Hoy, la información está siendo analizada por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, donde se lleva un proceso contra Nelson Pizarro, luego de una demanda que fue presentada por Codelco en diciembre del año pasado por tráfico de influencia. A esto se suma un requerimiento por cohecho, por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en abril de 2020.

El caso, que quedó a cargo de la fiscal María Gloria Vásquez -por la salida de pre natal de Constanza Encina-, está cerca de cumplir un año, y en el cual, según indican fuentes que conocen el avance del proceso, aún no se ha podido comprobar el potencial tráfico de influencias y cohecho por parte de Pizarro. Fuentes cercanas al ejecutivo minero comentan que la fiscalía estaría a punto de cerrar todos los aspectos vinculados con la casa en Chicureo que Pizarro compró a su hijo y que pertenecía a Julián González, y por la que pagó $ 700 millones y no los $ 70 millones que indicó el CDE en su querella. La operación, que se generó en 2014, meses antes de que el expresidente ejecutivo asumiera su cargo en la estatal, fue acreditada por la defensa con la entrega de cheques y otros documentos, comentan las fuentes consultadas.

Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes recopilados en las más de 3.000 fojas que tiene el caso, la fiscalía ahora estaría concentrando el análisis en una nueva línea investigativa relacionada con las áreas administrativas donde se tomaban las decisiones respecto a la adjudicación y operación de los contratos con terceros, y también desde dónde se gatilló el error de cálculo del plan minero de Salvador. Esto, ya que una de las tesis que estaría investigando la justicia es que Pizarro, en su cargo de presidente ejecutivo, habría estado al tanto de todas las irregularidades.

Es que, debido a la sobredimensión del contrato adjudicado a Trepsa y Vecchiola -empresa que se unió a Tepsac para ejecutar el contrato-, Cochilco estima que la cuprera tuvo un impacto económico de US$ 30 millones, cifra que nace de decisiones que fueron calificadas como innecesarias e inoportunas por parte del organismo fiscalizador.

Ese impacto sube, de acuerdo con Cochilco, porque el contrato sigue vigente en otras unidades del Distrito Norte. Ante esto, el organismo fiscalizador proyecta un impacto adicional cercano a US$ 7 millones.

La cifra se compara con el costo que podría haber asumido Codelco si hubiera decidido rescindir el contrato con Vecchiola, cuya indemnización era cercana a los US$ 6 millones.

Sin embargo, en Codelco descartan tal efecto. “Esta reasignación no generó impacto económico en las divisiones del Distrito Norte que recibieron los servicios redistribuidos, debido a que fueron asignados de acuerdo con las necesidades reales de éstas y a precios de mercado”, recalcan en la compañía.

De manera preliminar, la estatal identificó un impacto económico muy acotado, pero, posteriormente, una investigación interna cifró el sobrecosto residual entre US$ 12 millones a US$ 15 millones frente a los US$68 millones que habría significado no reasignar el exceso de capacidad contratada a las empresas Tepsac y Vecchiola.

Sin embargo, la información que se maneja a nivel sindical es que sí existe un impacto, lo que coincide con la visión de Cochilco, ya que los camiones que hoy están operando en el norte del país son de menor tamaño, lo que hace que tengan que realizarse más viajes para poder cumplir con las metas productivas. Por eso, en junio pasado, profesionales de Cochilco visitaron las instalaciones, con el objetivo de seguir analizando los impactos que está causando la extensión de dicho contrato.

San Antonio

En cuanto al contrato SABE, Cochilco determinó una serie de irregularidades en su adjudicación. Algunas de ellas son que no hubo un análisis financiero del consorcio, el que se creó en octubre de 2018 con un capital de $ 10 millones. También destaca que no hubo un análisis de “caso negocio” del contrato, lo que se evidencia por sobrecostos cobrados al poco de tiempo de adjudicado el contrato, el que además fue otorgado con “trato directo”. Se trata de $ 625 millones, los que fueron pagados entre abril y agosto de 2019, entre otras irregularidades que detectó Cochilco. A la fecha, el fiscalizador sigue adelante con la investigación de este contrato, en una nueva auditoría que al día de hoy tiene más de un 70% de avance, indican fuentes que conocen la investigación que está realizando el organismo estatal.

