En el fallo, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros y ministras Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus– confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio de la demandada, por haber incumplido tanto el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT) el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.

Al respecto, el fallo plantea que, “siendo lo anterior suficiente para determinar el necesario rechazo del recurso de nulidad sustancial, esta Corte Suprema estima necesario precisar, a mayor abundamiento, que la actividad minera, de manera especial, está sujeta a un régimen de autorizaciones administrativas encomendadas al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin)”.

La resolución agrega que, “en este sentido, cabe hacer notar que el artículo 2º, numeral 8º del Decreto Ley Nº 3.525, pone de cargo del Sernageomin «velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores; proponer la dictación de normas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en las actividades mineras de acuerdo con los avances técnicos y científicos; y requerir información sobre los programas y cursos de capacitación e informar a los trabajadores que se desempeñan en la industria extractiva».

Además, el documento sostiene que, “el Decreto Supremo Nº 132 de 2002, del Ministerio de Minería, que aprueba el Reglamento de Seguridad Minera actualmente en vigor, contiene múltiples aprobaciones o autorizaciones específicas que deben ser otorgadas por el Sernageominal empresario minero para que este pueda explotar el yacimiento de su propiedad. En particular, es dable resaltar el contenido del artículo 22 de este Reglamento, enunciado que indica que, «previo al inicio de sus operaciones, la empresa minera presentará al Servicio, para su aprobación, el método de explotación o cualquier modificación mayor al método aceptado, con el cual originalmente se haya proyectado la explotación de la mina y el tratamiento de sus minerales… Las Empresas Mineras deberán enviar, a petición del Servicio, una descripción de sus faenas, incluyendo datos o estimaciones acerca de las reservas de minerales clasificadas, capacidades instaladas y proyectos de ampliación».

“A su vez, en lo relacionado directamente con la controversia de marras, el artículo 25 del Reglamento, expresa: ‘Sin perjuicio de la existencia de los Reglamentos de Orden, Higiene y Seguridad exigidos por la legislación del país, las empresas mineras deberán elaborar, desarrollar y mantener reglamentos internos específicos de las operaciones críticas, que garanticen la integridad física de los trabajadores, el cuidado de las instalaciones, equipos, maquinarias y del medio ambienteâ€.

Acto seguido, su artículo 26 dice: ‘Las empresas mineras deberán elaborar y mantener un sistema documentado de procedimientos de operación que garanticen el cumplimiento de los reglamentos indicados en el artículo precedenteâ€. Finalmente, debe enfatizarse que, tan dependiente es la actividad minera de las autorizaciones del Sernageomin, que el artículo 24 del Reglamento ordena que ‘ninguna empresa minera podrá electrificar su mina sin contar con la autorización previa del Servicioâ€â€, cita el máximo tribunal.

Para la Sala Constitucional: “Como surge de la lectura de los enunciados transcritos, el Servicio Nacional de Geología y Minería debía cumplir con una obligación legal precisa y determinada: velar por el cumplimiento del reglamento de seguridad minera y, en especial, por la integridad física de los trabajadores que este último cuerpo normativo garantiza. Para satisfacer tal objetivo, el órgano administrativo en cuestión contaba con amplias potestades, enmarcadas en un régimen autorizatorio que le confería la atribución de condicionar el funcionamiento de la mina ‘San José†al cumplimiento de los requerimientos que fundadamente estimare necesarios”.

En la misma línea, la sentencia enfatizó que, “en ese contexto, el Sernageomin formuló reiteradas exigencias a la Compañía Minera San Esteban Primera S.A., tales como la necesidad de comprobar la estabilidad geomecánica de la mina, su fortificación, la implementación de un sistema de ventilación adecuado, y el escaleramiento de las chimeneas, conformándose, la autoridad, con compromisos documentados que, sin embargo, nunca fueron ejecutados”.

“Que –ahonda–, en las anotadas condiciones, es posible sostener que el Estado de Chile incurrió en falta de servicio, por cuanto uno de sus órganos incumplió la obligación legal antes identificada, permitiendo el desarrollo de la actividad minera en que se desencadenaron los acontecimientos materia de autos, pues, de haber cumplido el SERNAGEOMIN su rol precautorio y de fiscalización, la explotación de la mina ‘San Jos醖o su reanudación– jamás habría sido autorizada”.

Asimismo, el fallo consigna: “Que, finalmente, es relevante acotar que, si bien es cierto que tanto el Servicio Nacional de Geología y Minería como la Dirección del Trabajo son organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios, en estos antecedentes el Consejo de Defensa del Estado asumió la representación del Fisco en su conjunto, ejerciendo una adecuada defensa técnica. A ello se agrega que, en la contestación, fue opuesta la excepción de falta de legitimación pasiva, pero el órgano de defensa estatal no insistió en tal alegación a través de su recurso de nulidad sustancial”.

“Ambas razones llevan a esta Corte Suprema a concluir que, cualquiera sea la opinión que se tenga respecto de la idoneidad procesal de haber demandado directamente al Fisco de Chile, un eventual yerro en este aspecto carecería de incidencia en sede de casación”, afirma la resolución.

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En fallo unánime, la Cuarta Sala del tribunal de alzada ratificó en todas sus partes el fallo de primera instancia que desestimó la demanda.

“Se confirma, con costas del recurso, la sentencia apelada de veintidós de abril del dos mil diecinueve, dictada por el 6° Juzgado Civil de Santiago”, consigna el fallo.

En la sentencia de primera instancia, el tribunal estableció que la parte demandante no aportaron pruebas de que el estudio cinematográfico demandado utilizó una réplica exacta de la Fénix 2 en la filmación.

“Que de conformidad con el tenor de la norma transcrita y teniendo además presente las normas constitucionales que amparan el derecho de propiedad sobre las patentes de invención, es posible concluir que el fundamento de la acción resarcitoria interpuesta en autos, consiste en el uso que hizo la demandada, sin autorización del demandante, del invento respecto del cual el actor mantenía una patente inscrita, cuestión que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1698 del Código de Bello le correspondía acreditar a quien alegaba dicha contravención, lo que a juicio del Tribunal no logró establecer probatoriamente, ya que los antecedentes aportados por su parte solo permitieron acreditar que en la película ‘Los 33†se exhibió una cápsula de características similares a la Fénix 2 en lo que respecta a su diseño externo, pero no logró establecer que la misma contara con el diseño interno y las funcionalidades de aquella, lo que lleva necesariamente a descartar que la misma sea una copia del invento patentado por el demandante, sino que solo es una representación material de la misma usada en el contexto de la historia del rescate de los mineros atrapados en la mina San José”, sostiene el fallo ratificado.

“Que a mayor abundamiento la prueba rendida por la demandada, especialmente de la testimonial, ha quedado establecido que lo utilizado en la tantas veces mencionada película fue una maqueta de la Fénix 2 que no contaba con las características propias de aquella, por lo que no podría haber sido utilizada en el rescate de personas, lo que permite concluir que lo exhibido no era la cápsula patentada, ni una copia de la misma, razón por lo que la demanda de autos será rechazada, resultando en consecuencia innecesario emitir pronunciamiento sobre la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por la demandada”, concluye el Sexto Juzgado Civil de Santiago.

