La minera ligada al grupo Luksic que cotiza en Londres dijo que ahora pagará un dividendo final de 17,8 centavos por acción, equivalente a US$ 175,5 millones, pero agregó que las más recientes restricciones de cuarentena en el país sudamericano no impactarían sus actuales operaciones.

En abril, la minera de cobre dijo que suspendería el proyecto de expansión de la mina Los Pelambres por unos cuatro meses y estaba operando con unos dos tercios de su fuerza laboral en sus minas en Chile.

El mes pasado, Antofagasta redujo su gasto de capital para el año y dijo que la producción de cobre alcanzaría el rango inferior de su panorama previo debido a la pandemia.

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A fines de esta semana, la minera ingresará el llamado Plan Minero de Operaciones (MPO, por sus siglas en inglés), con lo que dará inicio a la tramitación ambiental del proyecto Twin Metals, ubicado en el estado de Minnesota, EEUU. A la fecha, la minera ha invertido unos US$450 millones en la iniciativa- de un proyecto que inicialmente contemplaba una inversión de US$1.000 millones y cuya puesta en marcha se espera para la próxima década.

“Estamos en buen camino para presentar el Plan Minero de Operaciones antes de fin de año y con eso iniciar formalmente el trámite de aprobación del proyecto”, señala un escueto Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc, al ser consultado al respecto.

El avance tiene muy entusiasmados a los ejecutivos de la compañía. De hecho, la jefa de Regulación de Twin Metals, Julie Padilla, indicó a un medio local que este paso es “la culminación de años de trabajo”, pues la firma viene pujando la iniciativa desde el año 2014. La abogada, con 20 años de experiencia en asuntos gubernamentales y regulatorios, será la encargada de supervisar la presentación del MPO a las autoridades estatales y federales norteamericanas, proceso que tomará al menos unos cinco años de tramitación.

Es que la normativa norteamericana es muy distinta a la chilena. De hecho, la ley establece un proceso de revisión ambiental que garantice que los recursos naturales del Estado serán protegidos.

El trámite es especialmente relevante para aquellos proyectos que tiene un impacto importante sobre el medioambiente, como es el caso de la construcción de un nuevo yacimiento minero, y que ahora será puesto a prueba. En la compañía minera, de hecho, esperan que haya un involucramiento mayor por parte del Estado, ya que la norma permite que la autoridad realice cambios incluso en el diseño de la iniciativa.

A nivel local, el MPO debería ingresar a la oficina del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota y también debería presentarse a nivel estatal, a la Oficina de Administración de Tierras del Departamento del Interior de Estados Unidos. De acuerdo con el cronograma diseñado por la firma, se estima que recién hacia 2024 se logren obtener los permisos ambientales y, luego de aquello, comenzar con la construcción de la que podría transformarse en una de las mayores minas subterráneas del mundo.

Twin Metals, proyecto de cobre y níquel, se ubicaría en las cercanías de lo que en esa ciudad denominan “la joya de la corona de Minnesota”, el refugio medioambiental Boundary Waters Canoe (BWCA) y el Parque Nacional Voyageurs, zonas calificadas como una de las últimas áreas silvestres de la nación.

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Lo anterior, dado los efectos que las extracciones podrían implicar, tanto para el medio ambiente como para los procesos productivos de las cuatro firmas: las mineras no metálicas SQM y Albemarle; y las iniciativas de cobre: Escondida, de BHP -que podría estar menos complicada por poseer una planta desaladora- y Minera Zaldívar, de Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic.

Precisamente, son estas dos últimas las que se han presentado ante el SEA. Escondida solicitó la extensión de la operación de extracción de aguas subterráneas por 11 años, en vista de que su actual permiso caduca en 2019. Así, según su estudio de impacto ambiental (EIA), pidió una tasa de extracción de agua que equivale al 46% de que posee actualmente y que implica 640 litros por segundo (l/s).

Minera Zaldívar, por su lado, posee derechos de agua en el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo por 556,5 l/s, de los cuales extrae como máximo el 38%, es decir, hasta 212,75 l/s promedio anual. Ahora solicitó mantener la actual tasa efectiva de extracción desde mediados de 2025 hasta el 2029 y disminuirla a 30 l/s entre el 2029 y el 2031, lapso en el que desarrollará su plan de cierre si su petición logra la luz verde.

