Por ello, la principal productora de cobre a nivel mundial, activó hace pocos meses sus alarmas, con la finalidad de establecer, empíricamente, que todo está en orden.

En ese proceso, iniciado en enero, adquirió una base de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) que ya está analizando, con el objetivo de verificar eventuales exposiciones a riesgos, “como consecuencia de relaciones contractuales con PEP”.

El análisis implica el cruce de los contratos con sus proveedores y la base de datos de PEP, considerando al titular, cónyuge, padres y empresas en que el titular tiene participación. También, la verificación de los pagos efectuados, y la comprobación de los servicios o contraprestaciones realizadas.

[Codelco y su búsqueda para diversificar el uso del cobre]

El presidente del directorio de la estatal, Oscar Landerretche, señaló que si bien el proceso ya partió, la base de datos fue insuficiente. Eso, dado a que el listado PEP no contenía información relevante, como el nombre de los asesores vinculados.

Por eso, la contraloría de la estatal trabaja en el diseño de un mecanismo para regular y esclarecer ese tipo de vínculos.

Landerretche detalló que a pesar de que el análisis será histórico, los datos que se obtengan desde 2010 a la fecha, tendrán un mayor estándar gracias a la Ley de Gobierno Corporativo que entró a operar ese año, por lo que la ejecución de la evaluación se ve más complicada para años anteriores.

Una vez terminado este proceso, la compañía evaluará futuras medidas de profundización frente al tema.

Conflicto de interés

Otra de las áreas en la que está trabajando la estatal tiene que ver con la administración del conflicto de interés, para lo cual está creando un marco normativo integral de control.

Si bien expertos independientes, contratados por Codelco, señalaron que la empresa cumple hoy con las actuales exigencias legales e incluso cuenta con estándares elevados respecto de la práctica común de la industria, concluyeron que existen espacios de mejoramiento en las regulaciones internas, que permitirían elevar los estándares conforme a referentes internacionales.

Con dicho análisis, la estatal estableció que pese a contar con un código de Gobierno Corporativo, con una carta de valores y un código de conductas de negocios, carece de una política corporativa sobre conflicto de interés, por lo que trabajará en desarrollarla.

A priori, se sabe que incluirá aspectos como sanciones y prohibiciones y la elaboración de un glosario único de términos, para facilitar la comprensión inequívoca por toda la organización.

También se conoce que tendrá focos de atención, como las definiciones explícitas del conflicto de interés y de personas relacionadas, a lo que se sumarán la regulación de los procesos de contratación de personal; el aumento del universo de personas que deban realizar declaraciones de intereses y de patrimonio; la estandarización de regalos y la incorporación de prácticas sobre el lobby.

En ese proceso también se considerará la creación de una organización que realice auditorías periódicas y revise la coherencia y veracidad de la información entregada, dando impulso también a la prevención, detección y respuesta a riesgos de fraude y corrupción; incumplimiento a las leyes de libre competencia y a las leyes de comercio internacional.

En medio de esos cambios, la estatal trasladó también su actual área de auditoría desde la alta gerencia, al directorio.

La entrada Codelco analiza sus contratos con PEP y afina marco normativo se publicó primero en Mch.

Así, desde fines del año pasado, las autoridades tienen registradas en la página web «Info Lobby» -del Consejo para la Transparencia-, las reuniones que sostuvieron con distintos actores del mundo privado.

Los ministros y subsecretarios que han tenido un mayor número de encuentros desde el año pasado son los titulares de Medio Ambiente, Pablo Badenier, ministro, y Marcelo Mena, subsecretario, (21 encuentros); el ministro de Energía, Máximo Pacheco y la subsecretaria Jimena Jara (17 reuniones), y la ministra de Minería, Aurora Williams, junto con su subsecretario Ignacio Moreno (17 encuentros). Entre los gestores de interés se encuentran empresas del sector privado como Colbún, representada por Tomás Keller, quien se reunió con Pacheco y Badenier para abordar temas relacionados a la energía y proyectos de inversión, como Santa María y San Pedro.

