Desde ese entonces, diversos personajes de la política -tanto del oficialismo como de otros partidos -destacan que Briones marcó la diferencia respecto a sus antecesores, por su estilo dialogante que lo llevó a establecer acuerdos con la oposición y a sacar adelante proyectos que permanecían estancados, como la reforma tributaria.

No obstante, la necesidad que surgió a raíz de la pandemia forzó al economista a redirigir el gasto fiscal para palear las consecuencias de la creciente pérdida de empleos y el estancamiento de la economía, luego de meses en cuarentena.

A esto se suman otros acontecimientos, como el golpe que recibió el gobierno tras la aprobación del primer retiro del 10%, respecto del cual Briones fue un férreo opositor, debido al perjuicio que generaba la medida en los afiliados.

Y, por otro lado, el logro que se adjudicó cuando recurrió al Tribunal Constitucional, con el objetivo de que el organismo descartara la moción de segundo retiro presentada por parlamentarios, truncando así las intenciones de utilizar resquicios constitucionales para hacer cambios en materias exclusivas del Presidente.

Pero sus días a cargo de la billetera fiscal podrían llegar a su fin, pues todo indica que Ignacio Briones será la carta presidencial de Evópoli, convirtiéndose así en el representante del partido en las primarias de Chile Vamos.

Esto se da en un complejo escenario para la economía chilena, sobre todo si se consideran los pronósticos anunciados por el Grupo de Política Monetaria (GPM), quienes afirman que, si bien el país comenzó su recuperación en junio pasado y ya acumula seis meses de mejoría gradual, es probable que el PIB que registró Chile el año 2019 vuelva a alcanzarse recién el 2022.

He aquí que un eventual sucesor de Briones tendrá que enfrentar múltiples desafíos, no solo en materia económica, sino que también para sacar adelante importantes discusiones legislativas. En este sentido, ante su inminente salida de la cartera de Teatinos 120, Ignacio Briones pidió acelerar el tranco en diversas iniciativas.

Por lo mismo, se espera que esta semana se despache el proyecto que extiende la Ley de Protección al Empleo y ya están abiertas las postulaciones al subsidio al empleo.

Sin embargo, existen mociones más estructurales dentro de su plan que continúan pendientes, como los proyectos de fondo de agentes de mercado y la protección de los datos personales. Además, cabe destacar que es probable que el ministro no cumpla uno de sus mayores anhelos, que es el plan para poner fin a las exenciones tributarias.

Las reforma previsional pendiente

En el marco de una semana clave para la reforma de pensiones, pues se acaba el plazo autoimpuesto por los políticos para un acuerdo entre el Gobierno y senadores de la oposición, Tomás Izquierdo, gerente general de Germiness, se refirió a esta materia y analizó cómo será el ambiente en el que tendría que desenvolverse un nuevo líder de la cartera.

«Los retos son mayúsculos. Por un lado, es necesario que un nuevo ministro de Hacienda utilice eficientemente los recursos para mitigar los efectos de la pandemia, y por otro, debe avanzar en reformas urgentes, como pensiones, en un contexto bastante líquido».

Y agregó «es más complejo aún, pues debe entregar una señal de largo plazo, en el sentido que, a pesar de que tendremos una Nueva Constitución, probables cambios en el régimen político y mucha presión social, la economía chilena seguirá siendo atractiva, ordenada macroeconómicamente, con respeto a los derechos adquiridos y avance en políticas públicas de calidad, que permiten sostener la inversión y el crecimiento económico».

Mirada que comparte Hermann González, economista de Clapes UC, quien explicó que uno de los proyectos clave que tiene pendiente la cartera es «el logro de un acuerdo en materia de pensiones, el cual debe incluir un proyecto que efectivamente permita mejorar las pensiones de los trabajadores actuales y futuros».

Foco en el empleo

Para tener una noción del estado de la economía actual, según las estimaciones entregadas por el Banco Central, este año la economía crecería en torno a un 5%. No obstante, en lo que respecta al ámbito laboral, el Grupo de Política Monetaria pronosticó «significativas holguras en el mercado del trabajo, que permiten augurar que tomará un buen tiempo para que la economía chilena vuelva a alcanzar el pleno empleo».

