Con estos antecedentes, la instancia acordó repensar los plazos y roles que tiene que cumplir el citado organismo, todo esto en el debate que se está dando del proyecto que fija una Ley Marco de Cambio Climático. Cabe recordar que la Comisión se encuentra analizando más de 600 indicaciones al texto en primer trámite.

En la cita, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, comentó que “respecto de las denuncias ingresadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, se identificó que un 44,22% no tuvieron asociada alguna gestión por parte de la SMA, esto es una solicitud activada de fiscalización ambiental, un procedimiento sancionatorio o su archivo por falta de mérito”.

Frente a este escenario la autoridad reconoció que en la ley no ha quedado suficientemente expreso el sentido de oportunidad que debe tener la gestión de las denuncias por parte de la Superintendencia.

En tanto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, explicó que “nosotros fiscalizamos un universo muy amplio de empresas desde panaderías a mineras distribuidas por todo el país. Se trata de cerca de 17 mil instalaciones con alguna obligación ambiental”. Tras ello aseguró que para este año se espera una gestión anual histórica de denuncias.

“Desde 2013 a la fecha, se recibieron cerca de 16 mil denuncias, y durante 2021 se ha recibido un 50% más que el promedio histórico”, afirmó. Eso sí, advirtió que, “no obstante la mejora sustantiva de gestión que han desarrollado en el último tiempo, existen restricciones de recursos importantes”, planteando que para un servicio oportuno de denuncias, se requieren 290 personas adicionales, 80% de ellas en regiones. “Hoy existen instrumentos que no cuentan con financiamiento”, hizo ver.

Visión de los senadores

Tras las exposiciones, la presidenta de la Comisión, la senadora Ximena Órdenes manifestó que “más allá del presupuesto, el informe habla de un accionar sistemático. Valoro que en 2020 se revierta esa tendencia por primera vez. Se requiere un plan de acción identificando qué causas se archivaron porque cada una de ellas es importante y hay que hacer un seguimiento”.

Mientras que la senadora Isabel Allende comentó que “este tema no es propio de este gobierno sino del funcionamiento como Estado. Me parece un absurdo que se llegue a rebajar un 7% el presupuesto de este año”.

En esa línea, instó a la mesa técnica y la comisión que está trabajando en el proyecto de ley de marco de cambio climático hacerse cargo de este problema. “De lo contrario, estamos generando una nueva institucionalidad pero nuevamente puede haber una frustración en el sentido que no se cumplan lo que tendrían que ser los planes de adaptación”, remató.

A su vez, el senador Alfonso De Urresti planteó que “es una tomadura de pelo que no estemos reforzando esta Superintendencia. Las otras superintendencias (Servicios Sanitarios, de Electricidad y Combustibles, por ejemplo) tienen muchos más funcionarios que la SMA. Si queremos estar a la par de otros países en cuanto al Cambio Climático, lo mínimo es contar con el personal necesario para seguir las denuncias”.

Así, se acordó solicitar ayuda al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), que está apoyando el texto con la mesa técnica de los asesores, para ver si es necesario dar más facultades. Y además, crear un protocolo de seguimiento a la Contraloría y la SMA -que acompañe a la ley marco- para tener más herramientas.

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Según fuentes cercanas al proceso, ambas partes no habrían estado dispuestas a ceder en sus puntos centrales, lo que habría implicado, incluso, que el directorio de la estatal, en sesión del 27 de diciembre, haya decidido reanudar la acción judicial, cuya suspensión termina el 26 de enero y en la cual las partes están siendo asesoradas por el abogado Pedro Pablo Gutiérrez, en el caso de Codelco y por Raúl Letelier, abogado del Consejo de Defensa del Estado, por Contraloría.

Fuentes del directorio de la minera, que validaron esa versión, señalaron que esta era una decisión “inevitable”, toda vez que el hecho de no insistir con el proceso judicial, implicaba “perder el derecho” a que el tema sea revisado por un tribunal.

