El abogado litigante del órgano que representa los intereses del fisco señala que actualmente están analizando si apelarán al fallo del 29 Juzgado Civil de Santiago. Y aunque el estudio está en curso, sí se atreve a adelantar una tesis: creer que el dictamen tiene repercusión inmediata en la investigación que lleva adelante el fiscal Andrés Montes, en la arista penal ,es un error.

De igual forma se muestra cauto al señalar que “hacer juicios cuando todavía queda largo partido por delante es aventurado”.

¿Cómo recibe el Consejo de Defensa del Estado el fallo adverso del 29° Juzgado Civil de Santiago?

Es un fallo largo, hay que revisarlo. No concordamos con las apreciaciones que hace, pero mientras no terminemos su revisión es poco lo que puedo adelantar.

Pero ¿qué le parece que la magistrada María Cecilia Morales rechace cada uno de los argumentos que expusiera el CDE, afirmando incluso que no existía el esquema defraudatorio que acusa la Superintendencia de Valores y Seguros?

Es una sentencia de primera instancia y todavía caben una serie de recursos. Hay que ser muy cauto de las apreciaciones que se puedan hacer. No es extraño disentir de un fallo, y aspirar a que los tribunales superiores puedan revertirlo. Ese es un proceso en el que estamos.

¿El Consejo de Defensa del Estado está seguro de sus argumentos para revertir el fallo en la Corte de Apelaciones?

Ningún litigante que sea serio puede estar seguro de lo que va a pasar. Creemos y reafirmamos nuestra convicción de que todo lo que hemos sostenido en primera instancia sigue plenamente vigente. Por lo tanto, esperamos que si esto pasa a una revisión de tribunales superiores sean atendidas nuestras argumentaciones.

Sin embargo, la magistrada señala en su fallo que la información presentada en el juicio de reclamación de multa de Leonidas Vial, por el CDE es redundante y que no explica las pruebas para ratificar la responsabilidad del reclamante.

Naturalmente disentimos de varias de las afirmaciones que tiene ese fallo, pero tiene poco sentido polemizar con una sentencia, sino que lo que corresponde es impetrar los recursos legales pertinentes.

Este fallo, según abogados de los otros sancionados, es la piedra angular para rearmar las defensas y así revocar las multas que impusiera la SVS en el caso Cascada. De hecho, Julio Ponce ya presentó la sentencia como argumento a su favor. ¿Cree que pueda ser utilizado este fallo por los otros ejecutivos sancionados?

Cualquier otro multado que sienta que está en análogas posiciones podría utilizar el fallo. Hay que tener mucho cuidado, porque algunos que no estén en posiciones similares a las que aquí se han resuelto pueden intentar extrapolar las argumentaciones. Eso es algo perfectamente esperable. Pero insisto: tratándose de un fallo de primera instancia lo que corresponde es que haya un pronunciamiento de tribunales superiores y es lo que toca aspirar ahora.

¿Podría este fallo terminar beneficiando ahora a los sancionados del caso Cascada en la arista penal, que lleva adelante el fiscal Andrés Montes?

Las investigaciones administrativas y las de carácter penal no comparten todas las lógicas. Por lo tanto, el ejercicio de mera extrapolación de un resultado en sede jurídico administrativa a la sede penal requiere de una mayor sofisticación. No puedo decir si sí o no. Lo que sí puedo decir es que pensar que esto redunda en sede penal es un error.

¿No hay un mea culpa del CDE en la defensa que se hiciera de la Resolución de la SVS que impuso las multas con una sentencia es sumamente dura?

Para nada. Lo que hacemos los litigantes es que una vez que tenemos convicciones respecto de la forma de llevar adelante un proceso y habiendo sido coherente con esas convicciones y siguiendo absolutamente convenido de todas las afirmaciones que hicimos, lo que corresponde es impetrar el conocimiento de estos hechos por tribunales superiores y no en caso alguno hacer meas culpas. No se puede perder de vista y en eso incluso quienes han recibido favorablemente el fallo han sido cautos respecto de que esta es una sentencia de primera instancia y esa misma cautela es la que tenemos que tener todos a la hora de entender todos que hay etapas procesales que todavía están pendientes.

¿Cuán difícil es para el Consejo de Defensa del Estado traspasar de sede administrativa a sede civil y después más adelante a sede penal una investigación como la del caso Cascada?