Para la economista jefe de Dominus Capital, Michelle Labbé, «el empleo es el desafío más importante, y para ello se necesita crecimiento económico, el cual no existe si no se entregan garantías básicas y algún grado de certidumbre a futuro».

En esa misma línea, Guillermo Le Fort, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, enfatizó en la importancia de recuperar los trabajos perdidos para asegurar el ingreso de las familias, además de destinar parte de los recursos públicos en la estimulación de la inversión que contrata mano de obra.

De hecho, el desempleo es una de las aristas que aborda el economista Hermánn Gonzalez, ex asesor de Hacienda, para describir el contexto en el que tendrá que desempeñarse un eventual nuevo secretario de Estado: «Tendrá que lidiar con una economía todavía frágil, con cifras negativas de actividad en los primeros meses, con frenos en el ritmo de recuperación del empleo, una pandemia en desarrollo y eso va a significar un mayor gasto público, sin poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas», declaró.

Por último, el economista aludió a la presentación del Presupuesto 2022, el cual considera bastante complejo, «pues corresponde dejar un excedente de libre disposición para el gobierno que vendrá, lo que constituye un alto debate».

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Si bien durante la semana pasada la secretaria de Estado dijo en Cooperativa que esta normativa no discriminaba sobre el tamaño de la empresa, enfatizó que hay penas muy severas para quienes abusen de la misma.

«La Dirección del Trabajo (DT) tendrá que hacer fiscalización y poner los antecedentes ante la justicia, quienes van a poder aplicar las sanciones que corresponden, sanciones que son de cárcel, así como también la necesidad de devolver los recursos e incluso en el caso de las empresas la imposibilidad de contratar con el Estado», planteó.

Esta ley permite a los trabajadores de las empresas que no tienen recursos por la paralización de actividades acceder a parte de su remuneración con cargo al seguro de cesantía, mientras que los empleadores deben pagar las cotizaciones previsionales y de salud, además de no despedir a los trabajadores.

Zaldívar además dijo que aparte de estas eventuales sanciones habrá un registro público de todas las empresas que se acojan a esta ley de protección del empleo.

Con todo, la titular del Trabajo insistió en que la mayor parte de las empresas que se han acogido a la norma son pequeñas y medianas, ya que según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, el 90 por ciento de las empresas que se sumaron a esta iniciativa tienen 10 trabajadores o menos y solo el tres por ciento corresponde a grandes empresas.

«Estamos desvirtuando esta idea que se ha quedado de alguna manera establecida respecto de que son las empresas grandes las que están haciendo uso de esta ley. Esto no es efectivo. Mayoritariamente estamos hablando de empresas pequeñas y medianas», enfatizó la ministra Zaldívar.

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De modo de mitigar los efectos de esta medida, la Corporación solicitó a estas empresas acogerse a la ley 21.227 de protección del empleo y su modificación propuesta por el Presidente de la República.

A raíz de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y las medidas emanadas de la autoridad de salud, Codelco debió restringir el acceso a sus operaciones, en especial para asegurar que las actividades de transporte, casas de cambio, casinos y lugares de trabajo sean compatibles con la distancia social que evita y contiene la expansión de contagio. Si bien la cuprífera ha logrado mantener la continuidad de marcha, las medidas preventivas han obligado a aumentar las restricciones operacionales.

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En este sentido, la Corporación determinó suspender parcial o totalmente algunos servicios de terceros, tanto de proyectos como de apoyo a las operaciones (que involucra en torno al 30% del total de trabajadores contratistas de la estatal), por un periodo de 30 días, prorrogable, ya que para Codelco y para sus empresas colaboradoras existe la imposibilidad de cumplir los contratos vigentes, considerando que la crisis sanitaria que enfrenta gran parte del planeta constituye un evento fortuito e imposible de resistir.

Dado el interés de la compañía de retomar los trabajos una vez que existan las condiciones para hacerlo, la estatal solicitó a las empresas contratistas realizar todos los esfuerzos tendientes a mitigar el impacto de esta medida e iniciar las gestiones con sus sindicatos, al más breve plazo, y así puedan establecer los pactos para acogerse a los beneficios de dicha Ley de Protección al Empleo N°21.227.

Las condiciones en que se implementará la suspensión total o parcial, serán acordadas de manera independiente con cada una de las empresas contratistas.

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