Con una inversión de US$600 millones, la iniciativa tiene como objetivo principal la conducción y disponibilidad de agua desalinizada para su distribución y entrega a terceros en el sector noreste de la ciudad de Copiapó, obtenida a partir del procesamiento de agua de mar del proyecto Enapac (Ver RCA N° 99/2018), dotando así dicho sector cordillerano de una fuente alternativa de abastecimiento de agua que no depende del ciclo hidrológico y, por lo tanto, garantiza la disponibilidad de agua para usos industriales, conllevando factibilidad de continuidad y/o generación de nuevos proyectos en la zona, sin necesidad de recurrir a la extracción de recursos hídricos superficiales y/o subterráneos.

En el expediente ambiental se consigna que el proyecto Enapac Distribución Este, constituye un desarrollo tecnológico sustentable, responsable social y ambientalmente, que permitirá a distintos usuarios recurrir al uso de agua de mar desalinizada para satisfacer sus necesidades hídricas.

El proyecto será multicliente y disponibilizará agua industrial para su venta y distribución a terceros, dotando a la región de una fuente alternativa de abastecimiento de agua que no depende del ciclo hidrológico y, por lo tanto, habilitando la continuidad y/o generación de nuevos proyectos en la zona, sin necesidad de recurrir a la extracción de recursos hídricos superficiales y/o subterráneos.

De esta forma, el proyecto “Enapac Distribución Este” busca hacer un aporte a la Región de Atacama, a través de la conducción y disponibilidad de agua desalinizada industrial para distintos usuarios, entregando una nueva fuente de abastecimiento, de manera segura y sustentable.

Cabe mencionar que el ducto para transporte de agua o acueducto, se conectará a un sistema de impulsión que ya se encuentra considerado en una estación de bombeo del proyecto Enapac Distribución Norte, correspondiente este último a la primera etapa del proyecto Enapac Distribución de agua industrial, el cual se encuentra actualmente en evaluación ambiental, y que a su vez obtendrá el agua desde un reservorio del proyecto napacC, que se encuentra ambientalmente aprobado mediante la RCA N°99/2018.

El proyecto considera la construcción de un ducto soterrado de 197 kilómetros, capaz de transportar hasta 1.200 litros por segundo de agua desalinizada.

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“Este encuentro no solo es importante para la industria, sino para todas las personas: necesitamos acelerar el desarrollo de la desalación y el reúso si queremos asegurar agua potable para las próximas generaciones y sostener el crecimiento del país. Sin agua no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay bienestar para las personas”, declaró Alberto Kresse, presidente de Acades.

Entre las invitadas internacionales destacan Ismahane Elouafi, recientemente incluida en el listado Time100 Most Influential People in Climate 2025 por su liderazgo en seguridad alimentaria y gestión sostenible del agua; y Belén Gutiérrez, presidenta de la Asociación Española de Desalación y Reúso (AEDyR) y jefa del Departamento de Desalación en I+D+i de GS INIMA, reconocida por su trayectoria en desarrollo tecnológico en desalación y reúso, y gestión integral del agua.

También participarán Carlos Cosin, director general de Almar Water Solutions; José Miguel Diéguez, director de obras y proyectos en Ens d’Abastament d’Agua Ter-Llobregat; Stuart Khan, decano de la facultad de ingeniería de la Universidad de Sídney; Wim Alen, VP Business Development Generation International de Engie; y Marco Arcelli, CEO de ACWA Power, los que abordarán las tendencias internacionales en financiamiento, innovación y proyectos de infraestructura hídrica no convencional.

A nivel nacional, el Congreso contará con referentes del mundo privado como Iván Arriagada, presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals; Javier Moreno, gerente General de Aguas Pacífico; Lucas de Marco, gerente general de Sacyr Agua; Álvaro Arroyo, gerente general de Econssa; Alex Miquel, gerente general de Aguas Horizonte; Hernán Aravena, gerente general de Aguas CAP; Salvador Villarino, gerente general de Aguas Nuevas; y José Luis Murillo, gerente general de ESVAL; Juan Ignacio Escobar, CEO de Colbún; entre otros líderes empresariales.