[Ley de Lobby: Conoce las audiencias que ha recibido el Ministerio de Minería]

Otro connotado empresario que se reunió con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Andrés Gómez-Lobo, fue Horst Paulmann, en un encuentro para analizar las obras de mitigación vial del proyecto Costanera Center.

Distintos gremios empresariales se han reunido también con ministros.

A fines de diciembre, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz, fue hasta las oficinas del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para abordar temas relacionados con la reforma laboral. En enero, el timonel de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, se juntó con la autoridad para abordar la agenda pro inversión. La Cámara Chilena de la Construcción ha sido el gremio más activo en reuniones con las autoridades, juntándose con los titulares de Hacienda, Obras Públicas y Energía desde diciembre.

Jorge Awad, presidente de la Asociación de Bancos, tuvo una audiencia con el titular de Economía y representantes de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) tuvieron citas con Aurora Williams, ministra de Minería.

La entrada Medio Ambiente, Energía y Minería lideran audiencias con empresas y gremios se publicó primero en Mch.

[Ley de Lobby: CPC transparenta interés de influir en 12 ministerios]

Según se consigna en el portal de la Cámara Baja, la posición transversal de los diputados, expresada en la sesión de este miércoles, se motivó tras escuchar en las últimas dos sesiones a diversas organizaciones que manifestaron su desacuerdo con la propuesta ingresada por el Ejecutivo y defendida, principalmente, por la Cancillería.

El Consejo para la Transparencia, representado por su presidenta, Vivianne Blanlot, expuso una serie de observaciones al proyecto y puso de relieve la necesidad de dejar operar a la recientemente publicada Ley del Lobby, antes de impulsar cambios o ajustes normativos.

“Nuestra postura es que dejemos que parta la implementación, que tengamos un poco de experiencia y vamos aclarando en el camino aquellas imperfecciones o malas interpretaciones para que se cumpla”, enfatizó.

Blanlot sostuvo que, desde el Consejo, saben que la Ley del Lobby no puede interpretarse de una manera que afecte las relaciones internacionales, la seguridad de la nación o incluso la defensa. Informó que han observado interpretaciones distintas en diversos organismos, respecto a cómo se aplica la normativa y que vulnera el espíritu de lo que ella vino a reglar.

“Nosotros concordamos con el fondo del problema que se ha planteado, que la Ley se ha interpretado en el sentido que estarían regulados bajo esta normativa las reuniones que sostengan, por ejemplo, un embajador chileno con uno extranjero. A nuestro juicio ello es una interpretación errada de lo que impone la Ley dado que ella regula la publicidad de la gestión de intereses particulares y cuando hay reunión de embajadores hay una discusión de intereses generales de la nación”, puntualizó.

Estimó posible trabajar el tema, de modo que no se afecten las relaciones internacionales, pero sin necesidad de cambiar la Ley o, quizás, haciendo alguna aclaración menor en aspectos específicos.

La entrada Diputados piden al Ejecutivo congelar trámite de reforma a la Ley del Lobby se publicó primero en Mch.

Asimismo, a quienes transgredan esta norma, se les aplicará la inhabilitación por tres años de ejercer cualquier cargo público, sea o no de elección popular.

Los legisladores explican que existen diversas disposiciones en nuestro ordenamiento jurídico, que regulan o intentan precaver situaciones en las cuales la probidad puede ser transgredida por un funcionario público, al privilegiar sus intereses particulares por sobre el interés público, siendo las normas sobre inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones una herramienta potente en resguardo de la probidad.

En ese sentido, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en su artículo 56, establece la incompatibilidad para quienes fueron funcionarios públicos o autoridades, y tengan un vínculo laboral con entidades que les haya correspondido fiscalizar, la cual subsiste por seis meses desde la cesación en el cargo público.

Sin embargo, los parlamentarios consideran esta norma insuficiente, porque deja fuera un conjunto de relaciones o vínculos contractuales y se circunscribe sólo a ex autoridades y a instituciones fiscalizadas, dejando sin regulación el vínculo posterior entre ex altas autoridades como Ministros y Subsecretarios y las empresas del sector privado.

