Así quedó reflejado ayer en el seminario “Reforma laboral: ¿cómo beneficia a los trabajadores?”, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica y patrocinado por PULSO, donde expuso el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, y debatieron en un panel de conversación los abogados Zarko Luksic, Francisco Tapia, y el economista Fernando Coloma.

Con gestos de aplausos y aprensiones, el auditorio del evento no quedó indiferente frente a  temáticas como titularidad sindical, extensión de beneficios y fin del reemplazo en huelga, en las que los expositores mostraron diferencias respecto de los alcances de la normativa propuesta por el Gobierno que hoy se ve en el Senado.

El primero en tomar la palabra fue el subsecretario Díaz, quien partió su presentación explicando los diez principales titulares que agrupa la Reforma y entremedio aprovechó de ir refutando las críticas de los privados y expertos.

“De la conjugación de los principios de titularidad sindical, fin del grupo negociador y beneficios de los contratos colectivos, ha surgido una crítica y un debate interesante. La crítica apunta a que de esta manera se está forzando a los trabajadores a pertenecer a un sindicato, es decir, hay acá una especie de sindicalización forzada. A nuestro juicio no. Creemos que este proyecto es plenamente respetuoso de la libertad sindical, donde el trabajador en todo momento disfruta del derecho de afiliarse a un sindicato y de desafiliarse, de cambiar o de formar un sindicato nuevo, por tanto no creemos que se afecte de ninguna manera (la libertad sindical); lo que estamos haciendo es llevar las cosas a su justa medida”, dijo el subsecretario.

Sobre una eventual contienda de inconstitucionalidad derivada del texto, Díaz señaló: “Creemos que hay letras de la Constitución claras que nos permiten regular las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva; y creemos que además hay una serie de tratados internacionales que aportan e  ilustran sobre estas materias que razonablemente están incorporadas en nuestro ordenamiento constitucional. Acá va a haber una discusión, vamos a ver si nos llevan al Tribunal Constitucional, pero creemos que tenemos todos los argumentos para que esta reforma sea aprobada sin mayores problemas constitucionales”.

“¿Afecta la productividad y golpea al empleo la Reforma Laboral? A nuestro juicio, no”, se respondió así mismo la autoridad durante su presentación y agregó que: “creemos que este proyecto aborda la negociación colectiva y hay otros instrumentos que estamos llevando adelante por el tema de empleabilidad en mujeres y jóvenes; el fortalecimiento de la Dirección del Trabajo; se conformó una comisión de productividad, donde se abordará el tema del mercado del trabajo y la capacitación”.

Posteriormente, el subsecretario confirmó de todos modos que en las próximas semanas se presentarán indicaciones a la Reforma. Consultado por la petición de los senadores de la DC de acelerar el trámite del proyecto en la Cámara Alta, indicó que “todos compartimos el criterio de dar una discusión profunda, pero con celeridad. Adelantar tanto más el trámite es difícil, por las dinámicas propias de semanas distritales y porque hay mucho interés de los actores de exponer sus puntos de vista, pero creemos que siete u ocho semanas permiten una discusión acabada y con celeridad”.

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El sobreseimiento había sido dictado el 2 de septiembre por el Séptimo Juzgado de Garantía, misma fecha en la que se conocieron las multas que aplicó la SVS a Ponce y otros ocho involucrados en el caso. Pese a ello, el abogado del controlador de las sociedades cascada, Jorge Bofill, decidió apelar con la idea de revertir tal decisión.

No obstante, la sentencia concluyó con que no hubo actuar arbitrario en la resolución del tribunal de primera instancia al aplicar el sobreseimiento definitivo en la causa, por no lograr determinarse la existencia de delitos.

“Como se viene diciendo, las exigencias de justificación de los delitos no se cumplen, razón por la que, concluida la investigación, no es preciso dilatar el pronunciamiento de que lo denunciado no es constitutivo de delito y, en consecuencia, se confirmarán los sobreseimientos propuestos”, sostiene el fallo.

La sentencia, en tanto, también destaca que “la querella tampoco precisa el título de autoría que les atribuye a los querellados, ni las sanciones que solicita se les aplicaran”.

