El 93% del total de esos aportes -equivalente a US$ 529 millones- se destinó a las Fuerzas Armadas vía Ley Reservada del Cobre, según información de Codelco.

A su vez, si se considera el monto otorgado por esta vía entre 1995 y los primeros seis meses del presente ejercicio, la suma asciende a US$ 17.127 millones, en moneda actual (ver infografía).

En tanto, el ejercicio en que la minera entregó el menor aporte en los últimos 20 años fue 2002, cuando la cifra alcanzó los US$ 327 millones. Sin embargo, ese año el monto solo representó el 68% de los aportes totales entregados al fisco.

En la industria comentan que el monto global de aportes en el tiempo es alto, a la luz de la situación por la que atraviesan tanto el Estado como Codelco. Mientras el primero ha tenido que ajustar el Presupuesto, conteniendo los gastos, la empresa estatal más importante del país enfrenta un momento de extrema complejidad: debe invertir más de US$ 12 mil millones en proyectos estructurales para continuar siendo una compañía sustentable, y debe encontrar la manera de financiar aquellas iniciativas en un contexto en que Hacienda ya ha hecho público que no entregará los recursos comprometidos inicialmente.

Codelco ha ajustado su plan de inversiones priorizando aquellas iniciativas que están más avanzadas, como Chuquicamata Subterránea y Radomiro Tomic Fase II.

Por lo anterior, no necesitará los cerca de US$ 800 millones que había solicitado la empresa para capitalización por la vía del endeudamiento del Estado. Los recursos se definirán tras la junta extraordinaria de accionistas del 26 de octubre. Sin embargo, si el Gobierno opta por no entregar una suma suficiente, la estatal deberá evaluar si aumenta su propio endeudamiento, lo que podría poner en riesgo su investment grade.

Origen de la ley

Los orígenes de esta norma se remontan a 1958, cuando se aprobó la Ley 13.196, más conocida como la Ley Reservada del Cobre. Allí se establecía un impuesto de 15% de las utilidades de la gran minería del cobre -en ese entonces privada-, para destinarlos a comprar pertrechos de las Fuerzas Armadas.

Durante el gobierno militar esta normativa fue modificada a través del decreto ley N° 1.530 de 1976, donde se estableció que el 10% de los ingresos totales por las exportaciones de Codelco serían depositados en tres cuentas presupuestarias (Ejército, Armada, Fuerza Aérea) en montos iguales para financiar sus adquisiciones, fijándose en esa fecha un piso mínimo inicial de US$ 90 millones anuales, reajustables.

Sin embargo, en los inicios del boom de los commodities, el precio del cobre comenzó a crecer y, con ello, los dineros recaudados por esta vía, lo que llevó al Gobierno de Ricardo Lagos (siendo titular de Defensa Michelle Bachelet) a modificar el sistema a partir del 2003 a través de una previa reinterpretación de la ley por parte de la Contraloría. Esto permitió al Ejecutivo tomar un mayor control de los fondos, potenciando una cuarta cuenta dependiente de Hacienda y Defensa.

A partir de esa fecha, las FF.AA. reciben un monto específico de acuerdo con sus proyectos (los que deben ser autorizados por ambos ministerios y la Presidencia), mientras que los importantes recursos excedentes se acumulan en un fondo especial de Defensa, el que, entre otras materias, ya ha sido utilizado para fines civiles, como para financiar parte de los gastos de reconstrucción por los terremotos en la zona central de 2010 y de Iquique en 2014.

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El gobierno enviará el primer semestre de 2015 una indicación sustitutiva a la reforma enviada en 2011 por el gobierno de Sebastián Piñera. Si bien Burgos pretende realizar algunos ajustes, la idea del ministro es aprovechar una base de acuerdo que existe para poner fin a esta norma.

Pese a que la Ley de Cobre tenía predecentes en antiguos gobiernos democráticos, fue consolidada durante el régimen militar para dotar a las FF.AA. con el 10% de la ventas de Codelco como forma de financiar sus adquisiciones de armamento.

Así, desde los primeros gobiernos de la Concertación, esta legislación adquirió un carácter de enclave y hoy es visto como una de las últimas áreas donde persiste el predominio de la FF.AA. sobre el poder civil: mediante esta ley, las instituciones castrenses no requieren de la autorización del Congreso para acceder a recursos fiscales.

Solamente dos leyes transitorias han permitido usar, excepcionalmente, estos fondos con un fin distinto al militar. Una fue para el proceso de reconstrucción tras el terremoto de 2010 y la otra para el incendio de Valparaíso y el sismo de 2014 en el norte.

Pero durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera una reforma que eliminaba la Ley del Cobre y creaba un nuevo sistema de financiamiento castrense tomó vuelo bajo la gestión de Andrés Allamand como ministro de Defensa.

Tras una larga gestación, Allamand, con la venia de Piñera, diseñó un proyecto que generaba una fórmula de presupuestos plurianuales para las FF.AA. El proyecto le concedía al Congreso la posibilidad de definir un financiamiento castrense con un horizonte de cuatro años.

Con todo, la reforma garantizaba un piso de recursos anuales para las instituciones militares. Además generaba un fondo especial de contingencia, que podría ser usado en casos de amenazas a la seguridad nacional.

Con este diseño, Allamand logró establecer un acuerdo político en la Cámara, donde participaron los ex diputados Jorge Burgos (actual ministro de Defensa) y Patricio Hales (hoy embajador en Francia).

Sin embargo, la tramitación de la ley se estancó en el Senado. Y desde marzo de 2013, el proyecto no ha tenido movimientos.

Así, la apuesta de Burgos es reactivar el debate con algunos cambios. “Vamos a seguir trabajando el tema de la plurianualidad, es decir, presupuestos plurianuales por cuatro años. Además, nuestra idea es mantener un fondo de contingencia. Pero lo que no vamos a mantener son ciertos elementos que habían en esa ley que eran denominados ciertos pisos o mínimos establecidos. No es bueno limitar al Congreso con pisos”, dijo Burgos a La Tercera.

Otra de las reformas que Defensa tiene previsto poner en tramitación en 2015 es el cambio al Código de Justicia Militar. “Espero cumplir con que el primer semestre presentemos el proyecto de un nuevo código, tanto del punto de vista procesal, es decir de normas y procedimientos, y también del punto de vista sustantivo, normas relativas a tipos penales, sanciones, entre otras cosas”, señaló Burgos.

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