Por ello, consideran que la prohibición o incompatibilidad de vincularse contractualmente por un período de tiempo con empresas del sector privado, debe ampliarse no sólo a entidades sujetas a fiscalización por quien fue autoridad; sino también a las altas autoridades de Gobierno y a empresas que dado su rubro o giro, se relacionen con el ámbito de competencia de algún Ministerio o Servicio.

Los autores de la moción agregan que si un ex ministro pasa inmediatamente al sector privado a realizar actividades lucrativas, generaría un espacio de relaciones inapropiadas, actuando como un verdadero «lobbista» de una empresa, debido a sus influencias.

La entrada Proponen ampliar a ex ministros y ex subsecretarios incompatibilidad para ejercer en sector privado se publicó primero en Mch.

La normativa -aprobada a inicios de año, pero que demandó un plazo para poder ser implementada- busca transparentar la acción de grupos de interés que pretendan influir en las decisiones de las autoridades políticas.

Para ello, la mayoría de las instituciones del Estado cuenta con un registro público de lobistas o gestores de intereses. Así, según la información que entregan los 23 ministerios y las ramas del Congreso, hasta el momento hay cerca de 13 personas, agencias u organizaciones no gubernamentales que se han inscrito voluntariamente.

La ley -que también obliga a las autoridades a transparentar sus encuentros con estos grupos de interés- identifica como lobista a la persona o entidad que realiza gestiones como intermediario y en forma remunerada (por ejemplo agencias o consultores). Si esa labor no es remunerada y es ejercida por un representante directo, a ese grupo o persona se le denomina “gestor de intereses” (por ejemplo un dirigente sindical, de una ONG o de un gremio empresarial).

Así, en los registros públicos figura la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), que agrupa a los principales gremios empresariales. La CPC se anotó como “gestor de intereses” en 12 ministerios (Interior, Secretaría General de la Presidencia, Hacienda, Trabajo, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social, Educación, Economía, Justicia, Energía, Obras Públicas y Secretaría General de Gobierno). Con esta acción, la multigremial transparenta su interés en influir en decisiones de las autoridades al mando de esas carteras. Por su parte, la ley también obliga a aquellos altos funcionarios o servidores públicos a transparentar sus reuniones o conversaciones con los representantes de la CPC.

“Queremos ayudar a la aplicación de las normas de transparencia y cumplir la ley de inmediato. Por eso hemos tomado una actitud proactiva, destacando nuestra calidad de gestores de intereses particulares, distinta a la de un lobista, donde tenemos relación con el gobierno y el Congreso e intentamos hacer ver nuestros puntos de vista”, dijo a La Tercera Fernando Alvear, gerente general de la CPC.

En tanto, en los registros del Congreso también figuran como gestores de intereses dos organizaciones pro transparencia: la Fundación Ciudadano Inteligente y Chile Transparente.

Agencias de lobby

En las nóminas de lobistas, en tanto, la agencia de comunicaciones Azerta, propiedad de Cristina Bitar y Gonzalo Cordero, se inscribió en 16 ministerios y en el Senado.

También en los listados aparecen otras firmas que realizan asesorías e intermediación de intereses ante autoridades como Extend (empresa de los hijos del ex ministro del Interior, Belisario Velasco: María de la Luz, Pilar, Ana María y Felipe), la agencia Grupo Etcheberry (fundada por la abogada, empresaria y ex superintendenta de isapres, María Elena Etcheberry) y la sociedad Comunicación Estratégica Ltda.

Además figuran en algunos registros personas naturales como Felipe del Solar (director de Extend), Nelson Urrutia (socio de Grupo Etcheberry), Miguel Ángel Cortés, David Peters, José Joaquín Jara y Gustavo Lagos Cruz-Coke.

Si bien la ley permite que los lobistas o gestores de intereses se registren voluntariamente, dice que deben ser inscritos obligatoriamente por la autoridad, cuando soliciten audiencias.

