Para 2025, y en base al análisis de los reportes trimestrales, la SMA determinó que 105 establecimientos están afectos al pago, lo que representa el 43,03% de los 244 establecimientos identificados inicialmente como potenciales afectos por el Ministerio del Medio Ambiente en septiembre de 2024.

A nivel nacional, la distribución geográfica de estos establecimientos se concentra principalmente en las regiones del Biobío (20,95%), Valparaíso (14,29%) y Antofagasta (13,33%).

La superintendenta del Medio Ambiente (s), Claudia Pastore, destacó que «el Impuesto Verde busca incentivar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. En ese marco, la SMA cumple un rol clave en la identificación y fiscalización de los establecimientos emisores, trabajo que realizamos mediante nuestro Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT), que nos permite mantener un catastro actualizado de las fuentes y monitorear las emisiones reportadas por cada establecimiento”.

Este proceso se enmarca en las obligaciones establecidas en la Ley 20.780 y en las directrices de la SMA, que define los protocolos técnicos de monitoreo, reporte y verificación (MRV) necesarios para la cuantificación de emisiones.

Desde la institución comunicaron que esta información será reportada por la SMA al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos legales correspondientes, para que se efectúe el cobro del impuesto según los resultados obtenidos en el proceso de fiscalización del año 2025.

• Para revisar el listado completo, acceda al siguiente enlace.

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Esta medida preventiva busca garantizar la correcta y oportuna cuantificación de las emisiones sujetas al impuesto verde para el período 2025.

La obligación de reportar se fundamenta en lo dispuesto por la Resolución Exenta N° 4631, de fecha 23 de septiembre de 2024, del Ministerio del Medio Ambiente, que establece el listado de establecimientos con obligación de reportar sus emisiones, en conformidad con el inciso primero del artículo 8° de la Ley N° 20.780 y el Decreto Supremo N° 63, de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente.

El cumplimiento de dicha obligación debe ser realizado de acuerdo con las instrucciones generales para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las emisiones, establecidas en la Resolución Exenta N° 585 SMA, de 2023 de esta Superintendencia.

Es importante mencionar que la Superintendencia del Medio Ambiente tiene competencias sancionatorias en relación al incumplimiento de medidas establecidas por los diferentes instrumentos de carácter ambiental, en consecuencia, sus sanciones podrían acceder hasta diez mil unidades tributarias anuales y hasta la clausura temporal o definitiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la SMA (Losma).

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De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Medio Ambiente, las cifras son alentadoras, ya que de las 260 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂) compensadas en el primer año, en 2024 se llegó a 4,4 millones de toneladas de CO₂, alcanzando una recaudación que supera los US$22 millones, los que serán redirigidos al financiamiento de acción climática.

Esta reunión contó con la participación de Nicolás Grau, ministro de Economía; Maximiliano Proaño, subsecretario del Medio Ambiente; Marie Claude Plumer, superintendenta del Medio Ambiente, y representantes de las instituciones y compañías participantes.

El Sistema de Compensación de Emisiones (SCE) del Impuesto Verde comenzó su funcionamiento en septiembre de 2023 y a partir de su entrada en vigencia, este programa del Ministerio del Medio Ambiente ha permitido compensar emisiones, con el objetivo de incentivar a las industrias a invertir y desarrollar proyectos sostenibles, favorecer las prácticas amigables con el medioambiente y mejorar la calidad del aire.

“Como hemos dicho de forma majadera desde el Gobierno, estas grandes tareas de la economía requieren una muy buena articulación público-privada. Eso por supuesto también requiere arrojo, innovación del sector privado, cuestión que quienes están presentes acá han sido parte de ese proceso y nosotros lo agradecemos, lo valoramos. Requiere de trabajo, de coordinación, de mucho feedback entre el sector público y privado pidiendo qué cosas funcionan, qué no funcionan, cómo tenemos que ir variando la regulación en el tiempo para que ojalá cada vez se pueda hacer más captura de carbono a través de estos incentivos que se generan”, declaró el ministro Grau.

Desde el Ministerio destacaron, que de las diez compañías que compensaron en este periodo, Central Kelar,  Mina 0 (de Minera Escondida) y Eagon Lautaro alcanzaron la neutralización de todas sus emisiones, dejando de pagar impuesto por emisiones de CO₂. En tanto, Central Tocopilla y Guacolda, compensan la mayor parte de sus emisiones.