“La Contraloría insistió en que nos desistiéramos y mantuvo su planteamiento original”, dijo una fuente, que aseguró que al igual que la estatal, el organismo fiscalizador también mantuvo su opinión, insistiendo incluso, en “aumentar sus atribuciones”.

En esa línea, en el marco de todas las reuniones celebradas con el contralor Bermúdez, la empresa habría presentado un documento de quince páginas en el que se detallaban todas las mejoras que Codelco ha desarrollado en sus procesos de fiscalización interna y que, entre otras cosas, considera cambios en los procesos de control y facilidades para que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), que es el órgano definido por Ley para concretar la fiscalización, acceda a la información de la compañía.

Por lo anterior, el planteamiento de Codelco es que lo que busca realizar la Contraloría a través de mayores atribuciones fiscalizadoras sobre la estatal no es algo necesario, pues ya existe internamente.

Cabe recordar que frente al tema ya hubo un acercamiento entre el gobierno, la Contraloría y Cochilco, mediante el cual los dos últimos organismos acordaron potenciar su coordinación para fiscalizar a la estatal.

Consultada sobre la decisión de reanudar la contienda judicial, Codelco no quiso realizar comentarios.

La contienda judicial entre ambas partes se inició en 2017, cuando la Contraloría presentó un duro informe sobre la fiscalización de Cochilco sobre la minera en 2017.

Última oferta a profesionales de Gaby

Beneficios por un total de $ 8,4 millones recibieron, como última oferta -en el marco de un proceso de negociación reglada-, los profesionales y analistas de la división Gabriela Mistral.

Dicho monto considera un bono por término de negociación por $4,2 millones, un bono por renovación de jornada de $1,2 millones y un préstamo por otros $3 millones.

La oferta también incluyó un reajuste por única vez de 1% a los sueldos bases. Todo esto en un contrato con vigencia de 36 meses.

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Esto, ante las dudas de los parlamentarios que querían conocer la opinión de la autoridad sobre si el pacto entre la minera y la agencia estatal tuvo o no vicios de legalidad.

En la sesión de ayer, Bermúdez explicó que Contraloría realizó un estudio que ratificó que no hubo nada que cuestionar. “Nosotros hicimos un análisis jurídico y determinamos que se ajusta a la legalidad”, manifestó Bermúdez.

No obstante, aseguró que este tipo de vínculos carecen de regulación, ya que no contienen limitaciones mayores. “Aquí falta una ley que regule la minería no metálica (…) además de una institucionalidad, un poco más fuerte, que ayude a la fiscalización de este tipo de contratos”, señaló.

Bermúdez realizó, además, un repaso de cómo se llegó al acuerdo entre Corfo y SQM y del origen de las discrepancias entre las partes. Al respecto, destacó que esta incluso llegó a iniciar un proceso ante el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago, el que se suspendió luego que las partes decidieran explorar un acuerdo, el que se alcanzó en enero de este año.

Desde Contraloría indicaron que lo realizado correspondió a “un análisis de legalidad del acto que aprueba la modificación del contrato, no del acuerdo, porque en el acto solo se incluyen las cláusulas pertinentes de la conciliación. Sin embargo, la conciliación fue uno de los actos que se consideraron en la toma de razón”.

Esta fue la primera vez en que Contraloría se refirió a este acuerdo.

Los dichos de Bermúdez no dejaron del todo contentos a los parlamentarios presentes. Uno de los que comentó la exposición de Bermúdez fue el presidente de la Comisión, diputado Esteban Velásquez (FRVS), quien valoró la intervención del contralor y concordó en la falta de un marco legal y jurídico en la materia.

“Es rescatable que haya sido tan gráfico y tan insistente en manifestar el poco marco legal y jurídico que hay. Este es un llamado de atención que él le hace, en general, al Estado y a los organismos que correspondan”, dijo el parlamentario.

