Su misión será mejorar la estructura financiera de las compañías que ya han pasado por una fuerte reorganización: en 2017 el grupo armó todo un esquema de refinanciamiento, donde el objetivo era rebajar la deuda neta de las cascadas, que en ese momento llegaba a los US$ 774 millones. También buscó, al año siguiente, nuevos créditos, de la mano de Calichera y Potasios.

“Ahora toca enfocarse en el futuro, por eso es importante ver cuál será la estructura de capital óptima que tienen que tener las compañías, de manera que no termine con problemas de solvencia. Hay que seguir mejorando los procesos y tratar de hacer todo más eficiente, mejorando el control de gestión. Si bien es continuar con la línea que ya se ha empezado a desarrollar, ahora hay que llevarla más allá”, señala un ejecutivo que conoce la interna y los desafíos de Silva.

En el grupo hablan de una nueva etapa en las sociedades que estuvieron en el centro del caso Cascadas: una serie de transacciones bursátiles polémicas entre 2009 y 2011, que la entonces Superintendencia de Valores y Seguros convirtió en las multas más altas de la historia y que luego se persiguió incluso penalmente. Esa arista, que apuntó al entonces gerente general de las cascadas, Aldo Motta, terminó con el ejecutivo absuelto por los tribunales en 2019.

Ese mismo hecho hizo que Catalina Silva pensara bien la propuesta de trabajo que había recibido, ha revelado la ingeniera en privado. “Ella pensó bien los pros y contras porque es una persona bien metódica”, dice alguien al tanto de las tratativas. Silva analizó la oferta laboral junto a su esposo, un ejecutivo estadounidense que también trabaja en el mundo de finanzas corporativas. Finalmente, aceptó la nominación.

Su primera misión no será fácil. Catalina Silva tendrá que decidir si las sociedades cascadas concurren o no al millonario aumento de capital que está preparando SQM, en su serie-B, y con el que espera financiar el gigantesco plan de inversiones que tiene en carpeta y donde el litio es el mineral que concentra el mayor volumen de capital.

“Ese será su primer gran desafío. Ella lo decidirá”, destaca una fuente cercana a las cascadas, que asegura que Silva llegará bien empoderada a hacerse cargo de los vehículos de inversión de Ponce. “Ella llega con todo el respaldo para encabezar un gobierno corporativo fuerte, con autonomía para definir sus equipos de trabajo y establecer metas. En su gestión deberá configurar una estructura óptima de capital, centrada en la eficiencia y con un correcto control de nivel de deuda”, dice un ejecutivo ligado a las cascadas.

Head hunter

El nombramiento de Catalina Silva rompe una tradición de hombres y de ejecutivos de confianza de Julio Ponce. También por la rapidez de su nombramiento. Recién hace casi dos semanas atrás se conoció la renuncia de Ricardo Moreno, el contador auditor del grupo que el año 2013 asumió la gerencia general de Oro Blanco, Nitratos y Potasios y luego, en 2015, lideró Pampa Calichera y Norte Grande, las dos cascadas restantes.

Más de cinco años a cargo de todo. En el comunicado donde se explicó que su salida se debe a una decisión personal, se indicó que la renuncia tendrá efecto a partir del 12 de abril “o en la fecha que el directorio designe un nuevo gerente general”.

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Ahora, el empresario aprobó un aumento de capital en una de las matrices de las cascadas, Inversiones SQYA, sociedad cerrada a la que decidió inyectar US$244,6 millones el 9 de enero pasado.

Según publicó en el Diario Oficial, el aporte, que se deberá materializar en un plazo máximo de tres años, dejará a Inversiones SQYA con un capital de US$440,3 millones.

La operación se concretó cuatro días después de que Pampa Calichera (una de las cascadas) concretara la venta de US$254 millones en acciones SQM serie B.

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Las alzas también incluían a Norte Grande y Oro Blanco, dos de las sociedades cascada de Ponce, que siguen recibiendo el impulso del mercado tras las compras que realizó el empresario.