A la salida de la lectura del fallo, la abogada de la SVS, Paula Vial, se mostró conforme con la decisión. “Lo satisfactorio para nosotros es que se confirmó el sobreseimiento definitivo en costas. Con esta decisión queda firme, en consecuencia, que la querella se sobresee definitivamente, y con ello queda acreditado que, efectivamente, como siempre hemos declarado, Fernando Coloma, Hernán López y Hugo Caneo resultan absueltos”. Y añadió que “es una querella que siempre hemos estimado instrumental”.

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El martes 2 de septiembre, cuando se hizo pública la millonaria sanción, Coloma había sido sobreseído de la acusación de «prevaricación administrativa». También fue absuelto de la filtración de información en el caso. Ambas querellas fueron interpuestas por la defensa de Julio Ponce.

-¿Qué le pareció este resultado?

«Siempre he estado absolutamente convencido del proceder de la SVS, que se ajustó plenamente a derecho. Esto no era más que un intento de confundir, de dilatar y de afectar la labor fiscalizadora del regulador. Desde esa perspectiva no me sorprendió. Ahora, sí me pareció muy adecuado del contenido del fallo que se condena en costas y se explicita que hay una instrumentalización del derecho».

-¿Y cómo entiende que se haya querido vincular al ex Presidente Sebastián Piñera en esta querella contra usted?

«Ahí hubo un intento de mezclar y de confundir, para que la opinión pública empezara a dudar de qué tan autónoma iba a ser la SVS y, además, de que el ex Presidente Piñera pudiera estar de alguna forma detrás. Se trató de poner esas dudas respecto a que esta investigación no tenía méritos propios sino que estaba como digitada, cosa que es absolutamente falsa y no es más que un intento de la defensa (de Julio Ponce) por confundir».

«La SVS y yo particularmente hemos tenido una trayectoria de absoluta autonomía. Como superintendente yo no le defendí los intereses a nadie, ni al Presidente, ni a nadie».

-Pero, ¿recibió presiones del Presidente?

«No recibí ninguna presión, y eso es algo que la gente le cuesta entender muchísimo. Los que me conocen saben que yo no las acepto. Y déjenme decir algo que es casi una infidencia a estas alturas: antes de aceptar el cargo le dije al ministro de Hacienda (Felipe Larraín) que yo valoraba profundamente la independencia y la autonomía. No es porque yo me pusiera el parche antes de la herida sobre que iba a tener presiones ni nada de ello, sino porque ésa es mi trayectoria y me dijeron: ‘Es precisamente lo que valoramos en ti’. Y debo decir que se cumplió a cabalidad».

-¿Cómo decidió investigar la Cascada?

«Cuando personas distintas y totalmente desvinculadas con el Gobierno, me comentan que hay que tener ojo con operaciones de las Cascadas, me parece raro y lo veo. Entonces pedí internamente que se viera el tema con total profundidad. Poco antes había llegado una denuncia a la Fiscalía de Valores del señor Carlos Wulff (un accionista minoritario), y esto otro que empezó a dar vueltas. La SVS empezó a revisar con detalle los últimos balances y se dio cuenta de una gran operación en donde no correspondía haber validado las utilidades; obligó a la re-emisión de los estados financieros y reversión de las utilidades que generó la operación, la cual también terminó siendo parte del esquema».

«Después, en julio de 2012, hubo juntas extraordinarias en donde Moneda y las AFP manifestaron públicamente que había una cosa irregular. Este tema fue de conmoción pública a partir de ahí, pero se estaba investigando desde antes».

-¿Comentó con alguien del Gobierno el caso Cascada?

«Con el único que comenté un asunto reservado fue con Felipe Larraín una semana antes de la formulación de cargos (6 de septiembre de 2013), ya que debía estar advertido porque esto era importante para el mercado financiero. Con él me había reunido un par de veces, pero solo para tratar temas de dominio público vinculados al caso».

-Fue su sucesor, Carlos Pavez, quien sancionó. ¿Qué le pareció el fallo?

