Uno de los temas abordados fue la complejidad que presenta la macrozona norte al momento de realizar fiscalizaciones o desplegar acciones en el territorio, debido a su geografía, caracterizada por grandes distancias y zonas de elevada altitud.

Se compartieron experiencias sobre cómo se han enfrentado estas barreras, destacando, por ejemplo, la presencia de la Superintendencia en diversas localidades y comunas, lo que ha permitido fortalecer su despliegue en el territorio.

Asimismo, se abordaron los desafíos en materia de fiscalización y cumplimiento ambiental en el contexto de los nuevos marcos normativos que se han implementado recientemente en materia de Responsabilidad Extendida del Productos, Impuestos Verdes y Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entre otras, cuya ejecución debe ser supervisada por la institucionalidad ambiental.

Vinculación

Los Tribunales Ambientales están encargados de resolver las controversias o reclamaciones que puedan existir sobre la legalidad de los actos administrativos dictados por la Superintendencia del Medio Ambiente y otros órganos de la institucionalidad ambiental. Asimismo, les corresponde autorizar las solicitudes de medidas provisionales, suspensiones y sanciones elevadas en consulta por la Superintendencia.

El Primer Tribunal Ambiental comunicó que desarrolla constantemente actividades de vinculación con otros organismos con competencia en materia ambiental. Entre estas iniciativas, destacan la modernización del procedimiento de solicitudes de medidas por parte de la SMA, así como la participación del Tribunal en el Plan Nacional de Implementación Participativa del Acuerdo de Escazú, liderado por el Ministerio del Medio Ambiente.

La entrada Superintendenta del Medio Ambiente y ministros del Primer Tribunal Ambiental analizan las complejidades territoriales de la macrozona norte se publicó primero en Mch.

Lo anterior, luego de constatar que el titular del proyecto ha implementado medidas insuficientes para hacerse cargo del impacto sobre las Golondrinas de Mar Negra y el impacto sobre las mismas se sigue manteniendo, sin que la empresa haya adoptado medidas suficientes e idóneas para hacerse cargo de dicho impacto, explicaron desde la institución.

De este modo, el proyecto estaría afectando esta especie mediante la contaminación lumínica, provocando caídas y la eventual muerte de estas, añadieron.

Desde la SMA destacaron que la Golondrina de Mar Negra es una especie que tiene la calidad de autóctona, única, escasa y que se encuentra actualmente en peligro de extinción.

En este contexto, durante el proceso de evaluación ambiental de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA N°115/2002), el SAG expresó mediante el ORD N°1022, de 27 de junio de 2002, que “Existen evidencias que en el área de influencia del sector mina de la Compañía se encuentra la presencia ocasional de la Golondrina de Mar Negra. Esta ave pelágica ingresa al continente para nidificar en un sector no conocido aún. Sobre la base de lo anterior, el proponente deberá minimizar la contaminación lumínica del área de operaciones de la mina con el objeto de no interferir los vuelos nocturnos de la Oceanodroma Markhami, especie incluida en la categoría de conservación como insuficientemente conocida”.

Este proyecto consiste en la extracción de sal desde las minas “Loberas” y “Kainitas”, ubicadas en el Salar Grande de Tarapacá. En este sector se realiza también el procesamiento de la sal extraída mediante la molienda y harneo de dicho material, para luego ser enviado mediante camiones tolva al sector de “Puerto Patillos”.

Este caso tiene como origen tres denuncias vinculadas a la afectación de Golondrinas de Mar Negra producto de la operación del proyecto. Frente a lo anterior, la SMA realizó inspecciones ambientales que fueron complementados con exámenes de información del proyecto durante: mayo de 2017 junto al SAG y SERNAPESCA; agosto de 2020; julio de 2021 y julio de 2024 junto al SAG.

Con todos estos antecedentes presentados, y luego del análisis legal, la SMA inició un procedimiento sancionatorio a través de la formulación de dos cargos contra la titular del proyecto: el primer cargo fue clasificado como grave, y el segundo como leve.

