Otro punto que propone la instancia es dejar sin efecto la adjudicación y detener los actos y tratativas iniciadas con (AUI), así como modificar las Bases Administrativas Generales e incluir parámetros y procedimientos estándares. Todo ello, para la realización de procesos de evaluación y adjudicación de proyectos en los diversos programas.

También se plantea realizar modificaciones «para abordar las inhabilitaciones de autoridades frente a procesos de adjudicación de fondos en los proyectos y programas», además de «remitir informe al Ministerio Público para efectos de determinar si existe o no la comisión de delitos de uso de información privilegiada. En este sentido se apunta a altos cargos de la Corfo y funcionarios del Gobierno, entre ellos, Pablo Terrazas».

Otra conclusión del informe es «oficiar al contralor general de la República a efectos que evalúe la pertinencia de iniciar una investigación que determine responsabilidades administrativas de los funcionarios públicos involucrados en el proceso revisado por esta comisión».

Análisis

El informe de la Comisión Investigadora plantea que los evaluadores sostuvieron que la propuesta de la Corporación Alta Ley fue superior en todos los aspectos ponderados a la propuesta de Associated Universities Inc (AUI).

Detalla que se hace caso omiso a dicha evaluación y se modifican los criterios para rebajar las calificaciones obtenidas por la Corporación Alta Ley. Ello permitió que aumentan las obtenidas por (AUI).

Junto a lo anterior, se señala que Corfo comete un error no subsanado al momento de entregar información poco veraz sobre la propuesta de la Corporación Alta Ley (ASDIT), en cuanto al financiamiento del proyecto.

Además, califica como sumamente grave las acusaciones de intervención que pesan sobre el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas. Ellas apuntan a intervenciones que ha realizado en las sesiones del Consejo de Ministros de Corfo, teniendo una inhabilidad clara, que el mismo expresa, por ser parte del directorio de Alta Ley.

El grupo parlamentario aprobó, por unanimidad, las conclusiones y proposiciones. Con ello, el texto quedó en condiciones de pasar a la Sala.

La instancia recibió en los últimos cuatro meses a representantes de los organismos involucrados en la licitación investigada. También, se contó con la participación del director de Desarrollo para el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias y académicos de universidades.

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En la cita participaron ministros, rectores de universidades estatales, especialistas y académicos, además de representantes de Corfo. Un grupo de congresistas de oposición presentó también un proyecto de acuerdo en el que se le solicita al Ejecutivo que declare desierto dicho proceso, el cual será sometido a consideración de la Sala en una sesión posterior.

Texto

Por su lado, los senadores de gobierno hicieron presente la necesidad de revisar los procesos pero respetando las decisiones de los organismos especializados. Asimismo, recalcaron que no se trata de poner en discusión el rol de las universidades nacionales.

El proyecto de acuerdo será votado en una próxima sesión ordinaria. Fue firmado por los senadores Yasna Provoste, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Ximena Rincón, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde, Guido Girardi, Alejandro Guillier, Felipe Harboe, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Ricardo Lagos, José Miguel Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, Jaime Quintana, Rabindranath Quinteros y Jorge Soria.

El texto solicita al Presidente de la República que, si lo tiene a bien, se sirva tomar las medidas necesarias para declarar desierto el proceso de licitación para establecer el Instituto Chileno de Tecnologías Limpias, así como instruir, respecto de dicho procedimiento, una completa investigación administrativa destinada a determinar la existencia de irregularidades y eventuales responsables.

Terrazas

Durante su intervención, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas,  aseguró que “lo importante acá era buscar la mejor propuesta para el país y la macro zona norte, eso fue lo primero más allá de quien liderara la propuesta. Queremos las mejores tecnologías y ese desarrollo no tiene nacionalidad”.

“Quiero aclarar que el instituto estará en Antofagasta. Los dineros se entregarán año a año previamente deberán aprobarse las etapas del programa de trabajo. Agradezco esta sesión especial para aclarar una serie de dichos que no son ciertos” enfatizó.

Con antelación, el ministro secretario General de la Presidencia (SEGPRES), Juan José Ossa hizo énfasis en la probidad del proceso y detalló los diversos pasos de la licitación.

En los primeros días de enero, la Corfo adjudicó la licitación para construir un Instituto de Tecnologías Limpias (ITL), al consorcio Associated Universities Inc (AUI), que integran nueve universidades extranjeras y la Universidad de Atacama y la Universidad del Desarrollo. Ello implica la entrega de un fondo para la innovación y desarrollo de las energías renovables y del hidrógeno por 193 millones de dólares.

En segundo lugar quedó la Corporación Alta Ley que agrupa a casas de estudio nacionales como la Universidad Católica, Universidad de Chile, Universidad de Concepción y Universidad Santa María.

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