Sistema de Compensación de Emisiones

En 2017, Chile se transformó en el primer país en Sudamérica en gravar las emisiones de CO₂ mediante el denominado Impuesto Verde.

Luego, en 2023, producto de una modificación legal (establecida por la Ley 21.210) se estableció un sistema de compensación de emisiones de fuentes fijas.

De esta forma, se estableció que el SCE tuviera dos ejes: la generación de certificados que provienen de proyectos de reducción o absorción de emisiones, y el uso de estos certificados para compensar las emisiones generadas por una fuente emisora gravada por el Impuesto Verde. Para generar estos certificados, los proyectos deben ser aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente y las reducciones, verificadas por un tercero externo.

El proceso de medición de emisiones del Impuesto Verde está a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) con los datos reportados por los establecimientos afectos en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT). Estos, informan trimestralmente variables como consumo de combustible, horas de operación, muestreos y mediciones, entre otros. Con esta información, la SMA cuantifica las emisiones por cada fuente estacionaria y parámetro regulado contaminante, y determina qué establecimientos superan los umbrales de pago del Impuesto Verde. Finalmente, el organismo publica el listado de compañías afectas al pago del Impuesto Verde y lo remite al Servicio de Impuestos Internos (SII) para la gestión del cobro.

Al respecto, la superintendenta del Medio Ambiente (SMA), Marie Claude Plumer, comentó que “la SMA ha cumplido con su rol en la identificación y fiscalización de emisores, revisando más de dos mil fuentes estacionarias. Todo esto, se ha realizado mediante nuestro Sistema de Seguimiento Atmosférico, que nos permite contar con un catastro detallado de las fuentes y sus características operacionales, además de módulos para la visualización de las emisiones cuantificadas por cada establecimiento”.

Desde el Ministerio informaron que los resultados de su segundo año de operaciones y el crecimiento de certificados transados en el SCE, junto con la presencia de empresas que repiten su participación en el sistema, confirman el interés del sector privado por participar. Además, se han comenzado a validar proyectos correspondientes a nuevas tipologías, como la captura de metano y su uso para generación energética, acción que responde a los desafíos en la gestión de este gas de efecto invernadero que representa el 14% de las emisiones del país y que da cuenta de la diversificación de los tipos de proyectos participantes.

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Desde la entidad informaron que el listado publicado corresponde al 45,3% del total de establecimientos potencialmente afectos que publicó el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) el 29 de septiembre de 2023.

Así, se trata de un total de 102 establecimientos afectos a pago, que representan a 1.006 fuentes estacionarias.

La superintendenta Marie Claude Plumer destacó que “para la identificación del total de establecimientos que deben gravar sus emisiones, la SMA revisó a más de dos mil fuentes estacionarias, obteniendo como resultado que casi el 50% de ellas emitieron más material particulado o dióxido de carbono del que los exime del pago del Impuesto Verde”.

“Este impuesto contenido en la Reforma Tributaria tiene el objetivo de fomentar la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, además de promover el desarrollo sostenible. Para este cálculo realizado por la SMA fue clave el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) de la SMA, que permite llevar el catastro de las fuentes y sus características operacionales, módulos para el reporte de la información y la visualización de las emisiones cuantificadas, para cada encargado de establecimiento”, agregó.

Este hito se enmarca en las obligaciones establecidas en la Ley 20.780 sobre la Reforma Tributaria, modificada por la Ley N° 21.210 y su reglamento establecido en el D.S. N° 63/2022 Ministerio del Medio Ambiente. Así como también en las reglas instruidas por la Superintendencia del Medio Ambiente donde se consignan las directrices técnicas para el monitoreo, reporte y verificación de los parámetros necesarios para la cuantificación de las emisiones.

Desde la SMA comunicaron que la información será reportada al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos legales establecidos, conforme a los resultados obtenidos por la Superintendencia del Medio Ambiente en relación al monitoreo, reporte y verificación desarrollado para el año 2024.

El listado se encuentra en el siguiente enlace.

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Con esta notificación se busca que los establecimientos que no han realizado sus reportes en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT), adopten las medidas necesarias para regularizar su catastro y/o los reportes trimestrales, según corresponda, con el objetivo de permitir a la SMA la cuantificación de las emisiones correspondientes al año 2024.