Asimismo, argumentó que la ausencia de un marco jurídico especializado “no es una casualidad”.

“Creo que los diversos gobiernos, intencionalmente, no han dejado que haya institucionalidad al respecto, para que ocurra lo que hoy está pasando”, complementó Velásquez.

A su turno el diputado Francisco Eguiguren (RN), planteó que el contrato entre Corfo y SQM es objeto de una gran precariedad, que deja al Estado chileno en una posición desfavorable.

“Este no fue un buen contrato para Chile, esto perjudica los intereses del país y, la verdad, es que quiero llegar al término de esta Comisión teniendo la certeza de por qué se cerró un contrato con tanta rapidez, dejando tanto cabo suelto”, comentó el parlamentario.

En la sesión de ayer, Bermúdez fue consultado por la serie de fiscalizaciones que Contraloría ha realizado sobre Corfo. Al respecto, la autoridad indicó que se han realizado ocho procesos, pero en ninguno había indagado en el cumplimiento de contrato, por lo que se mostró dispuesto a profundizar en ello, si le es solicitado.

Trabajo de la comisión

La instancia investigadora solicitó una extensión de sesenta días para realizar su trabajo, por lo que este debiera terminar el 7 de enero de 2019.

Sin embargo, al comenzar la sesión los parlamentarios debatieron sobre la necesidad de tomarse todo el tiempo o bien, avanzar en las próximas sesiones sin tener esa fecha como referencia.

Por lo pronto, decidieron enviar una batería de nuevas consultas al vicepresidente ejecutivo de Corfo, Sebastián Sichel, a través de un oficio. El mismo será complementado durante la semana con nuevas indagaciones.

A la comisión han asistido el director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CChEN), Patricio Aguilera; el gerente general de SQM, Patricio de Solminihac y el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran, entre otros.

[Vea también: Acogen la apelación del CPA que busca revertir el acuerdo entre Corfo-SQM]

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«Cochilco, en realidad, está definido como asesor experto en materias mineras, pero su objeto no es la fiscalización en los términos que, nosotros pensamos, debe ocurrir cuando están en juego los recursos públicos», señaló Bermúdez.

Resaltó que el consejo de Cochilco estaba influenciado por el Ejecutivo. Aseguró que es cuestionable crear instituciones fiscalizadoras, por lo limitado de los recursos.

«Esa tentación de ir quitándole facultades a la Contraloría, lo único que hace es que uno termine lamentándose», dijo. Y afirmó que en ese caso es mejor eliminar Cochilco y redistribuir esos fondos a Contraloría.

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A la salida de la sesión de la comisión investigadora de Codelco que se lleva en la Cámara de Diputados, Landerretche apuntó a que “es de mayor importancia que las personas que estamos a cargo de instituciones de esta importancia para el país nos manejemos sin estridencias, con mucha calma y seamos capaces de construir soluciones constructivas”.

Estos dichos surgieron luego que Bermúdez criticara el respaldo que hicieron diputados al presidente de la estatal en el diferendo que mantienen ambas entidades.

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«La corrupción no es solo el pago de un soborno o de una coima. La corrupción también se ve en los casos de nepotismo; por lo tanto ahí está la respuesta», dijo Bermúdez a periodistas cuando se le preguntó si la contratación de familiares constituía corrupción.

En la auditoría que el organismo realizó en Codelco, abarcando el trienio 2013-2015, se indicó que la estatal contrató, en la mayoría de los casos de manera directa, a empresas relacionadas con familiares por un monto de US$ 783,2 millones.

En criterio de Contraloría, Codelco debe regirse por algunos artículos de la Ley de Compras Públicas referidos a la contratación de empresas relacionadas, en que se prohíben estos acuerdos, aunque los autoriza en casos excepcionales, con previa información a la Cámara o al organismo que dirige Bermúdez.

Pero la interpretación de Codelco es distinta. La estatal ha señalado que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que optó por la vía judicial para resolver el diferendo jurídico.