En este contexto, cabe recordar que se mantiene un proceso sancionatorio en contra de SQM en la Superintendencia de Medio Ambiente, luego de que el organismo detectara una mayor extracción que la permitida en el salar. En ese sentido, la minera ligada a Julio Ponce, presentó un plan de cumplimiento que ha sido criticado por Albemarle, las comunidades aledañas y particulares, en diversas presentaciones ante el ente ambiental.

El proceso ambiental

Así las cosas, los trámites ambientales en el SEA no han estado exentos de la opinión de las otras compañías, quiénes se han manifestado a través de la participación ciudadana, siendo la única excepción SQM.

En el caso del proyecto de Escondida, Albemarle criticó 14 puntos de la iniciativa, entre los cuales mencionó que existe un equivocado planteamiento del proyecto, una deficiente definición del área de influencia y deficiencias en la caracterización de la línea base. La minera de los Luksic, por su lado, presentó un escrito de 38 páginas en el que hizo observaciones respecto de la evaluación de los impactos, frente al plan de alerta temprana y sobre los compromisos ambientales voluntarios del proyecto de Escondida, la mayor productora de cobre a nivel mundial.

En ese sentido, también participaron distintas comunidades, como el Consejo de Pueblos Atacameños y la Comunidad Atacama de Coyo.

En cuanto a la iniciativa de Zaldívar, también presentaron sus opiniones Escondida, Albemarle y las comunidades.

“De la revisión del EIA surge una serie de dudas en relación al contenido que permite evaluar el impacto ambiental de un proyecto como este”, indicó Albemarle en su escrito presentado ante el SEA, en que además desarrolló otros ocho puntos en los que acusó que el plan de alerta temprana presentado por minera no es preventivo; que las herramientas de evaluación de impactos presentan incertidumbres y no poseen fundamentos técnicos; y sostuvo que la iniciativa puede afectar los compromisos de terceros que también extraen recursos del salar.

Por su lado, Escondida, en una presentación de 17 páginas, señaló que el proyecto de la minera de los Luksic, considera condiciones de línea base distintas a la que ella presentó en su iniciativa y también la acusó de omitir acompañar antecedentes, que resultan necesarios para la comprensión tanto de la línea base del proyecto, como de los impactos que éste genera en el medio ambiente.

La urgencia de Zaldívar

Al ser consultadas las cuatro compañías que operan en la zona, sólo estuvieron dispuestas a responder Zaldívar y Albemarle.

Así, el vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Antofagasta Minerals, René Aguilar, especificó que Zaldívar extrae agua del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado al sur de la cuenca del salar y que a la vez, es responsable del 7% de la recarga hídrica del salar.

“A diferencia de otras compañías mineras de la zona, Zaldívar es una operación más pequeña, donde no es viable económicamente construir una planta desaladora y un sistema de impulsión, como ya lo han hecho operaciones de Antofagasta Minerals en esta misma región”, comentó, añadiendo que sin agua la compañía no puede seguir operando después del 2025, por lo que tendría que iniciar prontamente su proceso de cierre.

“La realidad de Zaldívar es otra y, por eso, esta autorización es esencial para su existencia. En este caso no es un tema de reducir costos”, expresó, puntualizando que Zaldívar sólo utiliza el 12% de los derechos de agua otorgados en el acuífero.

“Con estos derechos de agua, gracias al trabajo de más de 2.400 personas, la compañía mantiene negocios con 240 empresas proveedoras locales (…), de una manera plenamente compatible con la conservación del medio ambiente”, aseguró, adelantando que en el primer semestre del próximo año, presentarán la primera adenda del proyecto, documento mediante el cual se responde al Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara).

Por su lado, Albemarle indicó que desarrolló el concepto de la Nueva Minería del Litio, que, entre otros puntos, vela por la sustentabilidad del salar de Atacama. Asimismo, puntualizó que tiene autorizado el uso de 442 l/s de salmuera y que cuenta con derechos de agua por 23,5 l/s, de los que no utiliza más de 6 l/s para el lavado de equipos menores y la producción de potasio.

