Cabe indicar que en los últimos 30 años, Chile ha sufrido disminuciones de caudales y precipitaciones de entre el 15% y 25%, mientras que hoy la zona central está pasando por la década más seca desde que se tiene registro. Las precipitaciones en Santiago pasaron de un promedio de 342 milímetros anuales entre 1981 y 2010 a un promedio de 199 milímetros anuales entre 2010 y 2020, lo que implica una disminución de 42%.

El 9 de octubre de 2019 el Presidente creó la Mesa Nacional del Agua, instancia público-privada conformada por representantes de la sociedad civil, gremios, el Congreso y el Gobierno con el objetivo de buscar soluciones de mediano y largo plazo.

A partir del diagnóstico realizado por la Mesa, se propuso la creación de una nueva institucionalidad hídrica, con el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos y la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

“La institucionalidad que se hace cargo del tema agua está dispersa, diseminada en muchos Ministerios y, muchas veces, su actuación se duplica, no se coordina, se sobrepone. Y, por tanto, mejorar la institucionalidad para tener una más poderosa para enfrentar este desafío es fundamental”, explicó el Mandatario.

Subsecretaría de Recursos Hídricos

El objetivo de la Subsecretaría de Recursos Hídricos es crear una institución rectora que pueda orientar una política hídrica de Estado de largo plazo, que sea estable y de respaldo transversal.

Además de la subsecretaría, se creará una nueva estructura institucional conformada por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos, como órgano asesor del Presidente; la Comisión de Ministros de Recursos Hídricos, una instancia de coordinación interministerial en temas de agua; un Comité Técnico de Recursos Hídricos, para coordinar la gobernanza del agua a nivel nacional; y el Panel de Expertos de Recursos Hídricos, para generar recomendaciones técnicas previo a las decisiones de la Dirección General de Aguas.

“La institucionalidad que estamos hoy día proponiéndole al Congreso con el nuevo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos contempla instancias de participación de la sociedad civil, instancias de participación de los Ministros e instancias de decisión para que podamos estar a la altura de este desafío y no permitir que el desierto siga avanzando o que el agua siga escaseando”, concluyó el Jefe de Estado.

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Este año, las Jornadas, que se desarrollarán en el Salón de Honor de la Casa Central UC, abordarán prioritariamente los principales aspectos de la regulación, gestión e institucionalidad de las aguas, y sus desafíos actuales y futuros.

Es así durante el encuentro se debatirá, desde una perspectiva académica e interdisciplinaria, en torno a los principales aspectos de la actual regulación, política y gestión del recurso hídrico, especialmente en lo relativo al estado de los recursos hídricos en Chile, a la institucionalidad vigente y propuestas para su modificación, a las instancias de autogestión y distribución, conflictividad en materia de obras hidráulicas, saneamiento y judicialización de derechos, entre otros.

Mayor información sobre el evento en este link.

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Carlos Estévez, director nacional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, indicó que preparan cambios legales al Código de Aguas que establece nuevas regulaciones al sector.

Estévez también se refirió al proyecto de ley de glaciares, donde planteó que existen 24.600 glaciares en el país, por lo que se busca que tengan una protección de reserva estratégica.

La autoridad agregó que la nueva institucionalidad contempla aumentar la investigación aplicada y la creación de una política nacional de recursos hídricos que está siendo desarrollada por comité de ministros, donde se alista un estudio con muevas propuestas.

Patentes de agua

Posteriormente, Christian Valenzuela, investigador de Heidelberg Center, presentó un estudio para enfrentar el acaparamiento y especulación con los derechos de agua, donde se indica que el cobro por el no uso de la patente de agua, vigente desde 2005, actualmente registra 2.484 recursos de consideración que cuestionan el pago de patentes.

Según el especialista, este hecho refleja la necesidad de implementar exenciones para que no paguen la patente “las comunidades indígenas, los derechos para agua potable rural, aquellos ubicados en zonas de escasez y los de municipalidades con fines ambientales”.

Otra exposición que llamó la atención de los asistentes fue el estudio presentado por Diego Rivera, investigador de la Universidad de Concepción, donde se indica que la asignación de recursos hídricos en el país tiene una “lógica de mercado muy dura”, con una poca infraestructura de información, por lo que propuso un nuevo sistema que registre los stock físicos disponibles actualmente y en el futuro.

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