Esto luego de que prestara declaración José Cox, ejecutivo cercano al ex presidente de la República, Sebastián Piñera, quien llegó hasta el Centro de Justicia para declarar respecto del supuesto rol de mediador que habría ejercido en el caso Cascadas.

Cabe recordar que Cox integra el Comité de Inversiones de Bancard, sociedad considerada como el family office de Piñera.

Según declaraciones de Darío Calderón, fue a través de Cox que el ex mandatario habría comunicado sus intenciones de fusionar las sociedades cascada, tesis que fundamenta la teoría del controlador indirecto de SQM, respecto a que Coloma habría llevado adelante una investigación parcial, por el supuesto conflicto de interés del ex superintendente, al haber sido nombrado en un cargo de confianza por el ex mandatario.

Según conocedores del proceso, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad habría concretado todas las diligencias presentadas en esta arista, siendo justamente las relacionadas a la defensa de Ponce Lerou, las últimas en ser solicitadas a la fiscalía. De esta forma, aseguran, se aprestarían a cerrar la investigación relacionada a la querella por prevaricación administrativa y perjuicios contra particulares.

Así, se espera que próximamente se informe a las respectivas defensas del cierre de la investigación.

La comisión


Y los efectos podrían no ser menores, considerando que recientemente la Cámara Baja votó a favor de la creación de una comisión investigadora que busca indagar sobre el rol que jugaron las autoridades del gobierno anterior y sus eventuales conflictos de interés en el caso.

“Una de las aristas más graves del tema dice relación con el posible involucramiento de autoridades de gobierno en una contienda empresarial de envergadura, que incluiría al ex presidente de la República, Sebastián Piñera”, dijo el diputado DC, Fuad Chahín, en esa oportunidad.

Esto, a pesar de que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad desestimó abrir una investigación por el eventual rol que habría jugado el ex presidente de la República en el caso, debido a que, según afirmó el fiscal José Morales, quien lidera dicha repartición, en entrevista a Diario Financiero , “no existe en la investigación ningún antecedente claro o específico que permita abrir una arista en ese sentido”. 
Luego de esto, el abogado Mario Vargas, quien junto a Paula Vial integran la defensa del ex superintendente, señaló que “el señor Ponce Lerou,trató de ensuciar y desviar la atención en lo que era la investigación relacionada con el caso cascadas. Y un antecedente importante era justamente imputar al ex presidente Piñera”.

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Una paz que, evidentemente, nunca llegó. Es que según Calderón, previo a que Moneda recurriera a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y con varios meses de antelación a que la administradora de fondos propusiera una fusión en algunas sociedades de la cascada, la firma presidida por Pablo Echeverría -representada por José Cox- pidió una compensación de US$60 millones poco antes de recurrir por primera vez al regulador.

¿Cómo así? En palabras de Calderón, quien participó como mediador en abril de 2012 de este conflicto, a requerimiento del propio José Cox, “Julio Ponce aceptó negociar para evitar problemas planteando que el error de Moneda fue vender sus acciones en Calichera yendo aguas arriba para adquirir Oro Blanco y Norte Grande. A raíz de ello, Julio Ponce les ofreció por mi intermediario hacer una OPA en Oro Blanco pagando con acciones de Calichera”, así como dejar sin efecto la división de dicha sociedad.

“Siempre se planteó que esto requeriría explicaciones a la SVS, lo que Cox siempre minimizó, señalando que para eso se buscaría una solución (…) Esta negociación fracasa el 30 de julio de 2012 e incluso en esa oportunidad recuerdo que Moneda, a través de Cox, planteó la posibilidad de que se compensara en dinero por alrededor de US$60 millones. Esto fue rechazado categóricamente por Julio Ponce”, dice Calderón, añadiendo que “posteriormente se realizan denuncias ante la SVS el 31 de julio de 2012 con motivo de las juntas de accionistas de las cascadas. A partir de esa fecha se extrema la investigación por parte de la SVS”.