«Lo que hemos dicho es ‘usted no puede contratar con familiares directos, porque la ley lo prohíbe’, eso es lo que dice el informe de Contraloría y lo que discute la empresa», explicó ayer Bermúdez.

En la presentación realizada por el contralor a los diputados se advierte, además, en relación a estudios internacionales, que «países en que se privilegian los vínculos de parentesco, tienen mayores niveles de corrupción e instituciones más débiles».

Nexos políticos

El contralor también planteó que existían indicios, en el período estudiado, de al menos un caso de contratación por vínculos políticos.

Si bien fue enfático en indicar que el objetivo del informe 900 -la auditoría cuestionada por Codelco- no era destapar nexos políticos, en la sesión reservada de la comisión habría detallado esta situación.

«Aquí el tema son los contratos con vínculos y personas directas. Y en lo reservado, que tuvo también un componente esta sesión, que no podemos revelar, se señalaron, con nombre y apellido, los casos en los cuales hubo vínculos políticos y en los cuales hubo vínculos de consanguinidad o afinidad, en los ejemplos concretos que el contralor refrendó», afirmó el diputado Juan Luis Castro (PS).

Ley interpretativa

En el Congreso, Bermúdez también desechó las propuestas planteadas con anterioridad por Codelco, relacionadas a la tramitación de una ley interpretativa que permitiera, a juicio de la estatal, disipar las dudas sobre qué regulaciones se deben aplicar a la minera.

«Para nosotros el ordenamiento jurídico está muy claro, las normas están bien establecidas, no hay ninguna norma que dictar, no hay nada que interpretar, porque, y es de sentido común, no se puede contratar con familiares», subrayó el contralor. En la presentación, Bermúdez indicó que no existe un cambio de criterio de Contraloría, como argumentó la minera.

Expuso ante la comisión investigadora que en 2005 se ejecutó una auditoría a las operaciones realizadas en la selección y contratación de servicios de asesorías efectuados de la minera, la que habría tenido conclusiones similares al informe de este año.

El documento agrega que el informe 900 «verificó los mismos aspectos observados en 2005, detectándose casi idénticas irregularidades».

Desde Codelco declinaron reaccionar a las declaraciones del contralor.

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En el marco del Encuentro sobre Anticorrupción Pacto Global Chile, la autoridad dijo que el fraude de Carabineros y de las pensiones de Gendarmería eran los otros dos más graves.

Durante el seminario, fue consultado sobre sus principales desafíos, donde aludió a Codelco. «En el último tiempo el tema de Codelco ha sido una cosa muy grave por la falta de comprensión mutua, ellos no entienden lo que nosotros queremos y yo no entiendo lo que ellos quieren», comentó.

Bermúdez agregó que no entiende cómo una labor de fiscalización a la estatal podría afectar el desarrollo de la empresa. «Yo no entiendo cómo lo que hace la Contraloría puede afectar la eficacia de una empresa, sobre todo cuando ellos hacen público su informe de auditoría. Eso me parece una cosa muy contradictoria. Para mi es evidente que uno no puede contratar con los familiares y para ellos es algo que forma parte de la familia minera, es parte de la cultura», dijo.

Con respecto la demanda de nulidad que interpuso la estatal, precisó que absorberá recursos del organismo retrasando otras prioridades.

«Que nos haya demandado a nosotros una empresa del Estado, que nos haya demandado a la Contraloría y eso que ellos tienen todas las posibilidades, contratan grandes estudios de abogados y nosotros nos tenemos que batir con gente nuestra, que es muy buena pero eso significa que tengo que sacar a funcionarios de un grupo de trabajo que están analizando los planes de descontaminación de Puchuncaví o de Santiago, para ponerlos a trabajar solo en Codelco, entonteces el plan de descontaminación que antes se demorara dos meses en ser revisado ahora se va demorar tres porque no tengo la capacidad de para poder disponer de eso recursos humanos», fustigó.

