La superintendenta (s) es Ingeniera Civil en Química de la Universidad de Santiago y cuenta con cerca de 30 años de trayectoria en el sector público. De ellos, 16 años los ha desarrollado en la SMA, donde ha cumplido un rol clave en el fortalecimiento de la fiscalización ambiental. Desde julio de 2023 se desempeñaba como jefa de la División de Fiscalización, cargo al que accedió a través del sistema de Alta Dirección Pública.

Desde el MMA comunicaron que su nombramiento estará marcado por importantes desafíos: seguir fortaleciendo la fiscalización ambiental a lo largo del país, avanzar en procesos más eficientes y oportunos, y consolidar el rol de la SMA como un actor clave en la protección del medioambiente.

Al asumir este nuevo rol, la superintendenta (s) expresó que “recibo este desafío con un profundo sentido de responsabilidad y compromiso con la SMA y sus equipos. Nuestro foco estará en dar continuidad al trabajo que hemos construido, fortaleciendo nuestro rigor técnico como servicio especializado”.

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Durante la jornada, los especialistas de la institución experimentaron con plataformas capaces de recrear entornos mineros de alta complejidad. Estas herramientas digitales permiten visualizar, de manera preliminar, taludes y operaciones subterráneas con un elevado nivel de precisión, facilitando el análisis de condiciones geotécnicas sin los riesgos que implica el desplazamiento físico a zonas críticas.

Hugo Neira, jefe del Subdepartamento de Analítica Territorial de Sernageomin, destacó el valor de este proceso de evaluación: “Estamos explorando cómo este tipo de innovaciones podrían complementar nuestros métodos tradicionales, permitiéndonos avanzar hacia una fiscalización más moderna mediante datos de alta resolución y análisis remoto».

Agregó que “en esta instancia, presentamos resultados de levantamientos en depósitos de relaves para probar la capacidad de estos sistemas en la captura de detalles críticos. El objetivo es determinar cómo optimizar los tiempos de evaluación y, sobre todo, resguardar la seguridad de nuestros equipos en zonas de riesgo”.

En tanto, Eduardo Casas, gerente de proyectos de Dataverso, comentó que uno de los objetivos de la empresa es reducir al mínimo la exposición de los profesionales de la minería a riesgos, tanto en taludes como en operaciones subterráneas. “Hemos puesto a disposición de la industria una herramienta de realidad virtual inmersiva, que permite optimizar los procesos, elevar los estándares de seguridad y reducir los riesgos operacionales. Este trabajo conjunto con Sernageomin se alinea con el propósito del Grupo Geoblast de impulsar el uso de tecnología para mejorar los procesos en la industria minera”, puntualizó.

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El nuevo portal tiene como objetivo facilitar el acceso a la información y optimizar la interacción entre la SMA y el sector regulado, reforzando la transparencia, la trazabilidad y la eficiencia de los procedimientos administrativos. La plataforma no sólo centraliza antecedentes, sino que también entrega herramientas que permitirán a los titulares gestionar de mejor forma sus obligaciones y anticiparse a eventuales incumplimientos.

“Mi SMA representa un avance concreto en nuestra transformación digital. No sólo mejora el acceso a la información ambiental, sino que también simplifica y ordena la relación con los regulados, entregándoles mayor claridad sobre sus obligaciones y el estado de sus procedimientos. Con esta herramienta damos un paso decisivo hacia una gestión más moderna, transparente y eficiente”, destacó la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer.

Un solo portal para gestionar el cumplimiento

La plataforma cumple dos funciones principales:

En esta primera etapa se incorpora el módulo de Requerimientos de Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), procedimiento que permite gestionar de forma completamente electrónica los casos en que se detecte una eventual elusión al sistema. Mediante esta funcionalidad, los titulares podrán ingresar con su clave única y cargar directamente sus antecedentes en la plataforma, asegurando la integridad del expediente electrónico, la trazabilidad de sus modificaciones y la transparencia del proceso dentro de la institucionalidad ambiental.

En segundo lugar, “Mi SMA” facilita el acceso a la información ambiental mediante la integración de diversos sistemas institucionales. De este modo, los titulares con RCA vigente que estén registrados en el Sistema de Administración de Regulados (SAR) podrán revisar en un solo repositorio los antecedentes relevantes sobre sus unidades fiscalizables, fiscalizaciones, procedimientos sancionatorios, reportes de seguimiento ambiental y otros datos asociados a los proyectos que administran.

