024 – 2050.

Las obras principales del proyecto consisten en la extracción de aproximadamente, 15.000.000 de metros cúbicos (m³) de áridos requeridos para diversos proyectos de Escondida, durante el período 2024 – 2050. Los áridos serán extraídos desde el sector denominado Empréstito Oeste y serán trasladados directamente hacia los proyectos constructivos que se encuentran en curso, sin perjuicio de que puedan ser acopiados en el sector del Lote N°1 aprobado por RCA N°161/2019.

Las actividades del proyecto no aumentan la tasa de procesamiento de minerales actualmente aprobada.

En línea con el crecimiento al interior de Escondida, se requerirá realizar obras eléctricas complementarias, que consisten en la incorporación de una línea de transmisión eléctrica aérea de Alta Tensión (69 kV), la cual tendrá una extensión de 537 metros aproximadamente; una línea de transmisión eléctrica de 4,16 kV, la cual tendrá una extensión de 380 metros aproximadamente, una subestación eléctrica 69/4,16 kV, y dos salas eléctricas, las cuales proporcionarán suministro eléctrico durante toda la vida útil de la Torre de Captación de Agua, la cual se encuentra en su posición actualizada, acorde con el avance del crecimiento aprobado del Tranque de Relaves Laguna Seca.

Las obras se localizarán al interior y cercanías de Minera Escondida y no modificará la tasa de procesamiento de minerales actualmente aprobada.

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Si bien la operación de la minera es en Antofagasta, además de esta región se buscan postulantes de Arica, Iquique, Ovalle, Coquimbo y la Región de Valparaíso. Para este trabajo, los conductores serán trasladados hasta la faena.

Los documentos (CV, Hoja de Vida de Conductor y Certificado de Antecedentes) se recibirán online a través del correo shanley.alfaro@viggo.cl o al whatsapp +569 3944 3468.

De manera presencial, se realizarán los reclutamientos masivos en las siguientes fechas: 23 de febrero, en Antofagasta; 29 de febrero, en Ovalle; y 12 de marzo, en Villa Alemana.

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La diligencia, que fue encabezada por el ministro en ciencias, Marcelo Hernández, comenzó en Peine y finalizó en el sector norte del acuífero. En ella participaron los abogados y profesionales de la minera y de la SMA, así como el equipo del tribunal.

Entre los sectores inspeccionados están el pozo de observación DGA-4, los pozos de monitoreo SAT-2, TP-1, TP-2 y TP-3; así como el punto de monitoreo H-PAT, las Vegas de Tilopozo, el sistema de lagunas La Punta y la Brava y el denominado canal de disolución.

Desde el Tribunal explicaron que el lugar que concitó la mayor atención fue el de Las Vegas de Tilopozo, debido a que en ese sector, de acuerdo a la SMA, la minera provocó un daño ambiental, por lo cual el ministro a cargo de la diligencia, efectuó una serie de consultas y se llevó a cabo un recorrido para observar en terreno las características del ecosistema.

Durante la visita, la abogada de la SMA, Katharina Buschmann, reiteró los argumentos de la superintendencia respecto a que la minera no detuvo la extracción de agua, aun cuando había constatado los descensos en el acuífero más allá de lo permitido en su permiso ambiental. Esto porque la compañía ha expresado que no sobrepasó el umbral permitido y que la medición se efectuó en un lugar distinto. A juicio de la profesional, la compañía “no está considerando el descenso de los pozos, sino el flujo pasante mediante un modelo que no está validado”.

Finalmente,  Buschmann concluyó que “parece poco razonable para la SMA que estén tratando de excusarse de un incumplimiento en un sector tan sensible”.

En tanto, el abogado de la minera, Patricio Leyton, sostuvo que no desconocen el descenso del nivel del acuífero en algunos sectores, pero que no se ha provocado un daño ambiental en Las Vegas.

Además, Leyton aseguró que “permanentemente informó a la Dirección General de Aguas (DGA) de los monitoreos realizados y los descensos». Sin embargo, Buschmann manifestó que “en ningún caso se puede entender que la obligación de Escondida estaba en reportar, porque la obligación de cese de extracción es del titular”.

Con la reclamación, la minera espera revertir la multa que le aplicó el organismo fiscalizador luego de un proceso sancionatorio y la formulación de cargos graves y gravísimos debido a la sobreextracción de aguas subterráneas

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De acuerdo a lo informado por el Tribunal, la sanción que reclama la minera fue aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por la sobre extracción de agua del acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilpozo, lo que configuró el incumplimiento de su permiso ambiental.

