Esta nueva edición fue posible gracias al compromiso de 13 compañías mineras, que aportaron información correspondiente a 36 operaciones activas y sus casas corporativas. A ello se suma la participación de 11 empresas proveedoras de la Cadena de Valor Principal (extracción, procesamiento y mantenimiento), cuya información permite incorporar la mirada de los contratistas con mayor presencia en el sector.

La ministra de Minería, Aurora Williams, destacó que «desde 2011 este informe sectorial nos ha brindado datos que nos han permitido ver su evolución, proyectar cambios y ver con mayor claridad el impacto de las políticas públicas y corporativas en la fuerza laboral minera. Nuestra cartera mantiene un convenio de colaboración con CCM-Eleva, para el monitoreo de indicadores de la presencia de mujeres en la minería nacional. Gracias a este seguimiento, este 2025 celebramos el 23,1% de mujeres en la gran minería, que posiciona a Chile como líder mundial«.

El estudio se elaboró a partir de una muestra de 70.250 trabajadores, de los cuales 51.712 corresponden a la dotación directa de la Gran Minería, y 18.538 a empresas proveedoras.

Tendencias en la fuerza laboral

Entre sus principales hallazgos, destaca el crecimiento sostenido de la fuerza laboral, que prácticamente se duplicó en los últimos ocho años, pasando de 105.00 trabajadores en 2016 a 209.000 trabajadores en 2024.

El empleo minero se caracteriza por una mayor participación de trabajadores de empresas proveedoras, que
representan tres de cada cuatro personas, mientras que la dotación propia constituye un 25% del total. Más de la mitad de los puestos de trabajo corresponden a los procesos de Extracción y Mantenimiento, que cumplen un rol central en las funciones operativas esenciales para la continuidad de las faenas mineras.

En empresas mineras predomina el grupo ocupacional de Operadores/as (35%), mientras que en las proveedoras destaca el de Mantenedores/as (41%).

Respecto al empleo local, en 2024, siete de cada diez trabajadores de las compañías mineras viven y trabajan en la misma región. Esta cifra representa una disminución respecto a años anteriores, pero hay que tener en cuenta que la variabilidad del empleo local está sujeto a factores externos, como la evolución de los proyectos mineros, los requerimientos de especialización de la fuerza laboral, las brechas de competencias laborales y/o los ciclos de inversión del sector.

Tecnologización

La minería chilena avanza en procesos de digitalización, consolidando una industria más automatizada, segura y basada en datos. En la próxima década, la flota de camiones autónomos podría triplicarse, reflejando la aceleración de la automatización y la necesidad de nuevas competencias técnicas en la fuerza laboral.

Actualmente, cerca de mil personas trabajan en Centros Integrados de Operaciones (CIO) asociados a 15 faenas en cinco regiones, impulsando una minería remota y digital. En estos centros, tres de cada diez trabajadores son mujeres y más del 88% corresponde a operadores/as y profesionales, evidenciando su perfil técnico especializado.

«Este escenario refuerza el rol estratégico del Marco de Cualificaciones para la Minería, junto con la educación continua, la formación dual y las metodologías de aprendizaje experiencial. Estos elementos —impulsados de manera colaborativa por la Alianza CCM-Eleva— son indispensables para acompañar los cambios organizacionales y tecnológicos que está viviendo la industria”, destacó Natalia Morales, gerenta del Consejo de Competencias Mineras.

Este escenario de crecimiento y tecnologización de la fuerza laboral, viene de la mano de una mayor especialización de sus trabajadores. Si hace 10 años, la mitad de los trabajadores sólo contaban con educación media, hoy 3 de cada 4 trabajadores tienen estudios de educación superior técnico profesional o universitaria.

Envejecimiento

Otra tendencia destacada por el estudio es un paulatino envejecimiento de la fuerza laboral durante la última década, reflejado en un aumento de la edad promedio de los trabajadores, y una disminución de trabajadores menores a los 30 años.

La edad promedio de los trabajadores en las empresas mineras es de 43,5 años, estable respecto a 2022 (43,0 años), mientras que en las proveedoras alcanza los 40,8 años, con un aumento sostenido en los últimos años. En 2024, el grupo etario predominante en empresas mineras es el de 35 a 44 años, mientras que en proveedoras predomina una fuerza laboral relativamente más joven, especialmente entre los 30 y 39 años.

Participación femenina

La mayor concentración femenina se observa fuera de la Cadena de Valor Principal, donde alcanza un 35% en mineras y un 22% en empresas proveedoras. Asimismo, las mujeres concentran un alto nivel educativo, donde el 66% de las mujeres en mineras y el 58% en proveedoras son profesionales con título universitario.

