Para este objetivo instauró el premio “Empresa destacada en criterios ASG” donde las compañías que postulen pueden libremente presentarse y demostrar sus avances en estas materias y buenas prácticas organizacionales en factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), convirtiéndose en potenciales candidatos para recibir este galardón que reconocerá las estrategias, visiones e iniciativas empresariales más destacadas e innovadoras y con mayor impacto social y corporativo.

Este galardón ya se ha otorgado a empresas de diferentes industrias, tales como Anglo American Chile en 2025; Colbún y Tresmontes Lucchetti en 2024; y Antofagasta Minerals en 2023.

“En Chile, los criterios ASG están entre los desafíos internos más importantes de las empresas, según nuestro último estudio de Desafíos y Tendencias Empresariales 2025. Las compañías hace tiempo que están conscientes de que no basta con generar utilidades para sus accionistas sin importar lo que ocurre en su entorno, en un contexto en que las comunidades cada día exigen más al empresariado. Es por este motivo que las organizaciones que están alineando sus objetivos con los de la sociedad, son más valiosas, resilientes, viables a largo plazo y atractivas financieramente”, expresó Rominna Gaete, socia adjunta de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY.

El plazo para postular es hasta el viernes 22 de septiembre de 2025. Para más detalles se puede revisar la web de EY Chile (www.eychile.cl), donde se encuentran las bases de la postulación y el formulario a completar. En caso de cualquier duda, escribe a postulacion@cl.ey.com.

El reconocimiento se entregará en abril del próximo año durante la Premiación Empresarial (19° edición), evento que organiza EY para reconocer a destacados representantes y líderes del mundo empresarial, organizacional y del emprendimiento.

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En la ocasión, el panel moderado por Julieta Zamora, docente de la carrera de Geología de la Universidad del Desarrollo, estuvo integrado por: Claudio Bustamante, jefe de la División de Desarrollo sostenible del Ministerio de Minería; Jerónimo Verdugo, superintendente del Desarrollo de Litio en Enami; Catalina Pasache, asesora de Medio Ambiente en Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ); Alfonso Domeyko, abogado en Next Legal LA; y Javier Silva, gerente de Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario Salar en SQM .

En su intervención, Claudio Bustamante enfatizó que “el Ministerio de Minería dio inicio a sus primeras dos consultas indígenas. Comenzamos en marzo con la consulta en Salares Altoandinos y posteriormente la consulta relativa al CEOL de Codelco en el Salar de Maricunga”.

Añadió que “esta consulta tiene virtudes, nos permite un proceso de participación temprana y eso da pie a conocer las preocupaciones de las comunidades, ayudando a la empresa a conocer mejor el territorio para comenzar a construir una relación que se proyecte en el tiempo”.

En ese contexto, el profesional precisó que “la Estrategia Nacional del Litio permite que distintos actores nos permitan impulsar esta industria para ser líderes en el mundo. Como ministerio estamos conscientes de que tenemos que avanzar acorde a los tiempos establecidos”.

Posteriormente, Catalina Pasache, asesora de Medio Ambiente en Deutsche Gesellschaft Für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), resaltó los aprendizajes obtenidos en el relacionamiento comunitario con la Mesa Multiactor. “Nos hemos dado cuenta de que las cosas más importantes en la vinculación territorial son escuchar, atender las preocupaciones del presente y del futuro que tienen los habitantes”, comentó.

Asimismo, Pasache destacó que “el mayor de los aprendizajes es no ir con una metodología cuadrada a los territorios. Hay que ir con la perspectiva de que el tiempo para los proyectos va a cambiar. Uno conoce a la gente y hay necesidades distintas, no sólo del sector de las comunidades indígenas, sino que hay otros sectores que tienen la misma problemática”.

El rol público y privado en los salares

Durante la realización del conversatorio, en el marco del Foro Litio 2024, Jerónimo Verdugo, superintendente del Desarrollo de Litio en Enami, precisó que “hicimos el llamado RFI tecnológico entre abril y mayo, y es una excelente noticia el que llegaron 30 empresas de distintos países con muchas iniciativas e interés”.

