El proyecto -patrocinado por los senadores Isabel Allende, Ximena Órdenes y David Sandoval, y los ex senadores Carolina Goic y Guido Girardi– tiene por objeto permitir a los organismos del Estado incorporar en las licitaciones públicas criterios ambientales al momento de decidir la adjudicación de contratos de suministro de bienes muebles y de servicios.

La senadora Isabel Allende explicó que “se consideran criterios ambientales, entre otros, la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales; la optimización del nivel de eficiencia energética y uso de agua; la reducción del volumen de desechos; la reutilización de materiales; el uso de materiales reciclados y la reducción la producción de sustancias tóxicas”.

Por su parte, el senador David Sandoval señaló que “anualmente el Estado gasta 8 mil millones de dólares, es decir, cerca del 3,5 del PIB, ese es el nivel del impacto. (…) Incide en el ámbito económico, social y ambiental, por ello se busca que el Estado sea un elemento con acciones concretas como esta”.

Discusión del proyecto

Desde el Senado indicaron que los parlamentarios valoraron el avance de la moción, y enfatizaron que esto puede “hacer la diferencia”, además de incorporar mejores prácticas, e instaron a que el Ejecutivo patrocine la norma para que “no quede solo como una expresión de voluntades”.

Asimismo, según informó la Cámara Alta, durante la discusión, los senadores recalcaron la incorporación de criterios ambientales en la evaluación de las compras que realice el Estado, disminuyendo el impacto en nuestro entorno generado por el ciclo de vida de los productos y servicios adquiridos.

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De este modo, la iniciativa que cumple su segundo trámite constitucional y que fue previamente respaldada en general por la Sala, queda en condiciones de ser analizada por la Comisión de Hacienda, en las materias de su competencia.

“Esperamos que la Comisión de Hacienda pueda hacer un rápido despacho de esta iniciativa y que antes del 11 de marzo de este año podamos despachar a ley este proyecto”, señaló la senadora Yasna Provoste, presidenta de la instancia parlamentaria.

“Esta compensación es para poder aumentar las actividades de desarrollo científico-tecnológico, para destinar mayores recursos a las regiones en donde se realizan estas actividades extractivas, y para que se pueda tener un financiamiento estable a los planes de recuperación ambiental y social”, indicó la senadora por Atacama, agregando estar convencida que “la riqueza colectiva de los recursos naturales de nuestro país debe generarse para que alcance a todos chilenos y chilenas”.

Por su parte, el senador Guido Girardi, integrante de la Comisión de Minería, valoró la aprobación de la iniciativa y señaló que actualmente “los recursos que se destinan a las ciencias son miserables e irresponsables. Espero que el futuro presidente lo cambie. Chile tiene oportunidades únicas en el mundo”.

El senador por la región de Antofagasta, Alejandro Guillier- quien reemplazó a su par la senadora Isabel Allende- indicó que “es un día histórico. Por fin las regiones vamos a tener recursos para reparar a quienes sufren las consecuencias de la contaminación, pero también para generar tecnologías limpias que van a convertir una minería verde, ahorro de agua potable, pero que, además, también va a dignificar a los territorios”.

En tanto, el senador Rafael Prohens, de la Región de Atacama, hizo el punto respecto a la admisibilidad de esta iniciativa «en todo este proceso hemos escuchado a las empresas que -mayoritariamente- dijeron que había una espacio para aumentar el royalty y lamentamos que el Ejecutivo no se haya hecho parte y no haya solucionado este tema, pues consideramos que ésta es una facultad del presidente de la República«.

Lo que dice el proyecto

Para las empresas que produzcan niveles superiores, la compensación se aplicará dependiendo del precio promedio anual de cobre registrado según las cotizaciones de la Bolsa de Metales de Londres.

Esta fórmula de recaudación así como el texto del proyecto fue ampliamente estudiada por los integrantes de la Comisión, los equipos técnicos y especialistas como el economista Hernán Frigolett y el ex director del SII y consultor tributario, Michel Jorratt, además del economista e ingeniero, Eduardo Bitran y el economista, Álvaro García, entre otros, como Gabriel Palma quienes participaron a lo largo de la tramitación de la iniciativa.

Cabe señalar que la fórmula contempla el cobro Ad Valorem, es decir, que tributa sobre las ventas brutas, y un segundo componente de rentabilidad, que apunta a aumentar lo que actualmente recauda el impuesto específico.

El texto legal también busca regular la forma en que se determina el monto de la compensación en los casos en los que el precio promedio anual de cobre, de acuerdo a lo registrado por la Bolsa de Metales de Londres, supere los US$2 por libra.

