En ese contexto fue que el biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, expuso los avances que ha tenido la cartera que lidera, en pro del desarrollo del sector minero.

Junto con ello, la autoridad abordó algunas consultas ciudadanas, una de ellas referida al proyecto de royalty minero que se discute en el Congreso.

Al respecto, el secretario de Estado manifestó que “todos queremos que el aporte de la minería al país sea el mayor posible. Hoy, Chile tiene una oportunidad histórica, pero también una importante responsabilidad”.

En esa línea, explicó que “lo que hace el proyecto en simple es multiplicar la carga tributaria de nuestro país por dos, dejándonos completamente fuera de rango en comparación con otros países que tienen reservas y explotan cobre como nosotros. Estos países hoy tienen un royalty similar al nuestro, pero de aprobarse este proyecto el panorama cambiaría radicalmente, llevando nuestra tributación de cerca de un 40% a cerca de un 80%, condenando a la industria local a cargar con un peso que no tiene en otros países”.

Además, aseguró que “este proyecto está basado en varias ideas que, lamentablemente, no son ciertas, como que recaudaría más recursos para aliviar a las familias chilenas durante la pandemia. La verdad es que prácticamente toda la producción de cobre en Chile está sujeta a contratos de invariabilidad hasta el año 2024, lo que significa en los hechos que cualquier modificación a la ley no tendría efecto alguno hasta antes de esa fecha”.

“Es muy importante que tengamos esta discusión, que quede claro, aquí no hay ningún tema vetado, pero tengámosla con seriedad, con buenos datos, y con todos los actores sobre la mesa”, aseguró la autoridad.

Revisa la respuesta del biministro Jobet en el minuto 59 del siguiente video.

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A través de una declaración pública, denominada “Salvemos nuestra minería”, la entidad expresó que “no está de más reiterar que la minería es nuestra principal industria, responsable de más de la mitad de nuestras exportaciones y fuente de divisas, además de haber contribuido a financiar en forma importante las necesidades de nuestros compatriotas, entre otras, sus pensiones básicas, haciendo uso el Estado de los fondos soberanos, creados por el aporte de la minería”.

Por lo anterior, “resulta difícil de entender la iniciativa de algunos diputados de impulsar un royalty adicional a la actividad minera, luego respaldada por la mayoría de la Cámara, con la buena pero errónea intención de recaudar ingresos fiscales adicionales para combatir el impacto social de la pandemia”, señaló.

La asociación gremial consideró que la iniciativa es errónea por tres razones: la primera, aunque fuera aprobada sin modificaciones en las instancias legislativas y ejecutivas posteriores, no recaudaría tales ingresos adicionales antes del año 2025, cuando vence la invariabilidad tributaria vigente para la mayoría de las empresas mineras, en virtud de la Ley que estableció el actual impuesto específico a la minería. La segunda, porque con el impuesto específico vigente se recaudarán importantes recursos adicionales como resultado del actual alto precio del cobre.

Finalmente, “el hecho que el impuesto total resultante de este nuevo royalty duplicará el de otros países mineros como Perú, Australia y Canadá, hará menos competitivo a nuestro país para atraer nuevos proyectos mineros privados que contribuyan a generar ingresos adicionales para el Estado. En el caso de Codelco da lo mismo, dado que todos sus excedentes e impuestos van al Fisco”, indicó.

En ese contexto, “cabe preguntarse entonces las razones detrás de esta iniciativa parlamentaria, las que a nuestro juicio son dos: por una parte, falta de conocimiento de la actividad minera, unida a la carencia de un análisis objetivo y, por la otra, aplicable a una minoría, intereses electorales de corto plazo”, expresó Voces Mineras.

“A nuestro juicio, ninguna de las dos razones es justificable pensando en el bienestar de los chilenos en el mediano y largo plazo, pero ambas son corregibles si no queremos terminar con la principal actividad económica y mayoritaria fuente de ingresos de nuestro país. Como una Asociación Gremial integrada por profesionales independientes y de vasta experiencia en minería, estamos disponibles para participar en un análisis técnico e ilustrado que contribuya a definir la mejor alternativa para Chile”, manifestó la gremial.