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La fecha conmemora uno de los hitos más importantes de la minería mundial, como fue el rescate de los 33 mineros de la mina San José en Atacama, luego de que estuvieran 69 días atrapados a 720 metros de profundidad.

Para honrar este hito, las autoridades se trasladaron hasta el Museo Regional de Atacama, ubicado en Copiapó, donde hicieron un balance del trabajo colaborativo que se ha realizado en esta década para generar una cultura de seguridad y reducir los accidentes y la fatalidad en las faenas mineras.

“Hoy conmemoramos 11 años del rescate de los 33 de Atacama, pero también desde 2019, cuando el Presidente Piñera lo decretó, el Día Nacional de la Seguridad Minera. En los últimos 10 años la minería chilena de todos los tamaños -la pequeña, la mediana y la gran minería- ha hecho avances muy importantes en materia de seguridad minera. Hemos reducido en 75% la fatalidad, 80% en la pequeña minería gracias al esfuerzo de muchos actores, de las empresas, del Sernageomin, el Ministerio de Minería, las demás reparticiones públicas, pero sobre todo de los propios trabajadores mineros”, explicó Jobet.

Asimismo, enfatizó la necesidad de proyectar esos esfuerzos hacia el futuro. Recordó que la Política Nacional Minera, Minería 2050, tiene a la seguridad como una de sus principales metas “para proyectar la minería de nuestro país como una minería más competitiva, más sustentable, pero sobre todo más segura para los trabajadores”.

Accidentabilidad

El director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, destacó la baja en las cifras de accidentabilidad y especialmente el trabajo realizado por la pequeña minería por mejorar la seguridad. “Ha hecho un esfuerzo importante en transformaciones, en adquirir tecnología y poner un esfuerzo real en cuidar a los trabajadores y trabajadoras, además de las operaciones. Toda esta baja en la accidentabilidad y fatalidad tienen como factor común la cooperación entre trabajadores, el Estado, a través del Ministerio de Minería, el Congreso y los presupuestos que ha otorgado a Sernageomin, y los funcionarios, comités paritarios y sindicatos”, indicó.

De acuerdo con la información sistematizada de Sernageomin, la dotación alcanzó los 266.463 puestos de trabajo en junio de 2021. Ello representa un incremento de 4,6% en lo que va del año y un 7,1% previo al inicio de la pandemia. La dotación de mujeres, en tanto, alcanzó el 10% de la dotación total. Así, a la fecha 26.988 mujeres y 239.475 hombres trabajan en minería.

En el lapso de una década, entre el año 2010 y el año 2020, las personas fallecidas en la industria extractiva minera han disminuido desde 45 al año a 13. A junio de 2021, en tanto, esa cifra es de 7 personas.

En ello han influido la cada vez más exigente cultura de seguridad que han adoptado las compañías mineras, el autocuidado de los trabajadores de la industria y el fortalecimiento de Sernageomin, que pasó de realizar 2.586 fiscalizaciones en 2010 a 10.483 en el año 2020, un aumento de 305%. A junio de este año ya se han cursado 6.695 fiscalizaciones.

Política Nacional Minera

El tema de la seguridad es abordado en forma importante en la Política Nacional Minera, Minería 2050, cuyo anteproyecto fue presentado ante la ciudadanía por el biministro Jobet a fines de agosto pasado en Calama.

Entre otras metas en este ámbito, la PNM 2050 considera las siguientes:

·         Generar los espacios para apuntar a cero fatalidad, en donde la gran minería tenga estándares internacionales.

·         Crear un ambiente laboral seguro, disminuyendo en 75% la tasa de gravedad; en 45% la de frecuencia a 2030, y las mantenga a 2050.

·         Implementar indicadores de salud ocupacional a 2025 y mejorarlos a 2050

·         Generar mecanismos de diálogo tripartito entre el Estado, empresas de la industria minera y sindicatos para abordar temas sobre la evolución de la industria, empleos, inclusión y seguridad al 2022.

DÍA NACIONAL SEGURIDAD MINERA! Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Seguridad Minera que recuerda el rescate de los 33 mineros de Atacama y en el cual te mostramos los importantes avances que ha alcanzado la industria con el esfuerzo de trabajadores, empresas y el estado. pic.twitter.com/yCTHNNNB0C

— Sernageomin (@Sernageomin) October 13, 2021

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En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia atacada, dictada por el Noveno Juzgado Civil de Santiago, que estableció la responsabilidad por falta de servicio de las demandadas, con declaración que se condena solo al fisco a pagar a cada uno de los demandantes la suma de $40.000.000.

“Que, lo expresado, deja en evidencia que los órganos del Estado han faltado a su deber de protección, actuando de manera negligente en el cumplimiento de sus funciones, lo que lleva a estos sentenciadores a concluir que es el Fisco de Chile, el que debe responder por la falta de servicio alegada y acreditada, por lo que el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por él, será mantenido”, sostiene el fallo.

“Misma decisión, se adopta en cuanto a la alegación formulada por el Sernageomin, en cuanto a la responsabilidad que le cabría al empleador en los hechos que motivaron el derrumbe en la mina de su propiedad”, añade.

Alcances del fallo

Para el tribunal de alzada: “(…) dilucidado lo anterior, y analizados los antecedentes y pruebas aportadas al proceso, se coincide con la sentenciadora en cuanto a la existencia de la falta de servicio alegada, quedando circunscrita la responsabilidad al Fisco de Chile, el que habrá de responder por los perjuicios ocasionados a los actores, por lo que será acogida la demanda dirigida en su contra, como se dirá”.

“En efecto –prosigue–, se ha acreditado el actuar negligente de los órganos del Estado, la existencia del daño causado y la relación de causalidad entre ellos. Así, en este último aspecto, no se debe desconocer que, si los órganos de la administración del Estado hubieran cumplido con su obligación legal de la forma en que fue previsto (como ha sido observado y concluido en la investigaciones realizadas como consecuencia del accidente de autos), en atención a la actividad de riesgo realizada por la empresa minera y la falta de condiciones de seguridad evidentes desde años antes del accidente, los 33 trabajadores no hubiesen terminado enterrados vivos en dicho yacimiento”.

Asimismo, la resolución consigna que: “Debe recalcarse que la Mina San José contaba con todas las autorizaciones que le exige la ley para funcionar, a pesar de incumplir de manera reiterada y crónica con las exigencias básicas, constatado todo por los diversos entes estatales”.

“Por otra parte, al quedar atrapados, no existiendo condiciones de seguridad o resguardo frente a situaciones como la sufrida, no pudieron ser rescatados en un tiempo inmediato, manteniéndose bajo tierra por un tiempo prolongado, provocándoseles a los trabajadores los daños sicológicos acreditados en el proceso”, afirma el fallo.