«A mí me pareció, en términos generales, muy bien, porque claramente se sustentaron todos los cargos que se formularon en su momento, que las presunciones eran muy fundadas. Había un análisis muy profundo, ya que este era un tema complejo. Después de todos los descargos, de todos los informes, la verdad es que parece bastante sólido. Claramente se reafirma todo lo que se pensaba que estaba detrás de la formulación de cargos. Me parece bien que el sistema funcione, que se haya seguido con el mismo celo el proceso de investigación que se hizo en mi período».

-¿Y las multas, considerando el daño patrimonial de US$ 300 millones que sufrieron las Cascadas?

«Hay que mirar una serie de cosas y la ley orgánica de la SVS establece los criterios que tienen que haber detrás. Y dentro de eso está la gravedad de las infracciones y sus consecuencias. Uno no puede ser tan reduccionista para mirar solamente el nivel de beneficio o perjuicio, y además hay que tener presente que en varias operaciones había pasado el período para sancionarlas. El tema es mucho más amplio y ahí debe verse cómo uno pondera el daño al mercado y la confianza pública. En términos generales, me parece que el monto de las multas es razonable y adecuado».

-¿Cuál es su opinión sobre que los directores no hayan sido incluidos en el proceso?

«Es un tema al que no me gustaría referirme en detalle, pero claramente es un elemento que siempre debe estar bajo análisis. Se pueden ver caso a caso, las situaciones no son idénticas».

-¿Cree que a LarrainVial no se le debería permitir operar?

«Tiene que mirar el tema desde una visión más general, no es tan simple».

-Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz siguen en sus roles…

«Son cosas que irán decantando. Son decisiones que tendría que tomar LarrainVial. Uno tendería a pensar que la corredora hará todo lo posible para tratar de corregir o recuperar su reputación».

Que el diputado Rincón «se ponga a leer»

-Otra arista importante del caso es la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Qué le parece el tenor que ha adoptado esa instancia?

«Fue claramente imprudente haber hecho una comisión investigadora mientras estaba en curso el proceso administrativo y sancionatorio. Ahí surgen las preguntas de por qué lo hicieron. Y hay espacio para todas las inquietudes que ustedes están planteando».

«Debo reconocer una cosa: el entonces diputado Burgos, hoy ministro de defensa, planteó públicamente que le parecía inconveniente la comisión. El que se haya roto esa razonabilidad me sorprendió profunda y negativamente».

-¿Cree que hubo allí alguna gestión de los formulados por la SVS?

«Le voy a decir una sola cosa: si uno ve el énfasis de algunas preguntas, de algunas inquietudes que han manifestado estos mismos diputados de la Comisión u otros que han participado en ésta, o planteamientos públicos que han hecho, uno ve una preocupante sintonía con los argumentos de la defensa de Julio Ponce».

«Es algo que me preocupa mucho institucionalmente. El diputado Gabriel Boric planteó algunas inquietudes al respecto y creo que es una aprensión legítima a la luz de lo que ha estado ocurriendo».

-¿Qué le parece que el diputado Ricardo Rincón (DC) cuestionara el proceder de la SVS, diciendo que las multas le parecían altas, que no estaba convencido que haya perjuicios, entre otros argumentos?

«Las declaraciones del diputado Rincón me parecen francamente irresponsables, porque pone en duda el trabajo de la SVS, sin el más mínimo fundamento. Ya no se trata de que él crea o no crea, aquí tiene más de 700 páginas (muestra el fallo) y tiene un capítulo de resumen de todo lo que se hizo, y él dice que no entiende el fallo y no entiende nada de este esquema. Ahora, si no entiende nada y tampoco sus asesores, bueno, que se ponga a leer. Él tiene una responsabilidad importante, es parte de un poder del Estado y que no haya leído o que no haya pedido que se le explique bien el fallo y hace declaraciones que ponen en duda el rol de la SVS, me parece francamente irresponsable».

-¿Va a ir a Comisión Investigadora?

«Por supuesto que voy a ir. Yo no fui cuando estaban abiertos los procesos porque me parecía que no correspondía institucionalmente, porque frente a preguntas sobre el esquema estaba muy limitado de responder. Y no podía dar debida cuenta de la solidez de los argumentos detrás de los cargos».