En esa línea, el ejecutivo mencionó los próximos pasos que tiene Enami respecto al desarrollo de sus proyectos en torno al litio: “Tenemos un mandato bien especifico que es desarrollar un proyecto público privado y la estrategia es levantar la mayor información posible para disponibilizarla al mercado. En abril informamos que en Salar Aguilar tenemos concentraciones de los 700ppm, hoy confirmamos que en el Salar La Isla estamos sobre los 900ppm”.

Además, afirmó que “tenemos cuatro empresas de nivel mundial en esta fase final de la búsqueda del socio y dos empresas que cumplen las características de proveer al proyecto. Durante el próximo año debemos tener definido a nuestro socio”.

En tanto, Javier Silva, gerente Sostenibilidad y Relacionamiento Comunitario Salar en SQM, se refirió al relacionamiento que mantiene con otra empresa privada en el Salar de Atacama. “Una señal de una competencia libre y justa es que se necesita que exista esta libre competencia. De forma sana. Eso es lo que actualmente tenemos con Albemarle”, dijo.

Del mismo modo, Silva relevó que “hoy nosotros nos enfocamos en una producción sustentable. Nosotros para certificarnos con el cliente pueden pasar muchos meses y cada empresa se tiene que adecuar al producto que necesita”.

Por otra parte, el profesional se refirió también a la relevancia que posee el relacionamiento comunitario, sosteniendo que “no podemos quedarnos en escuchar y no avanzar. Hay que lograr puntos de encuentro que mejoren las condiciones de ambos. Ellos nos ven como una oportunidad de tener mejores condiciones y nosotros los vemos a ellos como una oportunidad de saber cómo establecernos en el lugar. Tenemos que tomarlos en consideración, poner a las comunidades como pilares de estrategia de desarrollo de negocios”.

Finalmente, Alfonso Domeyko, Abogado en Next Legal LA, aseguró que “el Gobierno establece los mecanismos, incentivos entre el concesionario minero y el concesionario CEOL. Sin embargo, uno de los actores esenciales de cualquier proyecto es el concesionario minero, ya que la extracción de sus propios minerales está protegida por la Constitución”.

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El documento, elaborado por 10 expertas y expertos chilenos y peruanos, analiza las complementariedades entre la legislación chilena y peruana, con cada uno de los 426 criterios de IRMA, identificando que más de la mitad de estos no están cubiertos en la normativa nacional.

La Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA por sus siglas en inglés) es uno de los estándares voluntarios más completos de la industria minera, según un estudio comparativo del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) del 2022, y fue fundado en 2016 por varias organizaciones no gubernamentales (ONG), empresas compradoras de minerales y metales, inversores, comunidades afectadas, sindicatos y empresas mineras. Su objetivo es establecer un sistema de evaluación de la minería responsable, verificado de manera independiente a través de auditorías de terceros.

La investigación, titulada “Estudio comparativo entre la normativa chilena y peruana con los requerimientos auditados por el estándar IRMA”, revela que las brechas en ambos países se presentan principalmente en normas vinculadas a: 1) la Conducta Empresarial Responsable (CER); 2) la gestión de impactos ambientales; 3) los mecanismos de participación ciudadana; y 4) las exigencias de los mecanismos de reclamación.

Para el caso chileno, el estudio concluye que un 53% de los 426 de los requisitos de IRMA son categorizados como “más exigentes” que la normativa chilena, un 11% no está cubierto en la ley, solo un 29% del total son “igual de exigentes” y un 2% “menos exigentes”.

Para medir el cumplimiento de las empresas mineras de gran escala, IRMA evalúa el nivel de cumplimiento en cuatro principios fundamentales: 1) integridad empresarial, 2) planificación y gestión de legados positivos, 3) responsabilidad social, y 4) responsabilidad ambiental. Al analizar el cumplimiento entre la normativa chilena y estos principios, el estudio reveló que la legislación chilena cubre menos del 3% del primer principio, un 38% del segundo y tercero, y un 26% del cuarto.