El primer cargo se sustenta porque la empresa hizo omisión de ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo del impacto ambiental no previsto, consistente en la caída de ejemplares de Golondrina de Mar Negra en las instalaciones del proyecto producto de la atracción lumínica, al no haberse implementado medidas eficaces para controlar y mitigar dicho impacto.

La segunda infracción se sustenta debido a que la empresa cuenta con luminarias sin protección para evitar la proyección de la luz hacia el hemisferio superior.

Al respecto, el jefe de la Oficina Regional SMA de Tarapacá, José Miguel Pedraza explicó que “tras el análisis realizado por la SMA, se puede evidenciar que existen antecedentes suficientes para el inicio de este procedimiento sancionatorio, luego de constatar que, en la ejecución de este proyecto, el titular no ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas en su permiso ambiental, las que dan las directrices para la ejecución de este. Además, se ha podido constatar que la empresa ha implementado medidas insuficientes para mitigar la ocurrencia de impactos no previstos en la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, y que han afectado a las poblaciones locales de Golondrinas de Mar”.

Cabe recordar que, respecto a las infracciones leves, la empresa podrá ser objeto de amonestación por escrito o multa de una hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA). En relación con los cargos graves, el titular del proyecto arriesga desde la revocación de la RCA, clausura, o multa de hasta 5.000 UTA. Debido a lo anterior, tras el inicio del procedimiento sancionatorio el titular del proyecto arriesga una multa equivalente a más de $4.854 millones (valor actual de la UTA).

La Sociedad Punta de Lobos S.A. tendrá 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 22 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación.

Para más detalles de la formulación de cargos, es posible ingresar al Sistema de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), a través de ESTE LINK.

La entrada SMA formula cargos contra empresa por afectación a Golondrinas de Mar Negra se publicó primero en Mch.

En ella, se busca fortalecer y mejorar la eficacia de la fiscalización y el cumplimiento de la regulación ambiental a cargo de esta institución. Recientemente fue despachada en la Cámara de Diputados este proyecto de ley, el cual ha recibido una serie de críticas por parte de distintos expertos y ex autoridades. Uno de ellos es Felipe Riesco, abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente del segundo gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera, quien asegura ser “crítico de varios temas«.

Riesco comentó que «cuando fui a exponer a la Comisión del Medio Ambiente, afirmé que este proyecto lo que hace es entregar facultades exorbitantes a la Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Qué quiere decir? Cuando se creó la esta institución, con la ley 20.417, uno de los grandes temores que se apaciguó con un acuerdo político transversal, era que tenía muchos poderes y un poder sancionatorio muy grande y no tenía un contrapeso importante. Por eso se crearon los Tribunales Ambientales”.

El especialista añadió que “más allá de las facultades que se le otorga, existe un problema básico, y es que la Superintendencia no da garantías de suficiente independencia, objetividad y sustanciación de estos procedimientos”.

¿Qué observaciones tiene al respecto?

Más que el fondo de otorgarle más o menos facultades, la reforma requiere establecer cómo hacemos que el diseño institucional vaya en que el interés evidentemente no es sancionar, sino que buscar que las empresas cumplan con la normativa ambiental. Y creo que ese foco también está perdido.

Arbitrariedad

¿Aumentaría la discrecionalidad?

La discrecionalidad no es mala. La discrecionalidad es actuar conforme a derecho. Cuando uno actúa discrecionalmente significa que el legislador permite distintas salidas posibles. Lo que está proscrito es la arbitrariedad. Y eso, yo creo que hoy es un problema del diseño institucional de la Superintendencia. Yo no soy amigo de entregar todas las responsabilidades a una persona particular. Prefiero los órganos colegiados.

¿Por qué los prefiere?

Porque la colegialidad obliga a que no pueda haber una especie de dictadorcito. Implica que se tienen que poner de acuerdo. Además, da más estabilidad a largo plazo en las medidas que se adopten y en cómo se ejercen ciertas funciones. Algunos ejemplos de órganos colegiados que han funcionado son la Comisión para el Mercado Financiero, o también pienso en nuevas instituciones como la Agencia de Dato Personales.

Nuevas facultades para la SMA

¿Se le entregarán demasiadas atribuciones a la SMA?