La industria minera chilena ha superado antes de lo previsto la meta del 20% de participación femenina establecida en la Política Nacional Minera para 2030. En 2025, con un 23,1%, está muy próxima a alcanzar un nuevo objetivo del 24% fijado para el período 2025-2028 por las mismas empresas, evidenciando un avance concreto hacia la equidad de género en el sector.

Respecto a la diversidad e inclusión en la minería, la contratación directa de personas con discapacidad, que representan en promedio el 1,2% de la fuerza laboral, se encuentra principalmente en cargos operativos y
profesionales.

Proyección

Al año 2034, la industria minera proyecta la incorporación de 36.895 nuevos trabajadores, impulsada por un plan de inversiones superior a US$51 mil millones, que refleja la continuidad y expansión de la actividad minera en el país. La demanda se concentra en Antofagasta, Macrozona Centro y Atacama, que reúnen más del 86% del total, en línea con la ubicación de los principales proyectos mineros en desarrollo.

El retiro de trabajadores constituye el principal impulsor de la demanda por nuevos talentos, representando el 87,4% del total proyectado a 2034, lo que plantea la necesidad de planificar con anticipación la renovación generacional y la transferencia de conocimientos críticos.

“La colaboración entre empresas, instituciones educativas, sindicatos y organismos públicos será decisiva para enfrentar los desafíos de la próxima década. El trabajo conjunto y la articulación intersectorial son factores clave para impulsar estrategias integrales que fortalezcan el capital humano en todo el país”, afirmó Vladimir Glasinovic, director del Programa Eleva.

En síntesis, el análisis de tendencias, que considera más de 10 años de datos recopilados, permite afirmar que la fuerza laboral minera de Chile es cada vez más grande, más tecnologizada, más especializada, más madura y diversa.

• Revise el estudio completo AQUÍ.

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También fueron elegidos los vicepresidentes: Luis Manuel Rodríguez, gerente del Grupo Minero Carola Coemin, y Joel Carrizo, presidente de la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla. Ellos acompañarán a Riesco en su gestión durante los próximos 3 años.

La lista del abogado Jorge Riesco obtuvo 91 votos, frente a los 61 votos que logró Patricio Céspedes, presidente de la Asociación Gremial Minera de Antofagasta, quien hasta septiembre de 2024 ocupó la vicepresidencia del gremio.

Tras conocerse los resultados, Riesco afirmó que esta elección «la tomo con mucha humildad. Es un cargo de mucha confianza y un reconocimiento al equipo que tenemos y a nuestra mesa directiva conformada. Agradezco la confianza depositada por nuestros asociados para continuar representando los intereses de la minería chilena, un sector fundamental para el desarrollo económico y social del país. Actualmente tenemos la confianza de nuestra representación y la capacidad de convocar a diversos actores, lo cual quedó demostrada en la cena anual de la minería el dia de ayer”.

En la elección sufragaron 153 consejeros y consejeras, de un total de 184 convocados a votar, y un voto fue considerado nulo.

Jorge Riesco es abogado, licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, y tiene el grado de Magíster en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Gabriela Mistral. Ha sido consejero de SONAMI desde 1990, habiendo ejercido el cargo de secretario general de la Federación Gremial en cuatro períodos distintos, y el de presidente desde 2022. Su vinculación con el gremio tiene, además, una dimensión familiar; es hijo de Walter Riesco, quien también presidió la organización en el siglo pasado, con Patricio Céspedes como vicepresidente del directorio.

Durante su primer mandato al frente de Sonami -entre 2022 y 2025-, Riesco lideró importantes iniciativas para enfrentar los desafíos regulatorios del sector minero. También impulsó propuestas para agilizar la tramitación de permisos, y promovió el desarrollo de la mediana minería como motor clave para el crecimiento del país.

Directorio

Como directores de Sonami, fueron elegidos por el estamento que agrupa a las Empresas Mineras y Personas Naturales, Cristián Argandoña (vicepresidente saliente), Paola Cifuentes, Alberto Salas, Jorge Gómez y Katharina Jenny.

Por el estamento de Asociaciones Mineras, fueron elegidos también como directores Patricia Beiza, Héctor Páez, Jorge Geldres, Christian Molina e Iván Pavletic.

Como secretaria general fue elegida Juana María Vives con 86 votos versus los 66 que obtuvo Óscar Rojas.