Con relación a la “(…) indemnización por daño moral que se persigue, debe aclararse que éste daño se identifica con los dolores y turbaciones psíquicas que derivan del menoscabo padecido”, releva.

“En efecto, la jurisprudencia ha dicho que el daño moral es el dolor, la aflicción, el pesar en la víctima o en sus parientes más cercanos o aquel que consiste en el dolo psíquico y aún físico que se experimenta a raíz de un suceso determinado. Estos daños se relacionan con el patrimonio espiritual, a los bienes inmateriales, como la salud, el honor, la libertad y otros semejantes”, aclara la resolución.

En cambio, razona el tribunal, una: “Situación diversa es el quantum de la indemnización por daño moral, el que, ciertamente, no es compensatorio, dado que no es objetivamente dimensionable, sino que sólo debe ser reparatorio, estando destinado a morigerar, disminuir o atenuar las consecuencias del mal sufrido”.

“Consecuentemente, se estima que el monto de la indemnización habrá de determinarse en la suma de $40.000.000 para cada uno de los 31 demandantes de autos, con más los reajustes e intereses establecidos en el considerando octogésimo cuarto de la sentencia que se revisa”, concluye.

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Tras algunas horas, los propietarios de la empresa, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dieron aviso del hecho a los familiares de los mineros que quedaron atrapados en este depósito de cobre y oro ubicado al norte de Copiapó, al este de Caldera.

Rápidamente los medios de comunicación comenzaron a hablar del hecho y el accidente pasó a ser tema nacional. Junto con los equipos de emergencia llegaron las primeras autoridades a la faena ese mismo día; entre ellos la intendenta de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador de Copiapó, Nicolás Norman. En ese momento poco se sabía acerca de la gravedad del accidente y de las condiciones en que podían estar los mineros tras el derrumbe.

Se comenzó así a escribir una historia que trascendió a la industria minera y que se transformó en un hecho de conmoción pública de escala mundial. Una década después podemos afirmar que el número 33 quedó grabado en la memoria colectiva y que será difícil olvidar la emoción cuando se supo que estos hombres -a casi 700 metros bajo tierra- estaban vivos, y que gracias a muchas personas trabajando juntas con profesionalismo y compromiso por un objetivo común, se logró con éxito traerlos de vuelta a la superficie.

A diez años de este hito, recordamos los detalles de la búsqueda y rescate de los mineros de San José, apoyándonos en algunos de los protagonistas del mundo de la minería, geología y sondajes –entre otros– que hicieron realidad esta tarea.

Buscando una salida

Después del accidente del jueves 5 de agosto, en el exterior se pudo constatar que la rampa había colapsado. El sábado se hizo un primer intento de entrar por una chimenea de ventilación, pero esto casi termina en una nueva tragedia, tras un derrumbe al interior del pique en donde trabajaba el equipo de rescate. Las personas lograron salir a la superficie con una desoladora afirmación: el acceso por la chimenea quedaba descartado.

Ese mismo día llegaron a la mina la entonces ministra del Trabajo, Camila Merino, y posteriormente el –a la fecha– titular de Minería, Laurence Golborne.

En la noche también arribó el Presidente Sebastián Piñera, quien comprometió los “recursos y esfuerzos que fuesen necesarios” para rescatar a los mineros.

“Estamos trabajando para sacar a ‘los viejosâ€, están todas las mineras dispuestas a ayudar, mañana deberían llegar las máquinas para hacer sondajes”, habló desde una camioneta el presidente en esa fecha de Sonami, Alberto Salas.

El domingo efectivamente las máquinas de sondaje iniciaron sus labores de perforación. En un primer momento los planos de la mina fueron cuestionados, pero no había opciones, sólo confiar en que éstos no estuvieran tan alejados de la realidad.

Expertos entrevistados con posterioridad al rescate, los cuales participaron en los trabajos (Walter Véliz, Jorge Camacho, Felipe Matthews, James Stefanic, Raúl Dagnino, Mijali Proestakis, André Sougarret y Fidel Báez, entre otros), coinciden en que éstos efectivamente estaban correctos, especialmente en la descripción de las faenas más recientes del yacimiento. Ése era el sitio que más interesaba, pues era donde se suponía que podían estar los mineros probablemente vivos de acuerdo con la información que brindó el gerente de San Esteban, Pedro Simunovic. El ejecutivo indicó que en dicho lugar contaban con ventilación, agua y alimentos para sobrevivir por algunos días. Además este sitio podía ser alcanzado evitando perforar cerca de la zona de derrumbe para así evitar riesgos.

En ese momento se empezó a organizar desde el Gobierno un equipo encomendado a Codelco y al cual se integraron profesionales de diversas compañías e instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, representantes de Escondida habían llegado el domingo 8 de agosto para realizar labores de sondaje y que serían acompañados por profesionales de Anglo American y Codelco-Salvador en esa línea de trabajo dentro del rescate. Se integraron a esta tarea de diversas maneras las compañías mineras Collahuasi, Xstrata Copper, Barrick, Freeport McMoRan, Kinross y Yamana.

En términos de perforación se cuentan las empresas Escondida, Collahuasi, Mantoverde, Salvador, Andina, y El Peñón, que pusieron a disposición los servicios de perforación que se prestan en sus diferentes faenas, a saber: Terraservice (y su filial Terracem), Adviser Drilling, Geotec (con sus socios de Layne Christensen), Precision Drilling, Major Drilling, Boart Longyear, Enap y Geo Operaciones.

También en materia de sondajes terminaron siendo actores los proveedores de martillos Drillers Supply y Center Rock, mientras que en precisión estuvieron GeoAtacama y Maptek, entre otros.

Se conforma un equipo

El Gobierno ya comenzaba poco a poco a guiar las operaciones en terreno el fin de semana tras el accidente. Esto los llevó a poner la mirada en la principal empresa estatal minera y, como se trataba de un derrumbe en una mina subterránea, la conclusión fue que expertos de Codelco en ese tipo de operaciones tomaran el liderazgo técnico.

Fidel Báez  fue finalmente el encargado corporativo de Codelco de coordinar desde Santiago el trabajo que se hacía en San José. Mientras ocurría esto, el entonces gerente de mina de El Teniente, André Sougarret, había llegado a San José el mismo lunes sin tener muchos antecedentes respecto de la mina y del accidente. “Empezamos a enterarnos poco a poco más que por la prensa, por algunos llamados telefónicos que a partir del domingo luego del derrumbe me hicieron partícipe de esta experiencia”, recordaba Sougarret en una exposición técnica acerca del rescate, realizada en Geomin 2011.

Sougarret quedó al mando de una cuadrilla de trabajo de profesionales y técnicos de Codelco, junto a su lugarteniente en la tarea, René Aguilar (en ese instante gerente de riesgos profesionales de El Teniente).