Llevamos haciéndolo 120 años. Esta es una causa compleja, como hemos tenido muchísimas otras causas difíciles. El caso Cascada no es una causa que nos espante, respecto de su exigencia probatoria ni del derecho aplicable ni nada por el estilo. Lo que nos toca ahora a nosotros es seguir avanzando en esta causa. Insisto. Hay que tener cuidado con la noción de las causas del siglo o las cosas gigantesca. Nosotros en 120 años de historia hemos tenido causas de este porte, más grandes y en este ámbito le podría citar varias que también tuvieron resultado adverso en primera instancia. Hacer juicios cuando todavía queda largo partido por delante es aventurado.

¿Se hace cargo usted de la crítica que hacen litigantes que deben enfrentar al CDE como contraparte?

Acabamos de celebrar los 120 años de Consejo de Defensa del Estado y vinieron a acompañarnos nuestros homólogos de Estados Unidos, Inglaterra, Italia, Colombia y Brasil. Nuestras experiencias son bastante análogas y en parte vinieron porque tenían ganas de saber cómo la de nosotros. A mí no me espanta. La versión que pretende sostener que esto no tiene que ver con el trabajo serio riguroso que realizan los profesionales del CDE es algo de lo que no puedo hacerme cargo.

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La entidad determinó encomendar a los consejeros Jaime Varela y Carlos Mackenney liderar un quipo legal para asumir la defensa de Corfo en medio del conflicto por el contrato de explotación en el Salar de Atacama. Así lo confirmó el presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, quien acotó que el objetivo es recabar los antecedentes del caso a fin de continuar con la exposición de argumentos a favor de Corfo ante el juez árbitro Carlos Humeres, del Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago.

“Hemos recibido un requerimiento de la Corfo y se conformó un equipo de trabajo que en este caso está integrado por abogados y consejeros del consejo y ellos son quienes se tienen que hacer cargo de un requerimiento específico que sea presentado”, señaló Juan Ignacio Piña.

A su juicio, las vicisitudes de cada causa determinan cómo se van conformando los equipos y en este caso era importante que hubiera un trabajo conjunto de consejeros que adicionalmente no pertenecen al mismo comité, para que pudieran mirar la causa desde distintas perspectivas.

Piña acotó que la misión que tienen los consejeros y su equipo es recopilar y analizar los antecedentes y proponer las acciones a seguir al Consejo de Defensa del Estado. “Para nosotros, todas las causas en las que existe patrimonio fiscal comprometido, sea gran cantidad de dinero o cantidades menores, tienen importancia porque esa es la función que tenemos que cumplir. Por lo tanto, desde ese punto de vista esta no es una causa que requiera una consideración especial”, afirmó el abogado.

Rechazo a conciliación

A inicios de julio, y ante el árbitro Héctor Humeres, la Corfo comunicó oficialmente su decisión de rechazar la propuesta del juez. “Como consecuencia de lo anterior, habiendo terminado el periodo de conciliación, Corfo proseguirá con el juicio, conforme al procedimiento establecido para estos efectos”, dijo la entidad a través de un comunicado.

En el juicio, Corfo solicitó, entre otras peticiones, el término anticipado del contrato de arrendamiento de las pertenencias mineras de su propiedad, ubicadas en el Salar de Atacama. Asimismo, requirió el pago de las rentas de arrendamiento adeudadas a contar del primer trimestre de 2009 hasta la fecha del inicio del juicio, y de las rentas que se devenguen durante la tramitación del presente juicio arbitral, agregó el organismo estatal.

En 1993, Corfo pactó con SQM el arrendamiento de 28.054 pertenencias mineras hasta diciembre de 2030. Por el arrendamiento de esas pertenencias, SQM debe pagar un canon fijo de US$15 mil al año y una cifra variable igual al 1,8% de las ventas de litio y de cloruro de potasio. En 2012 la Corfo decidió analizar el efectivo cumplimiento del contrato. Concluyó que SQM había pagado menos de lo que debía pagar -se calculó inicialmente en US$2 millones-, y tras negociar con la empresa, el organismo decidió activar un arbitraje para resolver por esa vía las diferencias. Fue la nueva administración de Corfo, liderada desde marzo de 2014 por el ex ministro Eduardo Bitran, la que presentó la demanda ante el árbitro Héctor Humeres, en mayo de 2014. Corfo pidió la medida más extrema posible: el término anticipado del contrato de 1993, el pago de indemnizaciones y daño moral y la restitución de las pertenencias.

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