“De las 6.018 hectáreas, 23 serán utilizadas en una primera fase para la construcción de las obras civiles de la planta siderúrgica y que serán ampliadas en una segunda y tercera fase”, explicó el Presidente Ejecutivo de la ESM, Alberto Padilla, según consigna la nota publicada por el Ministerio de Minería y Metalurgia de Bolivia.

La Resolución Administrativa de Usufructo corresponde a 6.018 hectáreas ubicadas en el municipio fronterizo de Puerto Suarez, en la provincia Germán Busch del departamento de Santa Cruz.

El director del INRA, Jorge Gómez informó al diario Cambio que para dar cumplimiento al acuerdo se batió un record en el trámite de usufructo.

“El Instituto Nacional de Reforma Agraria, viabilizó el proceso de otorgación de Usufructo iniciado el 12 de agosto del año en curso, concluyéndolo en cuatro días. El mencionado documento permitirá la Construcción de una planta siderúrgica integrada en el yacimiento del Mutún, proyecto de prioridad nacional”, sostuvo Gómez.

En ese sentido, el ministro de Minería y Metalurgia, Cesar Navarro; el Viceministro de Tierras, Jhonny Cordero; el Director General de Distribución de Tierras, Víctor Espinal, y el titular de la ESM fueron las autoridades que se comprometieron en unir esfuerzos para ejecutar el proyecto.

Al respecto el Ministro de Minería manifestó su satisfacción por el apoyo brindado.

“Agradezco el trabajo eficaz y ágil realizado por el INRA, que permitirá mediante la entrega de esta Resolución de Usufructo, contribuir al desarrollo de la producción minera y viabilizar la fase productiva de exploración”, afirmó Navarro.

Normativa

La determinación fue adoptada por el INRA en virtud de lo establecido en la Disposición Final Décima de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, que establece que una vez concluido el proceso de saneamiento e identificadas y declaradas las tierras fiscales, podrá reconocer de manera exclusiva y excepcional derechos de usufructo sobre la tierra, a favor de entidades e instituciones públicas en general, que tengan fines de investigación científica, educación y salud, mandatos constitucionales específicos relativos a la defensa y seguridad nacional, así como defensa de la sociedad y conservación del orden público, plenamente justificados.

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