Pero también asumió labores de coordinación con los demás especialistas de diversas compañías que colaboraban en la mina en conjunto con profesionales del Ministerio de Minería. Frente a la opinión pública el vocero oficial fue el ministro de esa cartera, mientras que el vocero técnico fue Sougarret.

Lucha contra el tiempo

La primera tarea del nuevo equipo coordinador en terreno fue la de familiarizarse con la mina. Sougarret y su equipo reunieron antecedentes de San José. El yacimiento, un cuerpo vetiforme de cobre y oro, había sido explotado desde hace más de 100 años. “En la parte interior, la veta estaba dividida en 12 porciones de 2 a 4 metros, por lo tanto, evidentemente en la medida que iba profundizando, la cantidad de mineral iba disminuyendo”, explicó con posterioridad a MINERÍA CHILENA el propio Sougarret.

“El método utilizado en el momento en el cual ocurre el derrumbe es el sublevel open stoping. La producción aproximada era de 1.000 tpd, la cual era extraída a través de camiones, sacada con una rampa que tenía 8 km de profundidad y con una profundidad aproximada de 700 metros desde la superficie”, complementa.

Respecto del accidente, el ejecutivo indicó que la roca que bloqueó el único acceso de la mina en varios niveles “se llevó” las rampas. “En la parte inferior, y a medida que iba avanzando la verticalidad, la chimenea de ventilación que existía se iba acercando a este bloque; es por eso que en las partes bajo el nivel 300, sencillamente la chimenea y el bloque estaban prácticamente conectados”. El bloque seguía inestable, y el gran temor lo provocaba el hecho de que en la zona superior, sobre el bloque desplazado, había formación de grietas que permitían inducir que era posible la formación de un segundo desplazamiento de bloque, y que ocurriera así un fenómeno de subsidencia hasta la superficie, como el que había ocurrido dos años antes en la mina San Antonio, faena hermana de San José ubicada a un kilómetro de distancia.

“Nosotros proyectamos que teníamos aproximadamente unos 1.500 m de zona libre donde los mineros podían recorrer sin estar expuestos a la zona donde podía ocurrir el derrumbe. Evidentemente, esta estimación no la teníamos al inicio, la pudimos comprobar una vez que tuvimos el contacto con los mineros”, señaló Sougarret en entrevista realizada a un año del accidente.

Con estos antecedentes comenzó una lucha contra el tiempo, la variable de decisión que se usó fue de 40 días.

Opciones que se barajaron fueron: abrir camino aprovechando los accesos existentes, construir un nuevo acceso desde el interior de la mina, como una especie de by pass rodeando el bloque desplazado (incluso se consideró la posibilidad de ingresar desde otra mina vecina) o una nueva chimenea. Desde el exterior estaban también las posibilidades de hacer un nuevo acceso a través de túneles o de una nueva chimenea. Según lSougarret estas alternativas, en general, no cumplían o con los estándares de seguridad o con el rango de tiempo, y de partida se descartó cualquier opción que considerara ingresar a la mina en razón de la inestabilidad del lugar.

En paralelo, para estirar el margen de tiempo se comenzó desde el domingo con la estrategia de hacer sondajes que llegaran a los mineros. Esta estrategia estaba principalmente pensada para establecer comunicación con los mineros y abastecerlos de insumos básicos para su supervivencia, apuntando a blancos específicos.

Sondajes, la gran apuesta

En paralelo, las autoridades comenzaron a indagar sobre las responsabilidades de la empresa San Esteban y de los organismos fiscalizadores en el accidente. En tanto, familiares, rescatistas, Gobierno y la comunidad asentaban su esperanza en las labores de sondaje.

Durante la semana siguiente al derrumbe, el día miércoles, el Presidente Piñera pidió la renuncia a tres autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entre ellos el director nacional, por las deficiencias detectadas en la labor de fiscalización. Ese mismo día instruyó a una mesa de profesionales, encabezados por el ministro Golborne, para que lideraran modificaciones que potenciaran las labores de dicha repartición.

Mientras, en el frente técnico preocupaba el tema de la medición de desviaciones de los sondajes para dar con dos blancos a los cuales se apostaba: el refugio y el taller de la mina, lugares donde se presumía podían encontrarse con vida los mineros. Ya el 10 de agosto falló el primer sondaje por presentar una desviación que lo hacía inviable de dar en el blanco. “La información que me entregaba la gente que hace sondajes es que éstos tienen desviaciones normales en torno al 5%, y para profundidades de 700 m un 5% eran aproximadamente de 35 a 40 metros de posible desviación. La galería tenía 10 metros de largo por 5 m de ancho, y ese era el blanco que teníamos que encontrar, por lo tanto, la precisión necesaria para encontrar a los mineros y hacer blanco era en torno al 1%”, recordaría André Sougarret.

Lo cierto es que tras un despliegue de capacidades y habilidades humanas y tecnológicas, cuestión que queda reflejada en el trabajo combinado de los tomadores de decisión, los geólogos, los operadores de las perforadoras, los expertos en medición de sondajes y en software altamente especializado, fue finalmente posible que el domigo 22 de agosto se paralizara el país al encontrarse el hoy célebre mensaje adosado a los martillos de perforación de la Schramm T-685 de Terraservice: “Estamos bien en el refugio los 33”.

“Teníamos la disyuntiva de cómo generar una mayor precisión. Lo que allí se hizo a través de todo el equipo fue trabajar el tema de aumentar las mediciones; nos jugamos por una técnica y empezamos a desarrollar sondajes. Por otro lado teníamos geología que era desconocida, también teníamos el tema de la topografía que era con mayor razón un problema significativo de resolver, teníamos el problema de que existían caserones antiguos en la zona superior y también llegábamos al límite de las máquinas ya que a 700 m las de aire reverso entraban a complicarse”, explicó Sougarret.

De acuerdo con Felipe Matthews, entrevistado también por MINERÍA CHILENA con posterioridad al rescate, y quien estuvo a cargo de las mediciones de trayectoria de los sondajes, se realizaron en total 7.511 m de sondaje con la técnica de aire reverso y 605 con perforación diamantina.

En la lista final de sondajes aparecen 20 pozos (no todos correlativos) en total. El primero en romper lo hizo a la altura del refugio a eso de las 5:40 AM y fue el sondaje 10b de Terraservice. Éste, tras ser encamisado, se usó como vía de agua y alimento para los mineros. El segundo en romper, el 23 de agosto, fue el pozo 16 de la empresa Adviser, que también llegó hasta el refugio y que se destinó para comunicaciones e inyección de aire. Finalmente el 6c, de Geotec, fue el tercero en romper, el jueves 26, y lo hizo en el taller. Éste sería el que se ensancharía luego para hacer el rescate con la cápsula Fénix.

Los tres sondajes exitosos fueron de aire reverso, una técnica menos precisa pero más rápida que la perforación diamantina.

Planificando el rescate
Descartadas las posibilidades de abrirse camino a través de los túneles o chimeneas de la mina, y considerando que crear un nuevo túnel de acceso tomaría meses, la opción viable que aparecía era perforar una chimenea por la que, al menos, pudiera caber una persona.