Sí, pero no sólo eso. Además, otorga facultades que retiran de la esfera de control de los tribunales ambientales aspectos como las medidas cautelares y la necesidad de consulta para la adopción de algunas medidas provisionales. Si recuerdo bien, establece que, en caso de daño ambiental, no se puede presentar un programa de cumplimiento respecto de la infracción. Si puedo presentar un programa de cumplimiento y, además, un plan de reparación para hacerme cargo del eventual daño causado, o incluso esperar el ejercicio de una acción, ¿por qué limitar esa alternativa?

Por otro lado, simplifica la tramitación del plan de reparación. Sin embargo, el problema del plan de reparación no radica en si este es más o menos simple. Por ejemplo, ahora no es necesario consultar al SEA para presentar dicho plan. Pero, en el fondo, lo que busca esta modificación es fortalecer y ampliar las facultades de la SMA de manera desproporcionada durante el juicio, alejándose del control de los tribunales y eliminando la necesidad de consultar al SEA. Esto, desde mi perspectiva, también es perjudicial.

¿Cuáles son los puntos positivos y negativos de esta reforma?

El punto positivo, en general, es que, aunque el diagnóstico realizado sea deficiente, se reconoce la necesidad de formular nuevas ideas para el funcionamiento del SMA, lo cual es esencial. Sin embargo, lo negativo es la forma en que se ha tramitado: siempre ha sido un proceso muy opaco y llevado a cabo a espaldas de la ciudadanía. El Ministerio de Medio Ambiente, el SEA y el SMA hablan mucho de Escazú y de consultas públicas, pero este tema no fue sometido a consulta pública. No se buscó realizar una ronda de consultas con gremios empresariales, ONG, ni ningún otro grupo relevante. Este diagnóstico en particular, más allá de un par de asesores contratados para este propósito, no ha contado con participación amplia ni transparente.

Además, parece que se busca incorporar y legalizar prácticas que la SMA ha implementado, pero que los tribunales han señalado como ilegales, o prácticas bastante dudosas que aún no han sido reconocidas por los tribunales ambientales.

¿Qué falta en el diagnóstico?

Además de la falta de publicidad, hay temas que aquejan actualmente como la demora en tiempos de revisión de requerimientos. Algunos pueden tardar hasta 4 años, aumentando la incertidumbre de los proyectos.

¿Cómo impacta a los proyectos de inversión esta reforma?

Creo que esto tiene un impacto muy negativo porque genera incertidumbre en las personas. En lugar de ofrecer certezas, trae más inestabilidad, lo que genera problemas para el desarrollo de los proyectos. Por ejemplo, al adoptar vías alternativas de cumplimiento respecto a desviaciones administrativas de menor entidad, surgen preguntas, por ejemplo ¿Cómo sé cuáles son esas medidas o desviaciones normativas de menor entidad?

Además, estas desviaciones suelen detectarse en la etapa de fiscalización, que es cuando se determina si existe incumplimiento o no. La división de sanciones evalúa si, según el informe de fiscalización, se trata de una desviación normativa de menor entidad. Estas son cosas que, aunque suenen bien en teoría, están muy mal pensadas y peor implementadas. El resultado es una mayor inestabilidad regulatoria y, por ende, menos certezas para los inversionistas.

Esto es especialmente preocupante considerando que el país, supuestamente, está haciendo esfuerzos —o al menos así lo señala el gobierno— para brindar certezas regulatorias, promover inversiones y acortar los tiempos de tramitación. En este contexto, estas medidas parecen carecer de sentido.

La entrada Felipe Riesco, abogado y ex subsecretario de Medio Ambiente: “Las atribuciones que se le darán a la SMA son exorbitantes” se publicó primero en Mch.

Al igual que todos los años, la jornada contó con la presencia de representantes de diversos organismos sectoriales de la Red Nacional de Fiscalización Ambiental (RENFA), entre ellos Conaf, Sernapesca, Directemar y otros.

La convocatoria fue inaugurada por la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, quien recalcó los objetivos estratégicos 2023-2026 de la SMA: “Estos objetivos han estado acompañando nuestro trabajo y se van replicando en el ejercicio de la fiscalización y el ejercicio de la potestad sancionadora para el cumplimiento ambiental”.