Luego, en noviembre de ese año, según Calderón, Cox reinicia las negociaciones planteando la posibilidad de fusionar algunas sociedades de la cascada. “Esto fue rechazado por Julio Ponce y definitivamente se terminan todas las negociaciones en mayo de 2013 (…) Posteriormente, no me volví a involucrar más en cualquier tipo de negociaciones respecto del tema de las cascadas”.

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Ésta es sólo una de las declaraciones que Julio Ponce, controlador indirecto de SQM, dio a fines de la semana pasada al fiscal José Morales, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte.

Esto en el marco de la querella por prevaricación presentada por Ponce en contra del superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, además de otros dos colaboradores.

Después, el empresario señala que “las presiones para fusionar las Cascadas llegan hasta fines de julio y principios de agosto de 2013. Pedro Pablo Gutiérrez (…) le pregunta a Patricio de Solminihac quién tiene influencia con Julio Ponce. Le dice éste que Julio era muy independiente y le dice que el único que alguna influencia puede tener en él es su hermano Eugenio Ponce. Sostienen una reunión en el Sport Francés y le dice que le pasarán una multa monstruosa de US$ 100 millones, salvo que hubiese fusión. Posteriormente a eso vino la formulación de cargos en septiembre”.

Además, Ponce declaró un hecho que le “llamó la atención”: “La fecha de la formulación de cargos es el 6 de septiembre, justo seis meses antes de que termine el gobierno de Sebastián Piñera, y que es el mismo plazo que debería durar el procedimiento. Coloma quería fallar este caso en el mismo gobierno de Sebastián Piñera”.

El panfleto anónimo 


Por otro lado, Julio Ponce comentó que “en mayo de 2008 Sebastián Piñera vende todas las acciones que tenía en las Cascadas para dedicarse a las campañas políticas. Pero a los dos meses de vender estas acciones, las sociedades Bancard y Santa Cecilia empiezan a comprar acciones de Norte Grande y Oro Blanco en remates OD”.

“Al momento de comprarle las acciones a Sebastián Piñera, le pagamos un sobreprecio de entre 8% y 38% si uno usa la fórmula que hoy la SVS ha definido para calcular el precio de mercado, concepto de precio de mercado que no comparto”.

Respecto al fideicomiso ciego, el empresario dice que “el 27 de abril del 2009 Piñera coloca esas acciones en custodia o administración de Moneda Corredores de Bolsa, lo que él llama el famoso fideicomiso ciego. Para mí esas acciones aún están en la corredora de bolsa en la propiedad de Bancard y Santa Cecilia. El registro de accionistas de estas sociedades se llevan en la propia sociedad Cascadas. Nosotros no tenemos registros que esas acciones se hayan vendido en los registros de las Cascadas”.

En relación al panfleto anónimo llamado “Potencial Abuso Contra Accionista Minoritario”, que comenzó a circular a principios de 2012, Ponce declara que él supo después que “quien hizo ese documento fue Tomás Hurtado, que es de Consorcio. En esta sociedad es dueña de Moneda en un 20%. También fui a hablar con Patricio Parodi que es director de Moneda, que me negó la creación de este panfleto”.

“Posteriormente, Pablo Echeverría, presidente de Moneda, me solicitó que nos reunamos para hablar temas de Cascadas. Yo fui a hablar con Pablo Guerrero. Echeverría me realiza observaciones del mal manejo de las sociedades Cascadas. En la segunda reunión con Echeverría, me proponen que fusione las Cascadas. Me dicen que si lo hago ellos no harían entrega de este documento anónimo a la SVS. Yo les dije que la fusión de las Cascadas no lo haría jamás, porque sería perder el control y aceptar un chantaje. En las reuniones con Echeverría, me dijo que no fuera a pensar que estaba metido Sebastián Piñera en esto. Yo le respondí que cómo se le ocurría que iba a pensar en eso”.

En relación a la investigación de la SVS, que según ha señalado el mismo regulador se inició con la denuncia del accionista minoritario Carlos Wulff, a fines de 2011, Ponce señaló que esto no es efectivo, porque la única gestión que se realizó antes de la denuncia de Moneda fue “en abril, cuando la SVS nos fue a pedir antecedentes por el aumento de capital que estábamos dando, pero no se trataba de una investigación”.

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