Cuando vio los planos de la mina por primera vez, Fidel Báez pensó que era muy probable que los mineros estuvieran vivos. “Cuando vino el ministro por primera vez a mi oficina le dije: yo le doy 95% de que ‘los viejos†están vivos: Usted me muestra este plano y todo indica que si los viejos estaban en el refugio, están en una esquina que no ha sido dañada desde el punto de vista estructural, el planchón o el derrumbe… a lo más están llenos de tierra o con alguna dificultad de oxígeno, pero la probabilidad de que no estén heridos por el derrumbe, yo creo que es muy alta. Por lo tanto, yo me la jugaría por empezar ya a pensar en un plan de rescate”, dijo Báez recordando el evento.

En paralelo el ejecutivo comenzó a recibir propuestas desde Chile y el exterior apostando a sacar a los mineros de la manera más segura y rápida posible.

A medida que avanzaban los sondajes de búsqueda, la idea de perforar una chimenea e introducir una jaula en donde cupiera una persona tomaba fuerza. “Ya habíamos hecho los cálculos, al hacer esto había que buscar un equipo que fuera capaz de hacer un hoyo de 28-30 pulgadas”, señaló el experto.

De esta manera se comenzó a fraguar el Plan A y la máquina elegida para ello, por consideraciones de precisión, velocidad y porque el equipo de Codelco la conocía mejor, según indica Báez, fue la Raise Borer Strata 950. La empresa Terracem (sociedad entre Terraservice y Cementation), contaba con esta máquina.

Por otro lado en terreno equipos de Enap presentaron a los tomadores de decisión de Codelco y del Ministerio de Minería la alternativa de usar una máquina que trabaja en perforaciones de petróleo, la RIG 421 que proponía un avance de 700 metros en 10 días.

Junto con éste se generó también el Plan B, que fue el que finalmente llegó al taller, ensanchando el pozo 6c con la máquina Schramm T-130, operada por Geotec, y apoyado por un equipo especializado encabezado por los geólogos Walter Véliz y Felipe Matthews y basando su avance en el uso de martillos tipo cluster, ofrecido por el fabricante CRI de Pennsylvania, Estados Unidos, según reseña Fidel Báez.

Según lo explicado por André Sougarret, el primer desafío que debieron enfrentar fue el de las desviaciones. “Íbamos a hacer distintas alternativas, probablemente en 700 m cualquiera de las técnicas de perforación tendrían sus problemas de desviación y teníamos que lidiar contra la curvatura. La profundidad igual fue un gran tema, tanto en el plan A como en el plan B estábamos con la capacidad máxima de los equipos, un tema no menor ya que en la medida que se iban ensanchando los túneles estábamos muy próximos a las galerías. El temor era que, de conectar en algún momento una galería, nos haría abortar cualquiera de los planes”.

En concreto, el 23 de agosto ya llegan las partes de la Strata 950 desde la División Andina de Codelco a San José para comenzar su trabajo de cavar un pique vertical de 688 m. El 3 de septiembre arriba la Schramm T-130 mientras que el 10 de septiembre llega la máquina petrolera.

“Lo hicimos con tres planes, fundamentalmente, porque teníamos riesgos. No podíamos saber si nos iba a resultar cualquiera de ellos, todas las alternativas tenían riesgos y finalmente lo que hicimos fue diversificar. Cada día que nosotros estábamos parados con el plan B, la verdad es que yo a todo el mundo le decía que seguíamos perforando un plan A, siempre perforaba, iba lento pero seguro. Y la verdad es que si no hubiese resultado, siempre estaba la alternativa del plan A, ya que era un plan que sí iba a resultar, pero iba a demorar mucho más tiempo. Éstos eran los riesgos que estaban siempre presentes y una operación con tres planes finalmente lo que hizo fue minimizar el tiempo”, detalla Sougarret.

El Gobierno decide detener los planes A y C una vez que el plan B alcanza el diámetro requerido para introducir la jaula de rescate, universalmente conocida como cápsula Fénix 2.

Esta solución también contó con varias alternativas: “Siempre nos pusimos en distintas opciones de qué podía pasar. Una de las cosas que pensábamos era que la cápsula podía quedar atrapada, que cayera alguna piedra y que no pudiéramos sacar a los mineros”, recordó Sougarret. Considerando estas contingencias, en su diseño se consideró que ésta debía tener 4 metros de largo. “Era tan larga porque tenía la capacidad de doblarse en dos. Si quedaba atrapada en la parte superior, podíamos bajar al minero nuevamente hasta abajo y podíamos hacer un nuevo intento con mayor presión hacia arriba y no tener al minero expuesto”, detalla.

Antes de dar el vamos apareció la lista definitiva de los rescatistas que bajarían hasta el taller de la mina San José por el pique ensanchado en el Plan B: Manuel González, fortificador de El Teniente; Jorge Bustamante, también de El Teniente; Roberto Ríos, sargento segundo de la Armada; Patricio Roblero, oficial de la armada; Patricio Sepúlveda oficial del Gope de Carabineros; y Pedro Rivero, jefe de la unidad de rescate de Minera Carola y parte del cuerpo de bomberos de Chañaral, serían los elegidos para bajar y subir por el pique en la Fénix 2. En la superficie se quedarían Ovidio Rodríguez, líder del rescate (El Teniente), William Saintard (División Andina), y Óscar Arenas (El Teniente).

Finalmente el resultado fue óptimo: el 13 de octubre se inició con la salida del primer minero, Florencio Ávalos y uno a uno ellos fueron reencontrándose con sus familias y con un país completo que los abrazaba, bajo la mirada atenta del mundo entero.

La imagen de la cápsula Fénix 2 y los mineros quedó plasmada en las portadas de los principales medios de prensa del orbe. “Pudimos colocar un tema bastante árido, como es la minería, en la opinión pública y esto, finalmente, fue tomado como un trabajo bien hecho. Para nosotros el rescate terminó no sólo cuando sacamos a los 33 mineros sino cuando sacamos a los rescatistas; nosotros habíamos diseñado un sistema en que nadie de los que estaban presentes podían salir accidentados o podían tener algún contratiempo”, rememora Sougarret.

Con la salida del úlitmo rescatista, Manuel González, finaliza entonces la exitosa operación San Lorenzo, y nace una leyenda con protagonistas de carne y hueso.

Los 33 mineros de San José

Florencio Ávalos: 31 años al momento del derrumbe. Se desempeñaba como minero hacía 8 años. Tras el derrumbe asumió el rol de capataz y fue también el «camarógrafo» del equipo. Es hermano de Renán y cuñado de Osmán.

Carlos Barrios: 27 años al momento del derrumbe. Llevaba seis meses en la mina.

Franklin Lobos: 52 años al momento del derrumbe. Fue futbolista profesional e integró, entre otros clubes, Cobresal, y Santiago Wanderers Trabajaba como conductor de camiones y llevaba cinco meses en la mina San José.