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La autoridad indicó que “dentro los numerosos planteamientos desinformados y, por tanto, erróneos que se han planteado en el último tiempo por algunos parlamentarios, está la propuesta de eliminación de la invariabilidad tributaria para los inversionistas que provienen de países con los que Chile ha suscrito tratados de libre comercio y convenios para evitar la doble tributación. Afortunadamente, este planteamiento fue rechazado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque es contrario a la Constitución Política de la República, y está expresamente asegurada esta necesaria garantía en la Reforma Constitucional que aprobó el proceso constitucional en marcha, por lo que una nueva Constitución no podrá eliminar esta invariabilidad”.

Sin embargo, indicó que subsisten riesgos sobre la inversión extranjera en minería, como lo son las tasas de royalty minero que se discuten en el Congreso.

“Aplicar un royalty sobre las ventas, cualquiera sea el precio del cobre y su equivalente en otras pastas (aunque muchas compañías que tengan pérdidas deberían igualmente pagarlo) con una tasa de 3%, subiendo progresivamente según aumenten los precios hasta un 75%, nos deja muy lejos fuera de toda competencia con otros países de destino de inversiones mineras, deteniendo el progreso de Chile no solo en minería, sino con efectos fatales para todo el encadenamiento productivo que deja esta actividad primaria y también con serios efectos en el resto de la economía del país.  Como ejemplo, con el actual precio del cobre promedio anual de casi US$4 la libra, la tasa efectiva del royalty sobre las ventas es de un 22,75%. A esta carga, hay que sumarle el impuesto a la renta, más el impuesto específico a la actividad minera, IEAM (que curiosamente no se plantea derogar, con lo cual, al aprobarse el royalty, el IEAM sería discriminatorio e inconstitucional), todo lo cual completa una carga tributaria que hará casi imposible toda inversión en minería en el futuro, sea extranjera o nacional. Esa acumulación de carga haría que, para las pocas empresas que registren utilidades, la tributación podría superar el 80% de sus eventuales utilidades. Si ya estamos en el lugar 30 en el ranking de atractivo de inversión en minería, bajando fuertemente del sexto lugar que ocupamos hace unos años, esta carga tributaria acumulada nos deja comparativamente en los últimos lugares de este ranking mundial”, expresó.

Además, señaló que “los proyectos de la minería de mediana y gran escala demoran muchos años (puede ser entre 3 y 10 años) para su puesta en producción, periodo durante el cual son necesarias inversiones de miles de millones de dólares, que esperan un retorno después de mucho tiempo, por lo que necesitan un régimen con una carga tributaria razonable y estable; de lo contrario, esas inversiones se desvían a otros países que les ofrezcan un régimen con mayor certeza jurídica y menores cargas tributarias”.

Aporte de la inversión

Sergio Hernández abordó la relevancia de la inversión extranjera en minería debido a que “el país no posee, ni desde lo público, ni desde lo privado (de éste sólo excepcionalmente), esos enormes capitales para invertir en minería. Un solo ejemplo ilustra lo anterior: al Fisco le ha costado muchas dificultades en destinar totalmente los US$4 mil millones que se aprobaron en 2016 para capitalizar Codelco para sus proyectos estructurales. La razón es obvia: el Fisco debe privilegiar sus gastos en los programas sociales y en el financiamiento de la estructura del Estado. O alguien puede creer que, para proyectos mineros nuevos o ampliaciones de los actuales, el Estado chileno puede estar dispuesto a invertir decenas de millones de dólares, con retornos que recién pueden comenzar después de 4, 5 o más años, recuperando la inversión después de unos 10 o más años, postergando actuales necesidades de la población, ¿especialmente hoy que la Agenda Social y las ayudas por la pandemia los reclama? Tampoco capitales privados chilenos son suficientes para desarrollar este sector. Por lo tanto, la inversión extranjera es imprescindible hoy en minería, así como en el sector energético, con su amplia posibilidad de inversiones en Chile en el gran futuro que nos promete la producción de hidrógeno verde y su enorme potencial exportador, para permitirnos un mundo más limpio”.