En Codelco explican que el sobrecosto producido en el contrato de movimiento de material con Trepsa para el proyecto SABE, entre abril y julio de 2019 -no agosto como indica Cochilco-, “obedece al gasto en reparaciones extraordinarias de la flota, reclamadas por las malas condiciones del camino”. Y recalcan que la lixiviación de óxidos del proyecto San Antonio a baja escala “ha sido rentable para Codelco, mejorando la posición competitiva de la división. La explotación de óxidos colabora con la continuidad de División Salvador hasta la entrada en operación del proyecto Rajo Inca”.

Responsabilidades

En el análisis que hace Cochilco se desprende que, en las irregularidades detectadas, hay responsabilidades administrativas y también del directorio de la estatal. Esto, porque las nuevas licitaciones realizadas en Salvador fueron visadas por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética (CACE), presidido por Blas Tomic. De hecho, Tomic fue uno de los directores que ya prestó declaración en el caso contra Nelson Pizarro, junto con el exauditor de la minera, César Correa Parket, testigos propuestos por la defensa del expresidente ejecutivo de la estatal, a cargo de Samuel Donoso y Rodrigo Cordero.

También lo hicieron Álvaro Aliaga, exvicepresidente de Operaciones Norte, y el exgerente general de Salvador, Juan Carlos Avendaño, quienes fueron a declarar en calidad de imputados, según indican fuentes judiciales.

Las nuevas investigaciones de Cochilco levantaron las alertas en el directorio de la estatal. De hecho, durante este año, Aliaga fue a varias reuniones de la mesa a explicar las discrepancias que la estatal tiene con Cochilco respecto del impacto económico de las decisiones que se tomaron en la licitación de Salvador, relato que era complementado por José Robles, vicepresidente de Productividad y Costos de la estatal. Ambos ejecutivos salieron el pasado mes de octubre de la minera.

En cuanto a los responsables, Codelco señala que una vez identificadas las desviaciones o faltas administrativas, la estatal realizó las investigaciones y aplicó las sanciones que correspondían. “Como lo ha hecho hasta ahora, Codelco seguirá colaborando con las investigaciones que desarrollen las autoridades fiscalizadoras y de justicia, de modo que se identifiquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan”, recalcan en la estatal.

Según enfatizan fuentes de la compañía, hay preocupación por parte de los directores de la minera, “los que están empeñados en esclarecer todas las responsabilidades que deriven de este caso”.

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La controversia se generó luego de que el ente contralor cuestionara mediante una auditoría los contratos de Codelco con empresas relacionadas a familiares de altos ejecutivos de la estatal.

La junta extraordinaria se realizará el 19 de junio, a las 18:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la comuna de Santiago. Tiene como asistentes confirmados a la ministra de Minería, Aurora Williams, y al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Ambos van en carácter de delegados de la Presidenta de la República.

El 5 de junio, el directorio de la cuprera decidió convocar a los accionistas, para definir y aprobar los recursos que la estatal interpondrá. Durante esa reunión, los directores evaluaron distintos caminos a seguir por la vía legal, y las consecuencias de las estrategias jurídicas.

Sin embargo, el contralor Jorge Bermúdez sostuvo que un plan de apoyo al cumplimiento podría ser la solución al conflicto que sostienen con la cuprera. Esto, según la entidad contralora, debido a los buenos resultados obtenidos con distintas entidades públicas.

Esta vía administrativa no fue vista con buenos ojos por la cuprera y el ex presidente del directorio Gerardo Jofré, ya que el conflicto principal que ellos mantienen es sobre la ley por la que deben regirse. Según ellos, las empresas que se rigen bajo la Ley de Sociedades Anónimas, que controla a empresas privadas y a la estatal, son fiscalizadas por Cochilco.

Jofré enfatizó en una entrevista con «El Mercurio» que «la Contraloría General de la República se debería reservar para situaciones excepcionales».

