Desde la Fiscalía comunicaron que, durante los allanamientos realizados en octubre pasado, se incautaron las especies del ex gerente de proyectos, Rodrigo Andrades Contreras, el tercer ejecutivo desvinculado por la empresa recientemente en razón de los resultados de la auditoría, los que fueron informados a la opinión pública la semana pasada por la cuprífera estatal.

Las diligencias investigativas realizadas este jueves, han sido encargadas por el equipo de fiscales que dirigen la investigación y materializadas por personal de la PDI que trabajan de manera preferente en esta causa, tanto en los domicilios particulares de los imputados como en dependencias de Codelco, desde donde han puesto a disposición de la indagatoria, diversa evidencia digital relacionada con los hechos investigados, además de los equipos institucionales entregados voluntariamente por la misma empresa.

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La fiscal Javiera Estrada expresó que «esta es una noticia extraordinaria para Enami, es un reconocimiento al intenso trabajo desarrollado por todo el equipo profesional de la Fiscalía, porque hemos dado un soporte jurídico de excelencia a los negocios estratégicos de la empresa». 

En la misma categoría están nominados los equipos de Teck Resources, Empresa Nacional del Petróleo (Enap) y Banco Santander Chile. 

La Empresa Nacional de Minería también fue incluida en el apartado Negocio del Año en Minería, por la venta del 10% de participación en Quebrada Blanca a Codelco, en más de US$520 millones, donde fue reconocida la asesoría de A/C/R Legal contratada por Enami. 

Además del acuerdo con Codelco, el trabajo de la Fiscalía de Enami ha sido vital para otros desafíos que ha enfrentado la empresa en el último tiempo, como el proceso de búsqueda y selección del socio desarrollador para Salares Altoandinos; y los términos y condiciones del Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) para dicho proyecto, a lo que se suma ahora el trabajo en curso para el proceso de financiamiento vía offtake para la modernización de la Fundición Hernán Videla Lira (FHVL). 

Los seleccionados del Chile Awards 2025 se basan en la investigación de The Legal 500, compañía con sede en el Reino Unido encargada de evaluar firmas de abogados y juristas de todo el mundo para premiar a profesionales y firmas que aportan al mundo legal. 

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El accidente, dejó un total de seis trabajadores fallecidos y nueve personas con lesiones de diversa consideración, pero fuera de riesgo vital.  

Desde ese momento, la Fiscalía de la Región de O´Higgins, junto a equipos, policías y autoridades trabajaron sin descanso para encontrar a los mineros desaparecidos, cuyos nombres son: Paulo Marín Tapia, Gonzalo Núñez Caroca, Alex Araya Acevedo, Carlos Arancibia Valenzuela, Jean Miranda Ibaceta y Moisés Pavez Armijo.

«Hoy, con profundo respeto, extendemos nuestras condolencias a sus familias«, manifestó la institución.

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Se presume que se habrían manipulado explosivos y ocurrió desprendimiento de roca y tierra. 

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En total, se detuvo a cinco personas, entre ellos, una mujer, y se recuperó gran cantidad de barras y láminas de cobre, además de durmientes de ferrocarril, todo avaluado en más de 80 millones de pesos.

Según se expuso en audiencia de formalización, a raíz de denuncias relacionadas con el robo de cobre desde las instalaciones de Codelco Chuquicamata, personal policial inició tareas de vigilancia en el sector de la Puerta 4 de dicho mineral, detectando el ingreso de un camión, el cual posteriormente se retiró del lugar y se dirigió por la ruta CH 21, hasta un predio ubicado en el sector oriente de esa comuna.

Con las correspondientes órdenes, y siempre bajo dirección del Ministerio Público, los detectives realizaron entonces el ingreso al lugar, descubriendo que en su interior estaban almacenados 2 paquetes de scrap de cobre con 22 y 25 láminas cada uno, los cuales fueron avaluados por Codelco en 40 millones de pesos.

