Estas iniciativas han sido presentadas a las Comisiones de Evaluación de las regiones o ante la Dirección Ejecutiva del SEA, durante el mes de marzo de 2023, y que se publica en el Diario Oficial.

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Servicio de Evaluación Ambiental

Servicio de Evaluación Ambiental / Región de Ñuble

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Desde el Ministerio de Medio Ambiente indicaron que, una vez finalizada la primera etapa, se abrirá una segunda consulta pública para recibir observaciones que propondrán los ajustes para la optimización del procedimiento de evaluación ambiental.

La propuesta contempla aquellas modificaciones necesarias para incorporar la variable del cambio climático al SEIA, tal como ordena la Ley Marco de Cambio Climático, para avanzar en mejores estándares de participación y acceso a la información como dispone el Acuerdo de Escazú, y para armonizar el reglamento con la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor o Ley REP.

Al respecto, el MMA manifestó que la participación es fundamental para que las decisiones ambientales sean cada vez mejores, ante lo cual instó a ser parte y dejar sus las observaciones que serán debidamente respondidas y consideradas en la elaboración de la propuesta final de modificación al Reglamento del SEIA.

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En la jornada participaron los equipos de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, la División de Información y Economía Ambiental, la División Jurídica, el punto focal para el Empoderamiento y la Acción Climática (ACE, por sus siglas en inglés), la Oficina de Asuntos Internacionales, además de funcionarias y funcionarios s del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), además de representantes de Cepal, quienes están apoyando en Chile la implementación del Acuerdo de Escazú.

La jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del MMA, Constance Nalegach, reconoció la importancia de la jornada de trabajo: “Como Oficina de Asuntos Internacionales valoramos cómo este tratado va cobrando realidad en aspectos específicos, como son identificar mejores estándares de participación pública. Finalmente, lo que buscamos con este tratado es que tenga un real impacto en una gestión informada, transparente, respetuosa de los Derechos Humanos y que dé seguridad y certeza a todos los actores”.

Durante la actividad, se trabajaron en los estándares de Escazú en materia de información y participación, vitales para guiar el proceso de elaboración del Plan de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), el cual contará con participación temprana y un especial foco en grupos y personas vulnerables. Además, se reforzó un compromiso de trabajo en conjunto con el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Medio Ambiente en el proceso de implementación de Escazú.

“Este año, nuestro foco estará precisamente en recoger la mayor cantidad de aportes que nos permitan contar con un plan de implementación participativo, mejorando así nuestras políticas públicas a través de la justicia y democracia ambiental”, profundizó Constance Nalegach.

Al finalizar la jornada, se coordinó la continuación de actividades de difusión y capacitación con actores del nivel central y regional, para que en marzo se dé inicio al proceso de participación temprana.

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Durante su intervención, Moscoso destacó las acciones que se encuentra desplegando el SEA en esta materia. En particular, resaltó la creación del nuevo Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, que tendrá como uno de sus objetivos principales el diseñar y ejecutar las acciones pertinentes para la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú, en el marco de la evaluación ambiental.

En el seminario online se analizaron los resultados de una consultoría desarrollada por el PNUMA, que entre sus principales conclusiones definió que Chile cuenta con bases sólidas para avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú. También que existe un estrecho vínculo entre las medidas del Acuerdo de Escazú y la necesaria modernización del Estado, y que el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú requiere de una inyección presupuestaria.

Asimismo, el informe sostuvo que la situación de las personas defensoras del medio ambiente debe ser visibilizada para un diagnóstico preciso y soluciones adecuadas. Y que el acceso a la información ambiental se encuentra respaldado —principalmente— por la Ley de Transparencia.

Finalmente, que los procesos de participación ciudadana deben ser mejorados para que gocen de mayor legitimidad frente a todos los actores involucrados, y que existen desafíos pendientes en materia de eliminar las barreras de entrada y mejorar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

El primer panel, sobre el “Acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones ambientales”, además de Juan Cristóbal Moscoso, contó con la participación de Paulina Riquelme, representante de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), y de Macarena Martinic, coordinadora de Acceso a la Justicia de la ONG FIMA.

En el segundo panel, referido al “Acceso a la justicia ambiental y protección de los defensores ambientales”, estuvieron Jorge Femenías, académico de Pontificia Universidad Católica de Chile; Gabriela Simonetti, directora ejecutiva en Kauyeken, y José Tomás Morel, gerente de Estudios del Consejo Minero.

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“Cada cierto tiempo vemos episodios de contaminación muy agudos que afectan a la población, por ejemplo Quintero Puchuncaví, de la zona de sacrificio, pero estas son normas y legislaciones ambientales para todo el país, para todas las zonas de sacrificio y para todas las regiones de Chile”, dijo el senador Latorre.

Agregó que “el dato concreto es que la norma chilena es mucho más laxa, es mucho más débil, más permisiva que los estándares que exige o que recomienda más bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) que, insisto, protege la vida de las personas y también los ecosistemas, esto en distintos parámetros material particulado MP10, particulado MP 2.5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y ozono. Hay estándares que son mucho más exigentes”.

La Ley de Medioambiente establece que estas normas tienen que ser evaluadas, revisadas, cada cinco años y solo un porcentaje menor al 35% de las actuales normas de calidad del aire y de contaminación, cumplen con este requisito que la propia ley chilena establece.

En ese sentido, los autores de la iniciativa afirmaron que «este proyecto va en línea con la Ley Marco de Cambio Climático N° 21.455 y el acuerdo de Escazú«.

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Según señaló el organismo gubernamental, el texto aborda aspectos fundamentales de la gestión y la protección ambientales desde una perspectiva regional, se regulan los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia.

En ámbitos como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, se suma la lucha contra la degradación de las tierras y el cambio climático, el aumento de la resiliencia ante los desastres, además de incluir la primera disposición vinculante, en el mundo, sobre la protección a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, según indican desde la Cámara Baja.

El Acuerdo de Escazú

En concreto, el acuerdo establece el derecho de acceso a la información, de modo de garantizar la transparencia de la información ambiental, en su dimensión pasiva y activa, como explicaron desde el organismo.

Asimismo, consagra el derecho de acceso a la participación en el proceso de toma de decisiones ambientales, particularmente, respecto de proyectos o actividades de impacto significativo sobre el medio ambiente. Incluye aquellos que afecten la salud y asuntos ambientales de interés público.

Desde la Cámara señalaron que también presenta normas en torno al acceso a la justicia en asuntos ambientales. En tal plano, cautela las garantías del debido proceso, para acceder a instancias judiciales y administrativas.

Además, en el texto se indica que el acuerdo dispone que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Según la Cámara Baja, este pacto entró en vigencia el 22 de abril de 2021, tras constatarse la ratificación de 11 de los Estados parte. En la actualidad, el número alcanza a 12 Estados, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.

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