En ese contexto, aseveró que “hoy, el mundo es global, no por las decisiones de políticas públicas, sino como un dato de la realidad provocado por las comunicaciones y el desarrollo tecnológico, así como por el mutuamente necesario comercio mundial. El mundo está hoy en cada metro cuadrado de nuestro territorio, esto es irreversible y los países que se niegan a esa realidad están condenados a frustrar su desarrollo humano integral. Más aún un país como Chile, que con solo 18 millones de habitantes depende de su apertura al mundo, como bien lo ha hecho en los últimos 30 años, para el progreso de muchos de sus sectores exportadores, como la agroindustria, la fruticultura, los productos del mar, la celulosa, la minería, cada vez más las exportaciones de conocimiento y, en el futuro, las exportaciones de energías verdes y de sus insumos. Un país sin o con baja inversión extranjera, arriesga su potencial exportador y el gran desarrollo que ha alcanzado la industria proveedora de la minería, con alta empleabilidad regional y local”.

“Es claro que la minería y la energía chilenas necesitan inversión extranjera, pero no solo por mayores capitales, muchas veces de riesgo, sino por la incorporación de nuevas tecnologías, por el acceso a los mercados, por las técnicas de producción limpia, entre muchas otras razones. De esta manera, es el desarrollo de Chile el que necesita darle reglas estables a estos sectores, para una mayor generación de recursos al Fisco y el bienestar social, para entregar más y mejores empleos y posibilitar de esa manera nuestro mejor desarrollo humano”, finalizó el director ejecutivo de Aprimin.

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En dicha oportunidad, los legisladores presentaron diversas indicaciones y el gobierno calificó la norma como inconstitucional, porque al hacer referencia a la creación de un tributo esta materia es de atribución exclusiva del Presidente de la República.

Ante la Comisión de Hacienda, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, reiteró esta postura y que el gobierno no está de acuerdo con el proyecto.

“La carga impositiva de las empresas de cobre en Chile, que hoy alcanza al 40,3%, está en línea con otros distritos mineros relevantes. Algo no está bien en un proyecto que busca elevar esa carga a 82%. Con este proyecto, las compañías tendrían que tributar el doble en Chile que en los otros países líderes de la industria. Con este impuesto no es que estemos un poco arriba o abajo, estamos completamente fuera de rango”, aseguró el secretario de Estado.

Alcances del proyecto

La iniciativa, en concreto, establece una compensación a favor del Estado por la explotación de la minería del cobre, del litio y de todas las sustancias concesibles, equivalente al 3% del valor ad valorem de los minerales extraídos.

En su paso por la Comisión de Hacienda, esta aprobó la iniciativa con una modificación -propuesta por el diputado Marcelo Schilling (PS)- sobre la forma de distribuir los recursos recaudados.

De este modo, se establece que un 25% de la compensación establecida se destinará a un Fondo de Convergencia Regional, integrado solo por las comunas que pertenezcan a las regiones en que se realice explotación minera, para financiar proyectos de desarrollo regional y comunal.

Otro 25% se podrá destinar a financiar obras de desarrollo de infraestructura crítica e infraestructura digital en las regiones donde se realice la explotación minera o a inversión en infraestructura o programas de investigación en universidades estatales cuyas casa central y rectoría se encuentren emplazadas en dichas regiones.

El 50% restante se destinará a ingresos generales de la Nación.

Otras modificaciones

De igual manera, los legisladores aprobaron que, del monto total recaudado por concepto de royalty, hasta un 3% será destinado a contribuir al financiamiento de los proyectos que el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación ejecute en desarrollo científico de investigación aplicada y capacitación de recurso humano avanzado, en las regiones donde se ubica la explotación minera.

La propuesta de la Comisión de Minería planteaba, en este punto, priorizar proyectos relacionados con la investigación del Covid-19.

Respecto de la compensación adicional progresiva, que se fija de acuerdo al mayor precio que alcance el mineral por sobre los dos dólares, se acotó que solo podrán acceder a rebaja los explotadores mineros cuyas ventas anuales no excedan el valor equivalente a 30 mil toneladas métricas.

Artículos rechazados

Finalmente, la Comisión de Hacienda rechazó dos medidas transitorias que proponía incorporar el diputado Daniel Núñez (PC).