Durante la revisión del sitio se encontraron además 438 durmientes de propiedad de FCAB, avaluados en 35 millones de pesos, y 145 barras de cobre, con un costo estimado de 6 millones de pesos, todos elementos cuyo origen no pudo ser explicado por los detenidos.

Por estos hechos, el fiscal Cristian Encina, de la Fiscalía de Calama, formalizó al conductor del camión por el delito de hurto agravado, y a los otros cuatro imputados por el delito de receptación en carácter de reiterado, solicitando para todos ellos la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, petición que fue acogida por el tribunal.

Cabe resaltar que dos de los imputados tenían antecedentes penales por el delito de robo en lugar no habitado.

Al respecto, el fiscal jefe de Calama, Eduardo Peña Martínez, destacó el trabajo investigativo desarrollado en este caso por el Ministerio Público y la Bicrim de la PDI, que permitió detener a una organización que venía realizando diversos robos en empresas de la zona.

Asimismo, Peña manifestó que “este es el resultado de una investigación muy minuciosa donde se realizaron tareas de vigilancia y se emplearon distintas herramientas legales que permitieron en definitiva arribar al punto donde se acopiaba este material y detener a los integrantes de la organización”.

El Juzgado de Garantía de Calama fijó un plazo de investigación 60 días, periodo durante el cual se seguirán desarrollando diligencias pues no se descarta participación en otros ilícitos.

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Raglianti es abogado de la Universidad de Concepción (UDEC) y cuenta con cerca de 9 años de experiencia en el sector público: más de 5 años trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) donde se desempeñó como jefe del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental y de la Sección de Diseño Regulatorio del mismo departamento.

Previo a su llegada al ministerio, trabajó como abogado fiscal en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), tanto en la Región de Valparaíso como en Atacama, por un periodo de tres años.  A lo anterior, sumó experiencia como abogado en el Conservador de Bienes Raíces de la Región de Concepción y en el Estudio Jurídico Diez&Delgado.

En lo académico, Raglianti cuenta con un Diplomado en Análisis y Gestión del Medio Ambiente de la UDEC; Diplomado en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso; y un Curso de Economía Ambiental de la University of British Columbia de Canadá.

Según detallaron desde la Superintendencia del Medio Ambiente, como Fiscal, Bruno Raglianti deberá ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de la Superintendencia, asesorar jurídicamente a la Superintendenta en sus actos y decisiones, y a las demás divisiones de la institución en materias jurídicas. También, Fiscalía elabora las instrucciones de carácter general que le corresponda dictar a la SMA, entre otras funciones.

Al respecto, el Fiscal de la SMA comentó que, “estoy muy contento de llegar a formar parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, donde espero poder aportar con mi conocimiento y experiencia respecto de los distintos instrumentos de gestión ambiental de cargo del Servicio de Evaluación Ambiental y el Ministerio del Medio Ambiente, de forma de implementar la gestión del cumplimiento ambiental de una forma efectiva hacia la protección del medioambiente”.

Cabe recordar que con la orgánica institucional vigente de nuestra institución, Fiscalía está compuesta por las Secciones Jurídica, de Litigios, de Control Sancionatorio y de Control Administrativo.

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La medida fue solicitada por diputados de Chile Vamos, querellantes en el caso. «Puede haber irregularidades que se pudieron haber detectado a través de Cochilco y su labor de auditoría, pero sabemos que luego esta información va al mismo investigado, al directorio de Codelco», afirmó la diputada Paulina Núñez, quien junto al abogado Eduardo Riquelme se reunió ayer con el fiscal Carlos Gajardo, quien dirige la indagatoria.

En la cita, le entregaron información que han recibido a modo de denuncia por e-mail , redes sociales y otras vías.

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Los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, enviaron un oficio a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) solicitando las auditorías realizadas por la entidad a Codelco en los últimos 10 años.

Fuentes cercanas comentaron que la solicitud de la Fiscalía complicaría a Cochilco, puesto que la entidad considera que el contenido de sus auditorías no es público, por lo que deberá analizar jurídicamente la información que entregará a los persecutores. De acuerdo con las mismas fuentes, en los últimos tres años Cochilco habría realizado alrededor de 80 auditorías de distinta índole a la minera.

