La jornada se efectuará el próximo 26 de octubre, en el Club de la Unión, donde además, el presidente de la Comisión de Conocimiento e Innovación, Alejandro Steiner, realizará una introducción sobre la base del resumen ejecutivo del informe del mismo nombre elaborado por la comisión.

Al final de la actividad, se hará entrega de la referida publicación.

Más información vía telefónica: 22696 86 47 – 22672 69 97, o por e-mail: iing@iing.cl.

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En 2005, comenzó a sonar con fuerza la idea de que Chile debía generar una estrategia para lograr un desarrollo económico no solo en base a los recursos que aportaba la minería.

Así, en la última parte del periodo presidencial de Ricardo Lagos, se aprobó el impuesto específico a la minería (royalty) que afectó principalmente al metal rojo. Entonces, para administrar esos recursos, nació el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), tras lo cual se creó el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC).

Una de las propuestas elaboradas fue la aconsejada por el Boston Consulting Group en un informe y entregada a Nicolás Eyzaguirre -segundo presidente de la instancia (2006-2008)- conocida como política de cluster, o encadenamientos productivos. Buscaba priorizar los diversos sectores productivos a través de innovaciones para optimizar el uso de los recursos del país.

Pues bien, han pasado 10 años desde que comenzó a funcionar esa instancia de origen pública-privada, y, mientras se acaba el boom minero, se instaló la duda de cuánto se avanzó en esta materia.

«Vino un ciclo de alza del cobre impresionante, lo cual en la práctica ha significado que el crecimiento de Chile ha tenido un impacto en las finanzas públicas e incluso en el impacto del consumo de las personas. Pero no hemos aprovechado de la manera más inteligente ese proceso: se han hecho algunas cosas, pero no todo lo que podríamos hacer», admite el presidente del actual Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), Gonzalo Rivas.

No obstante, expresa «pavor» que el país repita la misma situación que ocurrió con el salitre, ahora con el metal rojo. «Sería una locura que de nuevo Chile, habiendo tenido un discurso que no podemos repetir la experiencia del salitre, lo vayamos a repetir de nuevo. Es bien pavoroso. Me impresiona que este tema no esté en la urgencia de las urgencias».

El vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, no considera que esta política de cluster haya sido un fracaso, pero cree que «no se ha completado la tarea. Cuando hablamos de posicionar a la ciencia y a la tecnología en el centro de un diseño, de un modelo de desarrollo, hablamos de un tema estratégico, que trasciende uno o dos gobiernos. En el fondo tiene que ver con cómo esperamos que sea Chile en los próximo 30 ó 50 años. Saber de qué va a vivir Chile en esas décadas. Se han generado algunos avances, pero ahora viene la apuesta potente».

En esa línea, Rivas asegura que «no hay ninguna posibilidad de alcanzar el desarrollo sin lograr incrementar la capacidad innovadora, incrementar la gestión y aplicación de conocimiento, y para eso a la vez requieres que haya política acordadas y sostenidas en el tiempo. Así como se formó un consenso de políticas macro en Chile, tenemos que generar un cierto consenso en políticas que tengan fuerte respaldo en materias de innovación científica y tecnológica».

¿Avanzó el CNID?

Eduardo Bitrán, ex presidente de la instancia y actual vicepresidente ejecutivo de Corfo, asegura que «el impacto que ha tenido el consejo fue positivo al comienzo. Pero ya en el mediano plazo es más bien frustrante, porque la economía chilena y el país –y no estoy hablando de un gobierno en particular, estoy hablando de una perspectiva largo plazo- no tiene la prioridad en el crecimiento basado en el conocimiento, en la innovación, en la sofisticación y la diversificación (…) y esa es la misión del consejo, instalar esto en la sociedad chilena como un tema fundamental».

¿Por qué ha costado tanto entender la importancia de este tema?

Rivas expone tres razones: «primero, no tienes una gran masa de dolientes, gente que vaya y diga “queremos esto».