La primera planteaba que, dada la urgencia de generar mayores recursos fiscales para financiar una renta básica y universal, la aplicación de la invariabilidad tributaria del impuesto específico a la actividad minera señalada en el DFL 523 quedaría sin efecto a contar de la fecha de vigencia de la presente ley, sin perjuicio de lo establecido en la ley que crea un impuesto específico a la actividad minera y en la ley que introduce modificaciones a la tributación de la actividad minera.

La segunda norma rechazada indicaba que la compensación solo sería aplicable cuando fuese mayor que la compensación por la venta de Litio y minerales no concesibles establecida en los respectivos contratos de arrendamiento y explotación vigentes, establecidos entre el Estado de Chile a través de Corfo y explotadores mineros privados.

Visión de

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En ese contexto, se destaca el rol que posee la Invariabilidad Tributaria, el que consiste en que el Estado, a través de contratos-ley suscritos con los inversionistas, se compromete a mantener una tasa impositiva  sin variaciones durante un período determinado, orientado a entregar certeza jurídica a las inversiones de capitales extranjeros.

Conforme a las leyes de royalty de 2005 y 2010, se extendió la invariabilidad a las empresas mineras a cambio de pagar mayores impuestos. Si bien este sistema subsiste, ello no impide que la gran mayoría de las empresas paguen tasas mayores de royalty minero o impuesto específico, en un rango que va entre un 5% y un 14%, a medida que su margen operacional es mayor.

En la plataforma se detalla que faenas equivalentes al 70% de la producción de la minería privada (que representan 2.9 millones de toneladas de cobre anual) tienen invariabilidad hasta 2023, con tablas de Impuestos Específicos a la Actividad Minera de entre 5% y 14%.

“Esto significa que a mayor precio del cobre mayor es la tasa aplicable dentro de ese rango y por lo tanto, más impuestos se pagan. También es bueno aclarar que la minería no tiene invariabilidad para los impuestos a la renta que son parte del régimen tributario general y, de hecho, ha aumentado su pago de impuestos con los cambios de los últimos años”, señaló Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.

Cabe destacar que este royalty es adicional al régimen general de impuestos sobre las utilidades, que pagan las empresas mineras y de otros sectores, los que no están afectos a cláusulas de invariabilidad.

Revisa la Tabla de Invariabilidad del Impuesto Específico o Royalty a la Minería de las empresas socias del Consejo Minero

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Ello, en el marco de la controversia generada por la redacción de uno de los artículos de la iniciativa en la que habría participado SQM.

El diputado Daniel Núñez (PC) destacó que la Sala aprobara la admisibilidad del proyecto que busca anular la norma transitoria de la ley de Royalty Minero, que permite la invariabilidad tributaria a empresas nacionales hasta el año 2025.

«Vulnera el principio de probidad que establece la Constitución y sobre esa base pensamos que lo correcto, que lo justo, lo digno es que este proyecto de ley, en su artículo cuarto transitorio se anule y es por eso que este hecho, que se haya declarado admisible por parte de la Cámara de Diputados permite el inicio del trabajo legislativo y también un llamado de atención a todos los poderes del Estado, incluyendo al poder Ejecutivo, de que tenemos que solucionar un problema real y cotidiano», aseguró.

El parlamentario también señaló que debe existir un mecanismo institucional plenamente validado para «que no tengamos esta discusión cotidiana de la admisibilidad que establezca cuando una ley puede ser anulada. Entendemos que no es un acto común y corriente, no tiene sentido que permanentemente una ley aprobada se anule, pero también entendemos que la democracia tiene derecho a defenderse frente al poder de la corrupción», puntualizó.

Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez (PC), también señaló que esta decisión permite avanzar en terminar con una norma que se redactó pensando en los beneficios para una minera privada, como es el caso de SQM.

«La Cámara de Diputados se dignifica ante los chilenos y chilenas, al avalar este proyecto de nulidad presentado por nuestra bancada, para anular este artículo que le otorgaba invariabilidad tributaria sólo a SQM».

En tanto, el diputado Marcelo Schilling (PS) también valoro la admisibilidad, porque con la derogación del citado artículo, «se ayuda a despejar la sospecha que existe entre política y dinero, que tan caro le ha costado a la democracia y a las instituciones».

El diputado defendió la propuesta legal, de la cual también es autor, «puesto que se ampara en la jerarquía de los primeros artículos de la Constitución y, a nuestro juicio, en esta discusión debe imperar el bien superior».