Jimmy Sánchez: 19 años al momento del derrumbe, es el más joven del grupo.

Víctor Zamora: 33 años al momento del derrumbe. Era considerado el bromista del grupo y quien mantuvo la moral en alto durante el encierro.

Samuel Ávalos: 43 años al momento del derrumbe.

Raúl Bustos: 40 años al momento del derrumbe. Llevaba dos meses trabajando en la mina a la hora del accidente.

Juan Illanes: 52 años al momento del derrumbe. Es electromecánico y debió celebrar su cumpleaños en el encierro.

Osmán Araya: 30 años al momento del derrumbe.

Juan Carlos Aguilar: 49 años al momento del derrumbe. Llevaba casi 20 años en el rubro minero.

Renán Ávalos: 29 años al momento del derrumbe trabajaba en la mina hacía cinco meses. Es hermano de otro minero atrapado, Florencio.

Claudio Acuña: 35 años al momento del derrumbe. Llevaba tres días trabajando en la mina San José cuando ocurrió el accidente.

Yonny Barrios: 50 años al momento del derrumbe. En el refugio tomó el rol de paramédico. Tras ser encontrados, informaba a los rescatistas sobre el estado de salud de sus compañeros.

Carlos Bugueño: 27 años al momento del rescate. Amigo de infancia de Pedro Cortés.

Pedro Cortés: 26 años al momento del derrumbe. Operador de vehículo pesado.

Jorge Galleguillos: 56 años al momento del derrumbe. En la mina se desempeñaba como perforista. Con 40 años en el rubro minero, antes trabajó en la mina El Salvador.

Mario Gómez: Con 64 años al momento del derrumbe era el mayor del grupo. Cuenta con más de 50 años de experiencia en el rubro minero, fue quien escribió la primera carta que encontraron los rescatistas.

Daniel Herrera: 27 años al momento del derrumbe. Trabajaba en la mina desde enero.

Edison Peña: 34 años al momento del derrumbe. Es fanático de Elvis Presley y del atletismo. Tras el encierro participó en la Maratón de Nueva York.

Omar Reygadas: 56 años al momento del derrumbe. Llevaba más de 30 años como minero.

Pablo Rojas: 45 años al momento del derrumbe. Llevaba seis meses en la mina San José y se desempeñaba como cargador de tiro.

Esteban Rojas: 44 años al momento del rescate. Llevaba seis meses trabajando en la mina. El día del accidente no le tocaba trabajar.

Víctor Segovia: 48 años al momento del derrumbe. Llevaba una bitácora del encierro y a la salida manifestó que publicaría un libro con su experiencia.

Darío Segovia: 48 años al momento del derrumbe. Llevaba más de 40 años en el rubro minero y tres meses en la mina San José.

Mario Sepúlveda: 40 años al momento del derrumbe. Es quien apareció como portavoz en el primer video que se obtuvo de la mina.

Ariel Ticona: 29 años al momento del derrumbe. Su tercera hija nació durante el encierro y se llamó Esperanza.

Luis Urzúa: 54 años al momento del derrumbe. Con más de 30 años como minero, llevaba dos meses en la mina San José. Como jefe de turno al momento del accidente, fue el principal líder del grupo.

Álex Vega: 31 años al momento del derrumbe. Trabajaba en la mina San José hace nueve años.

Richard Villarroel: 26 años al momento del derrumbe. Fue papá a pocos días de salir del encierro.

Claudio Yáñez: 34 años al momento del derrumbe. Llevaba 8 meses trabajando en la mina San José. Fanático del rock y el fútbol, prometió que se casaría una vez que lo rescataran.

José Henríquez: 56 años al momento del derrumbe. Llevaba 33 años en el rubro minero y 7 meses trabajando en la mina San José. Mantuvo cohesionado al grupo como líder espiritual.

José Ojeda: 47 años al momento del derrumbe. Llevaba más de 20 años en el rubro minero. Fue el autor de la célebre frase: «estamos bien en el refugio los 33».

Carlos Mamani: 24 años, al momento del derrumbe. Es boliviano y llevaba dos meses trabajando en la mina San José.

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La autoridad explicó que en este periodo se ha visto una tendencia a la baja en los accidentes fatales en minería, ya que mientras en 2010 se registraron 41 accidentes, en 2019 la cifra llegó a diez. Algo similar ocurre con el número de trabajadores fallecidos, que ha disminuido de 45 personas que perdieron la vida en 2010 a once este año.

El secretario de Estado explicó que tras el accidente se tomaron diversas medidas para reforzar la seguridad en las faenas. En esa línea se aumentó el número de fiscalizaciones de 2.586 en 2010 a 10.545 el ejercicio pasado. Asimismo, se incrementó el número de fiscalizadores de 18 en 2010 a 66 funcionarios en 2019.

“Tras el accidente de los 33 en la mina San José se ha producido un cambio en la cultura de la seguridad en la industria minera, que ha reducido de manera significativa las tasas de fatalidad y accidentabilidad transformándolas en una de las industrias con mayores niveles de seguridad en el país”, aseguró el ministro.

Autocuidado y accidentabilidad

El titular de Minería añadió que “en la última década, la tasa de fatalidad en el sector ha disminuido considerablemente, alcanzando una reducción de 75%, lo que refleja un profundo cambio en las prácticas de autocuidado de los trabajadores que se desempeñan en esta actividad”.

Asimismo, se avanzó en la regularización de instalaciones mineras, confección de campañas de seguridad y, por otra parte, se inició la implementación de un sistema de análisis con inteligencia de datos.

La disminución en las cifras ha permitido posicionar a Chile como uno de los países mineros con los índices de fatalidad más bajos del mundo, siendo superado sólo por Australia, y con mejor seguridad que Canadá y Perú, entre otros.

De acuerdo con la información de la Superintendencia de Seguridad Social, la minería, al ser comparada con otras actividades económicas del país, posee una de las menores tasas de accidentabilidad, llegando a 1,1 accidentes por cada 100.000 trabajadores, en 2019, con una disminución de un 45% en los últimos 10 años.

“La industria minera es la actividad económica que ha tenido el mayor descenso en la tasa de fatalidad en los últimos diez años, con una tasa de 81% de disminución, con una tasa de 5,1 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, las cuales van en la misma línea que las cifras y registros estadísticos de Sernageomin”, afirmó el ministro Prokurica.

En tanto, el director nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko, señaló que “los objetivos futuros deben estar enfocados en que la innovación y las nuevas tecnologías, que permite reducir los riesgos a los trabajadores, sean los elementos esenciales para continuar en el control y baja sostenida en las tasas de accidentabilidad del país, con la meta final de alcanzar la cero fatalidad en la industria minera”.