En la audiencia, el abogado de la minera, Patricio Leyton, comenzó sus alegatos asegurando que “se ha sancionado a Escondida con la sanción más grave que establece el ordenamiento jurídico: daño ambiental irreparable (…) sólo en base en interpretaciones y no hechos”.

Para el jurista, no hay una prueba concreta que demuestre que la compañía haya provocado la superación del umbral máximo del acuífero, ya que se determinó sobre la base de mediciones en sectores distintos a las Vegas de Tilopozo, lugar donde -de acuerdo con la minera- debieron haberse realizado las mediciones.

El abogado añadió que “la interpretación de la SMA trasgrede sus propias competencias, porque consideró un pozo que no forma parte de la evaluación del proyecto. Con lo que se agrega un punto de control adicional. En áreas en que nunca ha habido vegetación”.

Además, aseguró que “la reducción de niveles que hoy se produce en las Vegas de Tilopozo es producto de las extracciones de (minera) Zaldívar y Albemarle que están aprobadas ambientalmente”.

Sin embargo, los argumentos entregados por la minera fueron rebatidos por la abogada de la SMA, Katharina Buschmann, al explicar que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero no indica que el nivel freático deba medirse en las vegas, sino en el sector de Tilopozo y abundó su argumento al recalcar que ni siquiera la minera instaló un pozo para realizar mediciones.

La abogada también planteó ciertas interrogantes y afirmó que “(la minera) pretende sostener que simplemente cumplió midiendo, mediante una predicción, el flujo pasante. Esta interpretación es inadmisible”.

Sanción

La sanción impuesta por la SMA tiene relación con el impacto producido por la minera sobre las aguas subterráneas y la constatación de la reducción del nivel freático mayor a 25 centímetros en el sector de Tilopozo, lo que fue categorizado como una infracción gravísima.

Respecto a la multa, la abogada Buschmann aclaró que sólo se pudo sancionar por una mínima parte del beneficio económico que obtuvo MEL por no haber aplicado el Plan de Alerta Temprana, no haber cesado las extracciones y haber incumplido la RCA.

“El beneficio económico fue cuantificado en aproximadamente un millón 50 mil UTA y el tope es de 10 mil UTA. Todo lo demás ha sido un enriquecimiento ilegal contrario a la normativa ambiental que lo rige”, acotó.

Lo anterior, de acuerdo con los antecedentes entregados por la SMA, implica específicamente que legalmente 1.044.266 UTA que componen el beneficio económico no pudieron ser incorporados en la multa final.

Daño ambiental

La abogada Buschmann hizo hincapié en que la minera no ejecutó la medida de mitigación de limitar la extracción de agua, sino que continuó extrayendo, lo que provocó un daño ambiental a las vegas de Tilopozo.

La profesional explicó que todas las extracciones por sobre los 25 centímetros fueron ilícitas, ya que no están amparadas por el permiso ambiental obtenido por la minera.

Otro de los argumentos dados a conocer por la SMA tiene relación al descenso que se observa en todos los pozos de medición del acuífero, y mencionó que “Minera Escondida ha sostenido que la afectación del acuífero estaría amparada por su RCA, lo que olvida es que tenía una obligación de cesar las extracciones”.

No obstante, en sus alegaciones el abogado de la minera fue enfático en decir que la sanción es ilegal porque los efectos de Escondida no han llegado a las vegas ni a los puntos de control de la SMA, y que el organismo fiscalizador lo está convirtiendo en un infractor ambiental al haber cambiado su criterio frente a los datos reportados por años por la minera sin haber tenido observación al respecto por la entidad administrativa.

La visión de BHP

A través de un comunicado, Escondida | BHP dio a conocer que no comparte la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente, dado que en ningún momento sobrepasó los niveles aprobados en la Resolución de Calificación Ambiental en la zona de las Vegas de Tilopozo, tal como se ha reportado a la autoridad de manera periódica desde 2001.

La compañía reiteró que siempre ha cumplido a cabalidad con la legislación vigente y que ha trabajado en el resguardo del sector donde se ubican las vegas, tomando medidas relevantes como el cese voluntario y definitivo de extracción de agua desde acuíferos altoandinos en 2019.

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La minera explicó que a partir de los resultados de la votación y acorde a la normativa laboral, existen otras instancias de diálogo durante la negociación colectiva reglada a las que pueden recurrir las partes. Una de éstas, es la mediación obligatoria ante la Inspección del Trabajo.

Según detallaron, la compañía refuerza su permanente disposición a dialogar y buscar un acuerdo que sea beneficioso para los trabajadores, que contribuya a los desafíos actuales y a su proyección de largo plazo.

La operación continúa funcionando con normalidad, recalcaron desde la minera.

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