Sin embargo, al enfocarse en los requisitos críticos del estándar (los 40 aspectos más relevantes y necesarios para obtener la certificación), el cumplimiento de la normativa chilena sube a un 40%, registrando nuevamente las mayores brechas en el primer principio “Integridad empresarial” y en el cuarto principio “Responsabilidad ambiental”, con un 14% y 13% de correspondencia respectivamente. Destaca el alto nivel de cumplimiento con los requisitos críticos de la “planeación y gestión de legados positivos” y “responsabilidad social” con un 75% y 70% de correspondencia respectivamente.

Al examinar el análisis cualitativo, el estudio concluye que la normativa chilena muestra un alto nivel de alineación con los requisitos de IRMA en temas ambientales y laborales, incluyendo la evaluación y gestión del impacto ambiental y social, el reasentamiento, las condiciones de trabajo justo, la salud y seguridad laboral, el patrimonio cultural, y la calidad del aire. Pese a ello, existen capítulos en materia socioambiental que simplemente no están contemplados en la normativa chilena como lo son el ruido y vibraciones; emisiones de gases de efecto invernadero; biodiversidad; servicios del ecosistema y áreas protegidas; gestión de cianuro; y gestión del mercurio. Se espera que algunas de estas brechas se acorten cuando entren en vigencia la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).

En términos prácticos, el estudio informó que, en Chile, hasta noviembre de 2023, dos operaciones mineras habían sido auditadas por IRMA (con resultados publicados), correspondientes a la empresa chilena SQM y la estadounidense Albemarle, cuyas instalaciones de extracción de litio se ubican en el Salar de Atacama. Cada una alcanzó los niveles 75” y 50” respectivamente.

Al respecto, Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Universidad Católica y uno de los autores del estudio, comentó que “la obtención de estos niveles refleja un esfuerzo por parte de las empresas en cumplir con los rigurosos requisitos de IRMA, demostrando un trabajo serio y profundo en mejorar sus estándares de conducta empresarial responsable y de sostenibilidad. Esto considerando que la normativa chilena aún presenta importantes brechas en comparación con el Estándar”.

Ibáñez agregó que estas auditorías son una oportunidad para que las empresas mineras comprueben el desempeño socioambiental de sus operaciones y se adelanten a posibles cambios normativos en la legislación nacional o de los mercados donde exportan sus productos.

Finalmente, el estudio entregó recomendaciones para avanzar en una mejor gobernanza minera y concluye que, pese a los avances en las legislaciones de Chile y Perú, que recientemente han incorporado mejores estándares en gestión socioambiental, aún existen brechas por cerrar que, para Juan Eduardo Ibáñez “pueden motivar una reflexión pública y privada sobre la conveniencia y la factibilidad de reducirse progresivamente con el objeto de que la normativa nacional alcance una mayor correspondencia con las normas internacionales de Conducta Empresarial Responsable”.

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con ese fin, creó el premio “Empresa destacada en criterios ASG”, donde las compañías que postulen pueden libremente presentarse y demostrar sus avances en estas materias y buenas prácticas organizacionales en factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), convirtiéndose en potenciales candidatos para recibir este galardón que reconocerá las estrategias, visiones e iniciativas empresariales más destacadas e innovadoras y con mayor impacto social y corporativo.

Este premio ya se ha otorgado a empresas de diferentes industrias, tales como Colbún y Tresmontes Lucchetti en 2024, y Antofagasta Minerals (AMSA) en 2023.

Al respecto, Pamela Méndez, socia líder de Servicios de Cambio Climático y Sostenibilidad de EY, comentó que “los criterios ASG están entre los cinco desafíos internos más importantes de las empresas con un 20% de las preferencias, según nuestro último estudio de Desafíos y Tendencias Empresariales. Las compañías hace tiempo que están conscientes de que no basta con generar utilidades para sus accionistas sin importar lo que ocurre en su entorno, en un contexto en que las comunidades cada día exigen más al empresariado. Es por este motivo que las organizaciones que están alineando sus objetivos con los de la sociedad, son más valiosas, resilientes, viables a largo plazo y atractivas financieramente”.

