La jornada se iniciará con las palabras de Jorge Ortúzar, secretario general de la Sofofa, y de Daniel Llorente, presidente de Corproa, para luego dar paso a la exposición de Javier Vega, gerente de Estudios y Asuntos Regulatorios de Sofofa, quien se referirá al contexto económico del mercado laboral.

Por su parte, Luis Lizama, profesor de Derecho Laboral de la Universidad de Chile y miembro del Comité Laboral de Sofofa, abordará los alcances jurídicos de la Reforma Laboral.

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[El segundo tiempo que enfrentará la reforma laboral en el Senado]

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[Una docena de gremios piden al Gobierno reformular la reforma laboral]

https://youtu.be/rYVFWBs3IFQ

En el marco de la jornada de Reflexión, el abogado experto en temas laborales y asesor de Aprimin, Luis Lizama, planteó la posición que el gremio tiene frente a los principales temas que el proyecto considera en cuatro puntos específicos:

Grupos Negociadores

El proyecto contempla:

•       La radicación del derecho a negociar colectivamente en el sindicato de empresa y el sindicato interempresa [si cumple los requisitos de quórum para negociar en la empresa]

•       El grupo puede negociar en forma semi-reglada [acuerdo de grupo negociador] si no hay sindicato en la empresa

Aprimin propone:

•       El grupo también pueda negociar colectivamente con determinados requisitos [por ejemplo: baja afiliación sindical o que negocie en forma reglada]

Beneficios pactados colectivamente

 El proyecto contempla:

•       El goce automático de beneficios por afiliación posterior al sindicato que los negoció y obtuvo

•       El empleador puede extender los beneficios pactados colectivamente a trabajadores no sindicalizados si lo acuerda con el sindicato [pagando todo o parte de la cuota sindical]

•       Se establece que constituye práctica antisindical extender unilateralmente los mismos beneficios pactados con el sindicato

Aprimin propone:

•       El sindicato y el empleador pueden extender los beneficios pactados colectivamente

Remplazo y descuelgue en huelga

El proyecto propone:

•       La prohibición de reemplazo de los “puestos de trabajo” durante la huelga: contratación de rompehuelgas y variación de las condiciones [función o lugar] respecto de los trabajadores que no están en huelga

•       La reforma a los servicios mínimos y equipos de emergencia

Aprimin propone:

•       Derecho del empleador a la “sustitución interna” [que los trabajadores que no están en huelga puedas efectuar el trabajo de los huelguistas]

•       En huelga: si el sindicato impide que los trabajadores que no están en huelga presten sus servicios, el empleador podrá pedir “arbitraje forzoso”

Equilibrio en la negociación colectiva

El proyecto contempla:

•       Que el sindicato pueda exigir mediación o arbitraje forzosos en caso que el empleador no actúe de buena fe [por ejemplo: no dé respuesta al proyecto o se niegue a recibir a la comisión negociadora]

•       Que el sindicato pueda exigir información de trabajadores no afectos a la negociación colectiva

Aprimin propone:

•       Que el empleador también tenga la facultad de exigir mediación o arbitraje forzosos en caso que el sindicato no actúe de buena fe [por ejemplo: efectúa una huelga violenta]

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¿Cuál es el punto que más llama la atención de la reforma?

El modo que el empleador pueda entregarle beneficios al personal no sindicalizado es un tema especialmente complejo.

¿Por qué?

Tengo la impresión que el proyecto de ley por esta vía lo que está haciendo es propiciar que todos los trabajadores tengan como única opción el estar sindicalizados. Me parece complejo porque nuestro sistema jurídico reconoce la libertad de afiliación.

¿Existe una contradicción entre el proyecto y el marco jurídico existente?

Sí. Estimo que hay una contradicción también con la OIT. La OIT ha dicho que no es posible que la ley plantee el goce automático de beneficios por estar afiliado a un sindicato. Lo que va a ocurrir es que los trabajadores no van a tener más opción que ser parte del sindicato. Eso, me parece a mí, va en contra de la OIT y va en contra de nuestra Carta Fundamental, que justamente contempla que un trabajador tiene derecho por la Constitución Política a ser parte o no de un sindicato.

¿A qué atribuye esta situación?

Entiendo que forma parte de las exigencias que formuló la CUT. Indudablemente es un guiño a la CUT.

¿Qué otros aspectos le llamaron la atención?