Por primera vez en la historia del gremio, hay 3 representantes mujeres en el directorio. Al respecto, Riesco expresó que “esto refuerza nuestro compromiso de promover espacios diversos e inclusivos, impulsando los cambios positivos que requiere nuestra industria para seguir siendo un pilar del desarrollo de Chile”.

Vicepresidentes

Luis Manuel Rodríguez se desempeña actualmente como gerente del Grupo Minero Carola Coemin, con operaciones en la Región de Atacama. Durante su trayectoria ha ocupado diversos cargos en el sector minero y ha sido activo consejero de la mediana minería en Sonami, contribuyendo con propuestas para fortalecer este segmento estratégico para el desarrollo del país.

Joel Carrizo, empresario del sector, preside la Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, y ha sido un activo defensor de los intereses de la pequeña minería. Su experiencia y conocimiento en terreno de los desafíos que enfrenta este segmento, serán fundamentales para fortalecer la representación de los pequeños productores en el gremio durante los próximos tres años.

🗳️ Desde SONAMI felicitamos a Jorge Riesco, quien fue reelegido para asumir como presidente de nuestra organización en un nuevo periodo.

Estamos seguros de que su liderazgo y compromiso serán fundamentales para seguir fortaleciendo el desarrollo de la minería chilena 👏 pic.twitter.com/9SOkE62HN4

— Sonami (@Sonami_Chile) August 29, 2025

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“Las generalizaciones pueden hacer daño. Se debe dejar de hablar de minería regional e ir más al detalle«, enfatizó el gerente de estudios de Sonami, Reinaldo Salazar, durante la presentación. Esta nueva metodología responde a la urgente necesidad de superar las limitaciones que imponen las divisiones administrativas tradicionales al desarrollo eficiente del sector, manifestaron desde la institución.

El estudio, que consideró el uso de tecnologías como Sistemas de Información Geográfica (SIG) y algoritmos de clusterización, analizó variables críticas como producción, empleo, infraestructura, número de faenas de pequeña minería e inversión. Los resultados revelaron una realidad más compleja y diversa de lo que tradicionalmente se consideraba. Por ejemplo, solo en la Región de Antofagasta se identificaron cinco distritos diferentes, cada uno con características y necesidades únicas.

Entre los hallazgos más relevantes, destaca la identificación de cinco zonas casi exclusivas de mediana minería y una dedicada específicamente al litio. Además, se observó que las zonas de mayor altitud conforman distritos mineros principalmente con faenas de alta producción, propias de la gran minería, mientras que la mediana y pequeña tienden a concentrarse cerca de la costa y centros de distribución.

Desde Sonami aseguraron que la investigación abre nuevas oportunidades para optimizar el desarrollo del sector, desde la implementación de políticas públicas más efectivas hasta la mejora en la gestión de recursos hídricos y la reducción de emisiones de carbono. También plantea la posibilidad de agilizar procesos de permisos para proyectos dentro de estos distritos y fomenta una mayor integración horizontal en la cadena de valor.

“Esta nueva metodología promete poder transformar la manera en que se analiza y planifica el futuro de la minería en el país, facilitando un desarrollo más equilibrado y sostenible del sector”, concluyó Salazar.

El presidente de Sonami, Jorge Riesco, por su parte, celebró el estudio aludiendo a que “si utilizamos esta nueva forma de clasificación territorial podemos optimizar la infraestructura compartida y potenciar así aún más el desarrollo específico de cada uno de los 14 distritos, que juntos suman más de 5 millones de toneladas de cobre anuales y generan cerca de 170 mil empleos directos”.

“Un avance significativo”

La presentación concluyó con un panel de expertos moderado por Jorge Riesco, que contó con la participación del gerente general de GEM, Juan Ignacio Guzmán; el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts, y el director de proyectos en Capstone Copper, Sergio Gaete.

Durante la conversación, los expertos resaltaron la importancia de contar con un debate más técnico que permita abordar eficientemente el déficit de infraestructura y otros desafíos específicos de cada distrito productivo.

Entre los expositores, coincidieron en que este estudio representa un avance significativo en la comprensión y planificación del desarrollo minero en Chile, proporcionando herramientas concretas para una toma de decisiones más precisa y efectiva, tanto en el ámbito público como privado.

Revise el estudio en este link.

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Durante el Congreso de Atención Primaria, en Viña del Mar, los socios fundadores de la empresa, Aurel Bogdan, gerente general, y Giogio Melotti, gerente de Operaciones de la empresa, recibieron el galardón en la ceremonia organizada por la Comisión de Salud ACHM, la cual contó con una presentación de María Soledad Barría, ex ministra de Salud.