Desde EY revelaron que el plazo para postular es hasta el próximo domingo 15 de septiembre. Para más detalles, se puede revisar las redes sociales y web de EY Chile (www.eychile.cl), donde se encuentran las bases de la postulación y el formulario a completar.

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En su exposición, el experto comenzó explicando los objetivos de la OCDE, para luego ahondar en el tema regulatorio en particular en los países de Latinoamérica. Respecto de la primera temática, el experto dio a conocer la misión que los inspira y el trabajo que realizan con el objetivo de lograr que los gobiernos de sus países miembros tengan mejores políticas públicas.

En lo referente al ámbito regulatorio, Flores Romero dijo que en Latinoamérica existen muchas regulaciones de baja calidad que afectan el crecimiento económico. “Estamos plagados de permisos, licencias, trámites y autorizaciones que afectan mucho a las empresas”, y enfatizó en la importancia de tener buenas regulaciones para impulsar la competencia y aumentar la productividad económica de los países.

También, explicó que en su mayoría la regulación intenta proteger a la población contra los riesgos como, por ejemplo, la regulación ambiental y al desarrollo urbano y territorial que tienen como fin proteger a la población respecto a riesgos ambientales, poniendo énfasis en que la respuesta regulatoria debe ser proporcional al riesgo.

Para Flores, en Latinoamérica las empresas enfrentan grandes retos regulatorios, no obstante se destaca Chile como el país que tiene menos restricciones a la inversión, “aunque aún tiene posibilidades de mejorar”, aseguró y acotó que para eso la OCDE promueve optimizar el ciclo de la gobernanza regulatoria en el que participan tanto regulados y reguladores, y que está compuesto por cuatro etapas: desarrollo de la política pública y elección de los instrumentos; el desarrollo de nueva regulación o revisión de la existente; la implementación y hacer cumplir la regulación; y el monitoreo y evaluación del desempeño de la regulación.

Agradecimientos

Al finalizar la charla, la ministra presidenta del tribunal, Sandra Álvarez Torres, agradeció la voluntad del doctor Manuel Flores de acceder a poder dictar la charla y enfatizó en la importancia que tiene para el equipo del tribunal acceder a conocimiento experto y específico. “El tema de la regulación nos atañe de manera directa en la medida en que somos un tribunal especial dentro de un sistema de control judicial”, manifestó.

Asimismo, el ministro Alamiro Alfaro agradeció al doctor Flores y resaltó la importancia de la temática para el tribunal en especial en el contexto de la jurisprudencia ambiental chilena, donde el control que realizan los tribunales ambientales cada vez se está ampliando a un número mayor de instrumentos de gestión ambiental.

Expositor

Manuel Flores Romero es licenciado en economía por el Tecnológico de Monterey; México y doctor en economía por la Universidad de Warwick (Reino Unido).

Es administrador para la OCDE de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria y coordinador del Programa de Política Regulatoria para Latinoamérica.

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La actividad es organizada por Natural Resource Governance Institute (NRGI), la División de Recursos Naturales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Deutsche Gelleschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), con el apoyo del Programa Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de los Recursos Mineros en los países Andinos (MinSus), financiado por el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania.

Antecedentes

Recientemente el gobierno de México ha anunciado una reforma energética con la que propone que el litio en este país sea considerado un recurso estratégico como el petróleo, donde sea el Estado quien lo explote y comercialice. Esto, debido a que con el auge de la electromovilidad y las energías renovables, se proyecta que la demanda de este mineral crecerá un 80 % durante la próxima década.