Luego de realizar un balance sobre los desafíos del período 2023, la autoridad presentó los cinco lineamientos para la programación 2025, siendo estos la atención de denuncias; el despliegue de la fiscalización en territorios prioritarios; el aumento de cobertura mediante mecanismos tecnológicos; la fiscalización focalizada y activa en problemas ambientales de escasez hídrica, protección de biodiversidad y resguardo de calidad de vida en la ciudadanía; e incrementar la fiscalización sobre los Programas de Cumplimiento.

Posteriormente, la jefa de la División de Fiscalización (DFZ) de la SMA, Claudia Pastore, detalló el plan de trabajo 2024 a partir de cuatro grandes premisas:

1. El fortalecimiento de la acción fiscalizadora.
2. El trabajo coordinado a nivel interinstitucional, con la implementación de capacitaciones, actualización de convenios, mesas de trabajo entre organismos sectoriales, seguimiento de labores y exploración de nuevas modalidades de fiscalización.
3. Mejorar la oportunidad de reportes, con el objetivo de facilitar la elaboración de informes de fiscalización detallados y entregados en mejores plazos.
4. Enfatizar los lineamientos ambientales de la institución para el próximo programa 2025, considerando las directrices planteadas por la SMA.

Además, se presentó el calendario del plan de trabajo 2024 para los organismos, que considera una etapa de consulta de participación por parte de la SMA a las instituciones de la RENFA.

Por último, Pastore compartió los resultados de los subprogramas 2023, destacando un muy alto índice de cumplimiento en regiones, invitando así a los asistentes a continuar el trabajo en equipo: “Los invitamos a seguir trabajando e incorporar sus inquietudes para que podamos fortalecer nuestro trabajo desde el punto de vista ambiental”.

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Según detallaron desde la SMA, el acuerdo define los cursos de acción y coordinación entre ambos organismos, asociados a la fiscalización de medidas incluidas en Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) y Programas de Cumplimiento (PdC), la derivación y presentación de denuncias, y la solicitud de medidas provisionales o aquellas que sean urgentes y transitorias, respecto del componente ambiental Patrimonio Cultural, protegido como Monumento Nacional, en sus distintas categorías.

El patrimonio cultural –bajo la tuición y protección del CMN- incluye los Monumentos Históricos, Monumentos Públicos, Zonas Típicas o Pintorescas, Monumentos Arqueológicos, Monumentos Paleontológicos y Santuarios de la Naturaleza, los cuales deben ser resguardados al momento de ejecutar proyectos de inversión que pasan por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, como los de energía, minería, infraestructura, inmobiliario o de transporte, entre otros.

La Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo encargado de ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización, entre otras, de las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), un documento administrativo que se obtiene una vez culminado el proceso de evaluación de impacto ambiental en todos sus componentes, incluido el patrimonio cultural. Este documento establece las condiciones, exigencias o medidas que el titular asociado a un proyecto o actividad deberá cumplir durante su ejecución.

Trabajo de colaboración

La superintendenta Plumer explicó que “este convenio materializa no sólo una obligación de coordinación entre organismos públicos, sino la voluntad expresa de fortalecer los servicios. La SMA tiene múltiples obligaciones en materia de fiscalización, donde el componente patrimonial es uno de ellos, y cuya especificidad es abordada por el CMN, un organismo crucial en el ejercicio de esta función. De este modo, el acuerdo representa una nueva etapa en esta coordinación”.

En el marco de este convenio, el CMN colaborará en la fiscalización de las RCA y PdC que incluyan medidas relativas a Patrimonio Cultural; procederá a la derivación y presentación de denuncias por infracciones ambientales que afecten este componente; y hará la solicitud de medidas provisionales o de medidas urgentes y transitorias que puede dictar la SMA cuando existe un riesgo inminente para este componente.

En ese contexto, Erwin Brevis, secretario técnico del CMN, precisó que “estamos muy contentos como secretaría técnica del CMN, pues formaliza un trabajo de largo aliento con la SMA que se ha ido consolidando, y que formaliza nuestro rol fiscalizador en la evaluación ambiental. En el desarrollo sostenible el patrimonio es uno de sus pilares y por eso debe ser resguardado. Este convenio visibiliza y lleva al papel los trabajos en colaboración que desarrollamos junto a la Superintendencia y, por tanto, clarifica y delimita nuestros roles en el objetivo común en la protección del medio ambiente”.