Bemúdez concluyó en la necesidad de contar con una formación de probidad para la administración pública más estable que permita una mayor formación de los funcionarios y que ojala los candidatos presidenciales pongan sobre la agenda una modernización profunda del Estado.

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De esta forma y tras la junta de accionistas extraordinaria de la cuprera realizada el miércoles, la mesa encabezada por Óscar Landerretche informa que insistirá en la vía judicial para solucionar esta situación derivada de investigaciones realizadas por el organismo público en torno a los planes de retiro, negociaciones colectivas y transacciones con partes relacionadas.

En el documento se explica que el objetivo de la estatal es “clarificar el diferendo jurídico existente con Contraloría”, así como que se precisen los roles de Cochilco, el directorio, la Superintendencia de Valores y Seguros e, incluso, la propia entidad que dirige Jorge Bermúdez.

[Juan Carlos Guajardo cuestiona intervención de Contraloría en Codelco]

El directorio se defiende y asegura que su gobierno corporativo es perfectamente compatible con la vigilancia que se realiza a través de Cochilco y “excepcionalmente” a través de la Contraloría de manera directa. En ese punto enfatizan y agregan que esta última entidad no está facultada para “traspasar lo límites de control de mérito, sean estos económicos, técnicos o financieros”.

No obstante, en la publicación también se especifica que a pese a las tensiones, seguirán las instrucciones del dueño de la empresa -materializadas a través de los ministros de Hacienda y Minería- y seguirán “colaborando con los esfuerzos del Ejecutivo por solucionar administrativamente el diferendo, a través de un diálogo constructivo y propositivo con CGR y los ministerios representados en la Junta de Accionistas”.

Ahí mencionan que ya se han realizado reuniones entre los equipos jurídicos de ambas partes para buscar una salida.

Apelan a la gestión

Asimismo, el directorio de la cuprífera enunció 23 medidas que se han implementado bajo las últimas administraciones para mejorar el gobierno corporativo de la minera.

En primer término hacen referencia a la Ley de gobierno corporativo de 2009, que buscó “llevar a Codelco a los más altos estándares de administración y control” y que han elevado el nivel de gestión de la compañía.

De todas formas plantean que es importante tener en cuenta que en una empresa del tamaño de Codelco, con más de 20 mil trabajadores, “ha habido y probablemente habrá errores, e incluso, quienes violen las normas”. Sin embargo, plantean que “gracias a las medidas adoptadas estos hechos han disminuido”, por lo que reclaman que sería un error basarse en hechos anteriores para “concluir que es necesario hacer retroceder el actual esquema de gobierno corporativo”.

Respecto a los planes de retiro impulsados por la empresa, se explica que estos han sido fundamentales para elevar la productividad y la eficiencia a partir del ahorro de millones de dólares en las planillas de sueldos a futuro, por lo que advierten que “no es un buen negocio para Codelco ni para el país inviabilizar este instrumento”.

En cuanto a los contratos relacionados, que también desencadenaron los reparos de la Contraloría, la empresa señaló que estos son informados hace años atrás a través de sus estados financieros.

Sobre el mecanismo, aseguraron que se han seguido los procedimientos establecidos en la ley, y que es imposible que dejen de trabajar con los principales proveedores mineros a nivel mundial, que tienen los mayores estándares globales en áreas de ingeniería, tecnología, y construcción.

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La autoridad declaró que «a nadie le debería extrañar el control; entonces, esta reacción, sobre todo mediática, no me deja de sorprender». En ese plano, agregó que la actitud de la cuprera quizás se debía a la falta de fiscalización que había tenido por muchos años de parte del ente regulador.

En todo caso Bermúdez resaltó que para explicar los alcances de la fiscalización, los equipos jurídicos de la estatal y de la Contraloría ya se han reunido, y añadió que esta disposición de resolver las dudas existente no solo la tendrían con Codelco sino que también «para todo servicio público, para poder explicar lo que no han entendido».