«Ciertamente que una ley que se hace de una manera mañosa está muy lejana del bien común» argumentó el parlamentario, quien indicó que acá también está en cuestión el desempeño de la función pública puesto que esta ley surgió, a su juicio, de «una relación indebida» entre el ex ministro de Economía, Pablo Longueira y directivos de la empresa SQM.

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Pero el royalty hoy vuelve al debate y no precisamente por su aporte a las arcas públicas. Ha sido el intercambio de correos que entre agosto y septiembre de 2010 sostuvieron el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse para influir en el proyecto del gobierno de Piñera que elevó ese impuesto lo que puso el tema nuevamente en la mesa.

Si bien los correos hacían directa alusión a la necesidad de extender la invariabilidad tributaria a las firmas chilenas que no la tenían, el debate respecto de ese beneficio es de mayor data, ya que surgió durante la administración de Ricardo Lagos.

El debate nace con Lagos

El 4 de enero de 2005, el ex presidente socialista ingresó al Congreso el proyecto de ley que finalmente estableció el impuesto específico a la minería privada, bajo el argumento de que ese gravamen era una forma de captar recursos que, a la postre, servirían para financiar alternativas de desarrollo e innovación para la economía chilena, cuando ya los yacimientos de cobre no tuvieran más que rendir. El proyecto se definió como Royalty II, pues antes, en julio de 2004, Lagos había intentado una primera iniciativa que fracasó por falta de quórum para legislar.

El 9 de mayo de 2005, tras intensas negociaciones, los entonces ministros de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre; Minería, Alfonso Dulanto, y de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, firmaron un acuerdo con diputados oficialistas para impulsar el texto: el DC Jaime Mulet, los PS Camilo Escalona y Francisco Encina, los PPD Antonio Leal y Eugenio Tuma, y el radical Alberto Robles.

El acuerdo generaba incentivos para que los explotadores mineros se acogieran a la nueva modalidad, buscaba no perjudicar a las mineras de menor producción y, para evitar la incertidumbre a los inversionistas, establecía protecciones claras para el sector frente a cambios tributarios.

La minería no metálica

Luego vino el acuerdo en el Senado que dio origen a la ley que finalmente se aprobó, aunque ahí hubo dos temas sensibles: la exención del impuesto a la pequeña minería y la exclusión de la minería no metálica. Para los senadores de la época, un tributo en ambos casos era contraproducente, pues aseguraban que esos sectores no tenían el nivel de productividad de la gran minería.

Los entonces senadores concertacionistas e integrantes de la Comisión de Minería, los PS Ricardo Núñez y Carlos Ominami, además de los DC Sergio Páez, Jorge Pizarro y Adolfo Zaldívar, presentaron una indicación para excluir la minería no metálica del nuevo impuesto, argumentando que ésta no tenía las mismas condiciones que la minería metálica en producción y ventas. La indicación se aprobó en comisión, pese al reparo de algunos parlamentarios. A eso se sumó la indicación del Ejecutivo que estipulaba la invariabilidad tributaria para el sector una vez suscrito el nuevo contrato de inversión extranjera.

Finalmente, la ley se aprobó con un impuesto aplicable sólo a las mineras con ventas anuales sobre 12.000 toneladas métricas de cobre fino. Se definió que para eso se tomaría como base la renta imponible operacional del explotador minero y se fijaron tasas graduales: para las empresas con ventas anuales sobre 50 mil toneladas métricas se fijó una tasa única de 5% y para las firmas con ventas de 12 mil a 50 mil toneladas, tasas marginales escalonadas entre 0,5% y 4,5% (ver recuadro).

Dado que el royalty, sin embargo, topaba con beneficios tributarios que tenían proyectos mineros acogidos al Estatuto de la Inversión Extranjera, el gobierno incorporó en el DL 600 un artículo (11 ter) que extendió por un período de 15 años las normas de invariabilidad tributaria para todas las inversiones mineras por un monto igual o superior a US$ 50 millones. Las mineras aceptaron el proyecto, pues no alteraba los acuerdos ya suscritos y, además, establecía incentivos y resguardos para los explotadores mineros.