Proquimin, se encuentra celebrando 30 años de actividad, con un crecimiento que le ha permitido tener entre sus actuales clientes a compañías de la gran minería, como Codelco, Anglo American y Antofagasta Minerals, además de empresas en Argentina, Bolivia y Rumania, país donde tiene una sucursal para atender las relaciones comerciales de ventas a mineras y abastecimiento con empresas proveedoras europeas.

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De igual forma, cuantifica e identifica a los principales proveedores que participan en la provisión de estos bienes y servicios esenciales para las operaciones.

Cabe mencionar que esta versión del informe también evalúa la evolución de la concentración del gasto en el período 2015 – 2023, basado en la información de las encuestas aplicadas en años anteriores.

En el documento se destaca que en 2023 participaron 26 operaciones mineras, que representan el 96% de la producción de cobre de Chile, lo que permite obtener una visión integral del mercado de insumos y su impacto en la estructura de costos de la industria,

El gasto reportado por las empresas para la adquisición de insumos alcanzó los US$23.147 millones, consigna el informe.

Entre los principales hallazgos destaca el constante aumento de los costos unitarios: En los últimos cinco años, los costos unitarios, asociados a la compra de insumos mineros, han mostrado una tendencia creciente con un aumento del 7,9% en 2023 en comparación con el año anterior.

Para acceder al documento, haga clic en ESTE ENLACE.

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La metodología considera el modelamiento de los principales elementos de gasto del Cash Cost (C1): energía eléctrica,
combustibles, remuneraciones, servicios, créditos por subproductos, etc.

Durante el primer semestre de este año, las empresas de la Gran Minería del Cobre alcanzaron un cash cost de 190,6 ¢US$ la libra, esto es -9,4 ¢US$ la libra respecto al primer semestre de 2023.

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Se trata de un seguimiento trimestral del Cash Cost Cochilco que considera una muestra de 22 operaciones de la Gran Minería del Cobre, que representa el 93,1% de la producción mina del primer trimestre del año 2023.

La metodología considera el modelamiento de los principales elementos de gasto del Cash Cost (C1) (energía eléctrica, combustibles, remuneraciones, servicios, créditos por subproductos, etc.). Contempla la utilización de información pública (Comisión para el Mercado Financiero, Banco Central, SII, empresas mineras), bases de datos especializadas e información a la cual Cochilco tiene acceso.

Es así como en el reporte se destaca que el cash cost de las empresas de la gran minería del cobre llegó a 202,9¢US$/lb.

Al respecto, se detalla que los costos crecieron 29% respecto al primer trimestre del año 2022, en un escenario de mayores costos atribuibles a una menor producción de 32,7 ktmf de cobre de la muestra, incrementos de las remuneraciones y del ítem servicios y otros gastos.

A ello se sumaron mayores precios de los materiales, electricidad y combustibles. Así como también mayores TcRc.

Esto se vio compensado por mayores créditos por venta de molibdeno y oro, y la disminución del costo del ácido sulfúrico.

Costos operacionales

El informe de Cochilco consigna que tres operaciones disminuyeron sus costos C1, mientras que 19 los aumentaron. Se mantiene el número de operaciones por cuartil. Sin embargo, el aumento de costos se acentúa en las operaciones más pequeñas y con mayores costos (3er y 4to cuartil).

Respecto a las razones que explican la variación del Cash Cost Cochilco (¢US$/lb), se detallan las siguientes:

• Impacto positivo en créditos por subproductos debido al aumento de los precios del Molibdeno (73%) y Oro (1%), y a las mayores producciones de 4% y 10%, respectivamente.
• Disminución del precio del ácido sulfúrico en 31%.
• Disminución del costo de los fletes de concentrados y seguros en 13%.
• Aumento del precio del diésel (4%) y electricidad (20%) impactan en 5,0¢US$/lb los costos.
• Materiales impactados negativamente por aumento de los precios.
• Aumento del costo unitario de las remuneraciones e incremento de las dotaciones de las operaciones de la muestra en 5%.
• Aumento del valor de los servicios.

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Se trata de un estudio, que además de identificar el tiempo en que se demora la tramitación de los permisos que contempla cualquier proyecto de inversión en minería, contemplará la realización de una medición sistemática de los tiempos involucrados en dichos proyectos en tiempo real y con proyecciones a futuro.

