[Aidan Davy: “Los gobiernos debieran permitir un diálogo constructivo”]

Delegados de los pueblos Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar se dieron la mano con las máximas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, en un recinto construido con madera nativa y vigas a la vista.

Si bien, el posible ministerio aún no se crea, el Gobierno quiere ingresar los proyectos de ley respectivos durante el primer semestre de 2015, a pesar de que hay sectores indígenas que no están de acuerdo con  los alcances y cómo se está llevando a cabo el proceso.

Los 152 delegados reunidos en San Esteban, definieron además la creación de nueve consejos y un Consejo Nacional, comprometiéndose a hacerse responsables de los cambios necesarios para este nuevo organismo, acogiendo el Convenio 169 de la OIT.

¿Cómo un ministerio de este tipo podría afectar a los grandes proyectos de inversión, principalmente en el área minera y energética? ¿Será un ente que disminuirá o aumentará la judicialización de proyectos?, ¿Cómo trabajará en conjunto y se complementará con el Ministerio y la superintendencia del Medio Ambiente en este aspecto? Específicamente, ¿Cuál será su rol en  el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)? son algunas de los cuestionamientos que surgen. Para hacerse una idea, según el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un 69% del total de procesos de consultas finalizadas, en desarrollo y proyectadas corresponde a proyectos del sector energético. La minería abarca un 25%  y la industria  de celulosa y embalses de ríos, un 6%. Por otro lado, el sur de Chile concentra el 44% de consultas indígenas y el norte, el 37%. Sólo un 6% de las consultas son interregionales.

El panorama

Según especialistas y el Gobierno, uno de los primeros pasos será establecer una institucionalidad fuerte. “Hoy en día existen  limitantes estructurales en la actual institucionalidad. La Conadi (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) no tiene presencia en todas las regiones y en varias de ellas, posee uno o dos funcionarios, lo que  impide  dar  solución a los distintos problemas de los pueblos indígenas. También carece de las facultades de tener sus propias iniciativas legislativas”, indica María Fernanda Villegas, ministra de Desarrollo Social.

En cuanto a los proyectos de inversión, Villegas es clara: “Al igual que todos los demás organismos de este tipo, tendrá por finalidad  relevar y coordinar las políticas sectoriales. Por lo tanto, en lo  relativo a las inversiones, el futuro Ministerio de Pueblos Indígenas tendrá la misma injerencia, que cualquier otra cartera”.

El abogado Rodrigo Benítez, ex subsecretario del Medio Ambiente (administración de Piñera) y actual Socio en Baker & McKenzie, comenta que actualmente, la aprobación de proyectos, mediante consulta indígena se rige por el SEIA, por lo que  en la medida que se mantenga el sistema, un nuevo ministerio, no generaría grandes cambios en los proyectos de inversión. “La diferencia podría darse con relación al organismo que se va a pronunciar respecto a los proyectos. Se ha dicho que seguirá siendo la Conadi para algunas cosas, pero aún no se sabe con certeza. Lo importante es que sea una sola entidad, no varias, porque eso sí que significaría una mayor judicialización y paralización de los proyectos”, dice Benítez. Agrega: “Lo que no me parecería razonable es extraer la consulta indígena del SEA para llevarla a un nuevo procedimiento. Eso sería un completo error, porque se está dando mayor burocracia a los temas administrativos. No tendría mucha lógica en cuanto a recursos y personal”.

Lorenzo Soto, abogado y  doctor en Derecho Ambiental, estima que un ministerio debería tender a perfeccionar el sistema de consultas indígenas para los proyectos de inversión. “Pero para eso, es fundamental que quien lo dirija, al igual que sus funcionarios, tenga una mirada indigenista, en vez de una productivista. O sea, que posean una vocación por defender los derechos indígenas”. Según Soto, definitivamente, el posible ministerio debería sustituir a la Conadi e incluso, cree que en las regiones se deberían crear seremis, que lo representen.

“Una vez conformado, lo más urgente sería hacerse cargo de las consultas indígenas que están en proceso. Pero sobre todo, proveer los recursos financieros o los medios para que las comunidades puedan defenderse o entender los problemas de impacto ambiental, con gente que se los explique, que tengan una real participación. En definitiva, la primera necesidad es hacerse cargo de que las consultas indígenas se hagan conforme a los estándares internacionales”, concluye soto.