Auditoría

La solicitud de Gajardo y Norambuena es realizada en momentos que la Contraloría General de la República realiza una auditoría a los contratos realizados entre los años 2013 y 2015 por la cuprera estatal y empresas relacionadas con ejecutivos de la minera, las que habrían superado los US$ 780 millones en dicho período.

Hace unos días, Codelco se refirió a la investigación que realiza Contraloría y señaló que la cifra nace de “una diferencia interpretativa” entre ambas instituciones. Agregaron que la Contraloría estima que a Codelco se le deben aplicar artículos de la Ley de Compras Públicas, los que obligarían a su administración a informar los contratos con partes relacionadas tanto a Contraloría, como a la Cámara de Diputados. La minera agregó que se rige por la Ley de Sociedades Anónimas, para la contratación de empresas.

Además de la mencionada auditoría, Codelco cuestionó, a través de un recurso de reconsideración, las objeciones realizadas en un dictamen de Contraloría a la indemnización de $ 511 millones que recibió el ex director de la empresa estatal, Augusto González.

Tras visitar la semana pasada el Senado y la Cámara de Diputados, el contralor Jorge Bermúdez defendió el actuar de la entidad en la materia, y dijo que en ningún caso la auditoría o el dictamen sobre la indemnización de González ha cuestionado las atribuciones de la empresa, señalando que “se ha tratado de caricaturizar la posición de la Contraloría”, en la materia.

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Una nueva línea investigativa está indagando la Fiscalía Metropolitana Sur para esclarecer el atentado explosivo que el 13 de enero sufrió el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche, en su casa ubicada en La Reina.

Según un escrito ingresado al 12 Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público cree que existe “la posibilidad de que el atentado fuera en represalia a su actividad como profesor” en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Es por ello que el fiscal Claudio Orellana, quien investiga el ataque, solicitó el listado de todos los alumnos que el ejecutivo de la empresa cuprífera tuvo en la Universidad de Chile, entre 2013 y 2016, donde se desempeña como académico del Departamento de Ingeniería de Minas de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM).

“Se hace necesario contar con el listado de la totalidad de los estudiantes que tuvieron como profesor a don Oscar Landerretche Moreno durante los años 2013, 2014, 2015 y 2016, cualquiera sea la condición académica en que se encuentren actualmente”, señala el escrito ingresado por el persecutor al 12 Juzgado de Garantía de Santiago.

En el mismo texto Orellana además le solicita al tribunal que la información incluya “el nombre completo, cédula de identidad y fotografía”.

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Desde RN y la UDI acusaron que el Ministerio Público ha tenido un rol político en la investigación del caso SQM, que aseguran ha beneficiado a dirigentes de la Nueva Mayoría en desmedro de militantes de la Alianza.

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) afirmó que «la Fiscalía tiene un doble estándar para tratar a ciertas personas en desmedro de otras», y enfatizó que «uno puede cuestionar que la Fiscalía se está basando más en criterios políticos, que jurídicos y de sentido común».

Su par de la UDI José Antonio Kast aseguró que «lo que hemos visto en otras causas es que hay un efecto mediático más que judicial, y por eso creo que a la investigación le hace bien que los fiscales sean prudentes en la manera en que interrogan a las personas que concurren».

En tanto, el jefe de bancada de RN, Alejandro Santana, agregó que «sin duda, la reserva con que se mantuvo la declaración del ex ministro del Interior marca una diferencia en el trato de la Fiscalía con los distintos actores que son hoy investigados», y recalcó que «esa es una señal equivocada, sobre todo cuando las instituciones están haciendo un esfuerzo de dar elementos de seguridad para la ciudadanía y todos los sectores políticos».

Su par de la UDI María José Hoffmann enfatizó: «No sabemos qué justifica los privilegios del ex ministro Peñailillo ante el Ministerio Público», al tiempo que pidió equidad de trato para todos los sectores políticos.

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