Para ello, próximamente se definirán tanto los términos de referencia de dicha investigación, como la forma en que la CNEP contará con la data de todos los organismos involucrados en la aprobación de los proyectos de inversión en el sector minero, para realizar la respectiva medición y estimación.

Durante la tramitación del proyecto de ley de Royalty a la Gran Minería del cobre en el Senado, el Gobierno y los parlamentarios firmaron un protocolo de acuerdo para avanzar en otros temas asociados al desarrollo del sector y las regiones del país.

Al respecto se establece, entre otros puntos,  la reducción de plazos para la aprobación de proyectos mineros. En este sentido, se menciona que “se adoptarán las medidas necesarias para reducir en un tercio el tiempo de tramitación de permisos para proyectos de inversión minera, sin que ello afecte el cumplimiento de la normativa ambiental. Para ello, se constituirá una mesa técnica que en los próximos 60 días identifique las medidas presupuestarias, administrativas y legales necesarias para cumplir dicho objetivo. Se encomendará a la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad construir la línea de base y reportar los avances en el logro de esta meta”.

Específicamente, la línea base se refiere al estudio que deberá realizar la CNEP para determinar y medir el tiempo que se demoran en tramitar los respectivos permisos para obtener una autorización de un proyecto de inversión minera.

Según señalaron, esta medición que realizará la CNEP, que implicará tomar un tiempo determinado de base, se continuará realizando en el futuro para identificar la variación de los plazos que se puedan ir produciendo en el tiempo, y con ello ir determinando los avances que se puedan generar en función de la meta comprometida,  es que los plazos para aprobar un proyecto de inversión en minería se reduzcan en un 33,3%.

Otros estudios

Cabe recodar que la CNEP realizó el estudio “Productividad en la Gran Minería del Cobre”, “Revisión Regulatoria de Pymes” y  “Calidad Regulatoria en Chile”,  investigaciones donde se abordan los tiempos de demora para aprobar proyectos de inversión en minería, como también en sectores considerados estratégicos por su impacto en el crecimiento de la economía nacional.

Uno de los hallazgos que se identificaron en el primer estudio mencionado anteriormente, es que el sistema de aprobación y desaprobación de grandes proyectos puede ser extremadamente largo, situación que influye negativamente en la inversión.

En el documento “Revisión Regulatoria de Pymes” se determinó que el proceso de obtención de los permisos básicos para iniciar emprendimientos en Chile se alza como una barrera, especialmente para las empresas más pequeñas. Además, se indica que una Pyme puede demorar hasta más de un año y medio en comenzar a funcionar.

Por otra parte se especifica que el porcentaje de empresas que actualmente están funcionando y  cuentan autorización de funcionamiento municipal, se relaciona directamente con el tamaño de éstas. Mientras el 13% de las micro lo tiene, esta cifra llega a un 18% en pequeñas, al 30% en medianas, y 90% en grandes.

En el estudio  “Calidad Regulatoria en Chile” se precisa que en Chile existen 400 permisos únicos necesarios para llevar a cabo inversiones en minería, energía, inmobiliario, infraestructura e industria, y 53 instituciones que los otorgan, 9 de las cuales participan en todos los proyectos y en cada sector.

Finalmente la CNEP constató que los dos problemas principales para el desarrollo y tramitación de proyectos de inversión en Chile son la baja eficiencia en el otorgamiento de permisos y una decreciente percepción de certeza jurídica.

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En el encuentro, que tuvo lugar en la ciudad de Iquique y contó con el patrocinio de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, el representante de Hitachi Energy explicó que los retos en los que coincidieron responden no solo a estándares de niveles tecnológicos, sino también climáticos. “El propio entorno, el ambiente, el cambio climático está generando un traspié para todos, ahí estaban muchas de las mineras del norte de Chile y hay que garantizarles a estas operaciones el suministro de energía, no es sencillo hacer llegar la energía a estos sitios. El cambio climático fue un tema que tanto ellos como todos comentaron como primordial”, indicó.

“Debemos destacar el tema de la transición energética, de cómo nosotros vamos a estar de cara al futuro con la gestión del uso de energía, además de avanzar hacia un futuro energético neutro en carbono. La electricidad será la columna vertebral de todo el sistema energético. Entonces, tener confiabilidad, disponibilidad e información para una toma de decisión efectiva es clave”, agregó.

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Es así como la Comisión de Medio Ambiente apoyó las normas vinculadas con los derechos de aprovechamiento del agua y la nacionalización de la gran minería, las que ahora iniciarán una nueva etapa de tramitación.