«Segundo, que aún mucha gente que todavía piensa que este es lujo que se dan los países desarrollados, en vez de darse cuenta que en verdad que el lujo hoy en día es no invertir para tener un desarrollo futuro».

«Y el tercer gran problema, es que son inversiones que rinden en plazos más largos y en consecuencia tienen poco que mostrar. Y ahí nos come la urgencia en vez de la importancia».

Duplicar recursos y mayor institucionalidad

«Yo valoro las políticas como algo positivo, pero con la salvedad de que no son suficientes, para un país con el nivel de desarrollo de Chile obviamente tener un 0,4% del PIB destinado a ciencia y tecnología es absolutamente insuficiente, por lo tanto hay que hacer un esfuerzo muy importante en estos momentos», dice Salazar.

En ese sentido, indica que lo primero es colocar como un motor, un elemento clave del modelo de desarrollo del país a la ciencia y la tecnología, eso es una decisión política central. Nosotros hemos basado nuestro bienestar, nuestra riqueza en la explotación de recursos naturales y eso tiene siempre riesgo de agotamiento. Eso va a ser así, el cobre, la pesca en el mar, todo tiene una fecha límite por lo tanto es el momento de buscar formas alternativas basadas más en las capacidades humanas, en el conocimiento.

Como estamos en esa disyuntiva, lo importante ahora es hacer una inversión potente que ponga a la ciencia y la tecnología como uno de los motores del desarrollo. Y para eso, existen acciones: generar una institucionalidad de la ciencia y la tecnología. Se propone un ministerio de la Ciencia y la Tecnología que sea capaz de articular y diseñar una política al desarrollo del país.

«El financiamiento debe multiplicarse, a través de fortalecimiento de los centros de investigación y universidades, que son las que realizan casi el 95% de la investigación en Chile. Mayor presupuesto y mayor institucionalidad», concluye.

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Más aún tras las declaraciones del vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, quien acusó que el ex timonel de la CPC tiene información estratégica de la estatal en el juicio arbitral que mantiene con SQM por pertenencias mineras en el salar de Atacama.

Esta vez quienes alzaron fueron los ex vicepresidentes de Corfo: Gonzalo Rivas y Felipe Sandoval.

Gonzalo Rivas cuestionó la opción que tomó Guilisasti, asegurando que la señal pública es muy

“No me parece bien que una persona que está en un consejo de un ente público, nombrada como representante del sector privado, pase inmediatamente a la parte litigante”, explica Gonzalo Rivas, presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC).

“Es preocupante que en Chile tengamos que legislar para todos los comportamientos de las personas, porque si alguien con la trayectoria de Guilisasti no se da cuenta que eso es a lo menos inconveniente, quiere decir que estamos muy mal”, añadió el ex timonel de Corfo entre 1997 y 2003.

Por su parte, el también ex vicepresidente de Corfo, Felipé Sandoval fustigó la salida de Rafael Guilisasti del consejo directivo de la estatal.

“A primera vista, sin una buena explicación, uno tiende a mirar que él (Rafael Guilisasti) estaba en el consejo de la Corfo que estaba demandando a Soquimich y hoy está en esta última. Eso aparece como que algo debe explicarse”, afirmó el también ex subsecretario de Pesca y Acuicultura.

“Sin una buena explicación esto aparece como raro, pero conociendo a Guilisasti, como una persona recta, una buena explicación de él podría ayudar a entenderlo”, agregó Sandoval.

Aseguró, además, que es positivo para el país que exista más transparencia en procesos de este tipo. “Conozco a Eduardo Bitran y a Rafael Guilisasti. Tengo buena opinión moral de ambos”, acotó el hoy presidente de SalmonChile.

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La medida se plantea como una opción a estudiar en el marco del objetivo de fortalecer la capacidad y legitimidad de la institucionalidad ambiental para la minería. En esta lógica, dice el documento, se plantea esta tarifa asumiendo que el Estado no tiene las capacidades ni la infraestructura y considerando que estos recursos financien el incremento en las capacidades de análisis y fiscalización de los proyectos de inversión vinculados con la normativa social y ambiental.