En la era Piñera

El 1 de septiembre de 2010, el gobierno de Sebastián Piñera ingresó al Congreso un proyecto de ley que subía transitoriamente el royalty minero para financiar la reconstrucción tras el terremoto de febrero de ese año. Para facilitar la tramitación, el Ejecutivo efectuó intensas negociaciones con la oficialista Alianza y la Concertación, por esos años, la oposición. El resultado fue comunicado públicamente en el Senado con un acuerdo transversal.

El apoyo de la oposición fue clave. “Valoro la actitud que tuvo la oposición en este proceso”, comentaba el entonces ministro de Hacienda de Piñera, Felipe Larraín.

Información de prensa de la época reseña que si bien había discrepancias en la Concertación sobre el proyecto, la inclinación general fue aprobarlo. De hecho, tras la sesión en que se votó la iniciativa por el pleno de la Cámara Alta, el 12 de octubre de 2010, el entonces senador DC Mariano Ruiz-Esquide dijo que si bien había manifestado su opinión “contraria respecto de la invariabilidad desde hace a lo menos tres meses”, había llegado a un acuerdo con sus pares de la colectividad en esa época, Ximena Rincón y Andrés Zaldívar, de no entorpecer el texto.

“Llegué a un acuerdo con Andrés Zaldívar y Ximena Rincón, en orden a que ellos entendían mi posición, porque había cumplido con todos los pasos del protocolo y conforme a eso lo único que me pidieron fue que no me explayara en los argumentos en contra y por eso voté claramente que no y lo volvería a hacer de nuevo… Era mi obligación con mi propia conciencia”, aclaró.

Zaldívar, si bien aseguraba que el texto aprobado era “muy distinto” al original del Ejecutivo, reconocía su apoyo. “Este proyecto será beneficioso para el país, porque establece una escala de tributación aceptable y justa”, sostuvo, afirmando que la iniciativa en la forma que había resultado aprobada significaba “lo mismo en rendimiento tributario que la reforma tributaria de 1991”.

Los términos del acuerdo en el Senado consistieron en establecer un período de transición en el que a los proyectos mineros ya existentes se les aplicó un impuesto de entre 4% y 9% durante 2010, 2011 y 2012, mientras que los proyectos nuevos, con una producción mayor a 50.000 toneladas, tendrían un impuesto de entre 5% y 14%.

También señalaba que las nuevas tasas se aplicarían sobre utilidades: si el margen operacional iba en el 35%, el tributo era de 5%. Si la empresa tenía 100% de utilidades, se aplicaba una tasa de 14%.

Pero, además, el acuerdo establecía que dicho régimen de tributación debía ir aparejado de una baja en el período de invariabilidad tributaria del que gozaban las mineras: desde los iniciales ocho años bajaban a seis años, en un período que iba entre 2018 y 2023. Esto implicaba extender el beneficio más allá de lo que había establecido el royalty de Lagos, que terminaba con la invariabilidad en 2017.

El acuerdo también contemplaba crear una comisión con expertos de la Concertación y la Alianza para revisar el período de invariabilidad de 15 años a los proyectos extranjeros que concede el DL 600.

El entonces senador PS Camilo Escalona, quien presidía la Comisión de Hacienda, refrendaba la medida: “Es para el país considerablemente mejor este régimen permanente, todos estamos de acuerdo que la minería debe tributar más y eso será realidad desde el año 2018”. “Concurrimos gustosos a este acuerdo”, resaltaba Evelyn Matthei, en la época senadora UDI.

Pero, además, los cambios que introdujo la administración Piñera permitieron a SQM acceder al beneficio de la invariabilidad tributaria en las mismas condiciones que el resto de las mineras, aun cuando la suya es una firma no metálica.

El statu quo que termina

El DL 600 tiene su origen en julio de 1974. La norma fue gestada para atraer a los inversionistas extranjeros en un ambiente económico inestable. Este decreto permitía la suscripción de un contrato con el Estado de Chile que garantizaba el cumplimiento de determinados derechos a los inversionistas extranjeros, entre ellos, la factibilidad de repatriación de los capitales, el libre acceso al mercado cambiario y el derecho de no discriminación. Desde la perspectiva fiscal, la norma también permitía la elección de un régimen tributario permanente renunciable, garantizando la invariabilidad tributaria sobre sus inversiones.