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De esta forma, la norma en segundo trámite queda en condiciones de ser vista por la Sala en una próxima sesión ordinaria. Sin embargo, diversos legisladores adelantaron que se presentarán una serie de indicaciones con el fin de mejorar la redacción alcanzada en la Cámara Baja.

Cabe recordar que, a principios de junio, la Comisión de Minería conoció la propuesta acordando realizar un espacio amplio de escucha ciudadana.

Es así como la instancia conoció la opinión de 73 invitados e invitadas, quienes participaron de las audiencias habituales de los días miércoles y de dos seminarios que contaron con el apoyo de la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Argumentos de los senadores

La presidenta de la instancia, la senadora Yasna Provoste aseguró que “es fundamental preguntarse qué minería necesita nuestro país y cómo ésta puede contribuir al desarrollo de todos. Un nuevo royalty es una decisión técnica pero también política e identitaria. Debemos preguntarnos cuál es el valor de la propiedad coletiva y cómo hacemos que ella mejore la calidad de vida de la ciudadanía”.

En tanto, el senador Guido Girardi explicó que “Chile tiene la oportunidad de volver a legitimar su minería generando una tributación justa. La gente se sentía orgullosa de su minería en tiempos de la nacionalización del cobre pero luego quedó en evidencia que las utilidades quedaban en pocas manos y hoy este sector no se valora y surge como un poder abusivo”.

La senadora Isabel Allende valoró las múltiples visiones entregadas por los invitados. “Me quedo con una reflexión entregada hoy sobre lo poco que aporta tributariamente la minería privada. Hoy es necesario pensar la contribución real que debe entregar este sector a todos porque la tierra y los recursos naturales son propiedad de todos”.

Votos en contra:

El senador Alejandro García Huidobro partió asegurando que “este proyecto es inconstitucional porque todas las materias tributarias son exclusivas del Presidente de la República. Me gustaría que el Gobierno propusiera algo a este respecto porque es indudable que debe hacerse un esfuerzo adicional, así lo hicieron ver todos los invitados”.

A juicio del senador Rafael Prohens, “cuando se creó el Impuesto Específico a Actividad Minera (IEAM) se hizo pensando en un royalty y de hecho el Gobierno de turno dijo que lo era. Estoy de acuerdo en que la minería puede aportar más al país pero me parece que debe hacerse dentro de un marco de legalidad. Estoy disponible para trabajar un texto de consenso donde espero que el Ejecutivo se haga parte”.

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 Esto luego que sus integrantes diseñaran un cronograma de trabajo en su última sesión, que se basa en conocer la opinión de la mayor cantidad de actores relacionados al mundo de la exploración y explotación de diversos minerales en nuestro país. La idea es realizar jornadas de audiencias que terminen con la mencionada votación.

De acuerdo a la información entregada por la presidenta de la citada instancia, la senadora Yasna Provoste, “la primera actividad se realizará el viernes 25 de junio. Ese día por la tarde vamos a participar de un seminario que estará organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) y el Centro de Extensión del Senado (CES). El tema central será el sistema tributario de la minería y el impacto en los territorios”.

“Luego los viernes 2 y 9 de julio vamos a participar de un seminario que va a encabezar la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. El senador Guido Girardi que preside esa instancia y que forma parte de esta Comisión, nos ha propuesto dar una mirada ecosistémica al royalty. Esas jornadas serían para analizar con actores sociales la pertinencia de contar con una minería verde, temática que ha sido trabajada en sub comisiones desde hace un buen tiempo”, mencionó.

El acuerdo alcanzado preliminarmente es que el miércoles 14 de julio se someta a votación la idea de legislar tras lo cual el texto debería ser examinado por la Sala. Desde ya los congresistas han anunciado la elaboración de indicaciones que serán enriquecidas con el proceso de audiencias.

Invitados

También se decidió mantener las sesiones regulares de los miércoles que se realizan entre las 12 y las 13;30 horas, con el fin de escuchar a aquellos invitados que no estén considerados en los seminarios.

A nivel de empresas, han solicitado ser escuchados representantes de Lumina Cooper Chile, Antofagasta Minerals, Teck Resources Limited, Minerals Americas BHP, Mantos Cooper, Plusmining, Lundin Mining, y Freeport-McMoRan entre otras.