“El gobierno mexicano está promoviendo una reforma en el sector eléctrico que impactaría en la gobernanza de la minería, petróleo y gas”, explicó Juan Luis Dammert, director de Natural Resource Governance Institute (NRGI) para América Latina. “Es un momento de definiciones para el futuro del litio en México, que tiene un reciente descubrimiento de un yacimiento en Sonora del cual se sabe muy poco. En cambio, sí existe mucha información sobre cómo ha evolucionado la industria del litio en los países andinos, que han tenido caminos diferenciados. Las formas en las que se han diseñado los regímenes de acceso al recurso, los niveles de explotación y comercialización y el éxito en la práctica para darle valor agregado al litio domésticamente varía entre Bolivia, Chile y Argentina. Estos son temas en los que los países andinos tienen lecciones que mostrar. Estas lecciones pueden ser muy útiles para la discusión sobre el litio en México”, indicó.

Para Nicolas Maennling, asesor principal de la GIZ, “como se ha destacado durante la COP26 de esta semana, las ventas de vehículos eléctricos deben aumentar drásticamente para cumplir con los objetivos climáticos. Las baterías juegan un rol fundamental en este sentido, lo que conlleva una alta proyección de demanda de litio durante los próximos años. Para los países que tienen recursos de este mineral, esto plantea la pregunta de si quieren extraer dichos recursos, y si es el caso, cómo maximizar los beneficios y reducir los impactos negativos asociados a la extracción. Una decisión política está relacionada con el equilibrio entre la maximización de ingresos por impuestos y el objetivo de añadir valor doméstico. Argentina, Bolivia y Chile han elegido modelos diferentes y las experiencias pueden aportar al debate en México”.

El encuentro contará con la participación de Martín Obaya, consultor de la Cepal, director del Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT); Sandra Sánchez de la Fundación Jubileo; Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo; Miguel Mauricio Soler, de la Secretaría de Minería e Hidrocarburos, de la Provincia de Jujuy, Argentina; y Fernanda Ballesteros, responsable de país de NRGI para México.

Mayor información e inscripciones en este link.

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Si bien la elaboración de la PNM 2050 toma como insumo lo realizado por iniciativas como Valor Minero y Corporación Alta Ley, “no queremos repetir el trabajo hecho”, dijo el subsecretario, quien puntualizó que la idea es operar con un criterio de “adicionalidad”, en que se vayan agregando nuevos aportes.

En ese marco, la autoridad explicó que se implementarán indicadores que permitan evaluar, cada cinco años, el comportamiento de la industria en diferentes ámbitos, de acuerdo a las metas que se establezcan y considerando que los contextos pueden ir variando.

[VEA TAMBIÉN: Gobierno: en agosto se dará a conocer Política Nacional Minera]

Ejes de trabajo

El subsecretario Irarrázabal detalló el proceso que se ha impulsado hasta ahora en torno a la PNM 2050, cuya primera fase se inició en agosto de 2019, con la participación de alrededor de 150 personas de los sectores público, privado, sindicatos, academia y sociedad civil.

Durante seis meses trabajaron en cuatro ejes de la política: desarrollo económico sostenible, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental y gobernanza.

Finalizada esta etapa (a mediados de enero), se está organizando la fase regional de la PNM, que partiría en marzo próximo y que incluirá visitas y reuniones en todas las regiones del país, convocando tanto a personas vinculadas a la industria como a aquellas que la miran a distancia. “Si queremos darle identidad minera al país, hay que darle valor a las regiones”, subrayó la autoridad.

Junto con ello, se están conformando 10 mesas técnicas que trabajarán en profundidad las propuestas emanadas de la primera fase y las que se recojan en regiones, en función de 10 ejes temáticos: institucionalidad y desarrollo minero; participación ciudadana y desarrollo territorial; productividad y capital humano; impuestos e inversión pública; innovación y cadena de valor; minería verde; pueblos originarios; relaciones laborales integrales; pequeña y mediana minería; y nuevo escenario: continuidad operacional y certeza regulatoria.

