El Congreso de Uruguay aprobó un proyecto de ley que amplía en un año los plazos de negociación para la instalación del proyecto de hierro Aratirí, entre la compañía anglo-suiza Zamin Ferrous y el gobierno de ese país. La iniciativa involucra una inversión de US$2.800 millones, para contar una capacidad de producción de hasta 18 millones de toneladas anuales.

El plazo límite para firmar el contrato era el 28 de febrero, pero la nueva norma extendió el plazo de negociación en hasta 360 días. Sin embargo, la extensión del plazo fue aprobada solamente por los congresistas oficialistas del Frente Amplio.

Anteriormente la compañía había presentado al presidente José Mujica una iniciativa alternativa para la explotación del hierro, que establece un área menor de explotación, una producción de menos toneladas anuales, y la no construcción de un mineroducto y un puerto de aguas profundas para sacar la producción, haciéndolo a través del puerto de Montevideo, lo que reducirá también el costo del proyecto. Así el desarrollo contemplaría una producción de entre 1,5 millones y 2 millones de toneladas de hierro anuales, idea que tuvo una buena recepción por parte del mandatario, y agregó que con la nueva ley se puede seguir negociando y evitar un eventual juicio de la empresa. Sin embargo, su aprobación quedará para el futuro gobierno de Tabaré Vázquez, quien asume la presidencia de Uruguay el próximo 1 de marzo.

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«Tenemos que tener más confianza en nosotros mismos; si bien no tenemos experiencia minera importante, no hemos creado una conciencia crítica ni desarrollado técnicos en abundancia en esta materia», sostuvo Mujica.

En su audición radial de la cadena estatal Sodre, enfatizó que «nunca sabremos de minería si no aprendemos de minería. Tenemos que trabajar con gente que venga, sepa, y así trasladar el aprendizaje».

Según estimaciones de Aratirí, filial local de Zamin Ferrous, el subsuelo uruguayo tiene yacimientos de hierro de 2.500 millones de toneladas, que colocarían al país como el octavo productor mundial del mineral.

Mujica recordó que para la extracción de hierro no se requieren procesos químicos dañinos, y que la ley de minería de gran porte otorga las garantías necesarias para la reconstrucción de las zonas afectadas.

«Lo importante es garantizar que las reservas estarán disponibles, que los fondos (destinados a la reconstrucción) se apliquen bien y que multipliquemos la diversificación del país, que no vamos a liquidar la ganadería», indicó.

Informó que Aratirí explotará sólo 500 hectáreas de los US$16 millones que el país dedica a distintas actividades.

«En la vida hay que andar, la gente quiere mejorar y todos quieren mejorar el ingreso», reflexionó el gobernante.

El proyecto minero se retrasó ante la postergada aprobación en el Congreso de una ley de minería de gran porte que aumenta los impuestos al sector, y en medio de protestas contra la iniciativa de productores rurales y ecologistas.

El gobierno espera firmar en febrero el contrato de inversión con la minera.

Aratirí prevé invertir US$2.000 millones de dólares en las exploraciones en la zona centro y noreste del país.

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El 2 de diciembre se lanzó una campaña de recolección de firmas para lograr que se realice un plebiscito con las elecciones nacionales para prohibir la minería a cielo abierto. Para ello, se requieren antes de fines de abril unas 260.000 firmas.

Mientras tanto, ayer se comenzaron a entregar cedulones a propietarios de predios cerca de José Pedro Varela (Lavalleja) para que por allí pase el mineroducto que llevaría el hierro a las costas de Rocha. Sin embargo, los activistas en contra de la minería están sorprendidos porque los terrenos están ubicados en la traza original del ducto, cuya corrección pidió el gobierno, dijo a El País Carol Aviaga, militante contra la minería. «Se han presentado cedulones para predios que están entre el cementerio y el casco urbano», dijo la activista.

Aviaga dijo también que hay al menos nueve ediles en Treinta y Tres que quieren prohibir la minería a cielo abierto en ese departamento (aunque el intendente Dardo Sánchez no está de acuerdo) y que la Junta de Florida tiene la intención de votar una prohibición. Las juntas de Lavalleja y Tacuarembó ya declararon a esos departamentos libre de minería a cielo abierto.

Otro activista, Julio Gómez García, adelantó que en la próxima semana se presentarán recursos de inconstitucionalidad por parte de productores que se sienten perjudicados. En la localidad de Cerro Chato se creará un centro de asesoramiento donde se atenderá también a propietarios del norte de Lavalleja, de las cercanías de las localidades de Batlle y Ordóñez y José Pedro Varela. De acuerdo con sus datos, hay prácticamente 500 productores de cinco departamentos que se verían afectados.

Ayer se constituyó una mesa que coordinará en el Este la recolección de firmas para que se vote la reforma constitucional. Por su parte, el edil colorado de Flores, Carlos Mecol, dijo que hay dos empresas que quieren hacer minería de gran porte en su departamento y llamó a firmar contra la minería. La empresa, que se niega a hacer comentarios, pretende trabajar en 130.000 hectáreas. Aviaga denunció que en algunos casos se ha comunicado este interés a los productores afectados a través del Diario Oficial sin que medie la entrega de cedulones.

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