También han sido consideradas las gerencias de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la Empresa Nacional de Minería (Enami), el Consejo Minero,  el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco), la Asociación Voces Mineras, la Comisión Minera del Cobre (Cochilco) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

Finalmente, académicos e investigadores de diversas universidades en materias de ingeniería en minas, economía y derecho tributario se harían presente como a su vez, múltiples sindicatos y asociaciones de trabajadores vinculados al sector.

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Es en ese contexto que los legisladores escucharon al biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, quien manifestó sus diferencias con la propuesta tanto en la forma como en el fondo.

Es así como el Secretario de Estado partió diciendo que para el Ejecutivo el proyecto resulta «inconstitucional», sin embargo, manifestó que el gobierno está abierto a revisar la tributación minera, siempre que se haga dentro de parámetros razonables.

«Reducir el aporte de la minería al país a la tasa de impuesto que paga, es una discusión muy reduccionista, porque si nosotros, en un afán de aumentar la recaudación subimos mucho la tasa, a niveles artificialmente altos, como este proyecto, y como efecto de esa alza las inversiones se materializan no en Chile, sino en otros países, lo que vamos a hacer es una tasa muy alta, así la industria que no va a crecer», aseguró.

En esa línea, añadió que es necesario mirar los países con los que la minería chilena compite, como Perú, Australia, Canadá o México. «Todos esos países tienen cargas tributarias que están alrededor del 40%. En ese rango está Chile también. ¿Puede haber espacio para subirla en el margen? Se puede. Pero no al nivel del proyecto aprobado por la Cámara, a nivel del 70%, porque eso queda fuera de todo rango», indicó.

Visión de los senadores

Tras las palabras del ministro Jobet, la presidenta de la instancia, Yasna Provoste comentó que «el tema es cómo la minería contribuye al desarrollo de los territorios en que está. Es una discusión mucho más grande y que tiene que ver con los acuerdos que el país ha suscrito. Esto le pone un desafío al país y a una industria que es significativa para el país y eso que ser a través de una estrecha comunicación y colaboración con las comunidades”.

En tanto, la senadora Isabel Allende sostuvo que si bien está por avanzar en un proyecto de royalty, no está de acuerdo con que un eventual tributo sea igual para todo tipo de mineral, ya que los mercados del hierro y el litio son muy diferentes al del cobre. “Hay que mirar esto de manera amplia porque no queda muy claro si esto se trata de un royalty o impuesto específico. La media de la tributación en realidad está en un 6%, hay que tener cuidado con los números”, advirtió.

Por su parte, el senador Guido Girardi apuntó a que se debe impulsar más minería en el país, pero de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. “El royalty debe gravar la mala actividad industrial que se queda en el mero transporte de piedras. También hay otro tema con el monopolio de patentes. Hay que tener una mirada integral como prioridad nacional transformándose en la gran refinería del mundo”, planteó.

El senador Alejandro García Huidobro manifestó su preocupación tras conocer el proyecto. “En los últimos 20 años ha bajado la ley en picada, por eso hay que movilizar el doble de mineral para obtener la misma cantidad de cobre. Al cambiar las reglas del juego ¿se afectará nuestro deseo de tener nuevas fundiciones? Comparto plenamente que las utilidades se traspasen al desarrollo de los territorios”, hizo ver.

Finalmente, el senador Rafael Prohens comentó que “parte de este royalty debe quedar en las regiones donde se produce. El norte es el gran generador de recursos mineros y se reparte en todo el país. La disponibilidad de agua no podemos llevarla al norte para ser más productivos. Queremos ser parte de un desarrollo integral”.

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Uno de los impulsores de la iniciativa fue el senador Guido Girardi, quien apuntó a que en el país «hay un potencial gigantesco para una Minería Verde, pero tenemos una minería que aún mira más bien el siglo XX. La idea es trabajar de manera parecida a las otras vocaciones, que es reunir fundamentalmente al mundo intelectual, académico de manera transversal, también a los actores del mundo minero y poder ir generando lo que podría ser una suerte de libro blanco de la minería de Chile para este siglo XXI».

Otro de los ejes de esta estrategia tiene que ver con potenciar la posición geopolítica del país gracias a la energía solar del norte y eólica de Tierra del Fuego, que puede llevar a Chile a liderar la producción de hidrógeno verde según las estimaciones de la industria.

En esta línea, la idea es que este combustible reemplace la energía que se requiere en la minería, reduciendo fuertemente la emisión de carbono, y también se utilice para desalar agua de mar y desarrollar fundiciones con trazabilidad, que entreguen mayor competitividad a la industria local.

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El proyecto original de iniciativa parlamentaria -Boletín N°11.876-12 que se tramita desde julio de 2018- apunta en síntesis a proteger los glaciares el ambiente periglaciar y permafrost-suelo congelado-, para conservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos.