Además, para fortalecer la institucionalidad y disminuir la discrecionalidad, se estima que el sistema debería avanzar hacia normativas y referencias por sector productivo.

«Aspiramos a un modelo donde los procesos de otorgamiento de permisos ambientales se basen en verificar que los nuevos proyectos incorporan las mejores técnicas de control disponibles», dice el texto que alude a que la gran cantidad de Resoluciones de Calificación Ambiental vigentes, dificultan o imposibilitan su fiscalización.

Corto y largo plazo

El documento de casi 80 páginas, establece medidas inmediatas y de largo plazo para viabilizar el desarrollo minero a 2035, especialmente en la zona central del país.

Además de fortalecer la institucionalidad ambiental, se establecen medidas que apuntan a temas como visibilizar el pago de impuestos que hace la minería en las zonas donde opera e instaurar nuevos mecanismos de consulta indígena para cada uno de los pueblos indígenas.

Además, se crearán organismos público-privados que ayuden a monitorear los avances.

El presidente de Antofagasta plc, Jean-Paul Luksic, señaló que el trabajo realizado «me parece que ha sido una gran iniciativa y que, por suerte, un grupo muy diverso pudo sentarse y limar las diferencias que había. Se logró un documento que debiera ser muy útil para Chile».

Bernardo Larraín, presidente de Colbún, dijo que este documento tiene el valor de poner en la misma mesa a distintos actores.

Otras medidas

El documento establece también que en productividad, se creará un organismo técnico que monitoreará la situación y propondrá medidas específicas.

En consulta indígena, se propone mejorar el marco normativo actual, generando instrumentos específicos para cada uno de los pueblos.

También se pretende incentivar la minería. Primero con más información geológica, pero además con un pago de patentes mineras progresivas para fomentar su exploración efectiva.

En comunidades, se abre la puerta a la asociatividad, donde se intentará aprovechar el proyecto de ley que está impulsando el Ministerio de Energía. También se buscará avanzar en que mayor parte de los impuestos de mineras queden en las zonas donde éstas producen.

Compromisos inmediatos

– Completar el desarrollo de la institucionalidad ambiental.

– Impulsar un diálogo entre distintos actores para tener una visión compartida en minería.

– Financiar I+D entre firmas mineras y proveedores.

– Ampliar y potenciar el programa de proveedores de clase mundial.

– Crear una institución técnica que monitoree y analice la productividad en la minería.

– Mejorar el marco de aplicación de la consulta indígena.

– Dar más liquidez al mercado de la propiedad minera, fortaleciendo la disponibilidad de información geológica.

– Elaborar estándares de conducta para todos los actores de la minería en temas laborales, productivos, sociales y ambientales.

– Contar con más investigadores en ámbitos mineros. Hoy son 300 profesionales y la idea es llegar a unos 600 en cinco años.

– Elaborar estudios para determinar los requerimientos -tanto de generación como de transmisión- de la minería.

Gonzalo Rivas, presidente del CNID: «Para que la minería tenga futuro, hay que construir confianza»

El presidente del Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID), Gonzalo Rivas, dice que esta hoja de ruta tiene medidas comprometidas por el gobierno y las empresas.

-¿Por qué era importante que el gobierno tomara este tema?

-Cuando asumimos, en el consejo vimos que en minería se podría generar un acuerdo de todos los sectores políticos, respecto de tener un foco de desarrollo para usarla como plataforma de crecimiento. En eso estábamos cuando surgió el documento del presidente Lagos, que lo vimos como un avance. Pero, para utilizar a la minería como plataforma, ella tiene que existir y el punto está en que los desafíos que tiene la industria son enormes.

-Con estos cambios, ¿se viabiliza la minería en zonas complejas, como la central?

-Eso es parte de los desafíos. Acá hay varios temas. La minería del cobre es crucial para el desarrollo del país, pero necesitamos que se desarrolle bajo ciertas condiciones y en el mundo se ve que se puede combinar la actividad con mayores niveles de sustentabilidad. Esto es un proceso y el documento establece que estamos en una etapa de aprendizaje.

