En el documento se señala que para la ejecución del Plan, aprobado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, “el Gobierno de Chile autorizará a que se lleven a cabo las tareas necesarias en lo que resulte pertinente en territorio chileno, en el marco de su legislación interna, con el objeto de que Minera Los Pelambres retire el botadero “Cerro Amarillo” y transporte el material rocoso a un botadero ubicado en territorio chileno. Asimismo, sin perjuicio de que el plan será implementado desde Chile, el Gobierno de Argentina expresa la misma disposición en cuanto a que la ejecución de las obras del Plan se pueda llevar a efecto en territorio argentino, en lo que correspondiere”.

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En ese contexto, “las Partes se comprometen a gestionar el otorgamiento de los permisos necesarios para la ejecución del Plan, a través de sus autoridades competentes (organismos públicos de Minería, Medioambiente, Aduaneros y Policiales, entre otros), las que actuarán en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de sus respectivas competencias y efectuarán las coordinaciones tendientes a permitir el desarrollo de las actividades propias del Plan, a la brevedad, a fin que Minera Los Pelambres esté en condiciones de iniciar las obras el próximo 15 de diciembre de 2017”.

Asimismo, se señala que los permisos y demás requerimientos necesarios para la ejecución del Plan deberán mantenerse durante todo el período de la ejecución del mismo. A ello se suma que “el Plan y las actividades asociadas a éste en el territorio de cada una de las Partes se ejecutarán con sujeción a sus respectivas legislaciones y las Partes no exigirán condiciones ni requisitos adicionales a los contemplados en los referidos ordenamientos jurídicos internos”.

Revisa el convenio.

Antecedentes 

La operación de este botadero se inició luego de su aprobación por parte de autoridades chilenas en 2004, el que fue autorizado luego de obtener todas las autorizaciones necesarias de parte de los organismos mineros y ambientales chilenos, quienes actuaron basándose en la cartografía oficial vigente, la que indicaba que Cerro Amarillo estaba íntegramente en territorio nacional, aseguró en su momento Minera Los Pelambres.

Sin embargo, el error en la cartografía utilizada para diseñar y autorizar el botadero quedó al descubierto sólo en 2011, “inmediatamente Minera Los Pelambres dejó de operar en esta zona y comenzó a buscar formas de colaborar para buscar una solución, pese a que lo ocurrido no fue de su responsabilidad. En este contexto, el primer paso es la remoción de los neumáticos, para lo cual se debió habilitar un paso fronterizo ocasional”, explicaron desde la compañía.

Cabe indicar que según consta en las actas del Senado argentino, del 14 de septiembre de 2016, la Cancillería de ese país planteó que “en 2011, la compañía operadora de la minera El Pachón (Glencore) denunció que Los Pelambres había depositado escombros en sus terrenos, acumulando aproximadamente 50 millones de toneladas de material en una superficie de 51 o 52 hectáreas”.

En el marco de la disputa judicial que generó el tema, el juez federal Leopoldo Rago Gallo aprobó el plan de retiro que presentó Minera Los Pelambres, por lo que ésta contará con un plazo de cinco años y medio, con uno más de prórroga en caso de que sea necesario ante contingencias climáticas. El magistrado además ordenó que las tareas comiencen el 15 de este mes, tal cual había solicitado la gestión uñaquista. Además, en la resolución se dispuso que la compañía deberá instalar cámaras para seguir en tiempo real las obras y una serie de acciones preventivas y de control para evitar impactos ambientales en el transcurso de la extracción, revelaron fuentes calificadas.

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La pugna entre la minera ligada a la familia Luksic y el grupo Glencore, que en Chile es dueña del 44% de Collahuasi -entre otros activos-, es mirada con atención desde la Cancillería tanto de Chile como del país vecino.

En esa línea, según confirmaron a PULSO altas fuentes de Gobierno, recientemente hubo una reunión en el edificio de la Cancillería argentina entre funcionarios de esa repartición y el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo, que tenía como único tema en agenda el conflicto minero.

En la cita, que se llevó a cabo bajo absoluta reserva, se le comunicó al diplomático chileno la preocupación del gobierno trasandino por el conflicto. Altas fuentes confirmaron que en la reunión se le dio a conocer al diplomático chileno la posición que tiene Argentina sobre esta pugna, que a su juicio ya no debía ser tratado como un problema entre empresas sino que a nivel de estados. Esto difiere con la posición que ha asumido el Ejecutivo chileno, que sostiene que se trata de un problema en el que los gobiernos no deben interferir.

“Este es un tema entre privados, en el que al Estado no le cabe responsabilidad. Sin perjuicio de ello, el Gobierno está dispuesto a cooperar, a fin de poner en práctica una solución que sea acordada entre las partes”, comentó Cancillería.

En esa línea, las conversaciones entre ambas autoridades apuntarían a lograr un mejor entendimiento. Por lo mismo se apuntaría a agilizar los permisos para el control de la escombrera, y ver un plan de largo plazo para solucionar la situación. De igual forma las conversaciones entre las autoridades se producen en un ambiente de definiciones para la pugna.

Ala judicial

Hace un par de semanas concluyeron las reuniones de conciliación en el marco de la demanda que interpusiera Glencore en contra de Los Pelambres, y que es tramitada por el juez federal de San Juan, Argentina, Miguel Ángel Gálvez.

Tras estas reuniones no hubo acuerdo entre las partes. Lo anterior, puesto que AMSA busca que la escombrera quede en territorio argentino, lo que es rechazado por la compañía suiza.

Al no existir acuerdo, el magistrado trasandino determinó que Pelambres debía cumplir la precautoria dictada en marzo y que había sido solicitada por Glencore. Es decir, el juez solicitó que AMSA presente hasta hoy 21 de agosto un plan de control ambiental mientras dure el juicio.

Glencore ha rechazado el cierre que ha propuesto AMSA en territorio argentino, pues la suiza no está dispuesta a hacerse cargo de un pasivo ambiental eternamente.

Mientras, desde AMSA aseguraron que por ahora no hay novedades en el proceso. Sin embargo, la minera ha señalado que “propondrá el Cierre Ambiental definitivo e integral de Cerro Amarillo, un depósito de rocas cuya construcción fue aprobada por las autoridades chilenas en 2004”.

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