El ex director de Grandes Contribuyentes del SII y actual partner de EY, Bernardo Marchant, explica que acogerse a la invariabilidad tributaria fue muy usado los primeros años, pero ya a mediados de los 90 eran pocas las firmas que lo empleaban, dadas las altas tasas de impuesto a la renta que exigía, manteniéndose principalmente en proyectos mineros que implicaban un largo período de desarrollo.

Ahora, el futuro de la invariabilidad es una duda, dice el experto, ya que la reforma tributaria -argumentando que la estabilidad institucional es suficiente para atraer la inversión extranjera- derogó el DL 600 desde el 1 de enero de este año.

“La referida derogación motivó la creación de un nuevo marco para la inversión extranjera en Chile, que fue establecido en la Ley 20.848 y con la creación de la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera (APIE). En cuanto a los temas fiscales, los artículos transitorios de la Ley 20.848 otorgan la posibilidad por un plazo de cuatro años, desde la derogación del DL 600, de suscribir contratos de invariabilidad tributaria haciendo referencias a los artículos 2, 7 y 11 ter del extinto DL 600. Dentro de esto, mantener la invariabilidad de la tasa impositiva del impuesto sobre la renta (44,5%)”, aclara Marchant.

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Esto, porque si bien el Gobierno busca la derogación del Decreto Ley 600 a partir del 1 de enero de 2016, en el nuevo marco normativo se contemplaría un período de transición que busca que durante los cuatro años posteriores a esa fecha se mantenga la invariabilidad tributaria, adelanta Alicia Domínguez, experta tributaria y socia de EY, auditora que realizará un seminario sobre la materia el 25 y 26 de mayo.

Con esto, los proyectos mineros que entren durante ese período podrían obtener este beneficio que tiene una duración de doce años. La ejecutiva explica que en la invariabilidad tributaria el Estado, representado por el Comité de Inversiones Extranjeras, compromete tres aspectos a las inversiones mineras. Primero, que no modificará el impuesto específico de la industria; segundo, que no impondrá al sector un nuevo tributo o gravamen que los afecte solo a ellos; y tercero, les da derecho a que no se les modifiquen las patentes mineras.

«La minería tiene tantas variables inciertas que no puede manejar, como el precio del commodity o los costos, que si en lo tributario cuenta con cierto grado de estabilidad en el largo plazo, ya le significa un atractivo adicional», explica.

Dificultades locales

«El entorno internacional para la minería viene duro, y el entorno local no está haciendo las cosas mucho más fáciles», enfatiza la abogada. Y aunque descarta un estancamiento del sector, sí piensa que el desarrollo será más lento, sobre todo por la pérdida de competitividad que afecta a la principal actividad económica del país.

Si bien advierte que la reforma tributaria influye por igual en todos los sectores, dice que con esto la industria minera enfrenta dos grandes desafíos: proteger los márgenes de rentabilidad de un sector que ya está seriamente afectado y dar cumplimiento al complejo nuevo marco normativo.

En el primer aspecto, Domínguez dice que la reforma los viene a afectar en el momento menos adecuado, puesto que enfrentan precios bajos, costos altos, y el marco regulatorio «no es todo lo protector ni facilitador que se necesita para desarrollar nuevos proyectos», comenta. Añade que el impuesto a la renta -que se incrementa del 20% al 25% o 27%, dependiendo de si la empresa elige el régimen atribuido o distribuido-, será un gravitante de costos adicional, y es un impuesto que no reconoce los diversos ciclos de la industria, al contrario del impuesto específico. Agrega que además la reforma impacta la renta de los dueños de las empresas, ya sean locales o extranjeros. Por otro lado, la socia de EY explica que cumplir las nuevas normas para las empresas será complejo, puesto que es enredoso, sofisticado, tiene múltiples plazos y los regímenes entran de forma escalonada, entre otros.

Huelga sin reemplazo

Alicia Domínguez también advierte los riesgo que plantea la reforma laboral para la minería. Dice que una huelga sin reemplazo significa que los trabajadores pueden paralizar faenas a un costo gigantesco; y agrega que la reforma va a afectar la productividad, que ya es de las más bajas del mundo. «Se pierde competitividad, y como las mineras van a tener planillas de empleados más caras, van a buscar reducir los proyectos, y con ello van a reducir personal. Entonces lo que en algún momento fue bueno para los trabajadores, en el largo plazo es negativo», enfatiza.

