Oscar Arnés, presidente del Sindicato San Lorenzo, que agrupa a 400 trabajadores del área mina, y Robinson Paniagua, presidente del Sindicato El Abra que representa a 700 a funcionarios del área planta, emprendieron la protesta junto a un reducido grupo de personas más con el propósito de forzar a la gerencia de la empresa minera a establecer una mesa de negociación en que puedan considerarse alternativas al plan de despidos.

La minera, propiedad en un 51 por ciento de la estadounidense Freeport McMoRan y en 49 por ciento de Codelco Chile, ha justificado la reducción de personal basada en la caída de los precios del cobre.

Según los ejecutivos de la transnacional, la situación del mercado del metal rojo ha hecho imperativo reducir la producción, las inversiones, y los costos asociados a administración, exploración y producción a nivel local y global.

El presidente del Sindicato San Lorenzo, Óscar Arnés manifestó que los trabajadores del mineral están conscientes del difícil momento de la gran minería del cobre y que en función de esta realidad prepararon una propuesta para evitar los despidos: “como trabajadores y como padres de familia hemos sido responsables y pese a que la empresa se ha negado a tratar con nosotros, preparamos una propuesta que considera congelar el reajuste de IPC anual; suspender el pago de nuestros bonos trimestrales por el tiempo que la empresa considera necesario y aplazar el proceso de negociación colectiva por un año y ocho meses a partir de abril de 2016”, explicó.

Los directorios de los dos sindicatos concurrieron a la capital el lunes 31 de agosto y presentaron esta propuesta en las oficinas de partes de los Ministerio de Minería y del Trabajo.

Según el dirigente sindical no hay contacto alguno con la empresa y el proceso de despidos masivos tiene sumida a los operarios y sus familias en una situación psicológica, humana y material muy compleja: “el proceso de desvinculación masivo es completamente unilateral, nunca hubo diálogo con los trabajadores. No se trata de un plan de egreso, nos lanzan a la calle simplemente, en forma completamente arbitraria. Imagínese que muchos de los desvinculados mantienen deudas con la empresa por concepto de préstamos de vivienda”, concluyó.

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El Sindicato también solicitó a la minera que terminara “la política del terror” hacia los trabajadores que no han participado de este plan de retiro, dando suficiente garantías de estabilidad laboral.

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