La SMA proyecta que “Mi SMA” se convierta en el principal canal de interacción con el sector regulado, incorporando progresivamente nuevas funcionalidades orientadas a fortalecer el cumplimiento normativo. Entre las mejoras previstas se encuentran la incorporación de más procedimientos administrativos, alertas de plazos de reporte, notificaciones, mayor visualización de datos y recordatorios de obligaciones ambientales, con el objetivo de avanzar hacia un panel de gestión activa que apoye la prevención de incumplimientos.

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El dispositivo, compuesto por una columna de seis vehículos y 15 expertos multidisciplinarios de diversas regiones, tiene como misión auditar in situ la seguridad de la faena y restaurar el imperio de la ley minera frente a la entrega de datos adulterados por parte de la cuprífera estatal.

Tras una planificación estratégica en la Dirección Regional de O’Higgins, la autoridad nacional notificó a la alta gerencia de la División el inicio de la toma de datos en el sector Colón Alto. El despliegue buscó verificar de manera directa el estado de las galerías y los sistemas de monitoreo geomecánico, contrastando la realidad técnica con los informes consignados en los formularios E-300 por la empresa.

Al respecto, Lorca destacó la relevancia del operativo. «Estamos en Colón marcando el punto inicial de un proceso de fiscalización continua y exhaustiva, ejecutando un peritaje técnico independiente e inobjetable. Nos hemos desplegado con 15 fiscalizadores para determinar de manera fehaciente cualquier desviación respecto a los permisos otorgados por nuestro servicio. Nuestro objetivo es obtener certeza técnica sobre lo que ocurre en la faena para garantizar por, sobre todo, la vida de las personas y reconstruir la trazabilidad de la seguridad que fue comprometida por el ocultamiento de datos», afirmó.

Asimismo, la autoridad fue enfática en sostener que la seguridad minera no admite interpretaciones. «Nuestra presencia hoy busca validar cada dato que fue sustraído del control de la autoridad, pues la seguridad y la fe pública no pueden ni deben depender de información alterada«, aseguró.

Cabe recordar que, ante la gravedad de los antecedentes, Sernageomin ya interpuso denuncias formales ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Estas acciones legales buscan determinar responsabilidades penales y administrativas derivadas del quiebre de los protocolos de reporte de seguridad minera y el uso malicioso de instrumentos de reporte oficial tras el estallido de roca de 2023.

Los hallazgos recolectados durante esta inspección serán antecedentes críticos para la Mesa de Trabajo Técnica que sesionará este lunes 23 de febrero. Dicha instancia se mantendrá vigente hasta el total esclarecimiento de los hechos y la plena restitución de la soberanía técnica que la ley exige a la industria minera.

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Por este caso, la SMA recibió tres denuncias ciudadanas donde se alertó, entre otros, sobre la existencia de trabajos sin contar con los permisos requeridos para ello, además de la presencia de material en el aire.

A partir de ello, el equipo de fiscalización de la Superintendencia junto a Sernageomin y la Dirección General de Aguas (DGA) realizaron una actividad de inspección ambiental a la unidad, además de solicitar información al titular. En ese contexto, la SMA pudo identificar tres desviaciones ambientales que habría cometido el titular.

El primer cargo tiene relación con el incumplimiento de la medida de incorporación de un sistema de lavado de lodo de las ruedas de los vehículos que abandonaran la faena, a fin de controlar las emisiones atmosféricas que pudiera generar el secado de los lodos adosados.

Por otra parte, se pudo establecer la existencia de un incumplimiento de las exigencias ambientales relativas a la implementación de pozos de monitoreo del acuífero presente, lo cual fue fijado en la RCA del proyecto, con el objetivo de prevenir eventuales impactos en las aguas subterráneas. De acuerdo a la información levantada en la inspección de la SMA, se pudo constatar que el titular no habilitó los pozos de monitoreo en dos puntos ni realizó los reportes respectivos.

El tercer cargo, en tanto, se debe a que el titular construyó e implementó pistas de aceleración y desaceleración para el acceso y salida de las instalaciones sin contar con la aprobación de la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, tal como está establecido en su permiso ambiental.

Plazos

El jefe regional de la SMA, Esteban Dattwyler, declaró que “en el marco de las fiscalizaciones realizadas al proyecto se detectaron tres incumplimientos por parte del titular en relación con su permiso ambiental. Cabe recordar que los permisos ambientales, o Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), cumplen un rol fundamental en la protección del medioambiente y la salud de las personas, por lo que cualquier incumplimiento compromete directamente el cumplimiento de dichos objetivos”.

El titular tendrá un plazo extendido de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos, contados desde la notificación de este procedimiento sancionatorio.