Cabe resaltar que, el artículo 8° de la Ley N° 20.780 establece un impuesto anual a las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, producido por establecimientos cuyas emisiones -individualmente o en su conjunto- superen las 100 toneladas anuales de material particulado y/o las 25.000 toneladas anuales de dióxido de carbono.

En este contexto, cada mes de marzo, la Superintendencia del Medio Ambiente consolida las emisiones de los establecimientos con obligación de reporte y, con base en los resultados obtenidos, publicará en su sitio web un listado de los establecimientos sujetos al pago del Impuesto Verde.

Al respecto, la superintendenta (s) Claudia Pastore afirmó que “en este sentido el proceso de verificación del impuesto verde, busca garantizar que los datos presentados por los establecimientos regulados en SISAT, sean de calidad asegurada, con el fin de llevar a cabo el proceso de cuantificación de emisiones, correspondiente al año 2024”.

Cabe mencionar que los regulados podrán realizar sus consultas a través del formulario de atención ciudadana o solicitar una reunión de asistencia al cumplimiento, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (LOSMA), en el siguiente enlace.

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Según reveló el listado, estos establecimientos corresponden al 67% del total publicado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) durante 2022, correspondientes a los establecimientos con la obligación de reportar sus emisiones.

Descripción	N° Establecimientos	N° Fuentes Estacionarias
Establecimientos potencialmente afectos	129	1.121
Establecimientos afectos a Pago	87	803

Cabe destacar que este nuevo impuesto aumentó -de forma significativa- el número de fuentes emisoras con la obligación de reportar los parámetros necesarios para la cuantificación de las emisiones y así determinar, por parte de la SMA, si está afecto o no al gravamen. En este sentido, se pasó de 87 establecimientos, equivalentes a 313 fuentes (calderas y turbinas) en 2022, a 129 establecimientos equivalentes a 1.121 fuentes (incluyendo procesos con combustión), durante 2023.

Este hito se enmarca en las obligaciones establecidas en la Ley 20.780, modificada por la Ley N° 21.210 y su respectivo reglamento establecido en el D.S. N° 63/2022 del Ministerio del Medio Ambiente. Además, en las reglas instruidas por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de su Resolución Exenta N° 585/2023, donde se establecen las directrices técnicas para el monitoreo, reporte y verificación de los parámetros necesarios para la cuantificación de las emisiones.

Para esto, y con el objetivo de facilitar el proceso, la SMA implementó el Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT), el cual contiene un catastro de las fuentes y sus características técnicas, módulos para el reporte de la información y la visualización de las emisiones cuantificadas, para cada encargado de establecimiento.

Cabe mencionar que la información será reportada al Servicio de Impuestos Internos (SII) dentro de los plazos legales establecidos, conforme a los resultados obtenidos por la Superintendencia del reporte de monitoreo de emisiones desarrollado para el año 2023, por los titulares potencialmente afectos al pago de impuestos.

Conozca el listado en el siguiente enlace.

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El sistema que operará a través de certificados provenientes de proyectos de reducción o absorción de emisiones, fue uno de los grandes hitos en materia medio ambiental que ha impulsado el Ministerio. Un Sistema que la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, aseguró “abre la posibilidad para que los contribuyentes compensen emisiones de fuentes fijas gravadas con el impuesto verde mediante la presentación de certificados de reducción de emisiones del mismo contaminante. Esto permitirá movilizar recursos desde quienes contaminan hacia la carbono neutralidad y la mejora en la calidad del aire”.

En este sentido, es que el SCE avanza en su implementación, a través de la habilitación de su plataforma y también -debido a la publicación en el Diario Oficial- de la resolución exenta que reconoce Programas de Certificación Externos.

Resolución Exenta que reconoce Programas de Certificación Externos

La Resolución Exenta N° 1420/2023 del MMA, reconoce Programas de Certificación Externos, incluyendo a sus entidades verificadoras y valida de oficio sus metodologías. De este modo, se aceptan de forma parcial los programas Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas, Verified Carbon Standard de Verra y Gold Standard for the Global Goals de Gold Standard Foundation. Los proyectos que podrán ser homologados son aquellos que cuenten con certificados emitidos a la fecha de publicación del Reglamento (DS N° 4/2023 del MMA).