“Como empresa, nuestras acciones siempre han ido en pos de asegurar un bombeo de salmuera respetuoso con el medio ambiente, con las comunidades y que cuide la sustentabilidad del salar por muchos años, ya que nuestra operación es de largo plazo. Para ello, implementamos el más alto estándar en la medición de los niveles hidrogeológicos del salar y particularmente, un sistema de monitoreo en línea de los caudales de extracción de salmuera y agua”, concretó.

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Los supervisores de la empresa decidieron formar una federación que reunirá a los representantes de las diferentes faenas que son operadas por AMSA: Los Pelambres, Centinela y Zaldívar. Solo restan representantes de Antucoya, donde aún no existe una organización del estamento supervisor.

La Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals (Fesam) se constituyó de manera formal el pasado 3 de mayo ante la Dirección del Trabajo, declarando sus representantes los desafíos que tendrán como organización. «Defender y representar a nuestros asociados, generar lazos de trabajo y sinergias con otras organizaciones, buscar relacionamientos colaborativos, crecer de manera orgánica y sustentable junto al grupo minero y consolidarnos en el tiempo», aseguraron.

Según explican desde la naciente organización, que será presidida por Celso Pardo, proveniente del sindicato de supervisores de minera Zaldívar, el foco estará en establecer un canal de comunicación corporativo para tratar temas transversales de la compañía, buscando «ser actores relevantes de los cambios estratégicos organizacionales del grupo minero».

A comienzos de mes, la Fesam se reunió con representantes de la empresa, donde entregaron cuatro puntos clave a tratar en conjunto. Entre ellos, el modelo operativo de la compañía, aludiendo a las jornadas de trabajo, contrataciones bajo el artículo 22 y tercerización de algunas labores; el cumplimiento de las metas de producción; temas de salud y seguridad; así como otras aristas de contingencia, entre ellas el bono de gestión, el aporte logístico, capacitaciones y prácticas antisindicales.

La entidad no tendría mayor injerencia en las negociaciones colectivas, ya que estas son directas entre cada faena y la empresa.

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Nueve firmas locales presentaron una demanda en contra del Departamento del Interior de ese país, tras la decisión de renovar las licencias mineras del proyecto, etapa fundamental para el desarrollo del yacimiento, y que se produjo a comienzos de mayo.

El proceso revirtió una medida adoptada por la administración de Barack Obama durante sus últimos días de gestión.

Según alegaron los demandantes ante una corte de Washington, el órgano estatal se habría excedido en sus facultades al restituir las licencias a Twin Metals. Agregan que el desarrollo minero de esta área podría contaminar el área silvestre que se encuentra contigua a la faena.

La semana pasada, el propio Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había visitado Minnesota, ocasión en la que reiteró su apoyo al desarrollo de proyectos mineros en ese estado, y especialmente en el sector donde se encuentra la iniciativa de Antofagasta Minerals.

En esa ocasión, Trump prometió abrir grandes franjas de territorio para el desarrollo de la minería en uno de los parques silvestres más importantes de ese país.

Por parte de la administración del proyecto, aseguraron que se encuentran revisando el requerimiento presentado en contra de la autoridad y señalaron que «Twin Metals cree firmemente que no existe una base para que un tribunal altere el restablecimiento de los arrendamientos, y tomará las medidas apropiadas para defender las acciones del gobierno».

El proyecto considera un inversión superior a los US$ 1.100 millones para procesar unas 20.000 toneladas de mineral por día, de manera subterránea. La planificación actual contempla presentar el diseño final en unos 18 meses, a fines de 2019, proceso que debe pasar por una aprobación estatal y otra federal.

Con todo, de no prosperar el proceso judicial, las estimaciones que maneja la compañía son que la faena pueda ver la luz recién en unos ocho años.