«Aquí hay que tener claro una cosa, un principio que es intransable y es el principio del control, porque el Estado de Derecho y la vida en sociedad se funden en el control», recalcó Bermúdez.

Recientemente se conoció la existencia de un informe de auditoría realizado por la Contraloría a Codelco, en que se cuestionan contratos con 60 empresas con vínculos familiares con ex ejecutivos de la minera por un total de US$ 520 millones, según la cantidad que la misma cuprera informó al ente fiscalizador. Estos contratos se acordaron entre el primero de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.

En este sentido, Bermúdez recomendó tanto al sector público como al privado terminar con los contratos con partes relacionadas.

Percepción de corrupción

A dos días de aprobarse la constitución por parte de la Cámara de Diputados de una comisión para investigar este tipo de contratos y las mencionadas indemnizaciones de la estatal, el contralor afirmó que esta decisión parlamentaria «es una demostración de la relevancia que tiene el tema y que existen mecanismos de control».

A su vez, sobre la temática del seminario, Bermúdez manifestó que en la Alta Dirección Pública no está tan clara la percepción de lo que es corrupto o no.

Agregó que como entidad han tratando de transmitir que existen distintos tipos de corrupción, lo que les ha traído problemas, según explicó, debido a que los gremios a veces les entienden mal.

Al ser consultado por si en los contratos entre Codelco y partes relacionadas podrían existir indicios de corrupción, Jorge Bermúdez aseguró que en estos casos, «cuando hay trato directo, siempre huele mal».

Crisis institucional

En tanto, Bermúdez puso énfasis en que se debe trabajar en cambiar ciertos aspectos de la administración pública, como lo es el sistema de remuneraciones, que actualmente sufre una crisis. «Escándalos como el de Gendarmería o Carabineros tienen mucho que ver con esa legislación tan anquilosada y llena de parches».

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[Ley de glaciares: revisión de RCA sólo buscará establecer medidas de monitoreo y compensación]

Sobre esta iniciativa, la instancia acordó recoger la opinión de profesores y expertos en materia de legislación ambiental, como es el caso del profesor Jorge Bermúdez y del abogado Juan Carlos Urquidi, director del área legal de SustentaRSE, según se consigna en la nota publicada en el portal de la Cámara Baja.

Ambos personeros plantearon algunas deficiencias y perfeccionamientos que se deberían plasmar al proyecto para que efectivamente pueda cumplir con su objetivo de protección de este recurso natural.

Por ejemplo, en materia de protección jurídica se planteó que esta norma debe tener la misma jerarquía que otros cuerpos legales relacionados, como el Código de Aguas o el Código de Minería, para evitar que se vea limitado su accionar por el alcance de estas otras normas que regulan la explotación de recursos naturales.

En particular, Juan Carlos Urquidi valoró la proposición legislativa, pero indicó que requiere depurar ciertos aspectos así como una redacción más precisa, en términos que no sea una mera declaración sino que efectivamente sea una protección con piso legal.

Planteó que es necesario saber “qué glaciares están protegidos, cuáles están prohibidos de intervención, cuáles pueden ser restringidos y cuáles son los que se pueden intervenir libremente. Todavía le falta desarrollo y piso a la ley en esa dirección”, planteó.

Urquidi agregó que la ley debe defender y proteger el interés público que representan los glaciares como “capital natural crítico” de los recursos hídricos y alertó sobre el monto de recursos contemplados (alrededor de $200 millones al año), los cuales a su juicio son insuficientes para una tarea de esta envergadura, como es el resguardo del patrimonio natural y ambiental del país.

Próximos invitados

En las próximas sesiones, la comisión escuchará la opinión de organizaciones ambientales como Terram, Chile Sustentable y Greenpeace, para posteriormente reunirse con representantes de la industria como Codelco y el Consejo Minero.

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