La entrada Ley de Lobby: CPC transparenta interés de influir en 12 ministerios se publicó primero en Mch.

El reglamento por Lobby fue aprobado por 16 votos a favor y un rechazo, el del senador del MAS Alejandro Navarro. A su juicio, era “mentirle a la ciudadanía” regular esta actividad en el Congreso cuando el financiamiento de campañas con la cual salen electos los parlamentarios aún no es modificado.

En lo concreto, la propuesta de normativa impulsada por la comisión de Ética y Transparencia debería estar operativa en el Senado el próximo 29 de noviembre, de ahí la fecha tope de las indicaciones.

“Queremos concordar con la Cámara de Diputados en una suerte de comisión mixta, con la comisión de Ética de la Cámara, las propuestas que en ambas corporaciones tienen que regir para tener el mismo techo”, explicó el senador UDI Hernán Larraín, uno de los impulsores de la propuesta en la comisión.

La propuesta emanada tiene 38 páginas y entre las regulaciones que plantea está que se lleve “por medio de sistemas informáticos actualizados” la publicación de los registros, además del propio sitio web del Congreso. Que las audiencias o reuniones deberán ser solicitadas previamente individualizando las personas que asistirán y a las organizaciones o entidades que representan. Los senadores como sujetos pasivos de lobby deberán incorporar en sus registros sus viajes detallando destino, objeto, costo total y transparencia de quién o quiénes extendieron la invitación.

La entrada Senado fija plazo de indicaciones por reglamento del Lobby se publicó primero en Mch.

Las reformas aprobadas fueron:

• Establecimiento de límites y controles para la gestión de los recursos asignados al funcionamiento del Directorio.
• Implementación de un sistema transparente y trazable de gestión de solicitudes de contratación, ascenso y desvinculación de ejecutivos y empleados de Codelco.
• Mecanismos para regular la relación entre los integrantes del Directorio y la administración de la empresa y partes relacionadas, así como el establecimiento de criterios para las vocerías corporativas.
• El Directorio analizará en su próxima sesión tres nuevas reformas a su gobierno corporativo relacionadas a la regulación del lobby al interior de la Corporación, fortalecimiento y reforma al sistema de auditoría interna, y normativas para evitar los conflictos de intereses.

La entrada Estas son las reformas al gobierno corporativo hechas por Codelco se publicó primero en Mch.

Estas y otras interrogantes deberán ser despejadas en los reglamentos que regularán las acciones de lobby en el Congreso conforme al nuevo marco legal que normará esta actividad. Tras abrir un período de consulta ciudadana para que personas o entidades interesadas plantearan sus observaciones a un borrador, se espera que en las próximas semanas las comisiones de ética y transparencia de ambas ramas terminen de definir el reglamento para someterlo a las respectivas salas y que quede listo para su aplicación.

Según un cálculo conservador (que considera a sólo un asesor por parlamentario), un piso de 320 personas estarían sujetas a esta ley. Y es que la normativa dispone que en el Congreso son sujetos pasivos de lobby «diputados, senadores, el secretario general y el prosecretario de la Cámara, el secretario general y el prosecretario tesorero del Senado, y los asesores legislativos» de los parlamentarios.

La entrada Ley de lobby aterriza en el Congreso: 320 personas sujetas a control se publicó primero en Mch.

La idea final es que tras la aprobación en cada instancia, se convoque a una comisión mixta, para luego pasar a la Sala, para su aprobación final. Los temas centrales que se están abordando se refieren, por ejemplo, al registro viajes, reuniones y los donativos o regalos que podrá recibir cada parlamentario. Cada uno de estos ítems se deben clarificar, para luego ser entregados, los antecedentes al Consejo para la Transparencia. Tras este proceso de registro existirá un procedimiento de reclamación, sobre algún hecho que vulnere el reglamento para llevar adelante el proceso final que puede desembocar en una determinada sanción. Sanción que puede llegar a una multa y a una anotación en la hoja de vida de cada parlamentario, no contemplando castigos mayores, como la suspensión o expulsión. La comisión de ética, de cada cámara, es quien será la encargada de regular y fiscalizar todo este proceso.