«Y cuando digan que no entienden nada, que las operaciones de las sociedades del señor Piñera o de Moneda y las AFP son idénticas (a las de las Cascadas), les diré que son otra cosa, les diré: miremos el fallo, aquí están los fundamentos, por favor comparemos, si aquí no tienen nada que ver, si aquí estamos ante un esquema, un patrón concertado, sistemático, con operaciones de las mismas características, que se repetían a través del tiempo».

Precio de mercado: «Eso es una ofensa… llevo 32 años haciendo clases de economía»

-Uno de los argumentos de la defensa de los formulados es que los remates de los remanentes de acciones de las Cascadas fueron a precio de mercado…

«Eso es una ofensa. ¡Es cómo decir que la SVS no tiene idea de cómo funciona el mercado!¡Y yo, que llevo 32 años haciendo clases de economía!».

«Las Cascadas eran un activo relativamente ilíquido (…) Si ustedes quieren vender su casa, que es un bien poco líquido, y el corredor de propiedades le dice que va a hacer un remate en 20 horas más, ¿qué le dicen ustedes? ¡Qué está loco! Así no se maximiza el resultado. Y desde el punto de vista de lo que correspondía era difundir y lograr que se vendiera el activo lo mejor posible».

«Formalmente se cumplió con la regulación, pero en el fondo hubo un daño al interés social a la Cascada que estaba vendiendo».

«Todas estas acciones quedaban en manos de las sociedades vinculadas, relacionadas e instrumentales, con transacciones entre ellas y luego le vendían a las propias Cascadas a precios bastante más altos, que antes habían vendido por razones poco claras».

-Julio Ponce dice que de ser cierto el esquema, él no obtuvo utilidades y perdió como accionista de las Cascadas. ¿Cómo pudo haber ganado?

«No voy a entrar en detalles, pero él tuvo una ganancia, las sociedades instrumentales también, y las vinculadas, una ganancia importante. Son montos bien significativos. Ahora, él (Ponce) tenía ese tema de que en la Cascada también tenía participación, a pesar de que en general como se hacían (las operaciones) en la parte más abajo de las Cascadas, era menor esa participación de si las hubieran hecho arriba. Él tenía ese tema, pero el resto -vinculadas e instrumentales- no. Hay que mirar este asunto en términos generales».

-¿Pueden haber pagos por el lado entre los participantes del esquema?

«No lo sé. No tengo elementos de juicio».

-¿La SVS podría investigar esta arista o es competencia de otras autoridades?

«Creo que es competencia de otras autoridades. El Servicio de Impuestos Internos está investigando y me imagino que están viendo esto de una forma global».

-Con todas las maniobras legales de los sancionados, ¿considera que hay una falta ética de parte de los abogados?

«En diciembre asistí al juramento de uno de mis hijos como abogado. Era ‘juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado’. Cuando uno ve la acción de algunos abogados en este caso, uno dice ‘por Dios, qué distante se ve ese juramento de lo que yo he visto en la práctica’. La sensación que me da es que para ciertos abogados, todo vale, no hay ningún reparo ético, la verdad para estos abogados es secundaria, incluso es despreciada. He visto declaraciones o acciones que son un desprecio a la verdad».

«Yo esperaría que a partir de este caso, que es bastante emblemático, también surgiera una reflexión sobre este tema, de cuál es el límite. Esperaría que las escuelas de Derecho, el Colegio de Abogados, analizaran todo este comportamiento ético. Son demasiados los elementos que están sobre la mesa y que hacen necesario estas reflexiones».

-¿Se podría decir lo mismo con sus colegas economistas, por sus informes pagados en el caso?

«Eso es algo extremadamente preocupante. Yo no puedo hablar con mucha propiedad porque no los he leído directamente, he visto solo las referencias en el fallo. No sé qué les pidieron. También ese investigador que se prestó (para hacer el estudio) sabiendo que hay un mar de fondo y le pidieron un informe sobre un subconjunto, sabiendo que los van a utilizar en otro contexto… también hay una actitud que claramente tiene connotaciones éticas».

-¿Se defraudó de los actores del mercado financiero?

«Bueno (pausa)… No puedo negar que efectivamente uno se sorprende… muchas veces».