Desde la SMA resaltaron que el propósito último de este convenio es asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y resguardar el patrimonio cultural.

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La profesional, con más de 29 años de experiencia, es máster (DEA) en Derecho Ambiental de la Universidad de Paris I-II Panthéon-Sorbonne y cuenta con estudios de especialización en Gestión Económica del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, en el Instituto de Administración Pública y de la Universidad de Alcalá de Henares, España. Además, posee un diplomado en Competencias Directivas Genéricas para la Alta Dirección Pública, de la Universidad del Desarrollo y Newfield Consulting.

Marie Claude Plumer tiene vasta experiencia en la administración pública en temáticas ambientales. Se desempeñó como abogada de la División Jurídica de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) durante 14 años y fiscal de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) entre los años 2011 y 2012, entidad donde también ocupó el cargo de jefa de la División de Sanción y Cumplimiento entre los años 2014 y 2018. En la actualidad, se desempeña como jefa de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente.

Durante su trayectoria ha ejercido además como asesora independiente y asesora de la Dirección de Fronteras y Límites, así como docente en las universidades Católica de Valparaíso, del Desarrollo y de Santiago, y cuenta con diversas publicaciones en materia medioambiental.

Proceso de selección 

El proceso para proveer este cargo se inició en junio de este año con la publicación de la convocatoria en el sitio web del Servicio Civil y en diarios de circulación nacional. En total, se recibieron 172 postulaciones a través del Sistema de Postulación en Línea y cinco postulaciones a través del servicio de búsqueda especializada.

A partir de los resultados de la evaluación de las y los candidatos, el Consejo de Alta Dirección Pública decidió entrevistar a diez postulantes, tras lo cual elaboró la nómina final que envió al Presidente de la República, para que efectuara su selección.

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“Desde que iniciamos el programa especial para mejor nuestro nivel servicio, hemos aumentado en un 60% las denuncias gestionadas por año”, señaló.

Lo anterior -prosiguió De La Maza-, se enmarca en el Plan de Acción 2019-2022 que incluye una mejora de todos los procesos de la SMA, como robustecer la fiscalización territorial y remota, fortalecer la potestad sancionatoria y el incentivo al cumplimiento; además de potenciar el seguimiento ambiental y facilitar el acceso a la información.

Es así como en el año 2020, las inspecciones ambientales evidenciaron un avance sustantivo con un volumen que duplicó el promedio de los últimos 5 años. Esto se explica principalmente por el incremento de fiscalizaciones mediante exámenes de información, triplicando lo realizado durante 2019.

Desde la entidad destacaron que el fortalecimiento a la Fiscalización Remota, que se trabajó de manera permanente durante 2020, estableció obligaciones de reporte en línea en distintos sectores como energía, salmonicultura, industria, sitios de disposición final de residuos y minería, entre otros.

“Con ello esperamos avanzar de 10 instalaciones que monitoreábamos continuamente en 2019, a más de 1.300, el 2021. De esta forma, la SMA está realizando un despliegue tecnológico intensivo, con mecanismos de monitoreo continuo, que permitan la detección temprana de desviaciones”, señaló.

Se definieron también 28 Territorios Prioritarios a nivel nacional y se inauguraron Delegaciones Especiales en Quintero, Puchuncaví, Huasco, Coronel, Calama y Chiloé, cuyo objetivo es fiscalizar el 100% de las instalaciones relevantes en estas zonas el 2021.

En el área de Sanción y Cumplimiento se mencionaron avances importantes respecto del ejercicio 2018, lográndose a 2020 un incremento del 70% en Formulaciones de Cargos, 90% en Dictámenes, 24% en Programas de Cumplimento, 100% en Medidas Provisionales y 270% en requerimientos de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En cuanto a la automatización de los Procedimientos Sancionatorios, sostuvo que se han procesado a la fecha cerca del 70% de los expedientes que se encontraban pendientes de trámite. “Esto se tradujo en un drástico aumento en el cumplimiento de normativas como las que regulan descargas a ríos y lagos donde focalizamos nuestro trabajo, lo que significó un incremento de un 20% del cumplimiento normativo de D.S. N°90 en el último año”, precisó el Superintendente.