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La nueva institucionalidad estará conformada por un Comité de Ministros que asesorará al presidente de la República en la formulación de políticas y por una Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, acorde a los estándares de la OCDE, que las implementará.

Así, la iniciativa da cumplimiento al compromiso adquirido en la tramitación de la reforma tributaria, de ingresar a trámite legislativo esta institucionalidad a más tardar el 31 de enero de este año.

El texto se basó en las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial, que entregó su informe final el 13 de enero, y debe promulgarse este año para reemplazar al Decreto Ley (DL) 600 que será derogado a partir del 1 de enero de 2016.

Nuevo marco institucional

El Comité de Ministros será presidido por el titular de Economía y estará integrado por el ministro de Hacienda y los demás secretarios de Estado que con carácter permanente nombre la Presidencia.

La nueva Agencia -que en un principio formó parte de las medidas de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento- será la sucesora del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) y se enfocará en la promoción de inversión extranjera hacia sectores estratégicos o hacia aquellos que carecen de inversión debido a fallas de mercado.

Contará con las facultades que le permitan ser la entidad coordinadora de los esfuerzos por atraer inversión a Chile. El director del servicio será nombrado mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Entre sus facultades destaca la posibilidad de crear un Consejo Asesor Consultivo, al que se incorporan representantes del sector privado que aporten al mejor desarrollo de su función.

Asimismo, el proyecto de ley reconoce a los inversionistas extranjeros la garantía de acceso al mercado cambiario formal y a la repatriación de capital y utilidades, con pleno resguardo de las facultades que le competen al Banco Central de Chile. También les garantiza la no discriminación arbitraria.

Asimismo, el texto mantiene la exención del impuesto a las ventas y servicios en la importación de bienes de capital que efectúen los inversionistas extranjeros, por sus proyectos acogidos al DL 600. Sin perjuicio de lo anterior, se moderniza y actualiza el procedimiento para acceder a ella. Según el mensaje, esta modificación apunta a promover el desarrollo de grandes proyectos de inversión en Chile, los que por sus características toman largo tiempo, evitándoles incurrir en altos costos financieros en las etapas iniciales.

Invariabilidad excepcional

Para permitir la adaptación de las empresas al cambio del régimen para la inversión extranjera, se establece un derecho excepcional que, por un plazo máximo de cuatro años, los inversionistas extranjeros puedan solicitar autorizaciones de inversión extranjera en los términos del artículo 3° del DL 600, con los derechos y obligaciones que contempla dicho decreto ley, pero con invariabilidad tributaria por una tasa total de 44,45%. Bajo el DL 600 el inversionista extranjero puede optar por un tributo del 42% en vez del Impuesto Adicional de tasa 35%.

El proyecto regula los efectos de los contratos leyes celebrados durante la vigencia del DL 600 para asegurar la plena vigencia de los derechos adquiridos por los inversionistas extranjeros bajo ese régimen legal.

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De este modo, quedó despejada la incertidumbre sobre la eliminación o postergación de la invariabilidad tributaria. La misma se eliminará, pero a partir de 2020. Por lo tanto, durante los próximos cuatro años «los inversionistas extranjeros podrán solicitar autorizaciones de inversión extranjera» en las condiciones actuales, señala el proyecto de ley.

El otro ítem relevante es el aumento de la tasa impositiva máxima para los inversores, que pasa de 42% a 44,45%. Jorge Carey, quien integró la comisión asesora explicó que la idea del Gobierno fue «subir la tasa para que sea igual a la fijada por la reforma tributaria, para aquellos que no optan por acogerse al sistema integrado bajo el cual los extranjeros solo pagan el 35%».

El abogado Sebastián Guerrero, quien también formó parte de la comisión, sostuvo que el proyecto de ley «me parece absolutamente dentro de lo esperado, ya que recoge la representación de la comisión. Destaco que se mantiene la protección al inversionista extranjero, no se discrimina», finalizó.

Ambos expertos coincidieron en que la medida de mantener la actual regulación por cuatro años se explica por la desaceleración económica del país.

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