Diputado Rincón:»Si no entiende nada y ni tampoco sus asesores, bueno, que se ponga a leer. (…) Que no haya leído o que no haya pedido que se le explique bien el fallo y hace declaraciones que ponen en duda el rol de la SVS, eso me parece francamente irresponsable».

«Julio Dittborn me llamó para pedirme una reunión corta, personal o reservada (…) Yo simplemente lo oí»

La defensa de Julio Ponce basó gran parte de su defensa en la arista penal en un episodio que habría llegado incluso al subsecretario de Hacienda del gobierno anterior, Julio Dittborn. Según Julio Ponce, Moneda y también sociedades ligadas al entonces Presidente Sebastián Piñera lo habrían presionado para que dejara de ser controlador de las Cascadas y de SQM, que si no lo hacía, la SVS los iba a investigar y sancionar. Esta información habría sido entregada por Darío Calderón -amigo de Julio Ponce- al director de las sociedades Cascada Patricio Phillips, quien a su vez lo comunicó a Dittborn.

-¿Qué es lo que realmente sucedió?

«Julio Dittborn me llamó un día para pedirme una reunión corta, personal o reservada. Y al subsecretario de Hacienda lógicamente que me corresponde recibirlo. Tuvimos diez minutos, y él me plantea que había recibido comentarios sobre el caso Cascada que hablaban acerca de que había como un cierto mar de fondo, del cual él no tenía idea. ‘Yo solamente estoy traspasando lo que me dijeron, no tengo ningún elemento para decir si es verdad o no, es por si te fuera útil’, me comentó. Yo simplemente lo oí, que es lo que me correspondía hacer, le dije que estábamos en un proceso de análisis de información, que agradecía su comentario y se acabó la reunión».

-¿Qué pasó con esa información?

«Esa información claramente no tiene nada que ver con la arista administrativa. No tengo idea si pudo haber habido presión o no, pero si es así, el ámbito es penal, en el sentido de que eso tiene un carácter de delito y las personas afectadas que hubieran sido sometidos a una presión de ese tipo tendrían derecho a hacer una denuncia. Pero no tienen nada que ver con la ley de valores y de sociedades anónimas».

-¿Pero habló de Moneda y Julio Ponce? ¿Mencionó la fuente de esa información?

«Puede haberme dicho que venía de una información de un director que había salido, Patricio Phillips. Yo en ese momento no le dije nada. Solo oí, que es lo que me correspondía hacer».

Cambios regulatorios: hay que darle más inmunidad a la SVS

Fernando Coloma cree que hay espacio para perfeccionar la regulación: «Uno podría revisar la habitualidad (operaciones frecuentes entre empresas relacionadas que no se someten a decisión de los directorios), porque si bien en el caso de tener muchas operaciones entre o con filiales o con relacionadas, se haría tremendamente costoso si se pone una regulación muy rígida, en operaciones de determinado volumen o importancia patrimonial, tal vez esa política de habitualidad debiera estar limitada».

«También uno podría esperar que la SVS, en determinadas circunstancias, pueda imponer reserva a terceros en los procesos (que sí lo tiene el Ministerio Público), para evitar que las partes, velando por su interés, filtre o entregue información relevante». Agrega que se podría «dar cierta inmunidad a la autoridad cuando está en un proceso, como lo tiene la SEC de EE.UU., porque, como se vio, se puede afectar el caso, querellándose directamente contra la autoridad que está investigando. Otro cambio es que, fundadamente, pueda detenerse el plazo de cuatro años para sancionar, porque en este caso quedaron operaciones afuera».

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El fiscal José Morales ingresó la petición el martes, tras concluir que “las conductas denunciadas no eran constitutivas de delito”, dijo ayer a La Tercera.

Morales ya había pedido el cierre, sin culpables, de otra investigación por filtración de antecedentes a raíz de la divulgación de la formulación de cargos dictada por la SVS contra cuatro altos ejecutivos ligados a las sociedades cascadas que controlan SQM.

