Sin embargo, su presentación fue abruptamente interrumpida por los diputados de Oposición, quienes se quejaron de que los antecedentes aportados por Landerretche no correspondían a los pedidos por la Cámara.

Ello motivó a que se discutiera la creación de una comisión investigadora que analice específicamente la naturaleza de los contratos firmados por la minera con diversas entidades, entre ellas, la vinculada al ex ministro Secretario General de la Presidencia, Jorge Insunza.

Ayer, Landerretche entregó un pendrive con decenas de documentos que respaldan los contratos suscritos por Codelco con nueve compañías y organizaciones, lo que según el timonel de la corporación “confirma el compromiso, de la administración de Codelco y su directorio, con la transparencia, buen gobierno y probidad que la ciudadanía nos exige a todos los servidores públicos”.

Estos antecedentes fueron entregados en calidad de reservados, pidiéndose a los diputados máxima discreción en su análisis y utilización.

Sin embargo, la diputada (RN) Paulina Núñez, criticó la entrega de antecedentes, señalando que lo que se pidió fue otra cosa.

“Nosotros hablamos de contratos de 21 fundaciones con Codelco, ya sean actuales o que hubo contratos en años anteriores. Luego le hemos pedido que traiga informes y estudios que justificaban dichos contratos, que habían sido pagados con plata de todos los chilenos y, tercero, a solicitud de un diputado de la comisión, este listado de 21 fundaciones se amplió a todos aquellos contratos con distintas fundaciones que sostuvieron desde el año 2010 y 2015, terceros con Codelco”, dijo la parlamentaria.

A su turno, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, diputado Luis Lemus (PS), dijo que la comisión no está constituida como investigadora, y que eso procedería para continuar con los análisis de la situación de la estatal.

“Hay más inquietud, hay más curiosidad sobre este tema y lo que corresponde es constituir una comisión especial”, enfatizó.

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Por su parte, el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, dijo que el propio Insunza asumió que no informó a la mandataria de estas asesorías.

[Insunza se ve forzado a renunciar por asesorías que realizó a Antofagasta Minerals]

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En efecto, la Jefa de Estado se comunicó con los secretarios de Estado para abordar la renuncia del ministro Jorge Insunza. El ex titular de la Segpres le comunicó su decisión mediante un llamado telefónico, luego de conversar con el vicepresidente Jorge Burgos.

A las 18:00 horas, en el Patio de los Naranjos de La Moneda, Insunza leyó una declaración pública de cinco minutos, redactada por él mismo.

«Le he presentado mi renuncia a la Presidenta Bachelet. Lamento profundamente haberle creado un problema», señaló en su declaración.

Insunza comenzó a evaluar su decisión el viernes de la semana pasada, cuando en «El Mercurio» se dio cuenta de una denuncia de la UDI respecto a las asesorías que prestó a Antofagasta Minerals mientras era presidente de la comisión de Minería, en 2014. Los informes los realizó a través de su empresa Virtus Consultores.

La situación generó amplias críticas en la Nueva Mayoría y su partido, el PPD, donde sostuvieron que la situación era compleja. El entonces titular de la Segpres estaba a cargo de echar a andar la agenda de probidad y transparencia, impulsada por la Presidenta Bachelet con el fin de regular la relación entre la política y los negocios.

Los cuestionamientos escalaron con el paso de las horas. Sin margen de acción, y mientras algunos parlamentarios oficialistas ya habían pedido su renuncia, Insunza se reunió en la mañana con su equipo más cercano de asesores en su casa, ubicada en Ñuñoa. A ellos les mostró la declaración que leyó antes de abandonar el cargo, la cual fue aprobada. Luego, pasadas las 17:00 horas, se trasladó hasta La Moneda.

En la Segpres lo reemplazará de manera subrogante la subsecretaria de esa cartera, Patricia Silva (PS). En el PPD, en tanto, se valoró la decisión del ex ministro, quien al mediodía ya le había comunicado su decisión a algunos dirigentes.

El que Insunza criticara a la UDI al abandonar la Segpres, instando a desprenderse de sus cargos a quienes estén implicados en casos judiciales, generó críticas en ese partido.

El presidente de la UDI, Hernán Larraín, señaló que «no está bien que él busque enrostrarles responsabilidades de sus hechos a terceros, porque no hay que echarle la culpa al empedrado». Y agregó que «lo que no se explica ni se justifica es que él pretenda decir que está renunciando por culpa de otros. No, él está renunciando porque tenía problemas objetivos que estaban complicando a la Presidenta».

Durante su breve gestión, el ex ministro protagonizó algunos episodios controvertidos, como el de su currículum, que indicaba que era licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, siendo que había egresado de la Universidad Bolivariana en 2013. Además, sus críticas al ex director del SII, Michel Jorratt, lo enfrentaron al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

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[Los Pelambres: vecinos divididos en defensa de fuente laboral]

En la instancia, le entregaron a la ministra una carta, dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet, en la que plasman sus inquietudes respecto del posible cierre de la minera que da trabajo a una parte importante de los habitantes de la provincia del Choapa.