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El Departamento del Interior estadounidense restituyó, de manera oficial, dos licencias claves para la iniciativa que durante la administración de Barack Obama le fueron quitadas a la compañía, poniendo en peligro el desarrollo minero por US$ 1.100 millones. Esta decisión fue comunicada el miércoles, en línea con una opinión legal que emitió en diciembre pasado el mismo organismo, durante el gobierno de Donald Trump.

El presidente ejecutivo de Amsa, Iván Arriagada, comentó que la reinstalación de las licencias mineras canceladas abre el camino para seguir adelante con la iniciativa, declarada como relevante por la firma. «Lo que nos preocupaba es que la revocación de estas licencias impedía que siquiera presentáramos el proyecto a evaluación», sostuvo.

Añadió que «estas licencias comprometían una parte importante de los recursos del plan minero; por lo tanto, sin ellas, el proyecto era inviable o muy cerca de ser inviable».

Detalló que ahora «lo que haremos es iniciar el proceso de renovación medioambiental, por lo que el proyecto sigue adelante, y continuaremos haciendo los estudios con el propósito de seguir avanzando, pero evidentemente es una muy buena noticia que formalmente las licencias fueran restituidas».

Sostuvo que este es un paso relevante, pero todavía quedan varias etapas para que se concrete Twin Metals. «Este es un proyecto de largo aliento, que tiene muchos años por delante para desarrollarse. Creemos que serán siete u ocho años, pero significa un avance en nuestro objetivo de desarrollar yacimientos de clase mundial y con los mejores estándares», opinó.

Consultado sobre si esta definición se interpretaba como un apoyo del gobierno de Trump a la iniciativa, a diferencia de lo que ocurrió en la administración anterior, Arriagada respondió que acá se dio cumplimiento a la legislación. «Esto no es el respaldo de un gobierno en particular; aquí, lo que han funcionado son las instituciones en Estados Unidos, asociadas a aspectos territoriales y de permisos», indicó.

Añadió que «nos habían sido canceladas las licencias de forma, creemos, arbitraria y equivocada».

Sobre el proceso de tramitación ambiental y la existencia de grupos ecologistas que se oponen a él, el ejecutivo apuntó: «tenemos que seguir un largo proceso de preparar un estudio de impacto ambiental para ser presentado a aprobación. Aquí se contemplan, en sus distintas etapas, consultas con los distintos estamentos y grupos de interés. Quienes tengan observaciones pueden manifestarlas».

Agregó que estos procesos son largos, en especial cuando se trata de proyectos mineros nuevos, también denominados greenfield .

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El presidente ejecutivo de esta compañía, Iván Arriagada, reconoció que las barreras comerciales impuestas por ambas potencias las ven «con alguna preocupación» al interior de la minera.

«Estábamos en un ciclo virtuoso de crecimiento mundial sincronizado. China también ha tenido un crecimiento positivo, lo que ha significado una buena proyección para el cobre. Sin embargo, el proteccionismo y las guerras comerciales, en la medida en que escalen, pueden impactar la actividad económica global y de China, lo que afectará al cobre», sostuvo el ejecutivo, tras participar en la ceremonia de inauguración de una desaladora de BHP en Antofagasta.

Previo a esta guerra comercial, que preocupa al mundo, el consenso de los analistas era que el precio del cobre este año se movería en torno a los US$ 3 la libra, siendo algunos pronósticos, incluso, más optimistas. Arriagada reconoce que si bien siempre es difícil vaticinar la cotización del metal rojo, el nuevo contexto de la economía global podría disminuir las expectativas de precio.

«Obviamente que factores como una guerra comercial podrían poner en riesgo (las proyecciones)», apuntó.

En este sentido, enfatizó que en la compañía «lo vemos con alguna preocupación, por lo que esperamos que no ocurra una escalada proteccionista y que la moderación y el sentido común imperen. El comercio mundial libre es lo que más ha contribuido al desarrollo de la economía y de los países».

El ejecutivo destacó que las proyecciones para el cobre en el largo plazo son positivas, principalmente por el rol que juega el metal en la explosión de la electromovilidad. Sin embargo, indicó que en el corto plazo «persistirán la volatilidad y la incertidumbre y, por lo tanto, es muy relevante trabajar en lo que controlamos, que son los costos, la productividad y la sostenibilidad en nuestras operaciones».