Si se logra concretar el ministerio en los próximos años, sería un verdadero hito, considerando que en 1992 fue la primera vez que los pueblos indígenas plantearon la necesidad de su creación, en una histórica cumbre realizada en el simbólico cerro Ñielol.

La entrada ¿Cómo afectaría un Ministerio de Pueblos Indígenas a futuros proyectos? se publicó primero en Mch.

¿El motivo? Un conflicto con comunidades aymaras, las que se oponen al desarrollo de la ampliación de la mina para extender su vida útil, lo que considera un desembolso de US$467 millones.

“Buscamos la continuidad de Cerro Colorado, de lo contrario tendrá una muerte prematura en diciembre de 2016”, dijo la compañía en un escrito presentado a la Justicia.

Todo partió en junio de este año, cuando las comunidades -asesoradas por el abogado Lorenzo Soto- presentaron dos recursos de protección contra un proyecto no productivo de Cerro Colorado, que consiste en Obras de Protección de Cauce en el sector de la Quebrada de Quipisca (US$6,8 millones). Esta iniciativa ya obtuvo su permiso ambiental el 2 de mayo de este año.

Si bien esta iniciativa fue pensada sólo como una obra de mitigación aledaña, con el fin de evitar que el material desprendido de los botaderos puedan obstaculizar el flujo de agua de la quebrada durante los eventos esporádicos de lluvias, en el seno de las comunidades afirman que esto es parte de un proyecto mayor, por lo que se requeriría de un proceso de consulta indígena bajo el alero del Convenio 169 de la OIT.

En Cerro Colorado no tardaron en reaccionar y manifestaron a la Corte de Apelaciones de Iquique que este proyecto, al ser una obra menor calificada mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no requiere efectuar una consulta indígena. Además, en la compañía argumentan que las obras se emplazan en parte en un bien nacional de uso público, y en parte en una servidumbre minera de titularidad de Minera Cerro Colorado. La empresa explicó: “El objetivo no es autorizar una inversión o proyecto productivo destinado a obtener rentas de él, sino sólo una medida de protección dirigida a evitar daños sobre la quebrada y las comunidades”.

En la minera esperan solucionar el conflicto con las comunidades, más aún cuando en paralelo tramita el proyecto de expansión de Cerro Colorado con los mismos aymaras.

“Cerro colorado se encuentra actualmente realizando los mejores esfuerzos por colaborar en el proceso de consulta indígena que lleva en adelante en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto ‘Continuidad Operacional de Cerro Coloradoâ€. Dicho proyecto busca obtener autorización ambiental para siete años adicionales de vida de Cerro Colorado (2017-2023), yacimiento que de lo contrario deberá cerrar -una verdadera muerte prematura- en diciembre de 2016”, dijo la empresa en un escrito que presentó como parte del recurso presentado a la Justicia por las comunidades.

“Los argumentos previstos no implican que Cerro Colorado no muestre ni profese hoy respeto y consideración por las comunidades indígenas vecinas a su operación minera. Todo lo contrario”, añadió la minera.

Una visión absolutamente opuesta tiene Lorenzo Soto. “Ellos debieron presentar un sólo proyecto y no fraccionarlo, en una gran iniciativa en la cual se contara con la consulta indígena”, sostuvo el jurista, quien asegura que en el proyecto que ya tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA), durante su tramitación la Conadi recomendó realizar una consulta indígena, lo que no hizo la empresa pues no estaba obligada

“En tres ocasiones la Conadi les manifestó que desarrollaran la consulta y BHP, junto al Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá, optaron por no llevarla a cabo. ahí comenzaron las tensiones y la molestia de la comunidad”, sostiene Soto, quien anuncia que en caso que la expansión obtenga su RCA “seguiremos el mismo camino de recurrir con recursos judiciales”.

BHP dijo que mientras se desarrolle el proceso jurídico no se referirá oficialmente al tema.

La entrada BHP Billiton: Conflicto por Convenio 169 forzaría cierre anticipado de su primera mina en Chile se publicó primero en Mch.