Morales agregó que “no hay antecedentes que permitan estimar que hubo interferencias. De hecho, los correos electrónicos acompañados a la causa permiten estimar lo contrario”, aseguró. El fiscal afirmó que el Ministerio Público realizó todas las diligencias solicitadas por el querellante, quien tiene la facultad de pedir al tribunal la reapertura de la causa si considera que existen pesquisas que se deben realizar. Los abogados de Ponce no quisieron realizar comentarios sobre la decisión.

Ponce se había querellado en noviembre de 2013 contra Coloma, el intendente de valores, Hernán López, y el ex jefe del Área de Cumplimiento de Mercados (Acme), Hugo Caneo, por prevaricación administrativa y abuso contra particulares. Julio Ponce, representado por el abogado Jorge Bofill, acusó la existencia de una serie de irregularidades en el proceso seguido en su contra.

El Ministerio Público sigue investigando, además, la connotación penal de la acusación central de la SVS contra Ponce y varias otras personas por eventuales operaciones irregulares con acciones de las sociedades cascadas entre 2009 y 2011.

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Trascendió que tanto la SVS como Moneda Asset Management -que reclamó ante el regulador para que se repitiera la elección- apelarán a la Corte.

Además, el tribunal declaró inadmisible el recurso que presentó la defensa de Julio Ponce, solicitando la ilegalidad del inicio del periodo probatorio del proceso sancionatorio que lidera la SVS en el marco del caso Cascadas. Fuentes ligadas a dicha defensa dijeron que estudiarán revertir la decisión y que ven otras acciones legales, pero que esperarán a que el regulador disponga que todos los periodos probatorios se realicen en forma simultánea. En la práctica, indicaron conocedores del tema, el periodo probatorio de Ponce quedó abierto.

Trascendió que el lunes se iniciará el periodo probatorio de Aldo Motta, con el testimonio de Juan Carlos Ponce, gerente de operaciones de la Bolsa de Comercio, entre otros.

Coloma habla del caso

El ex SVS Fernando Coloma se refirió ayer al caso Cascadas. Según Valor Futuro, indicó que la interposición de recursos por parte de la defensa de Julio Ponce «es una forma de afectar y de dilatar la acción de la SVS. Lo veo como algo negativo desde el punto de vista institucional». Y agregó que en su mandato vio «cosas inéditas como la presentación de recursos de ilegalidad, que recurrieran a la Contraloría con querellas, con recursos de protección, o al Consejo de Transparencia». Esto, dijo el ex regulador, para impedir que la SVS llevara a cabo su rol fiscalizador. A su juicio, las acciones realizadas por los involucrados en el caso «no se justifican».

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A su juicio, la interposición de recursos «claramente es una forma de afectar y de dilatar su acción. Lo veo como algo negativo desde el punto de vista institucional».

En ese sentido, acotó que cuando estaba al mando del organismo regulador había dado luces de que se podría dilatar este proceso.

«Yo fui testigo presencial de todo lo que fue pasando, donde vi cosas inéditas como la presentación de recursos de ilegalidad, que recurrieran a la Contraloría con querellas, con recursos de protección, o al Consejo de Transparencia», todo con el objetivo de impedir que la entidad llevara a cabo su rol fiscalizador.

Aseveró que esto ha sucedido en un escenario en el que «la SVS, y lo digo responsablemente, ha cumplido con el debido proceso», por lo que las mencionadas acciones realizadas por los involucrados en el Caso `Cascada` (Julio Ponce y sus cercanos) no se justifican.

La entrada Fernando Coloma: Se ha respetado el debido proceso en el llamado caso “Cascada” se publicó primero en Mch.

Esto luego de que prestara declaración José Cox, ejecutivo cercano al ex presidente de la República, Sebastián Piñera, quien llegó hasta el Centro de Justicia para declarar respecto del supuesto rol de mediador que habría ejercido en el caso Cascadas.

Cabe recordar que Cox integra el Comité de Inversiones de Bancard, sociedad considerada como el family office de Piñera.

Según declaraciones de Darío Calderón, fue a través de Cox que el ex mandatario habría comunicado sus intenciones de fusionar las sociedades cascada, tesis que fundamenta la teoría del controlador indirecto de SQM, respecto a que Coloma habría llevado adelante una investigación parcial, por el supuesto conflicto de interés del ex superintendente, al haber sido nombrado en un cargo de confianza por el ex mandatario.