Tras cerrar el jueves en algo más de $35 mil por cada acción SQM-B, en las primeras transacciones de este viernes los papeles de la minera no metálica iniciaron la jornada transfiriéndose en hasta $41 mil. Al mediodía dichos papeles valían $40.798, un alza de casi 5% en la jornada.

De hecho, varios agentes del mercado esperaban la apertura de Wall Street para ver el curso que tomaban los ADR de SQM, considerando que ese mercado es el de referencia para las acciones de la compañía.

De hecho, el ADR de la minera partió la jornada en el país del norte en US$55,85, con un alza de 2,89%, versus los US$54,28 del jueves, cuando ya había subido 1,44%.

Con estos movimientos se vuelve evidente que Grupo Pampa está destinando parte de los US$260 millones que recaudó (con la venta de un paquete de acciones SQM B) para tomar nuevas posiciones en la serie A de la minera.

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Y es que tras el poder de compra que abrió el empresario por un paquete de títulos de Oro Blanco, Norte Grande y Nitratos (las sociedades de Ponce aguas arriba) sus acciones subieron el martes hasta un 20%.

Son los tiempos de abundancia que vive Ponce, y que lo han llevado a realizar una serie de jugadas inesperadas en torno a SQM.

Ganar aguas arriba

Los US$90 millones que inversiones SQYA (de Ponce) desembolsó para hacerse de más acciones de Oro Blanco, Norte Grande y Nitratos esta semana no estaba en los pronósticos de nadie, ya que SQYA ya controla directa o indirectamente entre el 70 y 80% de esas sociedades.

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Los papeles de Nitratos ganaron 20,16% a $0,9, los de Norte Grande avanzaron 12,3% a $3,89% y los de Oro Blanco subieron 12,19% a $3,7.

La operación se da en el marco de una reactivación de las transacciones de las cascadas en el mercado bursátil local.

De hecho, la semana pasada, Pampa Calichera sociedad controlada por Ponce, remató US$260 millones en acciones serie B de SQM, y el mismo día la firma adquirió papeles serie A de la misma compañía minera por poco más de US$3 millones.

Por su parte las acciones de la serie B de SQM cayeron 2,62% a $39,799 y las de la serie A anotaron un incremento de 0,43% a $36.738.

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Fue un aviso: la sociedad retomaba su rol de comprar y vender acciones de SQM, que es el objetivo estratégico número 1 de las cascadas.

De hecho, ese fue el mensaje que Pampa Calichera salió a dar al mercado el día del anuncio de la venta de las acciones serie B, negocio que fue encomendado a BTG Pactual. La venta no significaba en ningún caso una especie de retirada de SQM. Esa podría haber sido una lectura inicial, considerando el monto de la operación. Pero de inmediato salieron a clarificar que no, pues la operación respondía a dicho objetivo de comprar y vender acciones de SQM y no a hacer caja, ni menos, a desprenderse de papeles de la minera.

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Sin embargo, el viernes la tregua concluyó, luego que Pampa Calichera (una de las cascadas) saliera al mercado a comprar acciones serie A de SQM, papeles que eligen a siete directores a diferencia de las B que eligen a uno.

Esa adquisición fue la primera que efectúan las cascadas en los últimos dos años y se dio en medio de la severa crisis financiera que vive Tianqi.

Y es que la firma china se ha visto afectada por la caída en la demanda de litio de mediados de 2020 (a raíz del Covid-19) que transformó en un boomerang su agresivo plan de expansión, mimo que en 2018 la llevó a pagar US$4.066 millones por el 24% de SQM en poder de la canadiense Nutriem.

Fuentes conocedoras de la operación confirmaron que las intenciones del denominado Grupo Pampa (Pampa Calichera y sus sociedades filiales) apuntan a adquirir más acciones de la serie A de SQM, para lo cual abrieron un poder de compra en bolsa a través de Larraín Vial.

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El martes, el abogado de Ponce, Jorge Bofill, acreditó la transferencia bancaria y pidió al 18 Juzgado, donde se ventiló la reclamación a la multa original, que liquidara el pago de intereses, que según la ley ascienden a 1,5% mensual o 18% anual.