Para los proyectos que no cuenten con certificados emitidos, se especifica que en aquellos de generación eléctrica conectados al Sistema Eléctrico Nacional sólo podrán considerarse sus reducciones como adicionales si su tecnología representa una fracción igual o menor al 5% de la capacidad instalada bruta en el Sistema Eléctrico Nacional. Esta última disposición se traduce en que no podrán certificarse reducciones aún no ejecutadas provenientes de generación eléctrica de centrales a carbón, gas natural o petróleo diésel; hidráulicas de embalse y de pasada; eólicas y solares fotovoltaicas.

En el caso de las metodologías y entidades verificadoras, se validan y reconocen, respectivamente, todas las que sean parte de los Programas de Certificación Externos antes mencionados.

Plataforma que simplifica el proceso de compensación de emisiones

El segundo gran hito es la habilitación de la plataforma para la presentación de proyectos y solicitudes de certificación. Esta solución permitirá gestionar los proyectos participantes en el Sistema de Compensación de Emisiones, simplificando el acceso a través de la Ventanilla Única del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC).

Todos los titulares de proyectos de compensación pueden ingresar a esta plataforma a través de la Ventanilla Única. Allí podrán encontrar el módulo del Sistema de Compensaciones, diseñado de forma intuitiva para facilitar la carga de información relevante sobre los proyectos y promover una gestión eficiente y transparente.

Ante dudas o consultas sobre la plataforma y su funcionamiento, quienes estén interesados pueden escribir al correo compensaciones@mma.gob.cl.

Con estos dos avances, los titulares de proyectos de reducción de emisiones que cumplan las condiciones establecidas en el Reglamento ya pueden ingresar sus solicitudes de homologación de proyectos para ser parte del primer sistema de compensación de emisiones del país.

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El evento se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la U. de Chile, donde además participó el ministro de Energía, Diego Pardow, y el ministro (s) de Transporte, Jorge Daza. Allí, se dio a conocer cómo funcionará este nuevo sistema, que promueve la reducción de emisiones contaminantes de impacto global y local.  

De acuerdo a lo informado por el Ministerio del Medio Ambiente, en 2017 Chile se transformó en el primer país Sudamericano en gravar las emisiones de CO2 mediante el denominado “impuesto verde”. Ahora, producto de una modificación legal (establecida por la Ley 21.210) que entró en vigencia este año, se estableció un sistema de compensación de emisiones de fuentes fijas, que no sólo tiene el potencial de mejorar la calidad del aire y proteger la salud de los ciudadanos, sino que también impulsará la transformación de la industria hacia prácticas más amigables con el medioambiente mediante la implementación de proyectos sostenibles a lo largo del país. 

Al respecto, la ministra Rojas comentó que “el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde abre la posibilidad para que los contribuyentes compensen emisiones de fuentes fijas gravadas con el impuesto verde mediante la presentación de certificados de reducción de emisiones del mismo contaminante. Esto permitirá movilizar recursos desde quienes contaminan hacia la carbono neutralidad, mejorando así la calidad del aire”.  

Asimismo, la secretaria de Estado explicó que “se promoverán rellenos sanitarios con captura de metano, electrificación del transporte público y privado, proyectos de recambio de calefactores o aislamiento térmico”. 

En tanto, el ministro de Energía, Diego Pardow, aseguró que “una de las formas de acelerar la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático es impulsando la inversión en las nuevas tecnologías. Para esto, es necesario que el sector privado cuente con mecanismos de financiamiento distintos a los que tenemos tradicionalmente y este nuevo Sistema es uno de ellos. Gracias a esto, contribuiremos a acelerar el proceso de descarbonización del país y mejoraremos la salud de las personas y del medioambiente”. 

En tanto, el ministro (s) de Transportes, Jorge Daza, comentó que “el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde es una buena noticia para el país porque permitirá a las empresas y a los distintos emisores de contaminación, tener un sistema alternativo que genere financiamiento para distintas iniciativas. Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones esperamos que los proyectos de electromovilidad puedan ser también una fuente importante de descontaminación, y así logremos participar de este nuevo sistema de compensaciones”. 

A considerar

Desde el Ministerio del Medioambiente explicaron el mecanismo de este nuevo instrumento.

¿Cómo operará el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde?   

El Sistema de Compensación de Emisiones se basa en dos elementos principales. Por un lado, en la generación de certificados provenientes de proyectos de reducción o absorción de emisiones, y por otro, en el uso de dichos certificados para compensar las emisiones generadas por una fuente emisora gravada por el Impuesto Verde.    