Los detalles actualizados de estos puntos fueron expuestos ayer en sesión telemática por Matías Ortiz, asesor del Senador Guido Girardi, uno de los promotores del proyecto. Tras esa presentación surgió la pugna que aceleró la  votación de la iniciativa para la próxima semana. Esto fue solicitado por Girardi tras expresar su molestia por los argumentos señalados por el ministro de Minería. Prokurica advirtió que de aprobarse como está el proyecto, generará la pérdida de 46 mil puestos de trabajo de cinco faenas mineras.

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Los senadores Guido Girardi y Yasna Provoste solicitaron fijar un calendario legislativo para la iniciativa, o de lo contrario, avanzar en la votación de la propuesta que aún debe pasar por la comisión de Medio Ambiente en su primer trámite legislativo.

El senador Girardi aseguró que el objetivo es lograr un acuerdo con el Ejecutivo, principalmente en la definición de lo que tiene que ver con la protección del área periglaciar.

«Propongo que esta semana se haga un trabajo entre los asesores, pero se requiere hacerse cargo de la crisis de sequía que tendremos, hay que tener protección sobre los glaciares, no podemos seguir postergando este proyecto, no hay razones y hay que enfrentar esta situación. Tenemos toda la disposición para lograr un acuerdo», señaló el senador.

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Durante su participación Octavio Araneda señaló que “me preocupa mucho que se diga que andamos matando gente, nuestro principal objetivo es hacer las cosas bien, cumplir con la legislación que nos impone el Estado y quienes legislan. Para nosotros es relevante que las reglas sean claras (…) y que los tiempos sean los adecuados para hacer las innovaciones pertinentes”.

Araneda afirmó que “el compromiso nuestro es 100% con nuestras comunidades vecinas, con el cuidado del medio ambiente y con cumplir la legislación que ustedes definen y dicten, pero nosotros no hacemos la leyes nos adecuamos a ellas”.

Por su parte, el presidente de la instacia, Guido Girardi expresó que “comprendo la molestia, pero cada vez que se excede una norma aumenta el riesgo de morir, son evidencias científicas sobre las cuales se establecieron las normas. Nosotros debemos hacernos cargo que hay que evitar eso porque tenemos una población que se ha incrementado su riesgo de enfermar y morir”.

Al término de la Comisión el senador valoró la participación del presidente de Codelco, y afirmó que “si queremos que esta empresa sobreviva para el Estado de Chile tiene que cumplir con metas de descontaminación que no ponga en riesgo la salud de la población”.

Y reiteró que “esta comisión les quiere pedir y exigir a estas empresas que se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental como cualquier otra empresa en Chile y no usen subterfugios para no cumplir como todas las demás”.

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El secretario de Estado añadió que actualmente existen dos mociones parlamentarias sobre el tema: una impulsada por la senadora Isabel Allende (PS) y otra por el senador Guido Girardi (PPD).

“Entonces, una vez que analicemos el informe de la OCDE, que puede ser un antecedente interesante, vamos a tomar la decisión de patrocinar una de las dos mociones, hacer un fundido entre ambas, o bien, enviar un mensaje por parte del Ejecutivo”, afirmó Badenier.

El documento de la entidad se dará a conocer a fines de julio, por lo que cualquier decisión que se tome será desde agosto en adelante.

En este contexto, Badenier enfatizó que en la Comisión de Medio Ambiente del Senado “hemos plantado la necesidad de tipificar y homologar la figura de delito penal ambiental, que hoy día existe en la normativa ambiental, pero está dispersa. Existe en la Ley de Monumentos Nacionales, en la de Pesca y Caza, en la de Bosque Nativo, etcétera”.

Lo que se busca es homologar esa tipología en una ley especial, unificada en un cuerpo único, precisó.

En paralelo, el ministro se refirió a las falencias que tiene la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) para fiscalizar, tal como reconoció su titular, Cristián Franz, ante la Comisión del ramo en la Cámara de Diputados.

“La SMA es una entidad bastante nueva y ha tenido un buen desarrollo desde el punto de vista de su crecimiento institucional y que se va poniendo a tono, en términos de que ya hemos abierto seis oficinas regionales y esperamos que al concluir el 2018, tengamos constituidas las 15 oficinas regionales”, afirmó.

Agregó que avanzarán en lo anterior según lo planificado y de acuerdo a sus capacidades presupuestarias, descartando alguna aceleración a partir de las presiones de algunos parlamentarios.

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