No obstante, los equipos jurídicos de ambas partes se han reunido para negociar una salida administrativa.

Solicitud de la SVS

Por otro lado, la SVS -mediante dos oficios públicos ordinarios, emitidos los días 12 y 13 de junio- le pidió a la cuprera información sobre el impacto financiero del actual conflicto.

Además, pidió esclarecer dichos de la estatal, en este diario, sobre inversiones frenadas por esta pugna avaluadas en US$ 100 millones, entre marzo y abril de este año.

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Es por ello que este lunes se reunirá el directorio de Codelco para determinar los pasos a seguir en este conflicto y también ver las medidas que tomarán para la protección de los trabajadores por posibles cuestionamientos a indemnizaciones.

No obstante, ya se definieron los abogados que conformarán el equipo. Entre ellos figuran Luis Cordero y Pedro Pablo Gutiérrez, quienes asesorarán a la minera para recurrir a los tribunales de justicia por la controversia con Contraloría. Sin embargo, en la estatal aún estarían a la espera de la respuesta de la Contraloría frente a la reconsideración presentada al informe por los contratos. Aunque en su comunicado público la minera adelantó que «las recientes declaraciones del contralor (Jorge Bermúdez, en el Congreso) anticipan el rechazo» de la reconsideración, como ocurrió con la acción presentada tras el dictamen relativo a la indemnización.

Si se rechaza la reconsideración por la auditoría, en los próximos días la estatal definiría la vía por la que impugnará el informe en los tribunales. Entre las opciones podría presentarse un recurso de protección contra la Contraloría en la Corte o un recurso de nulidad de Derecho Público ante un juzgado civil, aunque no se descartan otros tipos de acciones.

También integraría el equipo jurídico el abogado Emilio Pfeffer, quien abordaría los aspectos constitucionales del conflicto, y sus pares Juan Carlos Ferrada y Luis Lizama, especialistas en derecho público y laboral, respectivamente.

En la Contraloría, su comité judicial cuenta con Urbano Marín y Pedro Pierry, ambos expertos en derecho público y ex presidente y ex ministro, respectivamente, de la Suprema.

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En mayo de 2013 la Comisión de Medio Ambiente del Senado empezó a analizar un proyecto de ley que promovió la senadora Isabel Allende (PS) y que busca privar de libertad a los ejecutivos y directores que generen daño ambiental. La moción considera modificar el Título III del libro segundo del Código Penal, que se refiere a los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantizados por la Constitución, “agregándose al final del mismo un párrafo 5° titulado “de los delitos contra el medio ambiente”, indica en el documento.

El proyecto avanzó en su tramitación, recuerda Allende, incluso se realizaron varias presentaciones donde participaron los ministerios del Medio Ambiente, Justicia y el Ministerio Público, entre otros. “Al gobierno le gustó bastante la moción presentada, pero el debate quedó suspendido porque el Ministerio del Medio Ambiente dijo que iban a presentar una indicación sustitutiva para avanzar y eso aún no ha sucedido”, explicó.

Agregó que espera que cuando eso suceda se consideren varios puntos de su propuesta.

Pero el tema iría mucho más allá, explica el senador independiente Antonio Horvath, pues señaló que se agendó retomar la discusión de esta materia en marzo, cuando se active la agenda legislativa. “Queremos reunir todas las mociones que hay sobre la tipificación penal, incluida la propuesta de Isabel Allende, y adelantar la labor y cuando el gobierno presente su propio proyecto, unirlo al trabajo que ya tendremos hecho en ese minuto”, explicó.

Agregó que incluso esperan trabajar con la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para tener un cuerpo legal robusto.

La propuesta de Cristián Franz busca establecer una sanción penal a aquellos empresarios que se coloquen al margen de la ley. “Hay empresarios en Chile que se sitúan a sí mismos al margen de la ley, y con esa gente hay que ir con las máximas sanciones”, señaló. Agregó que “creemos que hay conductas que tienen que ser sancionadas penalmente”.

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