Para generar certificados, los proyectos de reducción de emisiones deben ser aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente y las reducciones, verificadas por un tercero externo. En una primera etapa se aceptarán certificados emitidos por estándares internacionales.   

Estos certificados son luego vendidos a las fuentes emisores, quienes proceden a solicitar la compensación de emisiones ante la Superintendencia del Medio Ambiente.       

¿Qué empresas o industrias son las que más se verán involucradas? 

Las más involucradas serán aquellas empresas que estén más alineadas con los objetivos de descarbonización y con apoyar el crecimiento verde y sustentable en Chile, especialmente en sectores que están en sus primeras etapas de avance hacia la carbono neutralidad. La magnitud de las emisiones gravadas (cerca del 30% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero del país) implica que se harán esfuerzos por avanzar en mitigación en sectores como transporte, residuos, refrigeración o en industrias de menor tamaño que no estén afectas al impuesto.

Respecto a la contaminación atmosférica, las disposiciones legales establecen que los proyectos de reducción deban llevarse a cabo en los mismos territorios afectados por las emisiones gravadas. Esto genera nuevas oportunidades para las industrias y emprendedores de estos territorios.   

¿Cómo se verán beneficiadas las empresas con el Sistema de Compensación de Emisiones del Impuesto Verde?   

El Sistema de Compensación de Emisiones opera a través del Impuesto Verde y es en esencia un mecanismo de financiamiento de proyectos que, de no existir el Sistema, simplemente no habrían ocurrido; el requisito de adicionalidad es crucial para asegurar la integridad del sistema.   

Los grandes emisores afectos al Impuesto se ven beneficiados porque se aseguran de que contribuyen a la carbono-neutralidad y que internalizan de manera efectiva su externalidad negativa.   

A los titulares de proyectos de reducción de emisiones, en cambio, les abre oportunidades no sólo en cuanto a la disponibilidad de financiamiento, sino que también por la vía del desarrollo institucional del sistema, con metodologías y herramientas técnicas que facilitarán el desarrollo de proyectos escalables o replicables.    

Se espera que el SCE contribuya a reforzar y potenciar el ecosistema para la acción climática y ambiental a nivel nacional y local.    

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La actividad, organizada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), se dio en el marco del proceso de asistencia al cumplimiento a establecimientos afectos a las obligaciones de la Resolución Exenta N° 585 SMA 2023, que “establece instrucciones generales para el Monitoreo, Reporte y Verificación de las emisiones afectas al Impuesto establecido en el artículo 8° de la Ley N° 20.780, modificado por la Ley N° 21.210, y deroga la Resolución Exenta N° 55, de fecha 12 de enero de 2018.

Desde la SMA detallaron que en la actividad se explicaron los principales cambios que contempla la reforma al impuesto verde a contar del año 2023, así como también, de las diferentes obligaciones que tienen los establecimientos afectos.

A la vez, se presentaron los nuevos módulos de reportes que estarán vigentes en el Sistema de Seguimiento Atmosférico (Sisat) de la SMA, a contar del mes de mayo del presente año.

Presentaciones realizadas:

–Presentación N° 1, Actualización MRV Impuesto Verde. Relator: Juan Pablo Rodríguez, jefe de la Sección Calidad de Aire y Emisiones, División de Fiscalización.

–Presentación N° 2, Implementación Impuesto Verde año 2023. Relator: Víctor Hugo Delgado, profesional de la Sección Calidad de Aire y Emisiones, División de Fiscalización.

–Presentación N° 3, Sistema de Seguimiento Atmosférico SISAT, Módulos de Reporte. Relator: Renzo Stanley, Departamento de Seguimiento e Información Ambiental.

Revise a continuación el video del taller:

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La llegada del gas natural desde Argentina o el posterior corte definitivo del suministro de ese hidrocarburo provocaron importantes bajas y alzas en los precios de la energía, variaciones que a su vez derivaron en renegociaciones de contratos que, en no pocos casos, terminaron complejas batallas legales que incluso en algunos años tardaron años en resolverse.

Esta historia de desencuentros está escribiendo ahora un nuevo capítulo, a partir de la intención de las eléctricas de traspasar a tarifas el cargo del impuesto verde, pese a que hasta ahora las estimaciones apuntan a que el aporte de este sector productivo asociado a este tributo, que marcó la última etapa de la reforma será más bien bajo.