La ministra señaló que los trabajadores manifiestan su más irrestricta voluntad al desarrollo de una minería sustentable, “ya que más del 60% de estos son de la zona, y sus familias viven ahí”. Es por lo mismo, explicó la titular de minería, que quieren proteger el territorio donde viven.

“Ellos manifiestan su preocupación por el debido resguardo de sus puestos laborales y valoramos de manera muy importante el diálogo que ellos quieren mantener con nosotros, desde una posición de responsabilidad, donde plantean este desarrollo en equilibrio para todos”, dijo Williams.

Los trabajadores en su intervención, explicaron que su objetivo es resguardar el trabajo de 6.000 familias, ya que el cierre de MLP provocaría un impacto a la economía de la Región y un impacto social mayor. “Nosotros estamos a favor de lograr puntos de encuentro entre todas las partes involucradas, las autoridades, la empresa, las comunidades y los grupos ambientalistas”, dijo Eduardo Jélvez, presidente de la Federación de Sindicatos Trabajadores de Empresas Contratistas de Minera Los Pelambres.

La Ministra Williams, al término de la reunión, manifestó que como “Gobierno lo hemos señalado, debe funcionar una institucionalidad, hoy día hay un fallo y la empresa apeló a este resultado y hay que esperar el desenlace de esta situación”. Además, añadió que valoraba el acuerdo al que llegaron los habitantes de Salamanca con Los Pelambres, “ya que definitivamente estamos avanzando en los más importante que es mantener el diálogo en una situación que efectivamente hay intereses de la comunidad, hay interés de desarrollo social y también económico”, concluyó.

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«Creo que va a ser un trámite mucho más largo de lo que se podría pensar, estamos recién en el primer trámite legislativo. No se va a despachar en esta legislatura, pasará a marzo y después se tendrá que ver en la Comisión de Agricultura antes de pasar a la Sala», evaluó el diputado Gahona, según consigna el portal de la Cámara Baja.

«Estamos haciendo un esfuerzo por despacharlo en marzo, pero obviamente son materias complejas y que requieren de una revisión en detalle y sistemática, porque es una reforma que incluye varias normas del Código de Aguas», precisó el diputado Insunza.

Según relataron los diputados Gahona e Insunza, la instancia que preside el diputado Luis Lemus (PS) se encuentra hoy votando el artículo quinto de la propuesta legal. «Es sobre temas relacionados con las funciones del agua y el resguardo del derecho humano esencial, que es algo que en el Código no estaba. Esos dos puntos es lo que hemos venido resolviendo», detalló Insunza.

El legislador recordó que hoy los usos de agua son prioritariamente agrícola y actividades productivas en general y que, no más de un 6 u 8%, se destina para el consumo humano. Dijo que justamente la idea del proyecto es garantizar que se resguarde el acceso al agua como un derecho humano esencial, lo que no elimina los otros usos productivos.

«Si queremos hacer que los otorgamientos estén vinculados a una función por la cual se otorga y no que se otorgue para uso agrícola y después se deriva hacia el sector industrial o minero, que no fue el origen por el cual fue otorgado. El respeto de la función social, económica y productiva por el cual está otorgado ese derecho me parece que es algo importante y si se va a cambiar tiene que ser mirado en un equilibrio respecto de los usos y desarrollos productivos que haya en la zona», planteó.

Para el diputado Gahona, este es un punto de diferencia. «La indicación del Ejecutivo y la postura de los parlamentarios de la Nueva Mayoría es tendiente a eliminar la facultad de la disposición del derecho de aprovechamiento de agua y eso evidentemente atenta contra el artículo 19 de la Constitución», indicó.

Estimó que frente a situaciones específicas es posible restringir los derechos para garantizar el consumo humano, sin embargo alertó que lo que se busca es eliminar todas las acepciones que tienen que ver con dominio y titularidad, evidenciando una intención de «vulnerar el derecho de propiedad en términos del derecho de aprovechamiento de agua».

El diputado Insunza consideró que «la UDI está buscando una excusa para no abordar estos problemas», construyendo «una estratagema desde del miedo».

«Aquí no va haber una intervención que modifique los derechos adquiridos, no puede haberlo, pero sí lo que estamos haciendo es terminar con la especulación en el mercado del agua y en eso creo que hay muchos autores de distinta raíz de pensamiento que se dan cuenta que hay un sobre otorgamiento en los derechos de aprovechamiento de agua y eso es un problema institucional, un problema legal que está en el Código de Agua y eso ha dado lugar a una especulación y alta concentración que termina afectando el desarrollo equitativo de muchas zonas del país», sentenció.

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