“Hemos tenido opiniones de los sindicatos que ven como riesgoso y con recelo esta normativa. El punto es quién decide la suspensión de la negociación porque mientras el gobierno señala que sea de común acuerdo, como oposición creemos que ello desconoce la titularidad de los sindicatos”, explicó la presidenta del Senado e integrante de Trabajo, Adriana Muñoz (PPD).

De hecho, los parlamentarios de la instancia especializada comentaron que sería mejor dividir el proyecto y concentrarse sólo en el artículo IV en que la mayoría coincide, referido a la suspensión de las elecciones sindicales -cuando no se hubiere realizado el proceso- y prórroga de las mismas. Varios sindicatos han manifestado que este tema es urgente porque la demora en estos procesos genera problemas administrativos y de uso de la caja de la agrupación laboral.

“La alternativa para el gobierno es, o retiran el proyecto parcialmente y nos quedamos con el articulo IV o presenta un nuevo proyecto”, indicó el titular de la instancia, Juan Pablo Letelier (PS). El subsecretario de Trabajo, Fernando Arab solicitó más tiempo: “Nos parece prudente y tomamos la palabra de evaluar como seguimos, cuál sería la mejor fórmula. Estamos disponibles para separarlo”.

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Para que la reforma laboral pudiera ser aprobada en la Comisión de Trabajo del Senado con los votos de los senadores de la Nueva Mayoría -Juan Pablo Letelier (PS), Carolina Goic (DC) y Adriana Muñoz (PPD)-, el Gobierno tuvo que ceder frente a sus peticiones. Ello implicó eliminar totalmente la posibilidad del empleador de adecuar a trabajadores que no participan de la huelga, como el Gobierno lo había propuesto en las indicaciones que ingresó al proyecto el pasado 9 de diciembre.

A puertas cerradas, pasadas las 23 horas, representantes del Gobierno, encabezados por la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, y los parlamentarios oficialistas negociaron modificar la redacción de la indicación. Algunas partes de la norma se borraron (ver recuadro).

Según los senadores, la redacción original no garantizaba la huelga efectiva y abría espacios de reemplazo interno, que podía involucrar funciones distintas a las pactadas en los contratos laborales y traslados del lugar habitual de trabajo.

Así, lo votado y aprobado ayer finalmente quedó: «El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá efectuar ajustes a los turnos u horarios de trabajo».

La ministra Rincón no se veía cómoda con el acuerdo, y tras este cambio adelantó, una vez votado y despachado el proyecto, que repondrán la indicación en la Sala durante enero. Eso sí, en la primera semana del próximo mes la iniciativa tendrá que pasar antes por la Comisión de Hacienda del Senado. «Se aprobó con modificaciones que según los senadores no permiten una interpretación que haga posible algún tipo de reemplazo. Nosotros creemos que no era necesaria esa modificación y que la indicación era suficiente. Probablemente la vamos a reponer, y será parte del debate en Sala», dijo Rincón. La apuesta del Ejecutivo es que en la Sala tienen los votos para aprobar el texto original, dado que otros senadores DC y PPD tienen una postura más bien contraria a las de Goic y Muñoz.

En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) celebraron la nueva indicación y dijeron que «ahora la definición de huelga es una definición limpia».

En el empresariado también hubo reacciones. Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), llamó al Ejecutivo a actuar coherentemente. «El propio Gobierno ha estado utilizando mecanismos de reemplazo (en el caso de la DGAC) porque se da cuenta de que es la forma de atender a las necesidades de la ciudadanía», señaló, pidiendo congruencia «entre los hechos y el discurso».

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) también lamentaron el cambio. «Se termina así con lo que consideramos que fue la única señal del Gobierno de moderar esta reforma y evitar el caos que generará la paralización total de las empresas», afirmó el gremio.
Oposición no descarta recurrir al Tribunal Constitucional
Pocas horas después de que el proyecto se despachara de la Comisión, los senadores de la instancia, Hernán Larraín (UDI) y Andrés Allamand (RN), anunciaron que son tres los puntos que consideran como contrarios a la Constitución, por lo que no descartaron acudir al Tribunal Constitucional.