Además, presentarán líderes gremiales y de la sociedad civil como Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; Jorge Riesco, presidente de Sonami; Antonio Walker, presidente de la SNA; Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile; Marcos Kulka, director ejecutivo de H2Chile; Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI; Dominique Viera, presidenta de Aprimin; Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram; y Ezio Costa, director ejecutivo de FIMA, que debatirán sobre el papel del agua como eje del crecimiento económico sostenible.

Asimismo, expondrán representantes de empresas socias de Acades que lideran la transición hacia una gestión hídrica más resiliente, como Domingo Zarzo, director de Proyectos Estratégicos y Relaciones Institucionales de Sacyr Agua; y Michael Lesniak, vicepresidente Senior de Aquatech.

El programa contempla plenarios de alto nivel y 15 sesiones paralelas dedicadas a temas como regulación, innovación tecnológica, reúso, impactos ambientales, cooperación internacional y diálogo territorial, reforzando la visión de ACADES: garantizar agua para crecer, para la vida y para el futuro.

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“Estamos muy contentos de anunciar que Chile recibirá la próxima reunión regional del Consejo Latinoamericano del Agua. Esta es una muy buena noticia, porque compartimos con otros países de Latinoamérica una dura realidad: una crisis hídrica estructural, por lo tanto, también compartimos el desafío de garantizar la seguridad hídrica, en un escenario de incertidumbre climática, crecimiento urbano y competencia por los recursos”, informó el subsecretario Danilo Núñez.

En ese sentido, destacó que “la seguridad hídrica no puede depender únicamente de la disponibilidad de agua, sino que también de una gestión eficiente. Las decisiones que tomemos hoy definirán el agua en las próximas décadas”.

La autoridad del MOP afirmó que “desde el Estado se han impulsado un conjunto de iniciativas para fortalecer la seguridad hídrica de Chile y garantizar el agua para el consumo humano, como avanzar en inversión en infraestructura, construyendo embalses y desaladoras; la gestión integrada de las cuencas; la eficiencia en el uso del agua y también el fortalecimiento normativo, entre otros”.

Consejo Latinoamericano del Agua

El CLA es la versión regional del Consejo Mundial del Agua, un organismo internacional cuyo objetivo es promover la gestión sostenible del agua a nivel global. En este contexto, el CLA adapta las estrategias globales a las necesidades y particularidades de América Latina, coordinando esfuerzos entre los diferentes actores regionales para abordar los desafíos hídricos y de saneamiento.

El CLA se constituyó en noviembre de 2023, en Arcaju (Brasil). El primer encuentro de trabajo tuvo lugar en Buenos Aires, el 13 y 14 de marzo de este año. En esta instancia se avanzó en el intercambio de ideas y la construcción de estrategias efectivas para una mejor gestión del agua en la región.

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Para sus fines, la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo y enviada a segundo trámite, enmienda el Código de Aguas en dos líneas:

• Una de ellas es la recién mencionada agilización de las declaratorias de los decretos.
• La segunda vía es incorporar a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico en tales decretos de declaración de escasez hídrica. La idea es que también les sean aplicables las medidas contenidas en ellos.

Según dieron a conocer desde la Cámara de Diputados, la declaratoria de una zona de escasez hídrica es un instrumento que posee actualmente el Presidente de la República. Se genera a petición y con informe de la Dirección General de Aguas.

Esta declaratoria tiene como finalidad proveer de determinadas herramientas y potestades públicas a la mencionada Dirección, con el objetivo de reducir al mínimo los daños derivados de una sequía severa. Así, se busca garantizar que el uso del agua sea destinado para el consumo humano, saneamiento o el uso doméstico de subsistencia.

Especificaciones

El informe de la Comisión de Recursos Hídricos lo rindió el diputado Víctor Alejandro Pino (IND). En él se explica que la disposición que trata esta materia fue objeto de una modificación en 2022. En la oportunidad se buscó superar las trabas que imponía el hecho que la norma apuntaba sólo a situaciones excepcionales de sequía. No a aquellas de sequías recurrentes o procesos de desertificación.

Por ello, de acuerdo a lo especificado en el escrito, la modificación se enfocó en la gravedad de los efectos de la sequía, entregando instrumentos para reducir al mínimo los daños generales derivados de ésta. Sin embargo, subsistió el hecho que dichos instrumentos sólo pueden activarse una vez que entre en efecto la declaración de zona de escasez hídrica que se regula en el referido artículo.