Según conocedores del proceso, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad habría concretado todas las diligencias presentadas en esta arista, siendo justamente las relacionadas a la defensa de Ponce Lerou, las últimas en ser solicitadas a la fiscalía. De esta forma, aseguran, se aprestarían a cerrar la investigación relacionada a la querella por prevaricación administrativa y perjuicios contra particulares.

Así, se espera que próximamente se informe a las respectivas defensas del cierre de la investigación.

La comisión


Y los efectos podrían no ser menores, considerando que recientemente la Cámara Baja votó a favor de la creación de una comisión investigadora que busca indagar sobre el rol que jugaron las autoridades del gobierno anterior y sus eventuales conflictos de interés en el caso.

“Una de las aristas más graves del tema dice relación con el posible involucramiento de autoridades de gobierno en una contienda empresarial de envergadura, que incluiría al ex presidente de la República, Sebastián Piñera”, dijo el diputado DC, Fuad Chahín, en esa oportunidad.

Esto, a pesar de que la Unidad de Delitos de Alta Complejidad desestimó abrir una investigación por el eventual rol que habría jugado el ex presidente de la República en el caso, debido a que, según afirmó el fiscal José Morales, quien lidera dicha repartición, en entrevista a Diario Financiero , “no existe en la investigación ningún antecedente claro o específico que permita abrir una arista en ese sentido”. 
Luego de esto, el abogado Mario Vargas, quien junto a Paula Vial integran la defensa del ex superintendente, señaló que “el señor Ponce Lerou,trató de ensuciar y desviar la atención en lo que era la investigación relacionada con el caso cascadas. Y un antecedente importante era justamente imputar al ex presidente Piñera”.

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El martes, la Fiscalía solicitó una audiencia para el cierre de la investigación por filtración de los documentos de formulación de cargos de la SVS en contra de Julio Ponce y otros tres ejecutivos ligados a la Cascada, audiencia que fue fijada ayer, por el 7° Juzgado de Garantía, para el 12 de agosto. Trascendió que la defensa de Ponce, liderada por el abogado penalista Jorge Bofill, no solicitará la reapertura de la investigación.

En tanto, en la causa por la querella por prevaricación y abuso contra particulares que presentó la defensa de Ponce en contra del ex superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y otros ejecutivos de las sociedades Cascada, fuentes vinculadas al caso señalaron que la defensa de Ponce evalúa solicitar nuevas diligencias. En tanto, la semana pasada solicitó nuevas diligencias en la querella por inducir a error en el mercado de valores mediante la difusión de información falsa o tendenciosa, entre otros delitos, por parte de Moneda Asset Management.

Por su parte, en la querella de accionistas minoritarios en contra de Ponce, trascendió que la Fiscalía ha seguido solicitando antecedentes, vinculados a los directorios de las sociedades Cascada.

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Fuentes conocedoras de esta salida indicaron que Caneo era hombre de confianza de Coloma y retornó a la SVS en agosto de 2012, cuando Carlos Pavez dejó la jefatura del Acme para asumir la Dirección Jurídica de la Superintendencia de Bancos.

Una fuente comenta que hace un par de meses, Caneo comenzó a buscar oportunidades fuera de la SVS. Ahí surgió la posibilidad de llegar al Centro de Gobiernos Corporativos de la Universidad de Chile, pero aún no hay nada cerrado. Otra fuente indica que, cuando trascendió el nombre de Pavez como superintendente, Caneo tomó la decisión de renunciar, ya que tenía la esperanza de quedarse con el cargo.

La salida de Caneo no dejó indiferente al mercado financiero, pues, ha sido clave en la investigación del caso cascadas. Su participación en esta investigación llevó a que Julio Ponce presentara una querella en su contra, por prevaricación administrativa y perjuicios a particulares, en noviembre pasado. Esto, tras cuestionar la forma en cómo la superintendencia venía desarrollando la investigación.