Cambio de paradigma 


Algunos parlamentarios, que no pertenecen a las comisiones que trabajan en el texto, al ser consultados sobre qué saben de esta nueva ley y cómo les afectará, confiesan no estar al tanto de los verdaderos alcances que tendrá en la cotidianeidad de sus labores. Es por ello que, desde la Secretaría de la Cámara de Diputados, explican que se llevará a cabo un proceso de capacitación, para que cada diputado o senador sepa a qué atenerse. Así también, a todos los sujetos llamados pasivos (que reciben al lobbysta) y que incluye a asesores y otros profesionales que trabajen directamente en la labor parlamentaria.

El presidente de la comisión de ética de la Cámara, Romilio Gutiérrez (UDI), explica que esta ley, y futura nueva reglamentación será un verdadero cambio de paradigma en las relaciones de los parlamentarios, con la ciudadanía y quienes representan sus intereses: “Se va a producir una cambio significativo en la relación de parlamentarios y, con gestores o lobbystas. Hasta hoy es una gestión desconocida por la ciudadanía, y ahora se podrá conocer públicamente la agenda de parlamentarios y profesionales sujetos a esta normativa legal y las reuniones de lobbystas que hacen gestiones en diversos temas”. El parlamentario explica que uno de los puntos importantes de esta ley es que cambiará la percepción que existe en la gente común, respecto a esta actividad, que muchas veces se aprecia como algo “secreto y turbio”. “Esta ley hará más transparente la gestión de todo el Congreso y fortalecerá y esclarecerá sus funciones”, enfatiza el diputado.

El presidente de la Cámara Baja, Aldo Cornejo (DC), agrega que esta apuntará a mejorar la mala imagen que se tiene de la actividad parlamentaria. “El secretismo y la opacidad en esta materia sólo han contribuido al desprestigio de la labor parlamentaria. Esperamos que con esta nueva ley, cada quien responda por lo que hace de frente a la ciudadanía, pero con información real y transparente”.


La implementación


El presidente de la comisión de ética y transparencia del Senado, Hernán Larraín (UDI), explica que, para elaborar la normativa, se tomo la experiencia norteamericana y europea. En la primera se registran actividades (reuniones viajes), mientras que en la segunda lobbyistas. Acá en Chile, clarifica el parlamentario, se optó por una fórmula mixta. Larraín sostiene que esta ley es un gran avance en la materia, y que, sin duda, marcará un cambio de práctica en la actividad de los parlamentarios. También, advierte, que en su etapa de implementación pueden surgir algunas complicaciones burocráticas y de logísticas, que ciertamente se pueden ir resolviendo con el tiempo y con la jurisprudencia que también se vaya creando: “La complejidad viene de una suerte de burocracia que se va crear. Van a haber trámites, formularios, una actividad a parte de las reuniones mismas; una actividad previa y posterior para transparentar. La ley propone una logística distinta. Es un tema que representará cambios de hábitos significativos”, sostiene el senador.

La entrada Afinan detalles de la reglamentación para el ejercicio del lobby se publicó primero en Mch.

Para el mandatario, “finalmente, esta Ley de Lobby está viendo la luz, y es bueno, porque hace una actividad legítima, una actividad más transparente y, en consecuencia, al servicio del bien común. Porque después de todo, la transparencia es un elemento central”.

Cabe destacar que la ley aprobada centra el foco de la legislación en el sujeto pasivo, es decir las autoridades y funcionarios llamados a adoptar las decisiones. Asimismo, regula tanto el lobby, esencialmente remunerado, como la gestión de intereses particulares, realizada sin que medie una remuneración por la actividad, tal como ONGS, sindicatos y otros grupos de interés.

La entrada Gobierno promulgó Ley que regula el lobby se publicó primero en Mch.