Así, el proyecto de ley busca subsanar algunas de las deficiencias y vacíos identificados. En primer lugar, garantiza que los referidos decretos puedan generar sus efectos jurídicos de manera inmediata una vez dictados, sin perjuicio de la posterior toma de razón por la Contraloría General de la República.

Del mismo modo, se procede a incluir a las obras estatales de desarrollo del recurso hídrico dentro de aquellas que quedarán sujetas a las medidas contenidas en los decretos de declaración de zona de escasez hídrica.

De tal manera, quienes administren este tipo de obras también deberán dar cumplimiento a las medidas contenidas en los referidos decretos, otorgándole a la Dirección General de Aguas la facultad de redistribuir directamente las aguas contenidas en ellas cuando existan situaciones de sequía severa debidamente declaradas.

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El taller “Inversiones de la minería en infraestructura multipropósito: el caso de la infraestructura hídrica”, dirigido a funcionarios del sector público de Chile y la región Andina, convocó la presencia de la directora de la División de Recursos Naturales de la Cepal, Jeannette Sánchez; expertos de Cochilco, el Centro de Excelencia Internacional del Sustainable Minerals Institute (SMI) y el Columbia Center on Sustainable Investment, además de representantes de empresas mineras y consultores de Perú y Australia.

“El propósito es discutir sobre las posibilidades de desarrollo de proyectos de desalación de aguas que sean multiusuarios, que puedan ser usadas por la industria minera y las comunidades, de esta manera evaluar qué oportunidades se abren para insertar esto en una gestión integrada de cuencas”, dijo Kracht al dar inicio al encuentro

Asimismo, la autoridad nacional explicó que “parte de la discusión orbitó en los objetivos del desarrollo sostenible, se puso mucho acento en cómo el desarrollo de infraestructura compartida tributa a los objetivos de desarrollo sostenible. Esta conversación es de alto alcance global, por lo tanto, que se organice en un lugar como la Cepal, con participación internacional, nos parece que es la manera de abordar este tipo de problemáticas”.

Por otro lado, Nicolás Maennling, asesor principal de GIZ aseveró que el objetivo central de instancias como esta es promover el diálogo. “El tema principal para nosotros es juntar a los actores que ya están trabajando el tema en Chile y en otros países y ver qué sale para ayudarlos en ese sentido”, indicó.

El especialista agregó que “en algunas regiones del norte de Chile y el sur de Perú es cada vez más árido. Es súper crítico resolver entonces, el problema del agua, tanto para el sector minero para obtener la licencia social para operar como para las comunidades que viven ahí”.

Por último, Mauricio León, jefe de la Unidad de Recursos No Renovables de Cepal, indicó que “se han planteado mucho de los desafíos y los aspectos que se tienen para llevar adelante proyectos de infraestructura compartida, especialmente infraestructura hídrica, también se han planteado experiencias concretas y aprendizajes que se han podido sacar”.

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Para puntualizar estos, se abocó en el análisis y  resultados de una investigación realizada en conjunto con Cesco y GIZ,  expertos, empresas y sociedades públicas de Chile y Perú.

Análisis de la situación de Perú y Chile

En Perú se percibe: Falta un enfoque integrado del uso del agua, la institucionalidad pública no está suficientemente empoderada, presencia de conflictos socioambientales, existencia de más competencia que colaboración entre los sectores, entre otros.

En Chile se percibe: Incertidumbre sobre impactos socioambientales en el borde costero, las soluciones son acciones individuales de cada sector o empresa, los marcos normativos existentes no facilitan una gestión integrada de cuencas, oportunidad de crear una red unificada de distribución de agua pensando en la experiencia del sector eléctrico, entre otros.

Aitken profundizó el análisis señalando que se comparó un escenario donde hay un sistema hídrico -parcialmente- compartido pero no óptimo con otro escenario donde el sistema hídrico está optimizado. Y en base a ello, se realizó un cálculo en el costo económico de éstos y también en cuanto a costo ambiental.

¿Resultados? «Básicamente encontramos que el costo económico es casi la mitad para un sistema optimizado, eso considera sólo el costo de las tuberías no de las plantas desalinizadoras», develó el gerente.