Resaltó, por cierto, la creación del Portal Ciudadano de Denuncias, el avance del 90% en la Digitalización de Trámites y la priorización de éstas debido a su gravedad.

Cuentas Pendientes

“Cuando asumí a cargo de la institución –2019-, contabilizamos que del total de denuncias ingresadas hasta 2018, sólo un 38% de ellas presentaba avances y con tiempos de tramitación de 300 días en promedio. En 2020 y tras todas las acciones que realizamos para agilizarlas y darles curso, actualmente hemos avanzado y tenemos un 56% de ellas gestionadas. A su vez, del total de fiscalizaciones con hallazgos realizadas, un 62% se encontraba con sancionatorios pendientes y sus tiempos de tramitación se traducían en promedio en 400 días. Actualmente sólo un 13% de estos expedientes está pendiente de tramitación”, señaló De La Maza.

Indicó que, pese a ser una institución relativamente nueva ya que entró en funcionamiento en 2013, a la fecha cuenta con 252 funcionarios nivel nacional y con un promedio de 3 fiscalizadores por región. Actualmente fiscaliza, más de 17.000 instalaciones y conforme avanza el país -sumando nuevas regulaciones ambientales-, también aumentó exponencialmente la responsabilidad de la SMA y las expectativas de la ciudadanía.

En esta línea, la autoridad añadió que “su gestión apunta a que el reforzamiento de la institucionalidad ambiental no sólo se traduzca en una fiscalización más eficiente y eficaz, sino también que incorpore mayores acciones preventivas mediante la detección temprana de incumplimientos con herramientas de inteligencia ambiental”.

Excelencia Jurídica

Desde la institución resaltaron que el trabajo realizado se ha caracterizado por la excelencia jurídica e independencia dando importantes señales a través de casos de relevancia en sectores productivos como: acuícola, minero, energético, inmobiliario, agroindustrias, rellenos sanitarios y vertederos, y también con respecto a infracciones detectadas en empresas del Estado y otras entidades públicas.

De La Maza sostuvo que a pesar de que estas mejoras en gestión han permitido acelerar el funcionamiento del Servicio, se requiere reforzar significativamente las capacidades de la SMA para responder oportuna y eficazmente al volumen de denuncias pendientes de tramitación y a la mayor demanda por la protección ambiental que se espera en los siguientes años.

En este sentido, la autoridad puso especial énfasis en “la asignación de recursos en fiscalización y sanción ambiental del país, la que dista de ser suficiente para cubrir oportunamente las denuncias que recibimos. Esto se agrava cuando se reconoce que el presupuesto de los servicios sectoriales que apoyan a la SMA se ha visto también reducido en la última década, en un 75% en este ítem.

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El evento, organizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), congregó a actores de la red nacional de fiscalización ambiental y a miembros de la red sudamericana de fiscalización y cumplimiento ambiental, que compartieron experiencias y desarrollos tecnológicos en el marco del nuevo enfoque “Next Generation Compliance”.

Dicho enfoque es una nueva línea de trabajo en gestión ambiental, que implica el desarrollo de herramientas y estrategias que buscan identificar de manera temprana y oportuna las alteraciones al medio ambiente.

En este contexto, el superintendente del Medio Ambiente, Cristian Franz, señaló que un tema importante “es el aspecto colaborativo de la fiscalización moderna (…) Hoy hemos sido capaces de multiplicar por cuatro nuestras capacidades operativas en terreno, precisamente a través de la Red Nacional de Fiscalización y de los fiscalizadores que tradicionalmente tenían competencias sectoriales”.

La autoridad añadió que “había culturas de fiscalización muy enraizadas en las distintas instituciones y con prácticas muy diversas, entonces acá se trató de llevar un modelo único de fiscalización de actuación en terreno y en eso hemos avanzado en materia significativa”.