Atentos al hierro

La preocupación por los efectos que la guerra comercial tendría en el país se trasladó al Gobierno. El ministro de Minería, Baldo Prokurica, reconoció que «estamos con ciertas preocupaciones por lo que le puede ocurrir a un país como el nuestro, que está abierto a competir en el mercado mundial y ojalá, como hemos visto algunas señales, estas guerras sean primero ruido y después bajen, para alcanzar ciertos acuerdos, porque alguna de esas esquirlas nos puede llegar». Añadió que su atención, más que en la industria del cobre se centra en la del hierro, y «por otros elementos en donde participamos en la minería mundial y donde si eventualmente estas guerras se concretaran, nos puede llegar un efecto negativo».

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A las dos federaciones existentes, una de Codelco (Fesuc) y otra de las mineras privadas (Fesumin), se está sumando una tercera, la Federación de Antofagasta Minerals, que está en vías de formación y agruparía a los sindicatos de supervisores de Centinela, Zaldívar y Los Pelambres, dice el dirigente de esta última, Waldo Pérez. Esta organización surgió porque en los procesos de negociación de cada faena muchas veces la alta gerencia explicaba que las demandas de los supervisores debían revisarse en el corporativo. «Y para negociar con el corporativo, estamos creando esta federación», señala Pérez.

En la mediana minería, hace pocos meses también se crearon dos nuevos sindicatos de jefes, ambos ligados a empresas del grupo canadiense Lundin Mining. Pamela Bordones, presidenta del sindicato de supervisores de Lundin Mining, que opera la mina Candelaria (Región de Atacama), explica que su organización, creada a fines de 2017, surgió debido a que «afrontamos dos años de condiciones de trabajo muy difíciles y necesitábamos contar con una voz que nos representara». Bordones, geóloga de profesión y una de las pocas mujeres que presiden un sindicato minero, agrega que «la reforma laboral les facilitó la tarea, porque hay un apoyo legal explícito a la sindicalización».

La dirigenta señala que el otro sindicato de supervisores que se creó fue el de Lundin Mining Services, que agrupa la operación subterránea del grupo.

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(Emol) El principal sindicato de Los Pelambres acordó extender por cinco días más la negociación colectiva que mantiene con la empresa, luego que hoy se acabara el plazo de los «buenos oficios», tras la votación a huelga de los trabajadores.

Según informó el tesorero de la organización sindical, Dino Saltori, «si bien este martes terminan los cinco días de los buenos oficios, por acuerdo mutuo se estableció un periodo de cinco días más para llevar a votación de las bases la última propuesta de la empresa», consigna Federación Minera.

El dirigente sindical destacó que «el proceso de negociación se ha realizado en un buen clima, y como dirigentes siempre hemos estado por agotar todas las instancias de diálogo posibles».

No obstante, recalcó que «las posiciones se mantienen alejadas, aunque en las últimas horas se han logrado ciertos acercamientos, no descartando cualquier escenario posible».

Ahora, el sindicato -que agrupa cerca de 450 trabajadores- deberá someter a votación de las bases la última propuesta que presente minera Los Pelambres -controlada por Antofagasta Minerals del Grupo Luksic-, cuya votación se realizaría durante este fin de semana.

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Esto, porque según informó el sindicato, aceptó la propuesta realizada por la empresa de iniciar un proceso de negociación colectiva anticipada.

El actual contrato colectivo está vigente hasta fines de febrero del próximo año, pero las partes acordaron adelantar las conversaciones.

«De lograrse un acuerdo en este proceso anticipado, se evitaría llegar a una negociación colectiva, según la nueva normativa establecida por la reforma laboral», indicó en un comunicado interno el sindicato.

La misma entidad añadió que, al contrario, «en caso de no alcanzarse acuerdo en este proceso anticipado, el sindicato debe presentar su proyecto de contrato colectivo en el mes de enero de 2018».

Este proceso se dará luego de la negociación que tuvo la compañía en Zaldívar, en la que los trabajadores votaron la huelga, pero no se hizo efectiva.

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