Bofill pidió que el cálculo de los intereses se computara desde febrero de 2019, cuando la Corte de Apelaciones, previo dictamen del Tribunal Constitucional, anuló en este caso la norma que permitió a la SVS multar a Ponce con hasta el 30% de la operación irregular -1,7 millones de UF- y fijó un techo de 75 mil UF.

El jueves, el Consejo de Defensa del Estado reaccionó a través de un téngase presente firmado por Ruth Israel, abogada del organismo, en el que refuta dos cuestiones: primero, el pago de un crédito que no ha sido cobrado; segundo, la petición de liquidar intereses “calculados a su conveniencia” transgrede el texto expreso de la ley.

El CDE dice que Ponce cometió un error al consignar el pago en el tribunal y no en la Tesorería, además de hacerlo sin que el 18 Juzgado Civil haya dictado el cúmplase del fallo con el que la Suprema –el 2 de octubre- puso fin al caso. Según el CDE, la multa no está ejecutoriada y recién cuando ello ocurra, Ponce tendrá cinco días para pagar.

Aun así, ya que la multa fue pagada, el CDE pidió al tribunal que la transferencia de Ponce sea consignada en la Cuenta Única Fiscal que la Tesorería tiene en el Banco del Estado. “El ingreso hecho en la cuenta corriente del tribunal, al ser improcedente y parcial, no produce el efecto de extinguir la obligación fiscal impuesta por la SVS al reclamante”, dice el texto.

La disputa por los intereses será más sustancial. El CDE dice que la ley de la SVS –ahora Comisión para el Mercado Financiero- establece que los intereses de una multa se devengan “desde el undécimo día de notificada la resolución de la Superintendencia que aplicó la multa”, lo que ocurrió en septiembre de 2014. Y no desde 2019, como pretende Ponce.

“La rebaja final de la multa no le exonera del pago de los intereses devengados desde que se impuso la multa, como tampoco lo hace con los reajustes”, dice el escrito del jueves del CDE.

Desde septiembre de 2014 han transcurrido 72 meses. Un interés mensual de 1,5% equivaldría, así, a cerca de un 108%, lo que significaría para Ponce un pago superior a los $ 2.300 millones.

En cualquier caso, el CDE sostiene que esa discusión no compete al 18 Juzgado Civil de Santiago. “Este no es un juicio de cobro”, sostiene la abogada del fisco.

El CDE concluye que la solicitud de cálculo de intereses “en la inventiva forma que la pretende calcular el sr. Ponce” podrá ser discutida en un nuevo juicio o, en el ámbito administrativo, en la Tesorería Regional respectiva.

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El abogado representaba a Julio Ponce en cuatro juicios de indemnización de perjuicios presentados por las AFP Provida, Habitat, Cuprum y Capital. La primera fue ganada por Provida en primera instancia, Habitat y Cuprum perdieron y la de la Capital está aun pendiente de fallo. Las tres primeras están siendo revisadas por la Corte de Apelaciones. A todas esas causas, Águila renunció esta semana formalmente, aduciendo que Ponce no cumplió “lo pactado respecto de los honorarios” fijados en otro juicio aún más trascendente para Ponce: la reclamación de la multa que la SVS le fijó, por 1,7 millones de UF, en septiembre de 2014. Ese juicio es el fundamento de las demandas de las AFP, lo que, según Águila, hace “incompatible mantener el patrocinio y poder en esas circunstancias”, según escribió en textos de renuncia que ingresó esta semana en tribunales de justicia.

Lo que reclama Águila es el no pago de los honorarios pactados en la reclamación de la multa en la Suprema, algo que cercanos a Ponce consideran una simple “diferencia de opinión”.