En materia internacional, el director de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú, Gianfranco Mejía, comentó en su presentación que implementaron “el monitoreo ambiental participativo como mecanismo para brindar mayor cercanía con las comunidades que se están viendo afectadas por las actividades económicas y así realizar una coordinación con la OEFA y los representantes de las empresas para efectuar acciones de monitoreo donde ellos pueden participar activamente”.

Fiscalización en tiempos de crisis

Otro de los aspectos analizados durante el seminario fue la acción fiscalizadora por parte del Estado en tiempos de crisis económica. Cristian Franz manifestó que “es una falacia decir que en épocas de crisis financieras o económicas, los países tienen que restringir la fiscalización ambiental. No hay que ser brillante para darse cuenta que si uno deja de fiscalizar durante un período de crisis, cuando las crisis pasen, vamos a tener una cantidad de pasivos ambientales que nos van a cerrar todas las puertas al comercio que van a estar abriéndose nuevamente para nosotros en el mundo”, aseveró.

Control ambiental en Perú

En conversación con este medio, Gianfranco Mejía, repasó las principales características del organismo fiscalizador ambiental en Perú. En su análisis, la autoridad destacó que tras ocho años de funcionamiento, la OEFA enfrenta un contexto favorable, ya que ha logrado consolidar una “institucionalidad fuerte”.

Según Mejía, “estamos pasando por una etapa más cualitativa, ya no sólo de expandir nuestra labor, que fue algo positivo en los primeros años, sino que enfocarnos en nuestra función de una manera más precisa y priorizada”.

En materia de relacionamiento con el sector minero, señaló que “con todos los sectores tratamos de mantener una relación equilibrada” y añadió que si bien “en los primeros años, como era una institución nueva, había un poco de reticencia, hubo muchos esfuerzos y se aclaró el enfoque que se tiene de la fiscalización. Ésta no busca ser punitiva o abusiva netamente, sino que corregir la situación, sin afectar el proceso productivo o generar sobrecosto”, afirmó.

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A la fecha, los galpones TEGM y SAC son objeto de dos procesos sancionatorios. El primero, comenzado en diciembre de 2014, se encuentra con un Programa de Cumplimiento en ejecución, el cual será fiscalizado en las próximas semanas para revisar si se lograron las metas y acciones contempladas en él. El segundo sancionatorio, iniciado el 6 de marzo de 2015, finaliza con cinco infracciones detectadas respecto de las Resoluciones de Calificación Ambiental del proyecto fiscalizadas (RCA N° 131/2003 y RCA 1334/2006). La SMA indicó que estas son:

1.     Se produce emisión de polvo fugitivo desde el galpón TEGM, el que escapa por el portón de entrada de vehículos de dicho galpón.

2.     En el galpón TEGM no existen sitios fijos que segreguen concentrados de cobre, zinc y plomo

3.     Durante la maniobra de carga de un buque con concentrado de zinc, se produce emisión de polvo fugitivo desde su bodega de carguío hacia la atmósfera.

4.     El interior del galpón de concentrados SAC no se encuentra sellado herméticamente, producto de la existencia de fisuras o aberturas en los portones de ingreso.

5.     Incumplimiento de medida provisional consistente en la realización de mediciones de eficiencia del sistema de filtros en la oportunidad y conforme a las condiciones requeridas.

Para realizar el análisis de cada una de las infracciones la SMA recurrió a la toma de muestras en terreno, como también a los informes elaborados por el Instituto de Salud Pública y de un laboratorio especializado. Con esto, se buscó analizar el cumplimiento de las medidas establecidas en las RCA de dicha instalación, sobre todo, las que guardan relación con el resguardo de la salud de la población de Antofagasta.

Por estas razones, y considerando el modelo sancionatorio que rige a esta Superintendencia, se concluye este proceso con una multa total de 1.583 UTA, la más alta cursada por la SMA en la Región de Antofagasta. A la vez, se ordenó a la compañía ejecutar la medida de limpieza de la zona urbana aledaña al Puerto de Antofagasta, en la que se han identificado los mayores valores de cobre, plomo, zinc y arsénico, todos ellos contaminantes asociados a la actividad de dicha empresa. Dicha medida consiste en el aspirado de las veredas y calles de las manzanas censales aledañas a las instalaciones de dicha empresa. Esta medida deberá ejecutarse e informarse a la SMA, dentro de un plazo de 30 días corridos desde la notificación de la resolución.