Desafíos

Frente a ello y después de investigar el contexto, – considerando  múltiples fuentes de agua, no sólo desalinizada-,  el expositor compartió los desafíos como asimismo las oportunidades que se observaron:

• Institucionalidad hídrica fragmentada que carece de una visión holística e impide políticas públicas y regulación adecuada
• Incertidumbre respecto de los impactos ambientales de la desalación
• Falta de cooperación entre sectores y actores
• Insuficiente gestión del agua
• Riesgos económicos y falta de financiamiento

Oportunidades

• Colaboración para la creación de una red unificada de distribución de agua
• Adaptación costo-efectiva y más sostenible frente al creciente escenario de escasez hídrica
• Alianzas público-privadas para la inversión
• Aprovechar nexo energía verde y agua
• Cambio de paradigma- competencia por colaboración

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La mandataria afirmó también en su cuenta pública que priorizará la construcción de 16 embalses en las zonas con mayores problemas (continuando con el plan del gobierno anterior, con un horizonte al año 2021) cuya inversión sumaría US$ 3.024 millones, según datos del informe de infraestructura necesaria para el desarrollo que presentó en mayo la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

Sin embargo, el déficit de infraestructura sólo en obras de regulación (embalses y modernización de canales) de 2014 a 2023 alcanzaría US$ 4.900 millones, según cálculos de la CChC y la certeza de que se materialicen estos 16 proyectos no parece del todo clara teniendo en cuenta la suma que representa su inversión y que la construcción de embalses el país promedia los 2,5 en un periodo de cuatro años.

Humberto Peña, autor del artículo sobre infraestructura hídrica de dicho informe y director general de la Dirección General de Aguas entre 1994 y 2006 pone en duda que la rentabilidad de estos embalses priorizados permita que éstos puedan llegar a materializarse.

“Tengo muchísimas dudas respecto a que se concreten varios de ellos”, señala. Además, explica que el incremento de la capacidad que propone el plan priorizado a algunas zonas del país, como la que discurre entre la región de Coquimbo y la de Los Ríos resulta marginal.

“La construcción de embalses en ese sector pasa del 82% al 92%. Si uno ve estas cifras llega a la conclusión de que el aporte a la infraestructura en estos valles más críticos, que son los del norte, es bastante limitada en la parte de la regulación. Hay mucho campo que avanzar más que en este ámbito en el de la modernización de los sistemas de riego”, asegura.

Con todo, de efectuarse el conjunto de obras expuestas, la capacidad de almacenamiento de agua se incrementaría en un 30% dando seguridad de riego a 173 mil hectáreas. Pese a ello, dos tercios de esta superficie corresponde a los dos proyectos principales, esto es, al embalse Punilla (región del Biobío) y el Proyecto Aconcagua, y el 46% del almacenamiento proviene de la primera obra, lo que pone de manifiesto la disminución de las zonas adecuadas para construir infraestructuras de esta coyuntura en el país, señala el estudio.

Ulrike Broschek, subgerente de gestión hídrica de Fundación Chile, apunta a este mismo detalle y defiende que en el caso de Chile sería más sensato que las autoridades implementen medidas para infiltrar agua en los acuíferos dado que los niveles de evaporación en el país son demasiado elevados.

“Los israelitas, que son expertos en eficiencia hídrica, señalan que en Chile no conviene el uso de muchos embalses. Hoy se está discutiendo seguir fuertemente con los proyectos que estaban pensados, pero hay muchos países que tienen una lección aprendida que nosotros deberíamos tomar”, explica.

“Quizá no convienen los embalses y hoy de lo único que se habla es de tenerlos. Hay que evaluar cómo han funcionado en Chile porque en Coquimbo, por ejemplo, hay muchos, pero están vacíos. Tampoco son la solución al problema”, agrega al respecto.

La respuesta, por tanto, para la escasez hídrica en las regiones delm centro y norte de Chile aún está por resolverse. En este proceso de búsqueda de iniciativas que mitiguen la situación, la Fundación Chile presentó a Corfo un proyecto que evalúa el impacto de los proyectos en este tipo de infarestructura que cuyo déficit, incluyendo la necesidad para agua potable, saneamiento y defensa contra inundaciones y aguas de lluvia, totaliza US$ 11.750 millones en los próximos nueve años y US$ 3.025 millones hasta el 2018.

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