Irarrázabal invitó a los socios de Voces Mineras a involucrarse en el trabajo de las mesas técnicas y a “convertirse en embajadores de la Política Nacional Minera”, apuntando a la importancia de que éste sea un proceso colaborativo para construir una Política de Estado con visión de largo plazo.

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La minera estatal tiene el mejor desempeño entre las 74 entidades evaluadas, lo que implica un salto cuantitativo respecto del reporte de 2013, cuando ocupaba la posición 10.

La chilena registró sus mejores puntajes en las categorías de Transferencias del Gobierno, Reportes Financieros e Información de Producción, Joint Ventures y Subsidiarias.

«Mejorar la información sobre las ventas de commodities podría elevar aún más la buena gobernanza de la compañía», señala el informe.

«Esto es fruto del trabajo que se viene realizando desde que, en 2009, un acuerdo de todos los sectores políticos del país permitió crear la Ley de Gobierno Corporativo de Codelco», dijo el presidente del directorio, Óscar Landerretche.

La minera supera a gigantes como Oil and Natural Gas Corporation of India y a reconocidos nombres, como la noruega Statoil (que en 2013 tenía el primer lugar), y dentro de este lado del continente a la renacionalizada YPF.

Chile también se posiciona

Pero el informe -que está disponible en DF.cl-también mide el avance de los países. De este modo, Chile ocupa el segundo puesto en el reporte RGI de 2017, que mide la calidad de los gobiernos corporativos en 81 países, superado sólo por Noruega.

Mucho más abajo, en el lugar 16, se ubica Perú, rival de Chile en el sector minero. En conjunto, los países de la muestra representan 82% de la producción mundial de petróleo, 78% del gas y 72% del cobre.

La minería del cobre en Chile aparece en el segundo puesto del índice, impulsado principalmente por el buen desempeño en el indicador de Ambiente Facilitador, que favorece la buena Gestión de Ingresos y una mayor Extracción de Valor. Con 81 puntos de un total de 100, se ubica 23 unidades por sobre el promedio de la región.

Así, el país está al tope de la categoría de naciones que han logrado establecer «leyes y prácticas que probablemente den lugar a que la riqueza en recursos extractivos beneficie a la ciudadanía, aunque puede haber algunos costos para la sociedad», señala el reporte.

Landerretche: «No es justo atacar lo que hemos hecho por aumentar la transparencia»

-¿Cómo toman esta medición?

-Es un reconocimiento al trabajo que Chile y que Codelco han hecho para mejorar sus estándares de transparencia, de generación de valor compartido y de gobernanza de sus recursos naturales. En nuestro caso, es fruto del trabajo que se viene realizando desde que, en 2009, un acuerdo de todos los sectores políticos permitió crear la Ley de Gobierno Corporativo e iniciar un proceso de mejora continua hasta lograr elevados índices de probidad, transparencia y buenas prácticas.

-¿Qué queda por hacer?

-Queda mucho por hacer. El informe recomienda mejorar la información sobre nuestras ventas. En Codelco tenemos una agenda de transparencia y probidad que seguiremos implementando.

-La empresa está en medio de una disputa con Contraloría, ¿hay un celo excesivo sobre Codelco?

-En Chile y en el mundo se ha instalado un clima de desconfianza a todas las instituciones. Muchos de esos cuestionamientos tienen una razonable veracidad, pero otros, como en el caso de Codelco, se fundan en prejuicios desinformados. Este informe no sólo ubica a nuestra compañía como la empresa pública mejor posicionada, sino que a Chile en el segundo lugar tras Noruega.

Estos resultados nos hablan de una nación que ha avanzado en incorporar las mejores prácticas en su institucionalidad y en sus compañías. Es deber de todos defender lo avanzado y promover lo que aún resta por hacer. No es justo ni conveniente atacar de forma desinformada y descontextualizada el esfuerzo que muchos hemos hecho por aumentar los grados de transparencia y probidad en la principal empresa de Chile. Respecto a Contraloría, el directorio ha sido muy claro y no tengo nada más que agregar.

