«Esta iniciativa es sumamente importante para resguardar nuestro medio ambiente y la seguridad de la población, por eso es clave que su configuración sea adecuada, de modo que, por un lado, entregue todas las garantías al Estado y, por otro, que su efecto no signifique frenar innecesariamente la inversión en nuestro país”, indicó Terrazas.

La modificación de la normativa es una de las preocupaciones del sector de la mediana y pequeña minería, particularmente por la garantía que deben constituit para el plan de cierre de una faena.

Equilibrio entre flexibilización y resguardo

El objetivo de las jornadas de trabajo convocadas por la  División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Minería fue analizar la ley de cierre de faenas, de modo de encontrar un equilibrio entre la flexibilización de los instrumentos de garantías, el adecuado resguardo de los intereses del Estado y el cuidado de la población y del medio ambiente.

Esta instancia tiene entre sus participantes al Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF), la Comisión de Mercado Financiero (CMF), Servicio de Impuestos Internos (SII); además de gremios como Sonami, Consejo Minero, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile A.G. (ABIF); y representantes de empresas como Codelco.

Cabe destacar que la Ley 20.551 regula un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera en los lugares en que ésta se realice, de forma de asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones.

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La idea de la propuesta, según destacó en su presentación el Ministro, es modificar algunas normas jurídicas que inciden sobre los procesos de tramitación y ejecución de proyectos de inversión en el ámbito minero y promover, por esa vía, un ambiente que estimule y posibilite de mejor manera la ejecución de dichos proyectos.

Las modificaciones se efectúan a cuatro cuerpos legislativos: Ley de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras (20.551), Ley Orgánica del Servicio Nacional de Geología y Minería (DL 3.525), Código de Aguas y el Código de Procedimiento Civil.

De Solminihac explicó que uno de los cambios se relaciona con la “denuncia de obra nueva”, de modo que sea usada por la gente que realmente la necesita y para que se no se detengan los proyectos.

Indicó que, hoy, se produce la paralización de diversas iniciativas por el uso inadecuado de la acción de denuncia de obra nueva por parte de titulares de servidumbres o poseedores de inmuebles. Acotó que la propuesta pretende asegurar la debida protección de los derechos de quienes son titulares de dichas servidumbres o inmuebles frente a la edificación de obras que puedan causarles perjuicios en sus terrenos. Además, se buscará desincentivar el mal uso de este tipo de denuncia, por parte de quienes quieren entorpecer proyectos, ya sean mineros o de otra índole.

El Ministro señaló que otra modificación radica en el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) la facultad para abordar el procedimiento de autorización de los depósitos de relaves, cuando estos presentan una concentración de 65% o más de sólidos.

Además, se plantea la facultad para que el regulador determine qué incluye el concepto de información geológica básica que el Sernageomin puede exigir a una empresa minera, así como los plazos y medios de entrega y se imponen sanciones en caso de incumplimiento.

Asimismo, se propone una actualización del catastro de propiedad minera a través de los boletines oficiales, para que dicha información esté disponible para el resto de la población: Dijo que se pasará de seis meses (exploración) o 2,5 años (explotación) a prácticamente 60 días.

Finalmente, la quinta área de acción se relaciona con la Ley de Cierre de Faenas, en donde se propone perfeccionar el cálculo de la vida útil de los proyectos mineros que deben garantizar el cumplimiento de sus planes de cierre, permitiendo que se pueda estimar con recursos y/o reservas.

Según se explicó, muchas faenas, sobre todo las de tamaño mediano, disponen de extensos recursos, pero de escasas reservas demostradas. Resaltó que determinar reservas involucra mayores gastos y tiempo que determinar recursos, ya que se deben realizar prospecciones de alta densidad y los estudios técnico-económicos de método de explotación al detalle.

El diputado Luis Lemus (PS) valoró la idea de tener un catastro geológico actualizado, pero criticó la influencia que pueden tener en el ámbito ambiental otras de las modificaciones. En este ámbito se manifestó preocupado por la desvinculación de la Dirección General de Aguas (DGA) de las autorizaciones de los depósitos de relave.

“Hay que andar con cuidado. ¿Qué pasa con la contaminación de las napas subterráneas, qué pasa cuando atraviesa un concentraducto por donde hay plantaciones o poblaciones? Hay que tener atención con esto”, recalcó.

El diputado Mario Bertolino (RN) consideró que es un buen proyecto que va en la línea de facilitar la actividad minera y evitar la alta judicialización presentada en el último tiempo. Sin embargo, dijo que hay que aclarar aspectos de la ley vigente y coincidió con el diputado Lemus en lo relativo a la marginación de la DGA en las autorizaciones de los relaves. “Creo que el diputado Lemus ha hecho un punto valedero que merece discutirse y analizarse en profundidad”, comentó.

Sobre la materia, el Ministro señaló que hoy ambas instituciones están cofuncionando, lo cual suele traer ciertas dificultades. “Lo que estamos haciendo es que cuando haya un tranque de relave de contenido sólido bastante grande, sólo lo pueda llevar el Sernageomin, para la aprobación y autorización de los tranques”, insistió.

Afirmó que el Sernageomin también tiene especialistas hidrogeológicos capacitados para determinar las filtraciones en las distintas cuencas del país. Informó que, por ejemplo, hay un estudio de toda la cuenca de Copiapó hecha por el Sernageomin que, incluso, fue aportado a la DGA. “Es una falta de información respecto de las capacidades del Servicio”, puntualizó.

Interconexión de sistemas eléctricos independientes

En otra materia, el presidente de la Comisión de Minería, diputado Carlos Vilches (UDI) informó que en la pasada sesión del miércoles (4 de noviembre) se le entregó al Ministro de Energía, Jorge Bunster, el paquete de indicaciones al proyecto (boletín 9022) que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes.

Señaló que las indicaciones buscan garantizar que esta iniciativa no se constituya en letra muerta, especificando que el sistema interconectado pueda recibir la energía proveniente de diversas fuentes, como por ejemplo, las provenientes de una planta solar o de un parque eólico. El problema, explicó radica en que se está contemplado a la fecha sólo el uso de corriente continua en el tramo que uniría Antofagasta a Copiapó, lo que impediría a proyectos privados incorporarse (corriente alterna).

Comunicó que el Ejecutivo quedó de la analizar las propuestas parlamentarias y entregar una respuesta la próxima semana, ocasión en que, idealmente, se comenzaría la votación en particular.

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