Hoy, #A10AñosDelRescate, los chilenos 🇨🇱 recordamos un hito que gracias a la esperanza, al trabajo conjunto y un gran compromiso de todos, los 33 mineros de la mina San José de Atacama fueron rescatados con vida tras 69 días atrapados a 720 metros de profundidad. @bprokurica pic.twitter.com/3R0axSpPx0

— Ministerio de Minería (@MinMineria_cl) October 13, 2020

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La conferencia online contará, además, con expositores que fueron protagonistas  y testigos de las actividades y operaciones realizadas para lograr con éxito el rescate de los 33 mineros luego del accidente de la mina San José.

Estarán los siguientes ponentes:

–Raúl Dagnino, gerente general de Terraservice, quien por medio de sus equipos de sondaje trajo a la superficie el mensaje anunciando vida bajo tierra, a través de las barras de perforación de la sonda.

–Fernando Silva, presidente de Minera Rafaela, quien fue parte del equipo de planificación en el rescate de los 33 mineros en la mina San José

–Luis Urzúa, jefe de cuadrilla de los 33 mineros y el último minero rescatado quien nos hablará desde la perspectiva testimonial.

–Patricio Cartagena, quien desempeñando su cargo de director nacional de Sernageomin, instruyó fiscalizaciones y aplicó sanciones a la empresa responsable

-Manuel Viera, presidente de Cámara minera de Chile y gerente general de Metaproject, quien contará la forma en que calculó las probabilidades de encontrarlos con vida.

Los invitamos a este webinar: “Testimonios y lecciones aprendidas post rescate de los 33  mineros “, el miércoles 5 de agosto, a partir de las 18 horas, con un gran panel que contarán su  experiencia durante el histórico rescate, que fue noticia mundial; aprovechando las lecciones aprendidas para optimizar los planes de emergencias ante accidentes mineros de gran alcances.

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Durante el lanzamiento de las actividades -que se efectuarán hasta el 8 de agosto- el secretario de Estado señaló que “se está viviendo una gran jornada para Chile y Atacama”.

Por su parte, el intendente de la Región de Atacama, Patricio Urquieta, agradeció al Ministerio de Minería por incorporar a la zona dentro de las reuniones APEC, apuntando que Copiapó tiene una identidad minera. Actividad que nos interesa desarrollar de la mejor manera posible y que sea un motor de desarrollo heredable para las futuras generaciones. Estamos convencidos de que en la medida de que las cosas se hagan bien, vamos a contar con más herramientas para alcanzar esa meta que nos hemos trazado con el Presidente Piñera, que es conquistar el desarrollo en la próxima década”.

Urquieta indicó que la actividad es una oportunidad para que se conozcan las virtudes de Atacama, el trabajo que hace su gente y cómo se están desarrollando los proyectos en minería.

Baja en el precio del cobre

El secretario de Estado se refirió durante la jornada a la nueva caída del precio del cobre, que alcanzó su nivel más bajo desde el 16 de junio de 2017. “Hoy tuvimos una nueva baja, US$2,52, eso significa que por cada centavo de dólar que baja la economía chilena, el país deja de percibir US$60 millones. Lamentamos esta situación y en esto quiero reafirmar el llamado que ha hecho el presidente Sebastián Piñera a los mandatarios de EE.UU. y China a tender puentes para poder resolver de buena manera este conflicto”.

En esa línea, el titular de Minería añadió que “creemos que la APEC en noviembre va a ser una oportunidad en donde podemos acercar a esas dos economías, porque hoy día la guerra es una pérdida para todos, no sólo para los que exportamos commodities, sino que también para las empresas norteamericanas y chinas, que han tenido que adoptar medidas de carácter monetario. Cualquiera de los escenarios que no sea el libre comercio propio de la oferta y la demanda nos genera un daño enorme”.

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La mina San José, ubicada a 45 km de Copiapó, sigue hoy clausurada. Su destino se juega una vez más este miércoles, cuando se reúna la junta de acreedores de la compañía minera San Esteban, que está acogida a un convenio judicial preventivo para negociar sus compromisos y no decretar la quiebra. Ya ha habido varias prórrogas de plazos para los pagos de una deuda que supera los $ 11 mil millones, cuyo principal acreedor es el fisco, con cerca de $3.600 millones.

Los acreedores deberán votar una nueva extensión de plazos, ya sea a 2020 o 2021, y una fórmula para la venta de activos de la compañía, entre los cuales está el yacimiento, confirman fuentes vinculadas al proceso.

Los intentos por iniciar un proceso de venta o licitar la faena de cobre y oro de San José datan de 2013, sin que hasta la fecha se haya logrado.

Es una mina que puede volver a ser explotada, admite el director del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), Mario Pereira: «Hoy día existe la tecnología, se puede reparar, fortificar y contar con las medidas que son exigibles para una faena subterránea en condiciones de seguridad. Nuestros inspectores están capacitados para fiscalizar eso», dice.

Escenario diferente

Hoy, las exigencias son muy distintas, remarca Pereira. Luego del accidente de la mina San José se fortaleció Sernageomin, hubo consecuencias, un sumario interno, «se cobraron las cuentas» y enseguida vino un cambio radical en la fiscalización, al que atribuye la caída de 69% en las muertes de mineros entre 2010 y 2017, de 45 a 14. Mientras, este año van ocho casos. Además, detalla, se está modificando el reglamento minero con medidas que acentúan la seguridad.

En 2010 había 20 inspectores de faenas y ahora suman 70. Mientras, las fiscalizaciones subieron de 2.586 a casi 11 mil al año.

El ministro de Minería, Baldo Prokurica, destaca que el caso de los 33 mineros de Copiapó «fue una experiencia que marcó a la minería chilena y los resultados están a la vista: ha disminuido la cantidad de accidentes y este sector se ha transformado en una de las actividades más seguras del país».

Los atrapados de Aysén

La gran minería explica en torno al 40% de los casos de fallecidos, según Sernageomin. Aunque se trata de empresas que invierten más en equipos y en seguridad, lo atribuye a un factor de probabilidades, dado que el universo de trabajadores es mucho más grande.

A esa categoría pertenece la mina Delia II en Chile Chico, de la compañía Cerro Bayo, filial de la canadiense Mandalay Resources, donde el 9 de junio de 2017 se produjo el colapso de una faena subterránea que era explotada en los márgenes de una laguna, lo que provocó la inundación con agua y lodo de las galerías. Allí quedaron atrapados dos trabajadores de 25 y 34 años, cuyo rescate fue imposible. Hasta ahora sus cuerpos no han sido recuperados. «Se hicieron todos los esfuerzos: sondajes, bombas y hasta un pretil», dice Pereira, quien declina referirse a las condiciones en que operaba este yacimiento de oro y plata, porque existe una investigación judicial.

Esta tragedia en Aysén dejó al descubierto que, pese a la experiencia de la mina San José, no se había desarrollado en todo este tiempo un protocolo adecuado para atender grandes emergencias. Con ese fin, se convocó a un grupo de especialistas.