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Esta iniciativa, financiada a través de un fondo directo, representa un hito de inversión pública que busca garantizar una presencia del Estado más robusta y eficiente en los sectores geológicos y mineros de toda la región, resaltaron las autoridades.

Al respecto, Ramírez, quien asistió en representación del cuerpo colegiado, destacó que esta entrega es fundamental para ampliar la cobertura del servicio en Tarapacá. “Como Consejo Regional, valoramos no sólo la entrega de equipamiento, sino el compromiso de los funcionarios que se capacitaron para hacer esto realidad. Estas camionetas aseguran que los equipos técnicos lleguen a cada rincón de nuestra zona, fortaleciendo la seguridad ciudadana y la fiscalización minera”, afirmó la representante del CORE, subrayando el valor de dotar a las instituciones de herramientas acordes a la realidad geográfica local.

Modelo de gestión

Más allá de la adquisición técnica de las unidades Toyota Hilux 2026, el proyecto resalta por haber sido tramitado íntegramente a nivel local bajo un modelo de autogestión. Los profesionales de la repartición regional, Carlos Pizarro, Oscar Pastén y Christian Ibáñez, lideraron el proceso tras un ciclo de formación especializada en la plataforma oficial del GORE. Al obtener sus respectivos códigos de gestores y el acceso formal al sistema, el equipo de Sernageomin logró formular la propuesta con altos estándares de calidad, convirtiendo esta entrega en el “primer fruto” de una nueva capacidad administrativa descentralizada que permite al servicio gestionar sus propios requerimientos sin depender de niveles centrales.

En sintonía con este logro, Gatica relevó el empoderamiento de su equipo técnico, manifestando que, a nivel personal, “lo más trascendental es confirmar que nuestra dirección cuenta con las habilidades necesarias para liderar sus propios proyectos. Este hito demuestra que hemos desarrollado la autonomía para transformar necesidades en realidades, permitiendo que el personal acceda a faenas de alta montaña y sectores remotos con mayor agilidad”.

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Durante ese lapso, Sernageomin registró 43.595 inspecciones a nivel nacional, incluyendo en dicha cifra total varios procesos de control en una misma faena. En las regiones, el menor porcentaje de fiscalizaciones se registró en Atacama (13%), Arica y Parinacota (14%) y Valparaíso (14%). En cambio, las zonas que presentan el mayor porcentaje de control fueron Magallanes (50%), Maule (44%) y Los Lagos (42%).

Tras el análisis de la cobertura nacional de inspecciones, quedó en evidencia una tendencia decreciente, pasando de un 25% en 2022 a un 21% en 2023, y alcanzando sólo un 14% en 2024.

Así, según el CIC, entre 2022 y 2024, había 7.150 faenas mineras sin ser fiscalizadas, lo cual representa un riesgo crítico en la cobertura de la supervisión minera. La mayor concentración de faenas en esta situación se encuentra en Atacama (2.863), Coquimbo (1.863) y Valparaíso (1.048), territorios que además concentran una parte importante de la actividad minera nacional. Le siguen Antofagasta (553) y la Región Metropolitana (237).

La existencia de estas más de 7 mil faenas sin fiscalizar en periodos superiores a dos años constituye una situación persistente, que requiere medidas urgentes de priorización y fortalecimiento del rol fiscalizador de Sernageomin, declaró Contraloría.

Desigualdad en la carga laboral

Adicionalmente, entre 2022 y 2024, se identificaron 105 funcionarios que realizaron labores de fiscalización. De acuerdo con la revisión de la carga laboral, algunos de ellos efectuaron más de 2.000 inspecciones en tres años, mientras que otros no lograron superar el centenar, reflejando una marcada desigualdad en la asignación de funciones.

En regiones mineras, como Atacama y Coquimbo por ejemplo, se enfrentan cargas muy superiores al promedio nacional (más de 490–800 faenas por fiscalizador), mientras que en las regiones del sur cuentan con dotaciones mayores en relación con la cantidad de faenas existentes (menos de 10 por fiscalizador).

La Contraloría ordenó a Sernageomin tomar medidas para la eficiente asignación territorial de los fiscalizadores, considerando la concentración de faenas activas, el número de instalaciones por faena y aquellas no fiscalizadas en un periodo mayor a 2 años.  Además, debe tomar medidas urgentes para priorizar y fortalecer su rol fiscalizador en relación con las más de 7 mil faenas sin fiscalizar.

Ver CIC N° 18

Ver anexo con 50 faenas no fiscalizadas

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Desde la SMA destacaron que el objetivo del acuerdo es fortalecer el monitoreo preventivo, la fiscalización y la evaluación de políticas públicas ambientales mediante soluciones basadas en datos, con foco en promover el cumplimiento normativo y la anticipación de riesgos. 