El caso que Águila defendió hasta hace poco más de un mes en tribunales es clave para las finanzas de Ponce: la Tercera Sala debe resolver si confirma el fallo de la Corte de Apelaciones y mantiene la multa de 75 mil UF (US$ 2,6 millones) o si lo revoca y queda a firme el dictamen de primera instancia, que ratificó la histórica sanción de 2014 de la SVS -hoy Comisión para el Mercado Financiero-de 1,7 millones de UF (US$ 60 millones al precio de ayer). Una tercera opción es anular la multa cursada y determinar que no existió infracción a las leyes de mercado de valores y sociedades anónimas. Ponce fue acusado en 2013 y sancionado en 2014 por ser, según la autoridad administrativa, “el ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”.

La multa de la SVS de septiembre de 2014 fue confirmada por el 18 Juzgado Civil de Santiago el 15 de abril de 2016. La Corte de Apelaciones ratificó la infracción en febrero de 2019, pero la redujo a 75 mil UF. Ello porque, el Tribunal Constitucional determinó -por seis votos a cuatro en el caso de Ponce- que la norma que permitía a la SVS multar hasta por el tercio del monto de una operación irregular era inconstitucional y redujo así el monto máximo a solo 75 mil UF. El caso llegó a la Suprema en junio de 2019. Y Águila se preparó para su batalla final.

El 5 de mayo pasado, Águila se inscribió para alegar la causa. Tres días después, confirió poder a otro abogado que ha asesorado a Julio Ponce en las aristas penales del caso cascadas y del caso de las platas políticas: Jorge Bofill. A petición de su cliente, Julio Ponce, Águila salió de escena y ante los ministros de la Tercera Sala expuso Bofill. Cercanos a Ponce dicen que la designación de Bofill obedeció a que estaba mejor preparado para esos alegatos, ya que conocía el caso en todas sus dimensiones. Otros lo atribuyen a su ascendiente en tribunales superiores. El 12 de mayo, el ministro Sergio Muñoz, manifestó tener dos causales de inhabilidad en relación con el abogado Bofill, algo que, según abogados del foro, había ocurrido antes en otras causas. Pero el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que defiende la tesis de la multa original de US$ 60 millones, decidió no recusarlo y Muñoz se mantuvo en la vista de la causa.

Los alegatos se hicieron finalmente el martes 26 de mayo. Alegó Jorge Bofill y el consejero del CDE, Raúl Letelier. Ese mismo día, la Tercera Sala, integrada por Muñoz, María Eugenia Sandoval y Ángela Vivanco, más los abogados integrantes Pedro Pierry y Diego Munita, dejó en acuerdo un fallo que marcará el futuro de Ponce, pero también de todos los otros implicados en el caso cascadas, para quienes también el TC rebajó sus respectivas multas y un pronunciamiento de la Suprema a favor o en contra de Ponce podría servir como feliz o infeliz precedente.

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Si bien en un momento el ingreso de Tianqi generó tensión con el grupo Pampa, ligado a Julio Ponce, quien es uno de los principales accionistas de SQM través de las sociedades cascadas, los ejecutivos de la china dan a entender que eso quedó en el pasado.

“Llevamos un poco más de un mes en el directorio y el feedback que hemos tenido es que hemos sido muy bien recibidos”, afirmó este lunes Ashley Ozols, director de desarrollo corporativo de Tianqi, en un desayuno organizado para la prensa.

El ejecutivo añadió que “la relación con grupo Pampa comenzó hace unos seis meses, firmamos el acuerdo de entendimiento (…) Nos sentimos muy bien y estamos trabajando para el beneficio de todos los accionistas”.

Litio

Por su parte, Vivian Wu, CEO de la empresa asiática, afirmó que, si bien el precio del litio bajó el año pasado, fue más alto que el promedio histórico. “Creemos que la demanda se mantiene sólida”, sostuvo.

Wu agregó que, pese a que hay ruidos en el mercado sobre el precio, tienen buenas perspectivas, ya que son inversionistas de largo plazo y no se preocupan por coyunturas puntuales.

También remarcaron que, desde su punto de visa, Chile avanza en la dirección correcta con su política sobre el desarrollo del litio, donde resaltaron el denominado Instituto del Litio que está desarrollando Corfo en conjunto con actores privados, donde ellos han estado acompañando el proceso.

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