El de la huelga sin reemplazo. Esto que se imposibilite el reemplazo con trabajadores propios va en contra de la OIT y en contra de legislaciones de países desarrollados.

¿Y qué plantea la OIT?

La OIT permite el reemplazo interno. Lo que prohibe es que se traten de rompehuelgas, pero que el empleador pueda organizar su capacidad productiva para poder enfrentar una huelga. Me parece que es una medida un poco dura.

¿Se encarecen los costos laborales?

No tengo ninguna duda de eso. En Chile hay pocas huelgas por año. Son cerca de 200 por año, duran cerca de 13 días en promedio. La excepción es que exista huelga. Con esta regla, en la que el empleador no tiene posibilidad de reemplazo, ni con personal propio ni externo, indudablemente creo que será un incentivo a que exista mayor conflictividad laboral, en consecuencia que haya muchas más huelgas en Chile. Esto va a tener un costo económico y también social.

¿Considera que se trata de una reforma sindical más que laboral?

Me parece que hay un par de reglas que no han sido muy divulgadas, que evitan un sindicalismo que no es genuino, por ejemplo, trabajadores que formaban sindicatos para poder ser reinstalados en su puestos de trabajo. Hace más difícil que hayan delegados sindicales de interempresas que eran claramente delegados sin haberse efectuado elección alguna. Creo que el gobierno apunta en esta materia correctamente a que exista una actividad sindical genuina.

¿Hay otros aspectos positivos?

Los pactos de adaptabilidad. Me parece que es una buena idea la de tener la posibilidad que se pacte colectivamente flexibilidad en materias de trabajo, horas extraordinarias, turnos pasivos. El uso de la mediación y el arbitraje también me parecen buenas ideas.

¿Qué puntos faltaron?

Tengo la impresión que esta es una verdadera revolución en nuestro sistema de relaciones laborales. Esta es una reforma mayúscula. Indudablemente altera el plan laboral de José Piñera del año 78. No hay ninguna duda de que esta es una reforma que significa una suerte de refundación del derecho colectivo del trabajo chileno del modo que lo hemos entendido los últimos 30 años. No es sólo un proyecto que busca equidad. Acá el gobierno busca otorgar mayor poder sindical, para que puedan negociar con más fuerza, y puedan mejorar su renta. La verdad es que están todos los temas del derecho colectivo. Creo que la reforma plantea un desafío suficientemente grande como para agregarle más temas.

Usted participa de procesos de negociación en empresas mineras ¿Cómo las impacta esta reforma?

Creo que el impacto va a ser relevante. Las buenas noticias para la minería están ligadas a los pactos de adaptabilidad. La mala es que se le da más poder a sindicatos que ya son poderosos.

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Por ejemplo, dándole a esta organización la potestad de ser la única que pueda negociar colectivamente con la empresas y no con otros grupos.

Aprimin propuso que se siga la lógica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de que se pueda negociar colectivamente con grupos independientes, sólo en forma reglada (es decir, como lo hace un sindicato) para eliminar la sospecha de que se esté utilizando la herramienta como medida antisindical.

Fuero sindical

Asimismo, Lizama criticó algunos abusos del sistema actual, como que surjan organizaciones que no son expresión genuina de libertad sindical, sino que buscan aprovecharse del fuero. «Nos gustaría que este tema fuera revisado también por parte de los legisladores», dijo. Otra de las propuestas apunta a que el procedimiento de negociación es engorroso y dificulta el acuerdo.

Además, se analizó el fin al reemplazo externo durante una huelga, ya que hoy la ley lo permite si se cumplen determinadas condiciones. Según Lizama, el gobierno estaría planteando -en base a información de prensa- que no exista derecho a reemplazo externo, pero que se le imponga al sindicato que efectúa la norma, un servicio mínimo de funcionamiento.

Así, mientras la OIT señala que contar con personal externo es una medida que atenta contra la libertad sindical, a juicio de Aprimin, esto abriría la puerta a que exista el reemplazo interno, algo que se hace en países de Europa. Además, dice que habría que agilizar el proceso para contar con personal de emergencia, lo que hoy es muy engorroso. Respecto a los contratistas, queda la duda si la dueña de la obra carece de derecho de reemplazar a la gente contratista que está en huelga. Lizama sugirió que la empresa principal debe mantener la facultad de reemplazo.

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