Claro que, en el contexto de ahorro en el que están insertas, las mineras aparecen decididas a resistir cualquier reajuste, especialmente en este insumo, ya que la energía ha sido uno de los ítems que más ha contribuido en su reducción de costos. En un estudio reciente Cochilco fijó este ahorro en casi 3 centavos de dólar por libra de cobre, de un total de 25 centavos de dólar que el costo directo de la industria bajó al tercer trimestre de 2016, comparado con igual lapso del año anterior.

Recientemente y a través de cartas las generadoras oficializaron a sus clientes libres la intención de traspasarles este costo y, precisamente, estos documentos han servido de base a las mineras, entre las que figuraría SQM, para iniciar procesos denominado de arbitraje preventivo, en este caso en contra de AES Gener, con cuyas filiales Norgener y Cochrane mantiene compromisos de compra de energía, según se informa en la memoria de la eléctrica.

Margen de acción

Abogados especialistas en este tipo de contratos explican que a diferencia de lo que sucedió hace una década, cuando a raíz del corte de gas argentino, las mineras tuvieron poco margen de acción y se vieron casi obligadas a absorber prácticamente todos los sobrecostos de la operación de las generadoras, hoy los contratos son más sofisticados y además de establecer mecanismos de mediación ante diferencias o sistemas preventivos de resolución de controversias, también dejan espacio para que el cliente pueda objetar cualquier traspaso.

Conocedores del sector explican que en el caso de los contratos de suministro, conocidos como PPA por su sigla en inglés, sirven como respaldo para obtener un project finance para la construcción de una central, por lo general se establece que como una forma de asegurar los flujos que sustentan el pago, el cliente acepta asumir costos que pudieran surgir a lo largo del convenio, como algunas situaciones de fuerza mayor o derivadas de normativas o tributarias, como sucede ahora con el impuesto verde.

Las fuentes añaden que en paralelo los contratos establecen la obligación para suministrador de la energía de agotar todas las instancias para evitar o reducir este cargo adicional.

Precisamente, a este factor estarían echando mano las mineras para evitar el alza en su factura eléctrica, para lo cual los equipos legales estarían revisando la tramitación del proyecto que derivó en el impuesto verde, a fin de determinar si las eléctricas realmente cumplieron con su parte de las cláusulas, es decir, si agotaron todas las instancias y acciones para evitar este tributo.

Esta materia, que se presta para diversas interpretaciones, se estaría resolviendo en estos procesos legales intermedios que buscan evitar llegar al terreno del arbitraje.

RECAUDACIÓN DEL TRIBUTO SERÍA INFERIOR A ESTIMACIÓN DEL GOBIERNO

La operación esporádica de los equipos, así como las mejoras introducidas para cumplir normas de emisión, van a jugarle una mala pasada a la autoridad y a sus expectativas de recaudación por concepto del impuesto verde.

De acuerdo con estimaciones del sector, la conjunción de estos factores podría implicar que el pago efectivo por este concepto esté más cerca de los US$ 50 millones por año, que de los US$ 140 millones que esperan en el gobierno, y muy por debajo de los US$ 200 millones que fue la estimación inicial con la que este impuesto se incluyó en la reforma tributaria.

Conocedores explican que esta menor recaudación respondería por un lado a las menores emisiones que tendrá el parque termoeléctrico considerando las inversiones realizadas para cumplir con la norma específica de emisiones para este sector, la que hasta el año pasado consideró el material particulado, pero que a partir de 2017 incluye otras emisiones contaminantes.

Además, las centrales que usan gas tienen pocas emisiones, por lo que el impuesto que pagarán será bajo, mientras que las unidades que usan diésel y que pagarían más, funcionan en forma esporádica como respaldo. En el caso de las centrales a carbón, el despliegue de equipos de abatimiento también les resta volumen a las emisiones afectas a este impuesto.

De esta forma, añaden en el sector privado que las eléctricas aportarán poco de lo que se junte, lo que dejaría a las calderas industriales, que en cada unidad productiva superen los 50 MW de capacidad, como las principales fuentes de recaudación de este tributo, contrario también a lo que el gobierno planteó como pilar de este cobro en el marco de la reforma.

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