-¿Qué pasa con las confianzas? Varias de las medidas apuntan a generarlas…

-La confianza es fundamental. Para que este tipo de actividades, y en especial la minería, tengan un futuro, hay que ir reconstruyendo las confianzas entre quienes desarrollan la actividad con los actores y entornos donde se desarrollan. En este documento, nosotros decimos ‘que queremos un tipo de desarrollo minero’, entonces pongámonos de acuerdo en las condiciones y la minería tendrá que respetarlas.

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La instancia fue convocada por el Consejo Nacional de Innovación y Desarrollo (CNID) cuyo presidente, Gonzalo Rivas, fue quien entregó el documento. En la oportunidad, la Presidenta destacó que “la minería debe ser una plataforma para fomentar el desarrollo de nuevas actividades intensivas en conocimiento, un espacio de sostenibilidad medioambiental y un ejemplo de inclusión y de relaciones armoniosas con las comunidades”.

El informe no solo se plantea un conjunto de propuestas para fortalecer el desarrollo de la actividad minera y su aporte al país, sino también para hacerla más inclusiva y medioambientalmente sostenible.

Medidas

La agenda incluye metas en distintas áreas (tecnológico, medioambiental, exportaciones, etc.), y señala cómo lograrlas. Tanto las partes firmantes, como el Gobierno, asumieron compromisos concretos a poner en marcha en 2015.

Es así, como las compañías mineras se comprometen a generar una agenda común de investigación y desarrollo, así como a adoptar estándares de clase mundial en materia de relaciones comunitarias y de respeto al medio ambiente.

Adicionalmente, se plantean a ampliar el número de compañías que participan en el programa de desarrollo de proveedores que favorece a pequeñas y medianas empresas tecnológicas del país.

La Jefa de Estado explicó que el Gobierno además impulsará “un conjunto de acciones para mejorar las capacidades y fortalecer la institucionalidad ambiental, e implementaremos un programa para la acreditación de laboratorios y servicios ambientales con altos estándares de control y calidad, para mejorar nuestras capacidades de control ambiental”.

Asimismo, la máxima autoridad del país recalcó que “nos hemos puesto una meta clara: pasar de los cerca de 330 investigadores actuales en esta área, a 600 en el plazo de cuatro años. Y desde ya nos estamos comprometiendo a financiar con recursos frescos 100 nuevos investigadores de excelencia en 2016”.

En tercer lugar, el documento propone ayudar a fortalecer la productividad de la minería, estableciéndola como prioridad del trabajo de la Comisión de Productividad que impulsa el Ministerio de Economía. “Y para esto, estudiaremos mecanismos para entregar más liquidez al mercado de la propiedad minera, de modo de incentivar su explotación efectiva”, agregó la Mandataria.

Por último, se constituirá un Consejo Público Privado que oriente y coordine estos esfuerzos.

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Después de un trabajo al interior del Ministerio de Economía, el Gobierno buscará recoger la visión del sector privado sobre fórmulas para elevar la competitividad de la economía chilena, en una iniciativa denominada «Diálogos para la Productividad».

La idea es promover el desarrollo en sectores de alto potencial para Chile, comenzando por la minería. Fuentes que conocen del trabajo, dicen que luego se sumarían sectores como el turismo y la logística. La iniciativa también se extenderá en las regiones del país, enfocándose en la necesidad de cada una de ellas. Los ministros de Economía, Luis Felipe Céspedes, y de Minería, Aurora Williams, darán hoy la partida a la iniciativa en una actividad en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), junto al presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, Gonzalo Rivas.

En representación de la minería privada participará el presidente de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic.

Comisión

En el marco de la iniciativa se constituirá una comisión público-privada de 24 miembros, quienes representan a empresas mineras, al mundo académico, a las regiones relacionadas con el sector y a distintas fuentes de pensamiento.

Entre los convocados se encuentran el mismo Jean Paul Luksic; el ex Presidente Ricardo Lagos; el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche; el presidente de Escondida, Edgard Basto; el titular de la Sonami, Alberto Salas, y el presidente de Fundación Chile, Patricio Meller, entre otros.