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Coloma cargó sobre sí una mochila pesada como el «sheriff» del mercado. Su legado da pie para una dispersión de opiniones. Algunos valoran su gestión investigativa, la que arrojó a la luz pública una serie de hechos que durante mucho tiempo permanecieron en silencio, como La Polar y el reciente Caso Cascada; pero otros lo critican justamente por eso, pues mediante procedimientos sancionatorios que consideran discutibles, la imagen del mercado está dañada y la confianza en entredicho.

El sello Coloma

Adherentes y detractores coinciden en algo con respecto al saliente titular de la SVS, su sello académico, dejando en segundo plano el pragmatismo que ha caracterizado a la entidad.

Su gestión partió marcada por el 27/F, sorteando con éxito la difícil tarea de que la industria aseguradora respondiera a tiempo con los siniestros. No obstante, luego vinieron los primeros roces, con normas que el mercado consideraba poco prácticas y más bien teóricas, como la circular 1.985, la cual obligaba a las corredoras a informar las condiciones en las que se ejecutaron sus órdenes, incluyendo el precio de acciones en bolsas menos líquidas que la de Santiago; o la norma 341, que estableció que las empresas difundan las prácticas de sus directorios, razón por la cual llegaron a acusarlo de promover normas inconstitucionales.

El también docente e investigador del Instituto de Economía PUC enfrentó además divergencias en el plano interno, principalmente por su estilo. Llegó a sostener reuniones hasta de cinco horas, sacando poco en limpio, según explican conocedores de la entidad.

Y su labor en los casos que enfrentó fue, generalmente, aplaudida por el mercado, pero también hubo críticas, como cuando sancionó a directores con una responsabilidad menor en el Caso La Polar, considerando su breve paso por la compañía. De hecho, este mismo caso dio pie para que también surgieran roces de alto calibre en la entidad, sobre todo con el fiscal Armando Massarente.

Roces internos

Una vez a la semana, los martes a las 17 horas, se reunía el comité de investigación, compuestos por Coloma, el intendente de Valores, Hernán López, y el fiscal.

Esta instancia se ponía al día y daba las pautas al ACME (Área de Cumplimiento de Mercado) de su labor investigativa, entonces dirigida por Carlos Pavez. Conocedores de la entidad explican que cuando había que definir sanciones, éstas se hacían democráticamente, pero «Coloma empezó a imponer su criterio más académico, versus uno más de mercado», razón que habría sido uno de los factores que consideró Pavez para sumarse como director jurídico de la Sbif.

Lo sucedió Hugo Caneo, quien también es considerando al interior de la SVS como una persona con un alto perfil técnico, pero que coincidía con los criterios de Coloma.

Si bien conocedores de cómo funciona la entidad explican que las discusiones son intensas en cada uno de los casos que le tocó ver, también son propias a la naturaleza de la SVS. No obstante, esta «duplicidad» de criterios internos durante un lapso se hizo insostenible entre Coloma y Massarente. Un hecho que tampoco cesó en el marco del Caso Cascadas.

Cercanos al regulador afirman que de un tiempo a esta parte, Massarente no estaba cómodo en las reuniones en que se abordaba la coyuntura sobre las matrices de SQM, pues habría algunas diferencias respecto de cómo se enfrenta el caso. La relación de Coloma con el fiscal, afirman conocedores, no es del todo estrecha, a pesar de que Massarente es el abogado de mayor peso en el organismo. Sin embargo, pese a las diferencias, las distintas formulaciones sobre las 15 personas y compañías que ha arrojado este último caso, han contado con la firma del fiscal y la de López.

La última cena

Pese a las diferencias, la salida de Coloma es por la puerta ancha. No por nada ha sido el primer titular de la SVS que en casi 15 años se mantiene en su puesto durante un período presidencial completo.

A principios de año, Coloma ofició la última cuenta pública de su gestión. Fueron varios los personeros que se emocionaron con sus últimas palabras, marcadas por el orgullo que expresó al haberse sentido parte de la institución.

El respeto y el cariño hacia el saliente regulador del mercado fue factor para que hace unos días las distintas jefaturas de la SVS lo despidieran en La Hacienda del Gaucho, cita a la que asistieron cerca de 50 personas. No faltó nadie, tampoco López ni Massarente.

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