Esta alianza considera la identificación de oportunidades de colaboración, así como el diseño, desarrollo y evaluación de herramientas —como algoritmos y modelos— que apoyen decisiones operativas y estratégicas de la SMA, como la priorización de fiscalizaciones según riesgo, automatización de análisis, ampliación de la cobertura de monitoreo e identificación de patrones que permitan entender y predecir posibles impactos ambientales.  

Además, gracias al acuerdo, se impulsará el fortalecimiento de capacidades analíticas mediante metodologías avanzadas de evaluación de políticas y actividades de transferencia tecnológica que permitan incorporar capacidades dentro de la institución y mejorar continuamente la efectividad de las acciones de la SMA. 

Al respecto, la superintendenta Marie Claude Plumer, sostuvo que «la SMA se ha caracterizado en los últimos años por diversificar sus acciones disuasivas potenciadas con el uso de tecnología».  

En la misma línea, agregó que «esta alianza viene a consolidar dicho camino con una institución de prestigio internacional pues permitirá fortalecer la fiscalización, optimizar el uso de recursos, agilizar tiempos de tramitación y aumentar la trazabilidad de las decisiones. Esto, mediante analítica avanzada y herramientas basadas en IA que complementan la toma de decisiones de la SMA, con resguardos de privacidad, seguridad y transparencia, en línea con nuestra normativa». 

Por su parte, Daniel Ho, director del RegLab y profesor de Stanford, destacó que «el trabajo que la SMA ha realizado en transformación digital y uso de datos ofrece un terreno propicio para desarrollar pilotos que puedan aportar al monitoreo de cumplimiento, análisis de denuncias y sistemas de alerta temprana, entre otros. En ese contexto, buscamos aportar los conocimientos técnicos para diseñar, probar y evaluar soluciones, promoviendo estándares de transparencia y explicabilidad». 

«La SMA ya demuestra claros avances en transformación digital y el uso de datos para apoyar la protección ambiental, lo que permite optimizar el monitoreo del cumplimiento ambiental, el análisis de denuncias y la implementación de sistemas de alerta temprana. En el RegLab de Stanford estamos encantados de colaborar con la SMA para diseñar, probar y evaluar soluciones, promoviendo estándares de transparencia y explicabilidad», agregó. 

Este convenio de colaboración tendrá una duración de 3 años (renovable) y comenzará su trabajo con foco en dos áreas: estrategia de acuicultura y apoyo a la gestión de denuncias, fortaleciendo el trabajo a través del uso de imágenes satelitales, monitoreo en línea de variables ambientales y la generación de modelos para la toma de decisiones.  

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De esta forma, el director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, sostuvo que “la DGA es un servicio público con competencias ambientales, tanto para la fiscalización y evaluación de proyectos, las que hemos reforzado a partir de la reforma al Código de Aguas de abril de 2022. Al mismo tiempo, hemos optimizado nuestros procesos de fiscalización para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía y a los servicios públicos que nos piden fiscalizar potenciales infracciones al Código de Aguas. Este convenio viene a fortalecer el alcance del trabajo entre la DGA y la SMA, el cual busca robustecer la labor de fiscalización ambiental”.

Por su parte, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó que “la actualización de este convenio refuerza aspectos del trabajo conjunto, como la mesa técnica SMA-DGA relevando el intercambio de conocimiento y criterios en temas sancionatorios y el uso de herramientas tecnológicas como la teledetección y monitoreo remoto, junto con formalizar el apoyo entre ambas instituciones para fiscalizar las normas secundarias de calidad”.

En materia de recursos hídricos, ambas instituciones convergen en el programa de fiscalización que fija la SMA en relación a los compromisos que deben cumplir los titulares de proyectos de acuerdo a sus Resoluciones de Calificación Ambiental, en las Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) y en la elaboración de Programas de Medición y Control de la Calidad Ambiental del Agua (PMCCA).

Líneas de trabajo del convenio

Este convenio considera 10 líneas de trabajo. Entre ellas se establece la coordinación entre la SMA y la DGA en caso de situaciones de riesgo para el medioambiente, pudiendo actuar la DGA de forma inmediata y dictar las medidas necesarias para controlar el riesgo. Una vez atendida la situación se deberá informar a la SMA y remitir los antecedentes levantados en la fiscalización.