El sistema de emergencias en Chile «es muy reactivo»; depende de la sensibilidad de la autoridad, y no sistematiza los aprendizajes luego de una catástrofe, critica Michel De L’Herbe, experto en gestión de emergencias. «No se ha aprovechado bien la experiencia del rescate de los 33, del 27-F y del tsunami «, dice. Y advierte que falta una institucionalidad pública que se haga cargo de los accidentes y emergencias graves, con rescatistas certificados.

Espacio para mejorar

Cuatro causas originan el 75% de los accidentes fatales en la minería: golpes de rocas; caída de altura; los ocasionados por vehículos; y atrapamiento o aprisionamiento. Y en ellas se enfoca una campaña del Ministerio de Minería y Sernageomin, que esperan impacte en la prevención general.

Las tasas de accidentabilidad en la industria minera son las más bajas respecto de otros sectores, con 1,6 accidentes al año por cada 100 trabajadores (frente al promedio nacional de 4,3), pero aún existe una brecha importante con países desarrollados, plantea Hernán de Solminihac, director de Clapes UC. En Australia, dice, la tasa de fatalidad minera es de 0,04 por cada mil trabajadores, mientras en Chile es de 0,09 muertes por cada mil.

El investigador UC advierte que hay más de 700 accidentes incapacitantes al año, que implican 90 mil días-hombre perdidos. Y añade que según la OIT y la OMS, Chile pierde unos US$ 10 mil millones al año por accidentes y enfermedades profesionales en la minería.

Michel De L’Herbe coincide en que queda espacio para mejorar y plantea que se establezcan metas públicas con «una métrica de la accidentabilidad, no solo de la fatalidad».

Expertos elaboran protocolo para responder a grandes emergencias

Casi un año de trabajo llevan expertos convocados por la dirección nacional de Sernageomin para reunir la experiencia de accidentes mineros de gran magnitud y elaborar un protocolo que sirva en labores de rescate. No se hizo luego de los 33, y en junio del año pasado la tragedia de los dos trabajadores atrapados en una galería, a 150 metros de profundidad, inundada de lodo y agua en la explotación Delia II de Cerro Bayo, junto a Laguna Verde, develó esta necesidad.

En la comisión participan expertos de Onemi, Sonami, del Colegio de Geólogos, del Instituto de Ingenieros en Minas, del Colegio de Profesionales Expertos en Seguridad Minera, de la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Chile, junto a especialistas del Sernageomin en geología, minería y gestión de riesgos.

El protocolo, denominado «Plan nacional de emergencia mineras de gran alcance», será entregado al Ministerio de Minería en un mes. Aborda solo cierto tipo de accidentes graves que califican, como el de la mina San José y el de Cerro Bayo. Se definen las funciones, coordinación interinstitucional y capacidades del comité de operaciones de emergencia y organismos especializados. Habrá una evaluación técnica del escenario de la emergencia y del tiempo de sobrevida de las personas lesionadas, atrapadas o incomunicadas al interior del accidente minero de gran alcance.

El factor género: las mujeres son más cuidadosas y se accidentan menos que los hombres en la misma tarea

Las mujeres, en igual faena que los hombres, se accidentan mucho menos, destaca un análisis de Hernán de Solminihac, director de Clapes UC. «En Chile, la tasa de frecuencia de accidentes de mujeres es de 0,92 accidentes por cada millón de horas-persona, mientras que en los hombres es 1,85», dice.

La proporción de trabajadoras en la minería chilena ha ido en ascenso en los últimos años, desde un 7% en 2013 a un 8,4% en 2017, superando a Perú (5%), aunque aún lejos de países del mundo desarrollado como Canadá (19,9%) y Australia (14,3%).

Hoy suman cerca de 17 mil, muchas de las cuales se incorporaron vía programas públicos como «Mujer Minera» a través de la capacitación en oficios vinculados a este rubro, que buscan romper con la tradición de exclusividad laboral masculina.

La experiencia internacional y del país, destaca el ex ministro de Minería, reflejan que ellas son un aporte en la prevención: «Las mujeres mineras destacan por ser más cuidadosas». Y añade que en sus áreas de trabajo se preocupan más de la seguridad, tanto de ellas como de sus compañeros, además de ser más meticulosas en la operación de equipos y maquinarias.

El resultado de esto, medido en Australia -donde ellas equivalen al 14% de los trabajadores-, indica que en las faenas con más participación de mujeres tienen menores costos de depreciación de activos y una menor tasa de accidentabilidad.

Según registros de Sernageomin, entre 2000 y 2018 solo murió una mujer, por el desbarrancamiento de un vehículo en 2014, en una faena de la gran minería.

Hasta 1996, el sector femenino quedaba fuera del trabajo al interior de las minas porque así lo disponía el Código del Trabajo. Hoy, en cambio, pueden desempeñarse en cualquier tarea. Una de las mayores participaciones se da en la División Gabriela Mistral de Codelco, donde hay un 24% de mujeres.

El 93% de las mujeres que se desempeñan en labores de supervisión tiene educación superior completa, lo que solo ocurre con el 70% de los hombres en esa función.

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En octubre fueron rescatados, pero la sociedad dueña del yacimiento, Minera San Esteban, sigue todavía sin poder pagar sus deudas.

Tras el incidente, la firma ­ligada a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny­ se acogió a un convenio judicial preventivo, para poder pagar a sus acreedores antes de que se decretara una quiebra, indica este viernes «El Mercurio».

Hace algunas semanas, los acreedores con derecho a votar, que suman $11.826 millones, decidieron extender el convenio que vencía ayer por dos años más, es decir, hasta el 31 de marzo del 2019.

La propuesta fue aprobada por el 90,8% de los acreedores que asistieron a la junta, aunque establecieron cláusulas para promover un remate del activo en caso de que no sea factible la venta directa.

Es así que acordaron que al 30 de septiembre de 2017 la comisión de acreedores tiene que tener aprobadas las bases de licitación para ejecutar un eventual remate. No obstante, este grupo «seguirá adelante con todas las negociaciones posibles con potenciales compradores», consigna un escrito emitido por el 17° Juzgado Civil, sede en la que se tramita la causa.

Añaden que si al 30 de septiembre de 2018 «no se ha logrado una venta/opción u otro mecanismo mediante negociaciones en curso, la Comisión de Acreedores se compromete a un proceso de licitación, según las bases que tenga aprobadas».

Estas condiciones fueron consentidas, señala el acta de la junta, por el representante de Minera San Esteban que asistió al encuentro, Alejandro Bohn.

Conocedores del proceso indican que pese a estas cláusulas, el objetivo principal es cerrar un acuerdo de venta directa, ya que con esta modalidad se obtendría un mayor precio que con el remate y, por consiguiente, se cumpliría con un mayor número de acreedores.

Un informe de enero realizado por la síndico María Loreto Ried ­y contenido en la causa­ señala que el fisco, a través del Consejo de Defensa del Estado, es el principal acreedor con $3.632 millones. El segundo es la sociedad Calderaridge Financial con $3 mil millones, sociedad que estaría ligada a los propietarios, según se señaló en su momento desde Enami.

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