 Fiscalizaciones y Programa de Cumplimiento

En el marco de los dos procesos sancionatorios que se han llevado a cabo contra Antofagasta Terminal Internacional, la SMA ha realizado 15 acciones de fiscalización. A la vez, se está monitoreando el Programa de Cumplimiento respecto del proceso sancionatorio iniciado en diciembre de 2014. Este contempla medidas como cámaras de vigilancia en la zona de acopio y transporte del TEGM; ajuste y calce de correas transportadoras de minerales CT2 y sistemas de abatimiento de partículas para evitar la fuga de material particulado durante el proceso de embarque; sellado hermético del galpón TEGM, realizando reemplazo y reparaciones en el techo y entrada del edificio; limpieza de los galpones TEGM y  SAC, específicamente en el sector de acceso de camiones y en el perímetro del sistema de abatimiento; entre otros. Todas estas acciones buscan disminuir al máximo las emisiones de material particulado que se generaban fruto de esta actividad y que se depositaron en el área contigua al puerto, la misma que ahora se ordena limpiar.

Considerando las denuncias recibidas a la fecha respecto de este proyecto, la SMA privilegiará en sus inspecciones aspectos ambientalmente relevantes tales como emisiones de material particulado a la atmósfera y emisiones de ruido al entorno. Del mismo modo y aplicando actividades estratégicas, la SMA también continuará fiscalizando el proceso asociado al transporte de minerales, ya sea por camiones y ferrocarriles, así como también las condiciones de almacenamiento y embarque de éste. De esta forma, la SMA busca monitorear el continuo complimiento de las obligaciones establecidas en las RCA con que cuenta dicha instalación, para así resguardar el medio ambiente y la salud de los antofagastinos.

La entrada SMA aplica multa de $837 millones a Antofagasta Terminal Internacional se publicó primero en Mch.

Delia Morales, titular de la Dirección de Supervisión del OEFA, precisó que en el mismo periodo se han impuesto 941 multas firmes, de las cuales 845 (90%) provienen de expedientes de otras entidades públicas como el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin) y el Ministerio de la Producción (Produce).

Las restantes 96 multas (10%) provienen de las supervisiones del OEFA, lo que equivale al 1,7% del total de supervisiones efectuadas.

En declaraciones a la Agencia Andina, Morales explicó que los procedimientos sancionadores se rigen a base de principios básicos como el respeto al derecho a la defensa de las empresas que son investigadas.

«Tenemos mecanismos punitivos efectivos, pero se tienen que aplicar luego de la tramitación de un procedimiento. En nuestro país no hay ningún régimen que permita aplicar multas anticipadas sin un procedimiento administrativo sancionador», anotó.

Aclaró que el OEFA tiene que actuar dentro del marco de lo que es la confidencialidad en la tramitación de procedimientos sancionadores

Morales explicó que el OEFA lleva a cabo intervenciones en las zonas donde se ha infringido supuestamente las normas ambientales, de manera paralela a los procedimientos administrativos sancionadores.

Precisó que para realizar la tarea de supervisión en minería, el OEFA cuenta con 70 fiscalizadores en el ámbito nacional, aparte de los profesionales que trabajan en las oficinas desconcentradas de este organismo.

Asimismo, destacó la labor de capacitación de los profesionales del OEFA a funcionarios de los gobiernos regionales, a fin de transmitirles la experiencia ganada en las supervisiones directas que hacen a las empresas mineras sobre materia ambiental.

Por otro lado, Morales reveló que el OEFA supervisa también a los mineros registrados como pequeños o artesanales, pero que en realidad desarrollan actividades de gran minería.

“En ese escenario, podemos encausarlos a través de procedimientos sancionadores y ahí el cargo que se les imputa no es el de minería ilegal, sino realizar actividades de mediana minería o gran minería sin contar con el instrumento de gestión ambiental adecuado a esa actividad”, subrayó.

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