Primero, la prohibición de negociar de los grupos negociadores. Según Allamand, «la Constitución dice con todas sus letras que la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores. No dice que sea un derecho de los sindicatos».

En segundo lugar, en la oposición también declaran como inconstitucional la forma de extensión de beneficios que «obliga» a los trabajadores a afiliarse al sindicato. «Eso choca de frente con el principio de libertad de afiliación», agregó el parlamentario.
Y en tercer lugar, se cuestiona la constitucionalidad de las normas que se han aprobado en materia de información. «La Constitución garantiza la reserva de una serie de aspectos que tienen que ver con la intimidad de las personas. Entre otras cosas, su remuneración. Y lo que pretende la CUT es que cualquier sindicato pueda tener públicamente las remuneraciones de todos los trabajadores de la empresa», afirmó Allamand.

«El Gobierno ya debiera haber aprendido, después de haber sido sorprendidos discriminando arbitrariamente entre alumnos vulnerables por el Tribunal Constitucional», dijo Larraín.

Cómo cambió la polémica indicación
Redaccción original del Ejecutivo

«Los trabajadores no involucrados en huelga ejecutarán las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá efectuar las adecuaciones necesarias con este objeto, incluidos ajustes a los turnos u horarios de trabajo, sin que lo previsto en este párrafo constituya práctica desleal».

Redacción aprobada en la comisión

«Los trabajadores no involucrados en huelga ejecutarán las funciones convenidas en sus contratos de trabajo. El empleador, en el ejercicio de sus facultades legales, podrá efectuar ajustes a los turnos u horarios de trabajo».

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Esto luego que la Sala del Senado otorgara su respaldo unánime a la iniciativa que tuvo su origen en una moción de los senadores Alejandro García Huidobro, Juan Pablo Letelier, Alejandro Guillier, Baldo Prokurica y Jorge Pizarro.

En la nota publicada en el portal del Senado se detalla que el texto legal tiene por objeto rendir un homenaje a todas las  mujeres y hombres que contribuyeron al engrandecimiento de Chile desde la instalación industrial de Caletones, Región de O´Higgins, inaugurada en 1917, y que en la década de 1960 llegó a albergar más de 4.000 habitantes.

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La instancia presidida por el senador Juan Pablo Letelier decidió realizar dos jornadas más de exposiciones el 3 y 4 de agosto con economistas y abogados, donde se incluirá la participación del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco.

Esta situación implica en la práctica aplazar desde el 3 al 5 de agosto el plazo para la votación en general del proyecto.

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Así lo anunció el senador Juan Pablo Letelier (PS), presidente de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta, instancia donde comienza el próximo lunes la revisión del texto legal.

“Ya hemos pedido algunos informes sobre servicios mínimos a la OIT. Queremos tener una visión de legislación comparada, queremos tener a mano saber en qué países hay reemplazo y en cuáles no, y cuál es su impacto económico. Aquí hay mucha ficción y afirmaciones al aire y por eso, nos interesa legislar con datos empíricos a la vista entregados por la OIT”, dijo Letelier.

El legislador PS agregó que “también nos interesa que vaya alguien de la OIT a la Comisión de Trabajo a exponer sobre esas materias en particular”.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el organismo internacional expuso sus reparos a la definición original de servicios mínimos universales y a la no extensión automática de beneficios a los trabajadores no sindicalizados.

Tras esas observaciones, la anterior ministra del Trabajo, Javiera Blanco, pidió a la encargada de normas internacionales de la OIT, Cleopatra Doumbia-Henry, ayuda para redactar una nueva fórmula de servicios, más restrictiva para las empresas que fue finalmente la que se aprobó en la Cámara.

En paralelo, el Comité Laboral pro Empresa también ha construido sus propuestas considerando los estándares internacionales que fija este  organismo de control.

Audiencias

El senador Letelier confirmó que hasta ahora están definidos sólo los expositores que asistirán el próximo lunes a la Comisión de Trabajo, pero anticipó que ya han recibido más de 30 solicitudes de audiencia. Para la primera sesión destacan los representantes del Ejecutivo, la CUT, la CPC, la Sofofa, la CNC y otros gremios empresariales y sindicales.