La instancia se llamará Comisión Minería y Desarrollo de Chile. Esta tendría un plazo de unos tres meses para elaborar un documento en que identifique medidas concretas para elevar la productividad minera.

El objetivo es generar, junto con el sector privado, medidas para aumentar la productividad e impulsar el crecimiento del país. Desde el Gobierno esperan que el desarrollo de la agenda de productividad, innovación y crecimiento efectivamente genere una participación activa de todos los actores involucrados.

Este proyecto contó con el respaldo del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y del comité de ministros del área económica.

La base: grupo liderado por Lagos que planteó nueva política minera

El grupo transversal de la Comisión Minería y Desarrollo está conformado en gran parte por las 13 personas que elaboraron la propuesta encabezada por el ex Presidente Ricardo Lagos sobre una nueva política minera para Chile. El documento denominado «Minería y Desarrollo Sostenible en Chile: Hacia una visión compartida» fue elaborado por los ex ministros de Economía Juan Andrés Fontaine y Álvaro García; el presidente del directorio de Antofagasta Minerals, Jean Paul Luksic; el ex director de Codelco Jorge Bande; el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza; el presidente de la Sociedad Naturalista San Pedro de Atacama, Rolando Humire; el presidente de Drillco Tools, Rolando Carmona, y la ministra de Minería, Aurora Williams. También consensuaron la propuesta de Lagos el ex director de la Conama Gianni López; el presidente de Colbún, Bernardo Larraín, y el economista Patricio Meller.

Miembros del comité

María Eliana Arntz, coordinadora Programa Interculturalidad ONU.

Juan Asenjo, presidente Academia Chilena de Ciencias.

Jorge Bande, director CESCO.

Edgard Basto, presidente Minera Escondida.

Rolando Carmona, presidente Drillco Tools.

Pamela Chávez, gerenta general Aguamarina S.A.

Raimundo Espinoza, presidente Conf. de Trabajadores del Cobre.

Hennie Faul, presidente Anglo American.

Juan Andrés Fontaine, socio Fontaine Consultores.

Álvaro García, secretario ejecutivo Comisión Minería para el Desarrollo.

Rolando Humire, presidente Sociedad Naturalista San Pedro de Atacama.

Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas UC.

Ricardo Lagos, ex Presidente de la República.

Óscar Landerretche, presidente Directorio Codelco.

Gianni López, director Centro Mario Molina.

Jean-Paul Luksic, presidente Directorio Antofagasta Minerals.

Servet Martínez, Premio Nacional de Ciencias. Vicepdte. Consejo de Innovación.

Bernardo Larraín, presidente Directorio Colbún.

Patricio Meller, presidente Fundación Chile.

Gonzalo Rivas, presidente Consejo Nacional de Innovación.

Gerardo Rojas, alcalde de Salamanca.

Javier Ruiz del Solar, director Centro Avanzado de Tecnología para la Minería.

Bárbara Saavedra, Wildlife ConservationSociety-Chile.

Alberto Salas, presidente Sonami.

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«Tenemos áreas donde se moderniza el Estado y esto también es un área que hay que fortalecer y fortalecer nuestra institucionalidad. Tenemos el compromiso de mandar un proyecto de ley al Parlamento, lo que haremos en los próximos meses, para que el consejo esté creado por ley y fortalecido institucionalmente, a fin de que diseñe políticas de innovación y desarrollo», dijo el ministro Arenas.

El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad es un organismo público-privado que tiene mandatado asesorar a la Presidenta Michelle Bachelet en la identificación, formulación y ejecución de políticas y acciones que fortalezcan la innovación y competitividad, como elementos clave para el desarrollo del país.

En este periodo el consejo es liderado por el economista Gonzalo Rivas Gómez y está integrado por autoridades de Gobierno, representantes del Consejo de Rectores de las universidades, científicos, investigadoras, académicos y gestores con experiencia en innovación.

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