Además, el convenio establece la instalación de una mesa técnica que deberá elaborar herramientas de apoyo a la fiscalización, definir la forma y modo de comunicar los casos de especial relevancia ambiental asociados a Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) y los criterios a considerar por ambos servicios para abordar las acciones que el titular de un proyecto debe cumplir en la Resolución de Calificación Ambiental durante la construcción y ejecución de éste.

Igualmente, la mesa deberá estudiar el uso de nuevas tecnologías para la fiscalización y sanción, explorando aplicaciones de inteligencia artificial para la detección temprana de desviaciones y el intercambio de experiencias y herramientas para el uso de imágenes satelitales, sensores remotos y plataformas geoespaciales en la supervisión de cuerpos de agua, obras hidráulicas y cumplimiento de resoluciones administrativas, entre otras funciones asignadas a esta instancia de trabajo colaborativo.

Otra línea de trabajo son las actividades de fiscalización ambiental subprogramadas con los correspondientes procedimientos para su ejecución. Estas tareas fiscalizadoras pueden ser inspecciones ambientales, exámenes de información y medición, muestreo y/o análisis de parámetros físicos, químicos o biológicos, o una combinación de dichas labores.

Entre otros aspectos, en materia de Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA), la DGA deberá continuar entregando a la SMA los antecedentes de los monitoreos que realiza en siete cuerpos de agua para verificar el cumplimiento de la normativa respectiva. Parte del acuerdo suscrito, considera además informar a la SMA cuando la DGA se pronuncie respecto a las descargas de contaminantes a aguas marinas y continentales superficiales y subterráneas. Adicionalmente, ambas partes quedan facultadas para difundir casos de especial relevancia producto del trabajo conjunto.

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El documento se erige en cuatro pilares: prevención, corrección, respuesta sancionadora y evaluación de resultados, los que permiten la definición de acciones, actividades y objetivos, con el fin de mejorar la fiscalización, estandarizar criterios técnicos y promover el cumplimiento por parte de los titulares de proyectos que, producto de sus operaciones, emiten residuos líquidos.

La presentación del documento se realizó en la comuna de Talca, Región del Maule, que concentra cerca del 10% de las fuentes que emiten residuos líquidos en todo el país.

En el marco del lanzamiento, la Superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, destacó que “con esta estrategia, la SMA reafirma su compromiso con el fortalecimiento del cumplimiento ambiental, la protección de cuerpos de agua y la prevención de impactos que puedan afectar la salud de las personas, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esta medida se enmarca en una definición institucional que hemos tomado, que busca promover una fiscalización preventiva basada en evidencia, transparencia y colaboración con los sectores regulados”.

Con este hito, y sobre la base de los mismos pilares, la SMA irá abordando paulatinamente otros sectores o rubros, consolidando así, un modelo de gestión, orientado al cumplimiento ambiental, de carácter racional y equilibrado, asegurando la finalidad pública que la inspira.

Hasta septiembre del año 2025, la SMA fiscaliza un total de 718 establecimientos que emiten residuos líquidos, de los cuales cerca del 94% descargan a aguas marinas y continentales superficiales, y un 6% descargan a aguas subterráneas. De este universo, las actividades económicas predominantes son los sectores pesca y acuicultura con un 45%, agroindustrias con un 27%, mientras que las otras fuentes corresponden a instalaciones fabriles, saneamiento ambiental, energético y minero.

Asimismo, las regiones con mayor cantidad de establecimientos corresponden a la Región de Los Lagos con el 25%, la Región Metropolitana con un 10% y la Región del Maule con un 9,5%.

Cabe agregar que la descarga de residuos líquidos puede constituir una amenaza a varios componentes del medioambiente y la salud de las personas, por su diversa composición, así como por su cantidad.

💧Nueva Estrategia de Cumplimiento Ambiental para Residuos Líquidos de la SMA 🌱

Este documento tiene como objetivo principal reforzar la fiscalización de este sector, la prevención y el cumplimiento por parte de los sectores regulados.

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— Superintendencia del Medio Ambiente (@SMA_CL) October 28, 2025

Medidas complementarias

Este documento se enmarca en una estrategia integral de la Superintendencia que además considera otras dos medidas complementarias:

• Actualización de la guía orientativa para la presentación de Programas de Cumplimiento en casos donde se hayan formulado cargos por infracciones a la norma de emisión de residuos líquidos, con el fin de orientar a los titulares sobre las obligaciones y estándares exigibles.
• Próximo lanzamiento del Sistema de Seguimiento de Residuos Líquidos de la SMA, plataforma digital que permitirá mejorar la trazabilidad de las descargas, disponer de información en tiempo real y robustecer la capacidad de control y análisis de la institución.

Revisa la estrategia AQUÍ.

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