Sin embargo, precisó el parlamentario que en el debate en la comisión “ no se trata de tener una serie de opiniones, vamos a escuchar al Gobierno que tiene su propuesta, a los actores involucrados, sean del mundo empresarial como del sector del trabajo. Queremos escuchar a los abogados especialistas y se discutirá un poco con algunos economistas de institutos y universidades los alcances de la normativa”.

En ese plano, anticipó que para la sesión del lunes 13 de julio se contempla preliminarmente la asistencia a la instancia de abogados laboralistas y economistas. Trascendió que ya pidieron audiencia para esa fecha los economistas Felipe Larraín y Bernardo Fontaine y académicos de derecho laboral de las universidades de Chile y Católica.

Letelier, de todos modos, puntualizó que la lista final de expositores deberá ser ratificada la próxima semana por los demás senadores que integran la instancia de Trabajo.

Estatuto agrícola

En tanto, ayer la titular del Trabajo, Ximena Rincón, se reunió con los integrantes de la mesa nacional agrícola, compuesta por ocho sindicatos agrícolas y 24 gremios, entre ellos la Sociedad Nacional de Agricultura.

Según el secretario general de esta última, Juan Pablo Matte, Rincón “se comprometió a volver a reunirse con nosotros  en un plazo de dos semanas para abordar el Estatuto del Trabajador Agrícola, que está durmiendo hace unos años en el Parlamento. Nos reiteró el interés de la Presidenta en esta materia y nos expresó su disponibilidad a trabajar”.

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En la nota publicada en el portal de la Cámara Baja se señala que en lo fundamental el proyecto contiene tres ideas matrices:

• Incorporar al Código del Trabajo las principales normas que regulan dicha materia. El objetivo es darle una mayor publicidad a la norma correspondiente, por el hecho de incorporarla al cuerpo legal más importante en materia laboral, y además, corregir un error que se ha mantenido en el tiempo, el cual es excluir de los temas netamente laborales el relativo a los trabajos pesados.
• Flexibilizar las solicitudes que dan inicio al procedimiento de evaluación de trabajos que pueden llegar a ser considerados como trabajos pesados. El proyecto establecerá que cualquier organización sindical o grupo de trabajadores o trabajador que representen al menos el 5% del total de los trabajadores que realicen el trabajo que se pretende considerar pesado, puedan recurrir sin mediar formalidad alguna al organismo competente para solicitar la calificación de la respectiva labor como trabajo pesado.
• Unificar los criterios respecto de la calificación de trabajos pesados. El proyecto contiene un artículo específico que dispondrá que ante trabajos de características idénticas o similares, desarrollados en condiciones también similares, el organismo competente, es decir, la Comisión Ergonómica Nacional o la Comisión de Apelaciones según corresponda, deberá declarar la calidad de trabajo pesado de dichas labores, en el evento en que alguna de estas labores haya sido calificada con anterioridad como de trabajo pesado, sin importar si los trabajadores prestan servicios para distintos empleadores o la distinta naturaleza del contrato laboral que los vincula con dicho empleador.

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Las instancias de Hacienda, Economía y Trabajo -en un conjunto más global de renovación- verán modificaciones en su titularidad, en el marco de un año clave para la tramitación de diversos proyectos como la reforma laboral y la agenda de libre competencia.

En Hacienda de la Cámara, el PPD Pepe Auth reemplazará al DC Pablo Lorenzini a la cabeza de la comisión que se encuentra inmersa en el trámite del proyecto para fortalecer el SII y derogar el DL 600. En su símil del Senado, el DC Andrés Zaldívar suplirá al PPD Ricardo Lagos Weber.

En la comisión de Trabajo de la Cámara Baja, Tucapel Jiménez (PPD) dejará su lugar al comunista Lautaro Carmona, justo cuando la comisión comenzó ayer la votación en general del proyecto de reforma laboral. En la Cámara Alta, la senadora Adriana Muñoz (PPD) dejará su puesto al socialista Juan Pablo Letelier.

En Economía, por otra parte, los apellidos se repetirán: en la Cámara, Joaquín Tuma (PPD) sucederá al DC Fuad Chaín, mientras que en el Senado el PPD Eugenio Tuma tomará el lugar del DC Jorge Pizarro.

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