Revise el texto sistematizado que recoge las nuevas propuestas de normas transitorias, así como las normas transitorias que ya fueron aprobadas por la Comisión y aquellas pendientes de aprobación por la Comisión (contenidas en el tercer texto sistematizado de la Comisión), en ESTE LINK.

Respecto al uso del agua, se aprobó la caducación de los derechos de aprovechamiento entregados bajo la vigencia del Código de 1981.

«Este proceso de restitución tendrá una duración máxima de 2 años a contar de la entrada en vigencia de la Constitución. En casos excepcionales, los titulares de los derechos de aprovechamiento de agua que se caducan con la promulgación de esta Constitución serán susceptibles de ser indemnizados, cuando de los antecedentes respectivos se concluya que se ha afectado negativamente el patrimonio de éstos, más allá del uso y utilidades que percibió dicho titular como consecuencia de su dominio sobre los referidos derechos de aprovechamiento de aguas».

Junto con esto, se aprobó la creación de una Subsecretaría del Agua: «dependiente del Ministerio del Medio Ambiente o quien sea su continuador constitucional y legal. Esta subsecretaría deberá crear una política nacional de recursos hídricos, con énfasis en la gestión integrada de cuencas hidrográfica, el consumo humano y la preservación de los ecosistemas».

De igual forma, se apoyó que, «en el plazo de 6 meses de aprobada esta Constitución, se nombrará una comisión especial a cargo de realizar un diagnóstico y llevar a cabo un plan de recuperación y redistribución de las aguas. Esta comisión estará integrada por personas con capacidades para construir el conocimiento científico, jurídico, social y cultural sobre la situación de las cuencas en Chile, debiendo ser integrada de forma paritaria, con organizaciones públicas no privadas, con diversidad territorial y con representantes de los pueblos indígenas».

Cambios al sistema minero

La Comisión de Medio Ambiente también apoyó distintas normas que modifican el actual sistema minero, como la que promueve la transición al nuevo régimen de concesión: «Dentro del plazo máximo de 180 días desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el Poder Ejecutivo deberá constituir una ‘Comisión de Transición Minera’ integrada por instituciones con competencias sectoriales para evaluar y monitorear el proceso de adecuación regulatoria. Los titulares de las concesiones mineras de exploración y explotación vigentes a la fecha de entrada en vigor de la presente Constitución deberán adecuarse al nuevo régimen jurídico en un plazo no mayor a cinco años, prorrogables por dos más a discreción de la Comisión».

En lo referente a los proyectos vigentes, se visó que «dentro de tres años desde la entrada en vigencia de esta Constitución se someterán completamente a evaluación ambiental todos los proyectos y actividades mineras en ejecución, incluidos los proyectos de explotación minera, exploración minera, refinerías, fundiciones y canales de distribución, cuya operación comenzó antes del año 1993. Se extenderá este plazo por dos años más para someter a reevaluación a todos aquellos proyectos mineros cuya operación comenzó entre los años 1993 y 2014″.

De igual forma, se aprobó que queden «sin efecto las concesiones de exploración o explotación sobre sustancias minerales existentes en tierras o territorios indígenas, cualquiera sea la época de su otorgamiento, en cuyo otorgamiento no hubiesen consentido los pueblos indígenas afectados, conforme al mecanismo general de restitución territorial previsto en esta Constitución».

Además, se apoyó que se nacionalicen y declaren «incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de las sustancias referidas en el artículo X1, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional. El Estado tomará posesión inmediata de estos bienes en la oportunidad que determine el presidente de Chile, quien tendrá como plazo máximo de 1 año desde la promulgación de la nueva constitución para implementar dicha disposición. En conformidad al dominio patrimonial del Estado sobre todas las sustancias minerales no habrá lugar a indemnización alguna por los derechos sobre sustancias minerales».

En la misma línea, se aprobó que «nacionalícense y declárense, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado, en representación de los pueblos de Chile, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre, del Litio y del Oro, considerándose como tales las que produzcan más de treinta y seis mil toneladas anuales de mineral en cualquiera de sus formas. En virtud de lo dispuesto en el inciso anterior pasan al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y, además, los de sus filiales que determine el Presidente de la República».

Finalmente, se visó que «debido al interés de los pueblos de Chile y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales, nacionalícense y declárense, por tanto, incorporados al pleno y exclusivo dominio del Estado las empresas de explotación y exploración de bienes estratégicos, pasando al dominio nacional todos los bienes de dichas empresas y de sus filiales relacionadas con su actividad en territorio nacional».

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