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La actividad tendrá lugar Desde las 13:00 horas, en el Club de la Unión, Avda. Bernardo Oâ€Higgins 1091, Santiago Centro (Metro, Estación Universidad de Chile).

Mayor información sobre costo e inscripciones en la web del Instituto.

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Ministros, Subsecretarios y expertos de organismos internacionales participaron en la Mesa de Alto Nivel “Hacia una visión de la gobernanza de los recursos naturales para la igualdad en América Latina y el Caribe”, organizada por la Cepal en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega.

Según consigna el portal de la Cepal, en la reunión las autoridades conocieron la experiencia de Noruega en materia de pactos sociales y políticos que permitan aprovechar los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales, indicando a la CEPAL que continúe trabajando sobre tan importante tema de la agenda del desarrollo, a través de la apertura de un intercambio con las autoridades nacionales que lleve a la creación de la agenda regional para el establecimiento de una visión común y un foro de reflexión sobre el pacto por la gobernanza de estos recursos.

Estuvieron presentes en el encuentro Ministros, Subsecretarios y altos representantes de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Noruega, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como funcionarios y expertos del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, de la Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (UN-ECA) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Visión de trabajo

“Es necesario avanzar resueltamente hacia una mejor y mayor gobernanza y aprovechamiento de los recursos naturales, para que éstos contribuyan a una economía más diversificada, más sostenible en términos ambientales y con sinergias en materia de empleo, bienestar y un desarrollo económico sustentable para la región en el largo plazo”, sostuvo Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal, al inaugurar el encuentro.

Bárcena indicó que la propuesta de gobernanza de la Cepal busca gobernar la propiedad, los modos de apropiación y la redistribución de las ganancias de productividad, para que sea el conjunto de la sociedad quien se beneficie de la dotación de los recursos naturales.

“Mejorar la gobernanza de los recursos naturales en la región exige a los países construir los pactos y consensos políticos necesarios para que los Estados puedan captar y canalizar eficientemente la inversión de las rentas de sus recursos hacia el logro de sus metas de desarrollo sostenible e inclusivo”, añadió la Secretaria Ejecutiva del organismo.

Bárcena explicó que América Latina y el Caribe es una región rica en recursos naturales y varios de sus países se encuentran entre los principales productores mundiales de cobre, hierro, plata, molibdeno, plomo y estaño, mientras que en materia energética fue en 2012 la segunda región con mayores reservas petroleras probadas (después de Oriente Medio), equivalentes a 20% del total y, en materia agrícola, concentra 52% de la producción mundial de soja, 16% de la de carne y maíz, y 11% de la de leche. Asimismo, posee un tercio de las reservas mundiales de agua dulce y 15% de la superficie agrícola mundial, además de ser una gran reserva de biodiversidad.}

Experiencia de Noruega

La Embajadora de Noruega en Chile, Hege Araldsen, expuso sobre la experiencia de su país para lograr que los beneficios obtenidos de la explotación de los recursos naturales sean aprovechados por toda la población.

“Para alcanzar este objetivo es imprescindible tener un sistema inclusivo y democrático, instituciones públicas sólidas y competentes y que la sociedad ejerza efectivamente el control sobre sus recursos energéticos”, indicó la Embajadora.

En la Mesa de Alto Nivel la Cepal presentó su visión sobre la gobernanza de los recursos naturales y recalcó que los elementos para la construcción de un pacto en esta área son: la creación de una estrategia y política de Estado de largo plazo para asegurar que los sectores extractivos contribuyan a las metas de desarrollo con diversificación productiva, cambio estructural e inclusión social; actualizar los marcos tributarios de los países para obtener mayor progresividad en la participación del Estado en las rentas; institucionalizar mecanismos de estabilización, ahorro e inversión de largo plazo de estas rentas; y fortalecer la capacidad de las instituciones públicas para gestionar los conflictos socio-ambientales y laborales asociados al desarrollo de los sectores extractivos.

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